Mediterraneo Diario16

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha invitado a los afectados por las devoluciones de las ayudas de la CARM por los terremotos de 2011 a una reunión informativa que su formación celebrará el jueves, 14 de septiembre, a las 20:30 horas en el Centro Cultural de la Ciudad.

A la misma serán convocados los más de cien vecinos a los que desde el Grupo Municipal de IU-Verdes se ha asesorado en las últimas semanas y está también abierta a todos aquellos ciudadanos que están preocupados por esta cuestión.

Martín ha explicado que, ante la “pasividad” del equipo de Gobierno municipal del PP, han decidido “seguir tomando la iniciativa” para ofrecer a los afectados “toda la información de que disponemos” ya que se trata de un asunto que está causando una importante alarma social.

La edil ha recordado que el acuerdo adoptado por unanimidad de todos los grupos políticos, incluido el PP, en el Pleno del Ayuntamiento de Lorca del pasado 28 de julio, se  instaba a la CARM “a que la petición de documentos para la justificación de las ayudas a los damnificados por los terremotos de 2011 pueda ser sustituida, si se carece de dichos documentos, por una inspección a las viviendas para comprobar si se han realizado las obras”. “Desconocemos la respuesta formal de la CARM al acuerdo adoptado por el Pleno”, se lamentó Martín.

“Queremos saber qué gestiones está realizando el Alcalde con el Gobierno autonómico, de su mismo color político, para dar cumplimiento al mandato del órgano de representación política de los lorquinos”, ha dicho Martín quien ha expresado que “mucho nos tememos que sean nulas porque los damnificados por los seísmos siguen recibiendo notificaciones y nadie del PP ha respirado sobre este asunto”.

Martín ha mostrado su preocupación tras constatar, por testimonios de los propios afectados” que desde la Oficina del Terremoto, se está facilitando información “inexacta”. “Estamos seguros de que no se trata de un acto de mala fe y valoramos el enorme esfuerzo que se está haciendo en dicho departamento, en el que seguro que se sentirán exhaustos, como lo estamos nosotros, debido al volumen de las reclamaciones. Pero nuestra obligación es exigir que a los vecinos se les ofrezca información veraz y un asesoramiento óptimo”, aseguró Martín.

Como ejemplo, recordó que la normativa vigente establece que la Administración tiene un plazo de cuatro años para exigir la devolución de las subvenciones en el caso de que no sean debidamente justificadas. Un plazo que empieza a contar seis meses después de haber finalizado las obras (tres meses si las obras se realizaron antes de la concesión de la ayuda), lo que los afectados pueden demostrar con medios admitidos en derecho, como por ejemplo una factura.

Es decir, alguien que terminó la rehabilitación de su vivienda el 1 enero de 2012 (fecha que aparece en la factura), tenía seis meses –hasta el 1 de julio de ese año- para remitir la documentación a la CARM. A partir de esa fecha comienza a computar el plazo de prescripción que, en este caso, concluiría el 1 de julio de 2016. Durante ese tiempo, la mayoría de afectados no han recibido ninguna notificación del Gobierno regional que interrumpa el plazo de prescripción.

Sin embargo el cómputo que se les explica a los damnificados en la oficina del terremoto es el siguiente: desde que a un ciudadano se le concede la ayuda, tiene un plazo de año y medio para realizar las obras, a partir del cual empieza a contabilizarse el plazo de prescripción. Esa información no es verídica y contraviene lo establecido en el artículo 10.3 del Decreto 68/2011, de 16 de mayo, por el que se regulan las ayudas para la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas por los movimientos sísmicos, acaecidos el 11 de mayo de 2011, en el municipio de Lorca, y que reza: “la justificación por parte de los perceptores del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda, se realizará en el plazo de los seis meses siguientes a la finalización de las obras y, en el caso de obras ya realizadas, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la Resolución”.

Esta norma debe conjugarse con el art. 33 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que establece que “prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro” de una subvención y que se computará “desde el día siguiente a aquel en que venció el plazo (6 o 3 meses dependiendo del caso) para presentar la justificación por parte del beneficiario, es decir, las facturas”.

Por todo ello, Gloria Martín pidió que se ponga fin a la situación de “incertidumbre e indefensión” que están padeciendo los afectados y que el Alcalde, Fulgencio Gil, “haga valer los acuerdos adoptados por los representantes institucionales de los ciudadanos”.