Durante la sesión plenaria en la tarde del miércoles en el Parlament, -en una jornada parlamentaria sin precedentes en la democracia española-, continuaron las aspiraciones políticas del Govern de Carles Puigdemont en debatir la Ley del Referéndum. Finalmente, se votó esta Ley que fue aprobada con 72 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones. Hubo 52 ausencias al levantarse de su bancada los diputados del PSC, Cs y PP que abandonaron el hemiciclo catalán. Entonaron Els Segadors en el Parlament algunos diputados de la CUP, Junts pel Sí, CSQP y el diputado no adscrito Germà Gordó. Inmediatamente, Inés Arrimadas (Cs) anunció “el intento de presentar una moción de censura para convocar elecciones con el objetivo de tener un nuevo gobierno”.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy comunicó a su gabinete que “se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario este jueves a las 12.00”. Tanto el Ejecutivo de Rajoy como los diputados catalanes a favor de la democracia recibieron muestras de apoyo del PSOE e Izquierda Unida. Pedro Sánchez conversó con Rajoy, -mientras se celebraba el pleno catalán-, sobre la situación de Cataluña, y se han emplazado para un encuentro en La Moncloa tras el Consejo de Ministros.
Arrimadas (Cs) dijo “no hemos fijado ningún calendario, pero se intentará que la censura se presente antes del 1 de octubre«. «Una moción de censura tiene más viabilidad que la ley que se acaba de aprobar. Soy consciente que es difícil, pero voy a luchar por ello”, y denunció «la presidencia del Parlament no está al servicio de grupos parlamentarios sino de la ciudadanía. Somos firmes defensores de la autonomía de Cataluña, y no podemos permitir que esto suceda”.
El Tribunal Constitucional confirmó la recepción del incidente de ejecución a instancia de Rajoy, el Jefe del Ejecutivo. Los Magistrados del TC analizarán igualmente este jueves la recusación presentada por la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, así como el incidente de ejecución de sentencia, presentado por Mariano Rajoy. Si el alto tribunal admite a trámite las demandas, supondrá la suspensión cautelar de los actos impugnados, contando este plazo desde la fecha y firma del Ejecutivo.
La Ley del Referéndum fue aprobada con 72 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones.
La resolución del Consell de Garanties Estatutàries
Bajo la presión del tiempo y la batalla política en el Parlament, el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) resolvió con gran brevedad las peticiones de dictamen del PSC y Cs sobre “la inclusión en el orden del día de la votación de la Ley del Referéndum, la reducción de los plazos para la presentación de enmiendas y la decisión de no permitir pedir un resolución del propio organismo en su tramitación”.
El CGE señaló al Parlament el “carácter preceptivo en el seno del proceso legislativo de abrir un plazo para solicitar una resolución al Consell, en garantía del derecho de los diputados al ejercicio de sus funciones”. Además, el Tribunal Constitucional avala que dirigirse al CGE es esencial e inexcusable en el procedimiento legislativo por el que velan la propia Constitución y el Estatuto de Cataluña. Por tanto, el Consell resolvió que “no puede ser ignorado en la aplicación de la vía del artículo 81.3 del Reglament”, que precisamente es la vía utilizada por Junts pel Sí y la CUP para tramitar esta Ley de Referéndum que respalda el 1-O.
La Mesa estuvo reunida largo tiempo para reconsiderar las enmiendas de supresión presentadas por los grupos del PP, PSC y Cs. En base a esta decisión plenaria del CGE, el diputado por Ciudadanos, Carlos Carrizosa, hizo alusión al Consell “agradeciendo que se pronuncie en favor de los derechos de los diputados”, e inquirió a Forcadell a que se someta a esta resolución, pero la presidenta de la Cámara prosiguió con el procedimiento en el Parlament, acogiéndose a que “el propio pleno aprobó que se puede omitir este trámite”.
Hubo 52 ausencias en las votaciones de la Ley al levantarse de su bancada los diputados del PSC, Cs y PP que abandonaron el hemiciclo catalán
Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en la Cámara dijo que «están poniendo en peligro al Parlament para que pierda su capacidad legislativa. Costó mucho superar el Franquismo y los que tenemos conocimiento de ello, por eso defendemos una votación legal, y acusó al Govern de Puigdemont: «no han sabido gobernar ni para los independentistas. El 9-N no tuvo ninguna consecuencia y después unas elecciones plebiscitarias ¿Y qué pasó? Nada. Posteriormente, la independencia en 18 meses ¿Y qué pasó? Nada».
Miguel Iceta en representación del PSC recordó que «el Consell de Garanties Estatutàries les ha advertido sobre las graves consecuencias de la que ustedes quieren llevar a cabo hoy aquí”.
El PPC a través de Xavier Albiol enunció un mensaje claro y contundente: «Señor Puigdemont y Junqueras, nos han trasladado a una representación fraudulenta y perversa para mantener la ilusión de unos cuantos. Si el presidente Tarradelles levantara la cabeza se entristecería». Los populares colocaron banderas españolas y catalanas en sus asientos. La diputada Ángels Martínez (CSQP) retiró las banderas españolas, donde las habían dejado los diputados populares, sin embargo, la presidenta del Parlament, obligó a restablecerlas.
Finalmente, el diputado Albano Dante Fachín (CSQP), se alineó con la propuesta de Junts pel Sí y la CUP y dijo «nos vemos el 1 de octubre”.
Los grupos políticos fijan posiciones
El PSOE desde Madrid, ha calificado los hechos en el Parlament de «mascarada groseramente orquestada contra la democracia», y mostró su apoyo al Gobierno de Rajoy. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos manifestó su «apoyo sin fisuras» a todos los diputados de Cataluña que “están defendiendo que se respeten la legalidad y los procedimientos democráticos”.
Mariano Rajoy comunicó a su gabinete que se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario este jueves a las 12:00 horas
Sin embargo, el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha acusado al Estado de “amenazocracia”, y valoró las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría como “un insulto a los catalanes”. Puigdemont invitó al diputado popular Xavier Albiol y a los grupos de la oposición a participar del debate de la Ley del Referéndum.
En la misma línea, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, valoró la aprobación de la Ley del Referéndum como algo «mucho más profundo», “el derecho a votar de los ciudadanos” que según Junqueras va más allá la polémica sobre su tramitación, y matizó «actuamos con respeto a la democracia, al derecho internacional».
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha declarado que “la presentación de esta ley demuestra el fracaso del gobierno de Mariano Rajoy”.
En el caso del grupo Catalunya Sí Que Es Pot, han presentado 11 enmiendas a la Ley del Referéndum, entre ella, una que rechaza el carácter vinculante del 1-O que contempla la norma, y lo considera meramente «consultivo».
También Izquierda Unida mostró su apoyo desde Madrid a los diputados de Catalunya Sí que es Pot en su decisión de abstenerse de la votación de la Ley del Referéndum.
Pedro Sánchez y Rajoy se han emplazado en La Moncloa tras el Consejo de Ministros
Santiago Pascal, presidente de VOX, anunció su participación en una manifestación, -mientras se celebraba el debate en el Parlament-, delante de la Delegación del Gobierno en Barcelona para “exigir que se aplique el artículo 155 de la Constitución”. VOX se querelló contra la Mesa del Parlament y el Govern por admitir a trámite la Ley del Referéndum. El partido ha denunciado que “se han cometido delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones y funciones, desobediencia, conspiración para cometer rebelión, sedición en grado de tentativa y malversación de fondos públicos”. Abascal ha censurado que “el gobierno de Rajoy se ha convertido en una inmóvil estatua”.
Tres asociaciones judiciales no aplicarán ninguna de estas leyes
La Ley del Referéndum y las leyes de desconexión en Cataluña, no serán aplicadas por tres asociaciones judiciales que tienen presencia en la sociedad catalana han manifestado a través de un comunicado que “no aplicarán ninguna de estas leyes”. Su argumento versa en que “no van subvertir el orden constitucional en Cataluña, ni a una falsa legitimación democrática”. Los jueces se adscriben al imperio de la Ley, “al cumplimiento de la Constitución y a la administración recta e imparcial de la justicia”, han indicado en un aviso de “gravedad de esta situación” apelando a una “singular serenidad y prudencia”.
Los Magistrados del TC analizarán la recusación presentada por Carme Forcadell, así como el incidente de ejecución de sentencia, presentado por Mariano Rajoy
La Fiscalía Superior de Cataluña presentará una querella
La Fiscalía Superior de Cataluña también se ha sumado a la defensa de la Constitución y ha anunciado que va a presentar una querella por “los delitos de desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa del Parlament que han aprobado la admisión a trámite de la Ley de Referéndum”. La querella se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ante el que están aforados como diputados autonómicos. En concreto esta querella va dirigida a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y los diputados de Junts pel Sí, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó.
En el caso particular de Forcadell, Simó y Barrufet ya estaban imputados en calidad de imputados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la toma de decisiones con anterioridad también contrarias a lo dictado por el Tribunal Constitucional.
En horas previas al pleno en el Parlament, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, en el acto de apertura del año judicial matizó en presencia del Rey Felipe VI, que “actuará con firmeza para defender la unidad de España que recoge la Constitución”.
