miércoles, 8 abril, 2026

Podemos presenta un recurso de inconstitucionalidad a la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea ha presentado este jueves, 21 de septiembre, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2017, de modificación de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita. El recurso fue presentado ayer ante el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de las asociaciones profesionales (ALTODO, APROED, ALA, Eureka, Confederación Española de Abogados Jóvenes, APAEM y AJA).

Gloria Elizo, vicepresidenta cuarta de la Mesa del congreso y secretaria de Acción Institucional de Podemos; Meri Pita, secretaria de Plurinacionalidad de Podemos; el diputado y portavoz de Unidos Podemos en la comisión de Justicia, Edu Santos y la diputada Sara Carreño, junto con representantes de las asociaciones ALTODO, APROED y APRODA han registrado este jueves el recurso de insconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJGr) publicada en el BOE el pasado 22 de junio y que fue impulsada por PP, PSOE y C’s.

El objetivo de esta reforma de la Ley era el de solucionar el problema creado por Hacienda el pasado mes de enero, cuando erróneamente decidió que el servicio público de asistencia jurídica gratuita a personas sin recursos para litigar que prestan los letrados y letradas adscritas al turno de oficio debía devengar IVA. Hacienda no aclaró si serían los colegios profesionales los que, a cargo de las subvenciones públicas que reciben para ello, pagarían ese IVA a los y las abogadas; si lo tendrían que soportar las propias abogadas y abogados reduciendo sus ya exiguas retribuciones por ese concepto o si serían las administraciones públicas las que deberían pagar las retribuciones más el IVA.

La extraña manera de resolver ese problema fue reformar la LAJGr haciendo obligatoria la inscripción en el turno de oficio para todos los colegiados y colegiadas. Siendo la colegiación obligatoria para ejercer la profesión, cualquiera que quiera ejercerla está obligada a prestar un servicio público a cambio de una exigua compensación económica que deciden unilateralmente las administraciones públicas competentes. Por ello, las principales asociaciones de profesionales concernidas (ALTODO, APROED, ALA, Eureka, la Confederación española de Abogados Jóvenes, APAEM y AJA) se reunieron con el Grupo Confederal para expresar su indignación y apoyar las enmiendas.

A juicio de las asociaciones y del Grupo Confederal la reforma vulnera los artículos 10, 14, 24, 35, 37 y 38 de la Constitución, por cuanto obliga a unos y unas profesionales a prestar un servicio público (una prestación pública no retribuida cuyo único antecedente cercano sería el servicio militar), lo que no ocurre con ninguna otra clase de profesionales, vulnerando el derecho a elegir libremente la profesión de la abogacía, el derecho a la negociación colectiva de las condiciones en que se coopera en la prestación de un servicio público impuesto unilateralmente y el derecho a la libertad de empresa de estos y estas profesionales.

Es la primera vez que se presenta un recurso al Tribunal Constitucional por un asunto de justicia gratuita, y se ha hecho, además,  con la abogacía no institucional, es decir, con las asociaciones y no con los Colegios.

Los policías no son mano de obra barata en el conflicto catalán

La Agrupación Reformista de Policías (ARP) en un comunicado denuncia que les parce preocupante la actual situación política que se está dando en Cataluña. la ARP a expresar su posición al respecto.

Para la ARP, lo que está sucediendo en Cataluña, es imputable exclusivamente a los políticos de ambos gobiernos, que durante años “han permanecido hermanados por los Presupuestos Generales del Estado, olvidando, ciegos y sordos, la ebullición de la clase dirigente política independentista”.

El dialogo es necesario, por ello la Agrupación Reformista de Policías ve imperioso que “los ciudadanos guiados por la clase dirigente en calles y plazas de Cataluña, deben dar un ejemplo primordial evitando cualquier acto que ensucie la imagen del Pueblo de Cataluña”. La ARP insta “al cese de actos en vía pública contra las diferentes Policías actuantes, y con ello, evitar cualquier suceso lamentable”.

También lamentan que los “sindicatos del Cuerpo de Policía Nacional con carácter representativo no hayan hecho nada por mejorar auténticamente las condiciones de aquellos funcionarios a quienes se les han suprimidos sus vacaciones” y “llevado como en los años 80 en comisiones a barracones, cuarteles del Ejército y viajando en trenes y autobuses para permanecer anclados en buques con bandera nacional, sin poder pisar un hotel o dependencias en tierra firme, y con unas condiciones impropias como son literas y duchas comunes, y unas dietas irrisorias que nada tienen que ver con las de los policías autonómicos”.

No debe aprovecharse el ímpetu, compromiso y profesionalidad de los policías para conseguir mano de obra barata por el fracaso de las negociaciones de los políticos.

La ARP ve denunciable toda esta situación como corresponde ante las autoridades del Ministerio del Interior.

La Agrupación Reformista de Policías lamenta el anuncio populista de estos dirigentes sindicales de estar “dispuestos a dejar sus liberaciones”, para incorporarse a sus destinos y formar parte de esas comisiones que, “bajo el anuncio del patriotismo y guerra de banderas, anima a los funcionarios a prestar de forma voluntaria unas comisiones de servicio impropias de una Policía Europea de primer orden a la que aspiramos algunos”.

Viajar de forma “militarizada” como se están designando a los funcionarios en determinadas plantillas

La ARP denuncia el engaño de ciertos liberados sindicales qua animan a acudir a Cataluña de forma militarizada, sabiendo que ellos no acudirán, Y anima a que los cientos de liberados sindicales de esos sindicatos secunden la iniciativa de sus comités nacionales y materialicen su compromiso eximiendo al conjunto de policías nacionales a viajar de forma “militarizada” como se están designando a los funcionarios en determinadas plantillas, “sin otra opción que la comunicación de sorteos y designaciones fuera de lugar, anunciado un viaje con estancia en camarotes hacinados, en ferrys atracados en puertos que nada tienen que ver con “cruceros” de esos que con sus sueldos no se pueden permitir.

“No permitamos policías utilizados y como los barcos, «atracados» en sus derechos como ocurre desde ya hace demasiados años” afirma la Agrupación Reformista de Policías.

Compromís y la Comunicación con perspectiva de Género

Será el sábado 23 de septiembre cuando se producirá, para despedir el verano, el Encuentro Feminista de Verano, a celebrar en el Palacio de Congresos de Villarreal, que viene realizando todos los años Compromís. En esta ocasión se ha decidido que el tema a tratar sea la Comunicación con perspectiva de género, en el cual darán cuenta y analizarán sobre la imagen y la visión de las mujeres en la comunicación, la igualdad de género en las imágenes visuales y la información, tanto desde una perspectiva teórica como desde la experiencia comunicativa institucional y de acción política.

El acto contará con la participación de la vicepresidenta y portavoz del Consell y consellera de Igualdad y Política Inclusivas, a la par que coportavoz de Compromís, Mónica Oltra; la diputada de la coalición en el Congreso y miembro de la comisión de Igualdad, Marta Sorlí; la diputada en Les Corts, Mónica Álvaro; el secretario de Igualdad autonómico, Alberto Ibáñez, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia, Isabel Lozano; y la concejala de Juventud y Participación Ciudadana de Villarreal, Gemma Gil.

Entre las actividades que se llevarán a cabo durante la jornada destacan dos mesas redondas: sobre el papel de las mujeres en la comunicación 3.0, en la cual participarán periodistas y expertas en comunicación como Ingrid Lafita, Violeta Tena y Esther Díez; y sobre la publicidad y la comunicación a través de la imagen en el siglo XXI que contará con Montserrat Hormigos e Irene Ballester. El aspecto más práctico del Encuentro será el taller conducido por Violeta G. Carreño sobre el uso de las redes en el activismo político feminista.

Estos encuentros se realizan en verano y en invierno y se localizan en diversos lugares del territorio con la intención de vertebrar y hacer una red feminista en todo el País Valenciano. Uno de sus objetivos es “desarrollar el trabajo por la Igualdad de Compromís desde la transversalidad de temas, en este caso la comunicación, pero en otros se trata el urbanismo o la economía, para hacer de la Igualdad y el feminismo un eje vertebrador de la acción política, así como dinamizar el activismo y la participación de las mujeres en política”, tal y como cuenta la coordinadora de Mujeres de Compromís, Bárbara Peris.

El PSOE impulsa en el Congreso una mesa de diálogo para la crisis de Cataluña

La portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, junto a la diputada del PSC y secretaria general adjunta, Meritxell Batet, han anunciado esta tarde que la Mesa del Congreso acaba de aprobar la creación de la Comisión no permanente para la evaluación y la modernización del Estado autonómico, propuesta por el PSOE.

En rueda de prensa en el Congreso, Margarita Robles ha asegurado que dicha comisión es “una mesa de diálogo para tratar de dar soluciones políticas en un momento como el que está viviendo este país, en concreto, la crisis en Cataluña”.

“Es una noticia muy positiva y esperanzadora el hecho de que más de 300 diputados que representan el 90 por ciento de la Cámara, hayan hecho una opción clara y decidida por una mesa diálogo para resolver políticamente las cuestiones que se nos plantean en este momento tan difícil y básicamente en Cataluña”.

La portavoz socialista ha mostrado su “agradecimiento” a todas las fuerzas políticas, a las que lo han apoyado y a las que no. En este sentido, Robles ha añadido que “esperamos que las fuerzas políticas que no lo han apoyado y que son minoritarias, terminen participando también porque los mecanismos de diálogo son los únicos posibles para abordar la situación que estamos viviendo”. Igualmente, Robles ha agradecido a la presidenta del Congreso que haya favorecido la tramitación de dicha comisión “en el plazo más rápido posible”.

Una Comisión para dialogar y dar soluciones políticas

“Para el Partido Socialista es una muy buena noticia”, aseguró Robles y añadió que “el hecho de que en la sede de la soberanía popular pueda establecerse un mecanismo que permita dialogar y dar soluciones políticas supone la mejor manera de resolver los problemas”. En este sentido, la portavoz socialista reiteró la “apuesta firme e inequívoca” del PSOE por la defensa de la legalidad y de la Constitución. “Nosotros no podemos aceptar ningún planteamiento que suponga la vulneración de la legalidad, pero al mismo tiempo creemos que las cuestiones políticas hay que resolverlas políticamente”, razón por la que “esta mesa de diálogo es la mejor solución”.

Robles indicó que la presidenta del Congreso le ha comunicado que procederá “inmediatamente” a la conformación de la mesa e indicó que ella misma se pondrá en contacto con todos los portavoces parlamentarios para que designen los diputados que formen parte de la misma.

Respuesta política a un problema político

Por su parte, Meritxell Batet subrayó que “hoy se pone en marcha respuesta política aun problema político que llevamos sufriendo en España desde hace muchísimos años” y  recordó que el PSOE viene anunciando cuál es “la única vía posible para resolverlo: el encaje político de Cataluña en el conjunto del Estado y por tanto, replantearnos el modelo territorial que hasta ahora ha dado sus frutos, pero que en estos momentos hace falta su actualización, modernización”. Además, la diputada del PSC hizo hincapié en que es preciso que “ofrezca respuestas a cuestiones que están planteando de manera reiterada”.

“Se abre el marco y el escenario en sede parlamentaria a la posibilidad de que las distintas fuerzas políticas dialoguemos en profundidad de qué modelo de país y de qué modelo territorial queremos y qué propuestas tenemos para mejorar la convivencia en su conjunto”, destacó Batet. Una línea que en su opinión “hace años que se deberíamos haber empezado, pero  más vale tarde que nunca: hoy es un buen día porque esta comisión se pone en marcha para resolver uno de los mayores problemas que estamos viviendo en España como país”. 

Los sindicatos denuncian que el PP quiere vaciar de contenido la ILP de ingresos mínimos

 

El Grupo Parlamentario Popular presentó el 19 de septiembre una enmienda a la totalidad ante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por CCOO y UGT –admitida a trámite por la Mesa del Congreso el 19 de julio del año pasado– para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social. Los dos principales sincatos denuncian que desde hace más de un año se ha obstruido por una minoría en el Congreso la tramitación de la ILP y ahora el PP pretende terminar definitivamente con ella, vaciándola de contenido para impedir que los colectivos más vulnerables puedan acceder a unos mínimos ingresos que podrían beneficiar a miles de familias necesitadas.

El Partido Popular pretende que la ILP se transforme en una ley limitada a la constitución de un grupo de trabajo “para el estudio y clarificación del mapa de prestaciones existente en España”, compuesto por dieciséis personas –9 de la Administración del Estado, 3 de las comunidades autónomas, 2 de las organizaciones empresariales y 2 de las organizaciones sindicales– y que en el plazo de seis meses elevaría un informe. Además, el funcionamiento de este grupo no podría incrementar el gasto público.

UGT y CCOO considera que esta enmienda es un insulto a los centenares de miles de familias necesitadas de prestaciones económicas que las ayuden a escapar de la pobreza severa que están sufriendo; a las más de setecientas mil personas que respaldaron esta ILP impulsada por las dos organizaciones sindicales y a la propia decisión del Pleno del Congreso que aprobó, por mayoría absoluta, con la única oposición del PP y Ciudadanos, la tramitación de la ILP. Esta enmienda a la totalidad es una muestra de ceguera política ante una realidad social cada vez más inquietante, con una salida de la crisis que deja atrás un reguero de desigualdades y fracturas sociales. Es una enmienda intolerable e inaceptable, no solo desde la perspectiva de sus impulsores sino desde el más mínimo sentido común, manifiestan las dos centrales sindicales.

Esta enmienda del PP es el remate de una política obstruccionista promovida durante más de un año en el Parlamento, prorrogando innecesaria y permanentemente el plazo de presentación de enmiendas, tal y como ya denunciaron CCOO y UGT en junio de este mismo año.

Los sindicatos emplazan a la mayoría parlamentaria que hizo posible la admisión a trámite en el Congreso de los Diputados –PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PdCat, CC, Bildu, grupos que suman 181 escaños– a que hagan frente a este despropósito social, político (con una ceguera que aleja a gran parte de la población, que se siente al margen de las decisiones parlamentarias) y parlamentario (con una enmienda que vacía de contenido una iniciativa legislativa popular a pesar de su admisión por la Mesa).

Los sindicatos confían en que el grupo parlamentario de Ciudadanos sea capaz de apreciar el dislate de esta enmienda y se oponga a la misma junto al resto de los grupos parlamentarios que aprobaron la admisión a trámite de la ILP.

Igualdad destina 71,5 millones de euros a la lucha contra el Alzheimer

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha señalado, con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, que las políticas públicas “deben estar al lado de las personas con Alzheimer y sus familias”, añadiendo que en este sentido el compromiso de su departamento con esta enfermedad se traduce en una inversión de 71,5 millones de euros para programas especializados de prevención y asistencia para este colectivo.

“Desde el Consell queremos visibilizar este día porque el Alzheimer es una enfermedad que cada vez afecta a más personas y que tiene un gran impacto no sólo en la persona que la padece sino también en su familia y en su entorno” ha asegurado Oltra.

Se calcula que, actualmente, existen alrededor de 50.000 enfermos de Alzheimer diagnosticados en la Comunitat Valenciana y 100.000 familiares afectadas. La demencia senil se ha convertido en el tercer problema de salud en los países desarrollados detrás de los accidentes vasculares y el cáncer. La principal causa de demencia es la enfermedad de Alzheimer que constituye alrededor del 60% de todas las demencias.

La vicepresidenta ha explicado que, el compromiso del Consell con estas personas y sus familias “es ofrecer las respuestas sociosanitarias que mejoren su calidad de vida, no sólo en la atención especializada que precisan sino también en programas preventivos”. Para la coportavoz de Compromís la prevención es esencial en las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y, en este sentido, ha destacado “los programas y actividades preventivas” que ofrecen los Centros Especializados de Atención a Mayores.

Desde el Consell se trabaja para ofrecer respuestas sociosanitarias que mejoren la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad y sus familiares. El primer eje de actuación se realiza a través de los Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAM). En estos centros se ofrece una atención preventiva con servicios especializados y específicos tendentes a lograr el mantenimiento de las personas mayores en un estado físico y emocional que les permita una autonomía personal y que evite o retarde situaciones de dependencia.

Actualmente existen en la Comunitat Valenciana un total de 34 CEAM y, en todos ellos, la prevención de la enfermedad de Alzheimer se trabaja desde todas las áreas, con cursos o talleres de entrenamiento cognitivo o de memoria, formativos, ocupacionales y sociales. Este año para el mantenimiento y funcionamiento de los CEAM la Conselleria destina alrededor de 10,5 millones de euros.

Asimismo, la Conselleria regula y convoca ayudas que financian programas de servicios de atención al Alzheimer desarrollados por entidades locales y principalmente por las distintas asociaciones de familiares de Alzheimer de la Comunitat Valenciana. Este año se han resuelto ayudas para un total de 46 entidades por un importe de 1.465.000 euros, que está previsto que puedan beneficiar a más de 2.000 personas enfermas de Alzheimer y a sus familias. Entre los diferentes programas que realizan cabe destacar los de respiro familiar, talleres de psicoestimulación cognitiva, Servicio de Ayuda a Domicilio, intervención e inserción social de las personas afectadas y gastos de mantenimiento y personal de los centros que estas entidades gestionan.

Por último, en atención y asistencia directa a personas con esta enfermedad, se calcula que alrededor del 39% de las plazas residenciales y de las plazas de día de titularidad pública y de aquellas financiadas por la Generalitat a través de algún tipo de subvención, están ocupadas por enfermos de Alzheimer y otras demencias. Estos datos significan que la Generalitat realiza una inversión de alrededor de 59,6 millones de euros en tratamiento y asistencia.

Sánchez Teruel alaba el compromiso de Susana Díaz con Almería

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha puesto en valor el acuerdo político alcanzado que da estabilidad al Gobierno andaluz ya que esto, ha dicho, redundará en dar continuidad a los importantes proyectos que la Junta de Andalucía realiza en Almería y que han convertido a esta institución en la administración pública que más invierte en la provincia.

Susana Díaz, afirma Sánchez Teruel, “ha demostrado capacidad de entendimiento, capacidad de diálogo y capacidad para dar estabilidad a Andalucía” y esa estabilidad “le sienta muy bien a Almería” porque permite que la provincia “esté entre las provincias andaluzas donde más obra pública se licita y que Almería sea destino de una parte importante de esta inversión de la Junta”.

El acuerdo de estabilidad “garantiza que en Andalucía van a salir adelante los Presupuestos para 2018”, ha trasladado Sánchez Teruel, a la vez que ha añadido que serán unos presupuestos que van a permitir que la recuperación económica sea “la recuperación de las personas” puesto que el acuerdo político en el Gobierno andaluz va a garantizar “más dinero para sanidad, para educación y para las políticas sociales” e incentivará la creación de empleo.

En clave almeriense la estabilidad política va a permitir en 2018 “lo que ya ha permitido en 2017” y es que Almería sume obras. En Sanidad, ha subrayado Sánchez Teruel, en 2018 será clave para el materno infantil “que ya luce su estructura en el cielo de Almería”. También se avanzará en la conclusión de los centros de atención primeria en Las Cabañuelas, en Vícar; Olula del Río y Macael. En Educación continuarán los proyectos y obras de los nuevos colegios en Viator, Almerimar y la intervención en el IES cura Valera, en el colegio Álvarez de Sotomayor, de Cuevas, San Luis de la capital, Gabriel Cara, de Roquetas de Mar; la ampliación del Miguel Servet, en Balerma; el IES Murgi, de El Ejido y el CEIP Las Lomas, de Santo Domingo, entre otros.

Asimismo, en los próximos días se licitará el proyecto para construir el Conservatorio de Danza en la capital. En materia medioambiental la Junta prevé una importante inversión en limpieza y restauración de cauces y se avanza en obras de depuración de aguas en Uleila del Campo, Níjar, Huércal-Overa y Antas.

El sector agrícola almeriense seguirá recibiendo incentivos en la contratación de seguros agrarios y se abrirá la ventanilla a los emprendedores del mundo rural y entornos pesqueros para generar empleo. Asimismo, ha avanzado Sánchez Teruel, se convocarán dos importantes órdenes de incentivos dotadas con más de 100 millones de euros cada una de ellas: la orden de mejora de caminos rurales y la orden de modernización de regadíos.

La desaladora del Levante es “un tema importante en el que estamos trabajando codo con codo con los agricultores”, según el secretario general del PSOE de Almería ya que los Presupuestos contarán con una partida para realizar un estudio de viabilidad para construir una nueva planta desaladora en el Levante una vez que existe el compromiso de los regantes para asumir la mayor parte de la inversión para su realización.

Otro capítulo importante de los Presupuestos de 2018 que “harán de Almería la provincia líder en licitación de la Junta” son las intervenciones previstas por Fomento donde destacan la continuación de la Autovía del Almanzora –con más de 66 millones de euros- el desdoblamiento de la Vera-Garrucha, la variante de Berja y las obras del entorno de la Plaza Vieja de Almería, entre ellas.

Un apartado fundamental del acuerdo político en el Gobierno andaluz es la “tranquilidad que desde el punto de vista fiscal se da a las familias” a quienes se les garantiza que “sólo los millonarios pagarán el impuesto sucesiones”, ha expresado con alegría Sánchez Teruel. A partir de este momento, ha dicho, “va a quedar a la luz lo que ha sido una burda manipulación por parte del PP” del conjunto de impuestos que tienen que asumir las familias cuando se produce una muerte.

En el Partido Popular “han hecho creer que todo era el impuesto de sucesiones” cuando, no era así. “Ahora se verá que no se pagará el impuesto de sucesiones, pero sí se tendrán que abonar las plusvalías y gastos de registro y notaría; y se retratarán los políticos del PP”, ha advertido. El impuesto de plusvalías, ha trasladado, supone para el Ayuntamiento de Almería unos ingresos anuales de unos ocho millones de euros; cuatro millones en el caso de El Ejido y un millón y medio para el consistorio roquetero.

Frente a la inversión que realiza la Junta y que la estabilidad política del Gobierno andaluz garantizará para 2018 se encuentra la “cara b” y es la falta de inversión del Ejecutivo nacional del PP. El año 2017 ha sido un ejercicio “en blanco” para la provincia y así será en 2018 “pese a la pintura que le pongan en los Presupuestos” lo que, a juicio del líder de los socialistas almerienses resultaría ya “intolerable e inaceptable”.

El PP, ha dicho, “ha tenido mayorías absolutas en Madrid que le han permitido invertir en Almería y no lo ha hecho”. Ahora, “tiene estabilidad de gobierno con otros grupos en el Parlamento y hasta el día de hoy Almería no ha recibido ni un euro del compromiso del PP”, ha denunciado. Al contrario, la estabilidad de la que goza el Gobierno andaluz “le sienta fenomenal a Almería” donde la Junta “invierte y se compromete”.

Puigdemont no da un paso atrás y publica los colegios electorales

Carles Puigdemont no da un paso atrás. Hace apenas unos minutos la web oficial de la Generalitat publicaba los puntos donde se podrá ir a votar el 1 de octubre.

Puigdemont ha anunciado a través de Twitter, la página “onvotar.garantiespelreferendum.com” En este espacio virtual, con el número del DNI, la fecha de nacimiento y el código postal, los ciudadanos pueden saber a qué colegio electoral deben acudir para depositar su voto en el referéndum.

En los municipios donde el ayuntamiento no colabora con el referéndum secesionista,  los ciudadanos (si se llega a celebrar las votaciones) deberían votar en locales titularidad de la Generalitat. En Barcelona, locales electorales son centros de enseñanza de la ciudad, como acordaron Puigdemont y la alcaldesa Ada Colau.

Para la elaboración del algoritmo que informa del colegio electoral se basa en el artículo 6 del Decreto de normas complementarias de la Ley del Referéndum.

Tiene preparado un plan B por si la justicia cierra la web.

El PP pide en el Senado más recursos hídricos a Puerto Lumbreras en el PH de la Cuenca del Río Segura

El grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado ha pedido, a través de una moción aprobada por mayoría, “la dotación al municipio de Puerto Lumbreras de un aumento de recursos hídricos, en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Río Segura, que permitan a sus agricultores el riego de sus explotaciones agrícolas”.

Así lo ha expuesto el senador por Murcia, Pedro José Pérez, durante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en donde ha destacado que “Puerto Lumbreras ha venido sufriendo tradicionalmente una grave carencia de recursos hídricos y se ha abastecido de los acuíferos subterráneos, actualmente sobreexplotados, y de unos insuficientes aportes derivados de las aguas de depuración”.

“Y lo que resulta más significativo –ha añadido- es que Puerto Lumbreras no cuente con la dotación procedente del trasvase Tajo-Segura, a pesar de que transcurre por el mismo” y cuenta con un sector primario que representa más del 60% de la economía local.

El senador popular ha recordado que la Ley de Aguas fija los objetivos generales de la planificación hidrológica tratando de “conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

También ha explicado que, atendiendo a lo recogido en la Unidad de Demanda Agraria (UDA), la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras presenta una demanda bruta de recursos hídricos que se cifra en 7,63 Hm3/año.

“En la actualidad –ha añadido- su déficit de aplicación es de 1,40 Hm3/año, el mayor de todas las comunidades de regantes y usuarios existentes en la UDA”.

Trasvases o desaladoras

“Todo esto no hace sino que poner de manifiesto la necesidad de nuevos aportes de agua que, con toda seguridad deberán proceder de otras demarcaciones hidrográficas”, ha reclamado Pedro José Pérez.

El segundo punto de la moción del PP insta al Ejecutivo a incluir las necesidades hídricas de Puerto Lumbreras en el PH de la Cuenca del Río Segura.

El texto de la iniciativa recoge que, si fuera preciso dotar al Municipio de Puerto Lumbreras de más recursos hídricos, esto podría lograrse bien mediante el incremento de recursos no convencionales, procedentes de desalinizadoras existentes en la demarcación hidrográfica del Segura, o bien con transferencias de otras demarcaciones.

“Simplemente –concluyó- reclamamos que nos transfieran el agua que sobra en otras cuencas; que la España húmeda transfiera agua a la España seca”.

Reunión de los grupos parlamentarios para consensuar al Pacto Regional contra la Violencia de Género

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, mantuvo ayer miércoles una reunión de trabajo para avanzar en el Pacto Regional contra la Violencia de Género con representantes en la Asamblea Regional de los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos.

Tras la reunión, Violante Tomás resaltó “la voluntad de acuerdo y de coordinación que mantiene el Gobierno regional” con este pacto, que “debe ser un instrumento de movilización y sensibilización de toda la sociedad, en el que administraciones, organizaciones empresariales y sindicales, instituciones, asociaciones y medios de comunicación tienen la obligación moral de implicarse en la erradicación de este grave problema”.

El borrador incluye las medidas presentadas por los cuatro grupos parlamentarios y las resoluciones de la Comisión Especial contra la Discriminación y Violencia de Género aprobadas en el Pleno de la Asamblea Regional el pasado 6 de julio.

“La lucha contra la violencia de género debe ser un compromiso de agentes públicos y privados, de ahí que pidamos la participación de todos los estamentos para su redacción por la trascendencia de las medidas que incluirá”, declaró.

El Pacto contra la violencia de género “es un documento abierto a toda la sociedad”, por lo que alentó a entidades o personas a título individual a adherirse o expresar sugerencias, a través del formulario del Portal de Participación Ciudadana.

La consejera también mencionó el acuerdo nacional alcanzado en julio para llegar a un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contiene un total de 268 medidas consensuadas, y que el Pleno del Senado refrendó, por unanimidad, el pasado miércoles 13 de septiembre. Un pacto que prevé contar con un presupuesto de 1.000 millones de euros a repartir entre ayuntamientos, comunidades autónomas y la Administración central.