miércoles, 8 abril, 2026

Mariano Rajoy pide a Puigdemont que abandone la “quimera imposible”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido para hacer una declaración institucional en referencia a lo que está sucediendo en Cataluña. Para el presidente el referéndum ya no tiene ninguna posibilidad de celebrarse por lo que aconseja a Carles Puigdemont que cese en su empeño. Ante las manifestaciones que se vienen produciendo en Cataluña durante toda la tarde, ha creído conveniente el jefe del Ejecutivo hacer esta declaración, como también ha hecho el PSOE.

“No siga adelante. Está a tiempo de evitar males mayores” ha sido la advertencia más dura de Rajoy ante la escalada en la tensión social que se está produciendo en Cataluña. De esta forma avisan desde el Gobierno que seguirán utilizando todos los mecanismos del Estado de derecho para frenar la deriva que está tomando la situación.

El referéndum, ha querido expresar Rajoy, nunca “fue legal, ni legítimo” por lo que desde el Gobierno no piensan renunciar a ninguno de los mecanismos del Estado de derecho, los cuales les facultan para “evitar que la sinrazón de unos pocos la sufran el conjunto de los ciudadanos”. De esta forma sigue el Partido Popular por el camino de seguir la normativa vigente y el apoyo a las actuaciones judiciales. “Cada ilegalidad tendrá su respuesta firme, proporcionada y rigurosa” ha expresado.

Un camino en el que apoyan los demás partidos de ámbito estatal, a pies juntillas desde Ciudadanos, pero para el que los socialistas reclaman diálogo. Nada ha manifestado sobre esta cuestión el presidente del Gobierno, quien ha advertido sobre la “quimera” que supone insistir en un referéndum que es “ilegal”. Se separan los caminos de los dos principales partidos de ámbito estatal que defienden la legalidad vigente pero que tienen opiniones divergentes sobre el post-conflicto.

El PSOE pide a Puigdemont que desconvoque el 1-O y abra el diálogo

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha presentado un manifiesto mediante el cual los socialistas intentan que se reconduzca la situación en Cataluña. El partido socialista se sitúa, ha comentado, en la defensa de las instituciones catalanas, el Parlament y el Estatut y no con la “vía unilateral que ataca el Estado de derecho”.

No ha querido Ábalos cargar las tintas sobre ninguna postura, pero ha dejado claro que cualquier situación sólo se puede resolver mediante la utilización de la legalidad constituida bajo el Estado de derecho. Y todo ello porque es esta forma la que asegura la convivencia democrática. “Estamos con el Estado de derecho porque cada vez que apelamos a la ley estamos invocando la convivencia” ha dicho el secretario de organización.

Desde el PSOE van a estar vigilantes en la proporcionalidad de las medidas que se están llevando a cabo. Respecto a las detenciones que se han producido, entienden los socialistas que si se incumple la ley “las consecuencias vienen de oficio”. La “unilateralidad” que ha emprendido el Govern “no existe” fuera del Estado de derecho, tal y como le han recordado tribunales e instituciones internacionales. Por ello el PSOE solicita a Carles Puigdemont que desconvoque el referéndum del 1 de octubre para abrir una vía de diálogo.

La solución al conflicto que se ha generado en Cataluña, que sitúa su comienzo Ábalos en 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional que desmontó el Estatut por la denuncia del PP, sólo “se logrará por el diálogo, el debate y el pacto político”. Es momento del “sentido común” porque es un conflicto que ya ha dejado de ser político y ha “comenzado a afectar a las personas”. Esa fractura social hay que remediarla y “unir más que dividir”.

Por estos motivos, los socialistas piden abrir el diálogo “sin buscar culpables” para que Cataluña gane en “autogobierno, financiación y perfeccionar el sistema del que nos hemos dotado”. Por eso, poniendo a un lado todo lo que ha venido sucediendo, y después del fracaso en el diálogo del Gobierno del PP, el PSOE “quiere ser parte de la solución, no del problema”. Porque, ante todo, hay que evitar la fractura social que es evidente se está produciendo en Cataluña.

Pedro Sánchez ha anulado su agenda internacional, según ha informado Ábalos, porque la situación parece que se está complicando. No ha sido después de la reunión con el presidente del Gobierno, sino como consecuencia de todos los hechos que han comentado. “A pesar de las buenas comunicaciones, no es lo mismo estar aquí que en Nueva York” ha comentado Ábalos.

Los alcaldes aforados no pueden ser objeto de intimaciones o citaciones aunque sean “voluntarias”

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dado instrucciones a los fiscales del Supremo y del TSJ de Cataluña para que procedan a la citación en calidad de investigados de los alcaldes que apoyan el referéndum soberanista catalán y tienen la condición de aforados por ser parlamentarios.

En las posteriores citaciones las Fiscalías han incluido la reseña de que las declaraciones serán “voluntarias”.

Sin embargo, el estatuto propio de aquellos alcaldes que a su vez sean parlamentarios prohíbe a las autoridades civiles y militares, entre ellos a la Fiscalía, intimar a los aforados y citarlos para que comparezcan a su presencia, aunque sea “voluntariamente”.

Esto mismo establece el artículo 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el único texto que ha desarrollado de manera pormenorizada la inmunidad que se deriva del aforamiento, cuando indica que “Las autoridades civiles y militares  se abstendrán de intimar a los Jueces y Magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia”.

Todo ello es consecuencia de que la citación es una medida cautelar penal que siempre lleva aparejada la detención para el caso de su incumplimiento. Por esa razón los aforados, que no pueden ser detenidos sino en el caso de flagrante delito o por orden del juez competente, no pueden ser objeto de intimación ni de citación por parte de la Fiscalía, aunque sea bajo la etiqueta de que la declaración se hará de forma “voluntaria”. Las citaciones por su esencia nunca pueden ser ‘voluntarias’.

A los aforados se les debe comunicar la fecha y el lugar de la declaración a través de la Mesa de las Cortes o del Parlamento Autonómico respectivo, sin intimaciones, requerimientos, ni citaciones. Si son jueces o magistrados, la comunicación se les hará a través del Consejo General del Poder Judicial.

Hacerlo de otra forma es garantizarse la nulidad de la declaración prestada por el aforado, que lo habrá sido entonces bajo intimidación o amenazas.

Estalla la revuelta social en Cataluña

El titular del Juzgado de Instrucción n° 13 de Barcelona, Juan José Ramírez Súñer, ha ordenado detenciones y registros bajo la denominada Operación Anubis. Esta actuación, cuya investigación procedía de las declaraciones del ex-senador Santiago Vidal y a causa de las denuncias de los ultraderechistas de VOX y de Miguel Durán, ha generado un gran descontento entre la población catalana. En especial entre las masas independentistas. Y la respuesta no se ha hecho esperar.

Carles Puigdemont, tras reunir a su equipo de Gobierno, ha salido en rueda de prensa para manifestar que “Cataluña vive un estado de excepción de facto” y ha invitado al “pueblo catalán” a salir el 1 de octubre con “con una papeleta para votar”. Horas antes, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, había pedido en el Congreso de los Diputados al presidente Mariano Rajoy que quitase sus “sucias manos” de las instituciones catalanas. Muestran ambos la indignación por las actuaciones del juez Ramírez Súñer y sus detenciones a causa del referéndum que ha sido inhabilitado por el Tribunal Constitucional.

A pesar de haber sido atacada a ladrillazos la sede del PSC, Miquel Iceta ha manifestado, en un comunicado oficial, que es tiempo de respeto de la legalidad vigente, de vuelta a la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y de comenzar el diálogo entre las partes para no quebrar la convivencia en Cataluña. Una convivencia que parece rota por las manifestaciones de los y las independentistas.

Grupos de personas, que apoyan el referéndum, han salido a la calle y se vienen congregando frente a distintas instituciones catalanas. Un gran grupo, cerca de quinientas, lo ha hecho frente a la consejería de Economía al grito de “Votaremos”, cantando Els Segadors y pidiendo que pare lo que consideran un atropello autoritario del Gobierno central.

En la consejería de Asuntos Exteriores, donde también ha entrado la Guardia Civil y se han producido detenciones, otro grupo ha decidido organizar una sentada. De esta forma han tratado de impedir que el furgón de la Benemérita saliese, aunque la actuación de los Mossos D’Esquadra lo ha evitado. Allí siguen los manifestantes pidiendo votar y exigiendo el cese de las detenciones por parte del Juzgado de Instrucción.

De igual forma se ha convocado, vía redes sociales, una gran concentración en la plaza de Sant Jaume para solicitar el “cese de las hostilidades” del Gobierno del Partido Popular y en favor del referéndum de independencia. En otros puntos de la ciudad condal y en más lugares de Cataluña están comenzando a producirse concentraciones de apoyo al independentismo y contra la actuación judicial.

En la sede de la CUP, a donde han llegado miembros de las fuerzas de seguridad del Estado para realizar registros, tal y como han informado desde la propia formación política, también se está comenzando a aglomerar un grupo de personas en contra de las detenciones y los registros. Militantes y simpatizantes se encuentran ya a las puertas de la sede para protestar y defender sus propuestas.

Mientras tanto Mariano Rajoy ha convocado a Albert Rivera y Pedro Sánchez al palacio de la Moncloa con el fin de valorar todo lo que está ocurriendo en Cataluña y, quién sabe, si proponerles la aplicación del artículo 155 u otra opción constitucional que estimen conveniente.

El caso es que la actuación judicial de Ramírez Súñer, que nada tiene que ver con las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que se venía encargando de todo lo relacionado con el referéndum, ha generado una reacción en la población independentista catalana y la revuelta pacífica parece en marcha. En Madrid, Podemos, Izquierda Unida y otras formaciones apoyan la concentración que se producirá en la Puerta del Sol a las 19:30 horas para protestar por la actuación del Gobierno y de los jueces catalanes. “Frente al menoscabo de la democracia de todos y todas, y en defensa de las libertades y derechos ciudadanos, por el diálogo, la fraternidad y la convivencia” dicen desde la formación morada.

Podemos: “El decreto de Renta Básica llega diez años tarde y sigue siendo insuficiente”

La secretaria de Derechos Sociales y de la Ciudadanía de Podemos, María Marín, declaró ayer martes que la Comunidad Autónoma “ha tardado diez años en sacar este decreto, incumpliendo la propia Ley aprobada por el mismo gobierno del PP con mayoría absoluta en Marzo de 2007”.

De esta forma, afirma Marín, “no solamente incumplen sus propios mandatos, sino que además, durante esos diez años, el Gobierno regional ha dado la espalda a las personas que más lo necesitaban y que por derecho eran merecedores de la renta básica de inserción para unas condiciones de vida digna, que la Consejería -antes de Bienestar Social, ahora de Familia- dejó en el cajón del olvido”.

“Pasado el tiempo –añade la responsable del área en la formación- la Comunidad Autónoma se ha ahorrado millones de euros, concretamente, una media 125 euros al mes en diez años consecutivos, a unas 2.500 familias, a lo que hay que sumar las familias a las que no se les otorgó la ayuda porque se aludió a que no queda presupuesto.”

En este mismo sentido el coodinador de la Secretaría de Podemos, José Jesús Frutos, ha señalado que “la cuantía es de 425 euros y continúa siendo objetivamente muy baja así como el poner un máximo de 800 euros”, preguntándose cuántas familias reciben más 800 euros para vivir adecuadamente”.

Del mismo modo ha incidido en que los datos de EAPN, FOESSA y los mismos del Ministerio de Hacienda sobre precariedad de las trabajadoras y trabajadores, señalan que el número de familias en situación de carencia es mucho mayor de esas 2.500 familias perceptoras.

El PP está bloqueando las enmiendas presentadas a las leyes de Financiación Local y Tributos cedidos, según el PSOE

El portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional, Rafael González Tovar, reprochó al PP que esté impidiendo semana tras semana, con la complicidad de Ciudadanos, que se reúna la Mesa de la Comisión de Economía para admitir a trámite las enmiendas a la Proposición de Ley sobre Financiación Local y a la Proposición de Ley sobre Tributos cedidos.

“Sistemáticamente vienen rechazando, principalmente el PP acompañado de Ciudadanos, esta opción porque al parecer no quieren avanzar en estas leyes”, denunció.

González Tovar subrayó que la Ley de Financiación Local es uno de los objetivos que tiene marcado en su agenda el PSOE para esta legislatura, además de ser un compromiso del Gobierno regional cuando se hizo  la modificación presupuestaria, “por lo que no se comprende que estén entorpeciendo la admisión de nuestras enmiendas e impidiendo que avancemos en estas cuestiones”.

 

El Portavoz de IU, Pedro Sosa critica el nombramiento “a dedo” de Ana Lidón como asesora de Participación Ciudadana

Pedro Sosa, Concejal-Portavoz de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, ha expresado su disconformidad con el Decreto de Alcaldía del que se dará cuenta en el próximo pleno de este mes, por el cual se nombrará a Ana María Lidón Díaz, exconcejala del PP de esta corporación, como Asesora de Participación Ciudadana adscrita al Gabinete de Alcaldía.

 Sosa recuerda que a principio de legislatura se pacta entre todos los grupos de la corporación el personal de confianza del que contará cada grupo, correspondiéndole al PP el mayor número de puestos. Para Sosa, es una “mamandurria” que a mitad de la misma se cree este puesto ad hoc para la antigua edil de Participación Ciudadana.

Sosa considera que tanto el actual concejal del ramo, Francisco J. Pelegrín, como el personal funcionario a su cargo, están más que capacitados y son suficientes para desarrollar las funciones de esta concejalía, como la del desarrollo del Reglamento de Participación Ciudadana, por lo que considera “un latrocinio” a las delicadas arcas municipales su nombramiento, máxime cuando no está pactado con el resto de fuerzas políticas.

Según Sosa, este nombramiento “obedece claramente a un trato de favor hacia ella, al no haberla podido colocar en las últimas listas electorales del PP”. En el caso de que sí fuesen necesarios los servicios de asesoramiento en este asunto, se debería crear esta plaza y sacarla a concurso público y ser ocupada por alguna de las miles de personas excelentemente preparadas que hay en esta Región y que desde el inicio de la crisis y de los recortes han visto como se congelaban las ofertas de empleo público.

Ante estas manifestaciones, el también Concejal-Portavoz del  equipo de Gobierno, Francisco García, que el nombramiento de Lidón tiene que ver con el deseo del Equipo de Gobierno de “impulsar las políticas de Participación Ciudadana, que son una prioridad para el Equipo de Gobierno Municipal como se ha demostrado en los últimos años”.

García ha indicado que “parece ser que IU no se ha dado cuenta que para poner de manifiesto un tema o un asunto no es necesario realizar críticas desagradables ni despreciar a personas que ya han demostrado su valía profesional. Desde el Ayuntamiento de Lorca –dice García- lamentamos muchísimo que IU siga, hoy en día, cayendo en la tentación de recuperar errores que parecían del pasado como es el caso de la crítica personal a la que han recurrido esta mañana en sus declaraciones y que carecen de criterio objetivo”.

Francisco García ha señalado que “cada grupo municipal tiene la libertad de decidir quiénes forman parte de su personal de confianza, por lo que no entendemos por qué ha decidido realizar estas declaraciones, aunque quizás se deba al nerviosismo que tienen en su grupo por las tensiones internas. Además, en IU son especialistas en traspasar personal de confianza a las concejalías, procedan de su partido o de otro partido”.

El Portavoz popular ha destacado que la nueva técnico adscrita realizará tareas de apoyo en la Concejalía de Participación Ciudadana, ya que esta área municipal solo cuenta con un funcionario para el desempeño de las funciones, por lo que se necesita más personal para ofrecer un servicio óptimo y de calidad a los lorquinos. En este sentido, García afirma “estar convencido de que la Participación Ciudadana no es una “mandurria”, es una cuestión fundamental para todos los ciudadanos y para el desarrollo del municipio. 

García ha manifestado que “el Equipo de Gobierno se preocupa y muestra interés por temas municipales, no como el Sr. Sosa que 4 meses después todavía no sabe quién es el Concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, por ello lamentamos que IU haya hecho semejante ridículo”. 

Generalitat y Diputación de Valencia contra el turismo sumergido

Es un hecho que en la Comunitat Valenciana se intenta evitar el turismo de borrachera y el abuso en la contratación de apartamentos para turismo sumergido que se ha venido produciendo hasta la fecha. Por parte de la Generalitat, Francesc Colomer ya ha anunciado que la Agencia Valenciana del Turismo va a “poner en marcha una campaña para intensificar la defensa del sector reglado y la lucha contra el intrusismo”.

El secretario autonómico de Turismo entiende que “hay que trazar una frontera de fuego entre lo que representa y contribuye el sector reglado y quienes se mueven en la ilegalidad”. Por este motivo, ha señalado que “desde la Generalitat trabajamos para proteger el sector reglado, el alquiler turístico que sí que tributa, el que genera ocupación, prestigio y responde a un modelo de turismo muy importante para el modelo en la Comunitat Valenciana”. En referencia a ese Turismo masificado que se está generando en la últimas fechas.

Desde la Agencia Valenciana del Turismo, ha manifestado el secretario autonómico, “vamos a promocionar y defender el alojamiento reglado a través de nuestra campaña de comunicación Mediterráneo en Vivo”. En esta línea, Colomer ha resaltado que “queremos que sirva de estímulo a los turistas para que escojan alojamientos de calidad en establecimientos reglados porque son los que ofrecen garantías para que la experiencia turística no acabe en frustración”.

Además, ha abogado por “continuar formalizando nuestra alianza con el sector reglado del alquiler de viviendas para hacer frente al intrusismo” y en esta línea ha anunciado que “vamos a formalizar convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas para estrechar el cerco a las viviendas clandestinas y reforzar la campaña de sensibilización”.

Colomer ha detallado las cifras de la campaña especial de verano de Inspección contra la oferta ilegal y competencia desleal en la comercialización de apartamentos turísticos de la Comunitat Valenciana, lo que ha permitido aflorar 2.562 viviendas clandestinas en los meses de julio y agosto. De esta forma se da un impulso a la inscripción como vivienda turística en toda la región. Como muestra cabe destacar que en 2016 fueron un total de 11.623 nuevas viviendas turísticas de las tres provincias las que se dieron de alta en el Registro, y en 2017, hasta el mes de agosto ya se han registrado 10.756 nuevas altas de viviendas turísticas en la Comunitat Valenciana, lo que supone una media de más de 1.300 nuevas altas al mes.

La Diputación de valencia y la tasa turística

La diputada de Turismo de la Diputación de Valencia y vicepresidenta del Patronato de Turismo de Valencia, Pilar Moncho, ha destacado las ventajas sociales inherentes a la implantación del nuevo impuesto turístico en el debate surgido durante la reunión del Consell Rector del Patronato celebrada esta mañana en el Salón de Reinas de la Diputación de Valencia.

La máxima responsable del Área de Turismo de la Diputación ha manifestado que “podemos comprobar cómo en ninguno de los lugares donde ya se aplica este gravamen, como Cataluña y Baleares, ha afectado negativamente”. Al contrario, “el Govern balear prevé alcanzar una recaudación de 120 millones de euros el año que viene que pueden ser invertidos para mantener las instalaciones y ofrecer un servicio turístico de alta calidad”.

Según Moncho, “en ningún caso el impuesto repercutirá en el bolsillo de los valencianos, sino que es una cantidad, mínima, que podría oscilar entre 0,50 y dos euros, que aportarán los turistas por sus pernoctaciones en la Comunitat, no sólo en hoteles sino también en apartamentos, campings, etc.”. En este sentido, Moncho ha destacado que ésta puede ser una buena herramienta para regularizar la actividad económica sumergida vinculada al alojamiento.

Además, la diputada provincial de Turismo entiende que la recaudación del impuesto turístico finalista debe repercutir en los municipios para paliar sus necesidades. Para ello, la recaudación del impuesto debería destinarse también al desarrollo y cobertura de gastos municipales”.

Mal año para los cítricos valencianos

Malos tiempos para los cítricos valencianos, en especial, para la mandarina, pues según las primeras estimaciones realizadas por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para la campaña 2017/2018, se reflejan unas previsiones de cosecha de cítricos de 3.143.984 toneladas, lo que supone un descenso del 20,3% en relación con la campaña pasada, 800.000 toneladas menos. En la provincia de Alicante disminuye el 20,9%, en la de Castellón un 23,6% y en Valencia un 19%.

Entre las causas figuran la alternancia natural que presenta el cultivo de cítricos, así como el efecto de las copiosas lluvias del pasado invierno, que afectaron a las raíces y debilitaron el arbolado, provocando una floración irregular. Las elevadas temperaturas de mayo también influyeron negativamente.

Así lo ha destacado la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, tras presentar el informe de la previsión del aforo citrícola para la campaña actual a los representantes de sector agroalimentario: AVA, La Unió, Asaja, COAG, FEPAC, UPA, Ailimpo, el Comité de Gestión de Cítricos y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias. La consellera ha estado acompañada por el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero.

El descenso de producción es más acusado en el grupo de mandarinas (un -24,1%) que en naranjas (-7,6%) o limones (-16,2%). Las cifras estimadas señalan que la producción de naranjas alcanzará un volumen de 1.526.706 toneladas, la de mandarinas 1.345.444 y la de limones 246.150. La de pomelos se situará en 25.684 toneladas. En mandarinas se estima que se producirán cerca de 427.970 toneladas menos que la campaña anterior.; destaca el descenso de Clemenules con unas previsiones de unas 243.225 toneladas menos.

La consellera ha subrayado el esfuerzo de transparencia y el rigor técnico desplegado por el equipo de la Conselleria para poder ofrecer estas previsiones en el inicio de campaña. De nuevo se ha ampliado la muestra, basando la estimación en una superficie de 3.243 hectáreas, frente a las 3.048 del año anterior o las 2.247 de la campaña 2014-15. Como novedad, dentro de esa muestra este año se han visitado todas las parcelas citrícolas productivas, resultando aforadas 7.588 frente a las 6.399 de 2016.

El informe presentado a las organizaciones agrarias y a los medios recoge también un balance del final de la campaña 2016-17 en todo el Estado. Cebrián ha destacado que la Comunitat Valenciana se mantiene en cabeza en producción y comercialización citrícola, con 3.943.213 toneladas, solo un 0,3% inferior al primer aforo que se presentó hace un año. Los cítricos valencianos representan el 55,4% de la producción estatal, seguida de Andalucía (29,4%) y Murcia (12,2%).

Rechazan la petición para que un jurado popular enjuicie a Pedro A. Sánchez por el caso “Púnica”

El Magistrado instructor del caso ‘Púnica’, remitido por la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ha rechazado  modificar el procedimiento e incoación del procedimiento del tribunal del jurado interesados por el Ministerio Fiscal en su escrito de 11 de septiembre. Por tanto, el expresidente regional, Pedro Antonio Sánchez, no será juzgado por un jurado popular, sino por la Sala de lo Civil y Penal, en caso de apertura de juicio oral.

Según recoge el fundamento jurídico único del auto, notificado a las partes, por más que, nominal y aisladamente considerados, los delitos indicados por el Ministerio Fiscal en su escrito entrarían dentro de la competencia del tribunal del jurado, dicha calificación no puede prescindir de que concurren circunstancias determinantes de la competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Según el auto, “por más que la contingencia de la causa se haya dividido por efecto del aforamiento, resulta de todo punto obvio que de no concurrir (o de desaparecer) dicho aforamiento, la competencia habría sido (o volvería a ser) de la Audiencia Nacional, con exclusión por tanto del procedimiento del tribunal del jurado”.

Añade la misma decisión que «una solución en la que abunda la consideración práctica de que, de aceptarse ahora la competencia del tribunal del jurado, como la causa procede de la Audiencia Nacional, en la eventualidad de pérdida o desaparición del aforamiento, la causa volvería al órgano de origen, es decir, la propia Audiencia Nacional; lo que añadiría, a las complicaciones propias de un tercer cambio de órgano competente, la necesidad de una nueva conversión del procedimiento (del propio del tribunal de jurado al de diligencias previas del procedimiento abreviado)”, concluye el auto.

Rechazan más diligencias complementarias

En un segundo el auto, el instructor resuelve no realizar más diligencias complementarias interesadas por la representación procesal de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).

En relación a las grabaciones de las intervenciones telefónicas solicitadas, el instructor razona que “la fase preparatoria no es un espacio procesal adecuado para complementar el material instructor o para preparar la prueba de cara al juicio oral”. Y refuerza esta decisión argumentando que “sí constan unidas a la causa las transcripciones de las intervenciones telefónicas que se estimaron relevantes en relación a los hechos objeto del presente procedimiento” y que la parte “interesó la confirmación del auto de transformación del procedimiento por el que se concluía la instrucción de la causa”.

Por todo ello, indica el instructor en su auto “procede desestimar  por el momento,  momento llevar a cabo tales diligencias complementarias, pero sin que ello determine, en contra de lo que afirma el solicitante en su escrito, que con ello se impida su posterior proposición como prueba para su práctica en el plenario, si ello fuera de su interés”, concluye el auto.

Finalmente, en una tercera resolución, ésta en forma de providencia, el Magistrado instructor acuerda alzar la suspensión del plazo para presentación de escrito de acusación decretada, continuando el cómputo del plazo correspondiente a partir de la notificación de la presente resolución.