miércoles, 14 mayo, 2025

Lo que no se cuenta sobre los objetivos de algunos miembros de la Policía local de Alhama de Murcia ¿Casualidades?

Es curioso, ¿no? el que en la manifestación de Policías locales de Alhama de Murcia no participe CCOO, UGT, sindicatos mayoritarios, ni tampoco el CSIF. Entre estos sindicatos  tienen seis delegados, y entre USO y SPPLB (Sindicato de policías y bomberos) cuentan con tres delegados. Y todo ello se realiza encima, cuando se avecinan las elecciones primarias a la Secretaría General del PSRM, al igual que en el  asunto de la Mezquita musulmana. ¿Casualidades del momento?

Pero lo más relevante es que, visto el vídeo de entrevistas de Tele Alhama a los sindicatos convocantes USO y SPPLB, el representante del SPPLB dice casi al final, -como si no tuviera importancia), que una de las reclamaciones es el hacer un cambio de jornada del 6-4 al 7-7, que yo sí que lo voy a explicar bien aunque él no lo hiciera interesadamente y solo de pasada. Ahora trabajan seis días y descansan cuatro, para cambiarlo a siete días de trabajo y descansar los siete días. Pero el problema real no es ese, que es lo de menos, y que hasta se podría probar ese sistema si devolvieran los días no trabajados al 100 %. El verdadero problema es que no lo explicitan a la ciudadanía para que tengan criterio propio. Estoy convencido de que este es el tema principal de la propuesta, aunque se disfrace de otra forma.

Lo que no cuentan, es que el cómputo anual horario de dicho Ayuntamiento es de 1.560 horas anuales, y con este sistema que proponen trabajan 1.424 horas anuales;  el resto de horas que les faltan, 136 horas al año, lo devuelven como si fueran horas extraordinarias al 175 %, es decir, esas horas que deben las dividen por 1,75 y solo devuelven 42,5 horas, en vez de las 136 horas trabajadas de menos. No está mal ¿verdad?

Cualquier trabajador en la empresa privada desearía también eso, y que otra parte del resto que deben, de 51 horas, ellos las devuelven en cursos de formación, en prácticas de tiro y seis horas anuales en reuniones. Claro, pero eso no lo cuentan ¿no? En esas horas de formación existen hasta horas para estudios superiores de Grado particulares, pero todo eso no interesa contarlo pues el pueblo se les echaría encima, y más aún los trabajadores de empresas privadas.

Y yo me pregunto: ¿No será al revés? Usted devuelva al año las 136 horas que realiza de menos, y el Ayuntamiento como empresa, le dirá cuáles son los cursos necesarios de formación que Ud. debe de hacer para su puesto de trabajo. Es más, si Ud. considera un curso interesante para su formación la empresa es la que deberá decidir si es necesario o no, para su puesto de policía. En cuanto a devolver parte de las horas en prácticas de tiro, será la misma Corporación o los superiores del cuerpo, como cualquier empresa privada, la que deba decidir, cuando le es necesario un reciclaje o no. Y por supuesto, siempre que haga falta.

Todo ello se adorna en justificaciones con la necesidad de chalecos antibalas -que por supuesto estimo que son siempre necesarios, no nos confundamos- y con la falta de efectivos , que yo personalmente lo dudo, y digo por qué, la ratio ideal en España es de 1,74 efectivos por cada 1.000 habitantes, es decir, en este caso serían necesarios 37 policías en Alhama, y sin embargo, si no mal creo, tiene 39 entre agentes y cabos, más dos auxiliares administrativos civiles, incluidos los dos agentes en el PIT, un policía tutor y dos agentes en segunda actividad en oficinas.

Pero aparte de ello, con el sistema actual del 6- 4 existen cuatro grupos, de seis policías en cada turno), y un grupo de siete policías. Sin embargo, con el nuevo sistema del 7-7 que proponen estos dos sindicatos, los grupos quedarían reducidos a cinco grupos de 5 policías  y un grupo de seis policías, es decir, en cada servicio, en cada grupo existen menos policías. ¿En qué quedamos: no decían que hacen falta efectivos y que ahora los grupos son insuficientes? Resulta que con el nuevo sistema los grupos son con menos efectivos, en cada turno. No lo entiendo.

También hay que resaltar que en los momentos más necesarios de efectivos, varios policías se van a la baja médica. ¿Casualidad o ánimo de forzar situaciones?

Pero además, también se da la casualidad de que parte de los pocos Policías locales de Alhama de Murcia asistentes a tal manifestación no los había visto nunca en una manifestación o huelgas convocadas por UGT y CCOO desde hace años. Por ejemplo:  recortes en sanidad, educación, huelgas generales, etc..etc. Y estos pocos que la organizan viven casi todos ellos fuera de Alhama de Murcia. Desconozco las ideologías políticas de ellos, ni me interesan, pero también debe de ser otra casualidad que el Alcalde es uno de los tres aspirantes a la Secretaría general del PSRM.

Conclusión: A alguien en la empresa privada se le ocurre el pedir a su gerente que quieren trabajar siete días seguidos y descansar los siete siguientes, (14,2 días de vacaciones al mes) y decir que le devuelven las 136 horas no trabajadas en 42,5 horas de trabajo efectivo, como si fueran estas horas extraordinarias al 175%,  y otras 51 horas en formación y seis horas para reuniones, y que el resto se compensan como horas extras.

Todo ello no justifica el que el Concejal de Policía, -imagino que estará harto de este asunto-dijera una frase desafortunada en el pleno:  “Me ha enternecido mucho el momento en el que ha dicho que los agentes se juegan la vida”, cuestión que a mi juicio han aprovechado los manifestantes para tapar sus verdaderas intenciones de propuestas desorbitadas del Convenio “Acuerdo Marco Regulador”.

¡Ojo! Yo digo que el sistema del 7/7 puede hasta resultar bueno, y se puede probar, si conlleva a la conciliación de la vida laboral con la familiar. Lo que no me gusta es como devolver las 136 horas no trabajadas.

Con esa propuesta se crean agravios comparativos al resto de empleados públicos, que todos podrían querer lo mismo,  trabajar siete días y descansar los siguientes siete, unos 14, 2 días de vacaciones al mes, y luego devolver los días no trabajados de igual forma que ellos. Sería un caos para el Ayuntamiento, ¿no?, Habría que aumentar plantilla.

Por otro lado, creo que el Alcalde ha sido demasiado prudente en no contar a la opinión pública la realidad de lo que yo expongo aquí, aunque ello levantara ampollas. El problema de la Policía Local de Alhama de Murcia está basado en personalismos de hace más de 30 años, acontecido con todos los alcaldes y de distinto signo político, y sin solución de momento posible. Se intentó hace más de 20 años con un mediador a través de la Comunidad Autónoma, en reuniones una tarde a la semana durante un año, donde yo estuve presente, y todavía continuamos igual o peor. Fíjense que hasta ni con el nuevo puesto creado de Oficial de Policía pienso que se solucione, y ojalá me equivoque. Lo celebraría mucho por el bien de todos y sería una gran satisfacción.

Yo pienso que ante un problema enraizado lo mejor es el dialogo, borrón y cuenta nueva. Probar sistemas novedosos, claro que sí, todo lo que haga falta, pero sin aprovechamientos por ninguna de las partes. Medidas de protección colectiva y Epi´s (Equipos de protección individual) los que hagan falta. Pero no mezclemos las churras con las merinas, para en río revuelto ganancia de pescadores. Ese no es el camino.

De otro lado tengo que felicitar al resto de agentes de Policía Local, miembros de Protección Civil y brigadas municipales debido a su trabajo eficaz y responsable acaecido el día de la Vuelta Ciclista a España, a pesar de estar presuntamente recibiendo toda la semana presiones por pensar de forma diferente a ellos. Hubo que nombrar a agentes por decreto al irse a la baja, pues claro que sí, ¿o es que se tiene que paralizar un pueblo?

Por otra parte, no se puede ni debe cerrar un cuartel por falta de efectivos algunos días, con un teléfono desviado a los de servicio por estar varios de ellos de baja, claro que tampoco se debe de hacer, se tienen que nombrar por el servicio RED (Régimen de especial dedicación) que para eso lo cobran, o al menos existía antes y lo cobraban los que voluntariamente estaban. ¿O es que nos lo vamos a cargar todo para conseguir el sistema 7/7 sin devolución de horas al 100%?

Así que, Corporación y Sindicatos, a trabajar. Ustedes  son nuestros representantes. Pero palos en las ruedas, cuantas menos mejor.

En fin, es tan solo una opinión personal, sometida a mejor criterio que el mío si es que puede servir de ayuda en algo.

 

Díaz presenta a los partidos un decálogo de medidas para el nuevo modelo de financiación de Andalucía

Susana Díaz, se reunió con los líderes de los partidos con representación parlamentaria, como ya hizo el pasado jueves 31 de agosto con agentes sociales y económicos, para analizar la reforma de la financiación autonómica. Durante las reuniones la presidenta de la Junta de Andalucía ha planteado a Antonio Maíllo (IU-LV-CA); a Juan Marín (Ciudadanos); a Teresa Rodríguez (Podemos); a Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), y a Mario Jiménez (PSOE-A), una propuesta con una serie de iniciativas para analizar y debatir en el grupo de trabajo que se constituirá en el Parlamento, y del que saldrá una postura consensuada de Andalucía de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica.

Pueden consultar el Decálogo de propuestas del Gobierno andaluz para la reforma de la financiación autonómica AQUÍ.

La propuesta plantea el criterio poblacional como «una variable decisiva» para la distribución de los recursos, así como la creación de un Fondo de Sostenibilidad para blindar los servicios públicos fundamentales ante situaciones de recesión económica.

Algunos de los puntos que incluye la propuesta son la armonización fiscal, tal y como propone el documento elaborado por la Comisión de Expertos; estudiar la aplicación de la regla de gasto; la eliminación progresiva de los mecanismos extraordinarios de liquidez, para recuperar los márgenes de autonomía; la eliminación progresiva del statu quo como restricción mínima de partida; la distribución razonada de los recursos; la nivelación de todos los servicios públicos o la determinación del gasto real de los servicios públicos fundamentales.

Antonio Maíllo ha indicado que Izquierda Unida-Los Verdes tiene «voluntad de llegar a acuerdo» y ha defendido que el Parlamento debe liderar el debate sobre el modelo de financiación autonómica, a través del grupo de trabajo que se acordó, y ha mantenido que el debate debe ser abierto a la sociedad civil.

Juan Marín, por su parte, ha señalado que es necesario sustituir el sistema porque el actual «está caduco» y ha destacado que coincide «en gran medida» con las propuestas de la presidenta para «aminorar las diferencias entre comunidades». Marín ha indicado que el Gobierno central tiene que atender «a lo que se comprometió».

Igualmente, Teresa Rodríguez ha indicado que «merece la pena hacer un esfuerzo extremo por alcanzar un acuerdo con las fuerzas de Andalucía y también con el resto de comunidades del país» en materia de financiación para «conseguir suficiencia financiera para garantizar los servicios básicos recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía».

Por su parte, Juan Manuel Moreno Bonilla se ha comprometido a analizar y estudiar «de forma positiva» la propuesta de la presidenta de la Junta para hacer sus aportaciones en la Comisión del Parlamento, en aras de mejorar el actual sistema de financiación autonómica. Coincide además en que Andalucía necesita mejor financiación y aboga por un modelo «estable, viable y duradero». Sin embargo, condiciona la mejora de la financiación a un acuerdo nacional entre el PP y el PSOE, además de exigir nuevamente la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y patrimonio.

Finalmente, Mario Jiménez ha subrayado que «es la hora de Andalucía por encima de intereses partidistas». Ha informado de que su grupo ha solicitado al Parlamento la constitución inmediata de la Comisión, y ha indicado que «acudimos al grupo de trabajo con voluntad de diálogo, porque Andalucía se está jugando su autogobierno».

 

La Fiscalía no tiene competencia para la instrucción de procedimientos de investigación contra jueces y magistrados

En mi opinión, ésta es la conclusión a la que necesariamente ha de llegarse de una atenta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, sobre el caso Rosell, y de sus votos particulares. Se trataba, en esencia, de determinar si la Fiscalía podía llevar a cabo una investigación instructora, a través de las llamadas diligencias pre procesales, para pre constituir prueba contra jueces y magistrados —en este caso en contra de la jueza Rosell— en un posterior procedimiento disciplinario.

La cuestión era importante porque también estaba en juego la posibilidad de que la Fiscalía pudiera utilizar las diligencias pre procesales para llevar a cabo la instrucción de causas penales contra jueces y magistrados, que estarían en principio prohibidas dada la condición de aforados de éstos últimos. Esta es precisamente la cuestión que late en todo este asunto, esto es, si la Fiscalía tiene o no competencias para la instrucción de procedimientos de investigación contra aforados, ya sea en sede disciplinaria, ya sea en sede penal.

La respuesta que primero nos viene a la cabeza es, evidentemente, que no. Que la fiscalía no tiene competencias instructoras frente a ningún aforado. Nos parecería incomprensible y tremendo que la Fiscalía pudiese investigar con carácter pre procesal a un Diputado o a un Senador sin el correspondiente Suplicatorio. Ni siquiera podría hacerlo para la investigación de una infracción disciplinaria cuya corrección le correspondiera a la Mesa del Congreso o del Senado.

Entonces ¿por qué esas dudas “existenciales” respecto de los jueces y magistrados, si todos ellos tienen la condición de aforados respecto de los delitos y faltas, así como para las infracciones disciplinarias, cometidas en el ejercicio de sus cargos? La respuesta es sencilla: para investigar a los jueces y magistrados no existe el Suplicatorio.

Y, sin embargo, de la inexistencia del Suplicatorio en sede judicial nace la confusión sobre el aforamiento de jueces y magistrados y quién sea el competente para llevar a cabo la instrucción para investigarlos.

Desde luego, lo que sí que deben de quedar meridianamente claras son estas tres premisas:

(i) Que el competente exclusivo y excluyente para instruir expedientes disciplinarios a los jueces y magistrados es el Consejo General del Poder Judicial, y a través de él, al Promotor de la Acción Disciplinaria.

(ii) Que el competente exclusivo y excluyente para la instrucción de los delitos y faltas (hoy delitos leves) cometidos por los jueces y magistrados en el ejercicio de sus cargos es el Tribunal Superior de Justicia, cuando la competencia no le corresponda al Tribunal Supremo.

(iii) Que, aunque parezca paradójico, el competente exclusivo y excluyente para la instrucción de los delitos y faltas (hoy delitos leves) cometidos por los fiscales en el ejercicio de sus cargos es también el Tribunal Superior de Justicia, cuando la competencia no le corresponda al Tribunal Supremo.

En consecuencia, todo lo que se diga a partir de ahora en relación a los jueces vale también para los fiscales, frente a sus propias “diligencias pre procesales”.

Teniendo en cuenta estas premisas, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que resolvió la cuestión en la instancia, fue clara. En la medida en que las diligencias pre procesales suponen la práctica de una instrucción previa, debe entenderse que están prohibidas cuando se trata de investigar a jueces y magistrados, y por tanto deben reputarse nulas por lesionar el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, por infracción del artículo 24 de la Constitución Española. El Tribunal Supremo, sin embargo, ha casado la sentencia de instancia.

¿Cuál ha sido entonces la conclusión del Tribunal Supremo?, y ¿cómo ha llegado a ella? La fundamentación de la sentencia del Tribunal Supremo es en realidad un “circunloquio”. La conclusión es la misma que la de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la nulidad de las “diligencias pre procesales”, pero con fundamentos diferentes. Entonces, si la conclusión es prácticamente la misma en una y otra, ¿porqué el Tribunal Supremo ha casado la sentencia de instancia?

La respuesta no está muy clara. En mi opinión tiene mucho que ver con la elección de las palabras y de las “etiquetas” de determinados argumentos. Sabemos que, hasta hace unos días, el argumento “estrella” tanto del Ministerio de Justicia como del propio Consejo General del Poder Judicial era la “conveniencia” técnica de que los fiscales llevaran la instrucción en los procedimientos penales. Como todos sabemos, el escándalo del “asunto Moix” puso fin a ese debate.

Pero, a pesar de que el debate ya se cerró, lo que desde luego no resultaba  nada “conveniente” era que en una sentencia del Tribunal Supremo apareciera vinculada la idea de extralimitación con el argumento de la instrucción fiscal, y menos si el destinatario de la ilegalidad era nada menos que una magistrada que había solicitado la excedencia para presentarse a las elecciones como diputada al Congreso de la nación, y de las que tuvo que desistir como consecuencia misma de la extralimitación de uno o varios fiscales.

A partir de ese momento se puso en marcha una verdadera “ingeniería” de pasillos para encontrar una solución que contentara a todos. Fruto de esa “ingeniería” son las “curiosidades” que ofrece la sentencia, y de las que te das cuenta al echar un simple vistazo:

La primera “curiosidad” la ofrece desde luego la composición de la Sala.

El artículo 15 de la LRJCA dice lo siguiente:

  1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo actuará dividida en Secciones, cuyo Presidente será el que lo fuere de la Sala o el Magistrado más antiguo de los que integren la Sección, salvo en el supuesto previsto en el artículo 96.6 en el que la Sección a que se refiere será presidida por el Presidente del Tribunal Supremo.
  2. Para la vista o deliberación y fallo será necesaria la concurrencia del que presida y de los Magistrados siguientes:
  3. a) Todos los que componen la Sección para decidir los recursos de casación y revisión (como es el caso).

En el B.O.E de 30 de diciembre de 2016 se contienen publicadas las Normas de Reparto, composición de las Salas y Ponencias del Tribunal Supremo, y por lo que ahora interesa, también de la Sala 3ª, para todo el año 2.017.

Por lo que se refiere a la sección Cuarta, que es la que ha dictado la sentencia que tratamos, se establece la siguiente composición:

  • Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.
  • Segundo Menéndez Pérez.
  • Pablo María Lucas Murillo de la Cueva.
  • Celsa Pico Lorenzo.
  • Pilar Teso Gamella.
  • José Luis Requero Ibáñez.
  • Jesús Cudero Blas.
  • Rafael Toledano Cantero.

“Cuando en la Sección Cuarta se traten asuntos relativos a las materias a que se recogen en el apartado Cuarto.1 de las normas de distribución referidas a la misma (que es el caso), la Sección será presidida por el Presidente de la Sala”.

Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la LRJCA en relación con las Normas de Reparto publicadas en el B.O.E. para el año 2017, los magistrados que deberían haber concurrido a la deliberación y fallo de la sentencia a que nos referimos, debían haber sido 9, esto es, los 8 componentes de la sección cuarta más el presidente de la Sala 3ª, Luis María Díez-Picazo Giménez.

Sin embargo, la sentencia de que tratamos —junto con sus votos particulares— ha sido firmada por 7 magistrados, y no por 9. Faltan Segundo Menéndez Pérez y Jesús Cudero Blas.

¿Cuál es la razón? No se aclara en la sentencia, ni se dice nada sobre el particular. La razón de su “ausencia” pudiera tener que ver con la aritmética de las mayorías y el sentido del fallo de la sentencia.

Es inevitable sospechar que, si Segundo Menéndez Pérez y Jesús Cudero Blas hubieran participado en la deliberación, quizás hubiera sido otro el sentido final del fallo de la sentencia.

Pero lo que sí que resulta evidente es que la sentencia adolece de un vicio invalidante, que pudiera provocar la nulidad no solamente de la redacción de la sentencia, sino también de la composición de la sala y de la previa deliberación.

Podemos pide en Congreso y Senado explicaciones por las muertes en Melilla

La confederación de partidos Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado este lunes, 4 de septiembre, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, la solicitud de comparecencia en comisión del ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad y el director de la Guardia Civil a fin de que expliquen lo ocurrido en el operativo que tuvo lugar la madrugada del 31 de agosto al 1 de septiembre en las cercanías de las playas melillenses. Además, se han registrado en ambas cámaras una serie de preguntas al Gobierno con respuesta por escrito en este sentido.

Como es conocido, el día 31 de agosto dio la alerta la activista de Walking Borders, Helena Maleno, donde denunciaba del accidente que se había producido durante una devolución en caliente de una patera en las aguas de Melilla. La embarcación, en la que según fuentes de la misma organización y de las personas supervivientes viajaban 45 personas (30 según fuentes de la Delegación de Gobierno), fue bloqueada por la Guardia Civil con el fin de que no rebasara la línea territorial marítima que divide aguas españolas y marroquíes y a la espera de que llegara la Marina marroquí y se la llevara.

Esta práctica resulta bastante habitual, tal y como reconoció el propio Ministro del Interior, como herramienta de control migratorio y, junto con las devoluciones terrestres, forma parte de lo que se conoce como devoluciones en caliente y que fue incluido en la reforma de la Ley de Extranjería. En este sentido, la portavoz adjunta del Grupo del Cambio en el Senado, Maribel Mora, ha registrado también hoy en la cámara alta una Proposición de Ley con el objetivo de derogar la disposición adicional décima de la LO 4/2000 de devoluciones en caliente, de tal manera que se garanticen los derechos mínimos de las personas migrantes.

Fue en días posteriores cuando se ha conocido que siete mujeres habían fallecido al volcar la embarcación. Aunque asociaciones de derechos humanos de Marruecos hablan de al menos trece cadáveres en el mortuorio.

“Hemos pedido estas comparecencias para que aclaren en qué circunstancias se ha producido este accidente y que se depuren las responsabilidades políticas, penales y administrativas correspondientes. Además, queremos que se decreten tres días de luto oficial, igual que en los atentados de Barcelona, porque todas las vidas valen lo mismo”, ha explicado la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra.

Pero no sólo se queda aquí Belarra, entiende también que  “el Partido Popular nos ha colocado fuera de la legalidad con el incumplimiento sistemático de los Derechos Humanos en la frontera sur intentando legalizar las devoluciones en caliente”.

La responsabilidad del Estado con las víctimas del franquismo

La semana pasada se celebró el Día Internacional de las Desapariciones Forzosas. Casi nadie le hizo caso, desde luego nadie de la prensa oficialista. Pasó inadvertido y esto es muy grave teniendo en cuenta en el país en que vivimos, en la patria donde las cunetas están repletas de la sangre, de la carne podrida, de los huesos y de los sueños de quienes una vez tuvieron el valor de enfrentarse con sus ideas o su acción a la sinrazón que significaba la presencia de Francisco Franco en el poder. España es la patria de la indignidad y dejar pasar por alto un día en el que rendir honores a quienes de una forma u otra lucharon por la libertad y dieron su vida por ella es de miserables. Pero para que esto ocurra tiene que haber unos responsables y en este país los hay.

El Estado español y los gobiernos de turno, ahora el de Mariano Rajoy, son los responsables de buscar a los asesinados por el franquismo y que aún se encuentran en las cunetas o en fosas comunes de los cementerios de este país. España es el segundo país del mundo en número de desapariciones forzosas solo superado por Camboya y el terror de los Jemeres Rojos, por tanto, es el primero de Europa. Esta situación ha llevado a que nuestro país sea advertido y condenado en varias ocasiones por la ONU o a que los representantes de Naciones Unidas se hayan tenido que marchar de España sin haber recibido un compromiso firme por parte del Partido Popular de que asumirían sus responsabilidades en lo referente a las víctimas del genocidio franquista.

España es un país que ya ha superado los 40 años de democracia, casi el mismo tiempo en que vivió bajo el yugo de una dictadura que basó su acción de gobierno en el terror impuesto a quienes discreparan del Régimen. Detenciones, encarcelamiento, torturas y ejecuciones sumarias fueron una constante del franquismo hasta unos días antes del fallecimiento del dictador. En los dos últimos años de Régimen, Franco dio el «enterado» a las ejecuciones de Salvador Puig Antic, Georg Michael Welzel (últimos ejecutados por garrote vil), José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui (fusilados en octubre de 1975).

No obstante, España tiene un déficit democrático fundamental y lo seguirá teniendo hasta que las víctimas del genocidio franquista recuperen su dignidad y a sus familiares, porque hasta que esto no se produzca España será una pseudo-democracia.

Las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescribe. En nuestro país el proceso siempre era el mismo: se realizaban detenciones ilegales, se torturaba a esas personas y después se las ejecutaba negándole el derecho a una sepultura con el único fin de incrementar el miedo y el terror a sus familiares.

Fosa en Puerto Real (Cádiz) Foto: Todos Los Nombres

Todos estos crímenes se ejecutaron por parte del Estado en nombre de España y, por tanto, es aquél el máximo responsable de que más de 100.000 hombres y mujeres continúen aún enterradas en cunetas, campos o en fosas comunes como la de Paterna, por ejemplo.

La inacción del Gobierno de Mariano Rajoy respecto a las víctimas del genocidio franquista es una falta de respeto hacia los derechos humanos y una violación de los tratados internacionales firmados por España con la excusa de que los problemas de la dictadura fueron resueltos durante la Transición. Esto es falso. No se restañaron las heridas durante ese periodo. La pena de muerte estuvo vigente hasta la aprobación de la Constitución. La Ley de Amnistía sobre la que se sustenta toda la argumentación y que está paralizando la detención de los responsables de la represión, las torturas y los asesinatos que aún siguen vivos estaba diseñada para exculpar de los delitos políticos de la dictadura y no para hacer un punto final respecto a los culpables, por lo que, el propio Gobierno está utilizando una Ley que se aplicó de manera errónea y transgrediendo su propio espíritu. Esta actitud no es más que un acto de negacionismo similar al de quienes niegan la existencia del Holocausto o de la represión y los asesinatos políticos en la Unión Soviética. Esta actitud negacionista está penada por las leyes de los países que realmente se pueden considerar democráticos.

Por tanto, el Estado español debe hacerse responsable de restañar las heridas que aún siguen abiertas y que no se cerrarán hasta que no quede un solo español enterrado en cunetas, campos o fosas comunes. Tiene que ser el Gobierno del Partido Popular quien lleve a efecto la Ley de Memoria Histórica en sus aspectos más maximalistas, es decir, cumpliéndola de manera estricta y sufragando la búsqueda, exhumación y recuperación de los cuerpos de quienes fueron ejecutados por defender un modelo político similar al que deberíamos tener en la actualidad pero que la memoria de quien sigue abandonado impide que se pueda llamar democracia.

Trabajos de exhumación de la Fosa 113 del cementerio de Paterna (Valencia). Foto: Diputación de Valencia

Otro aspecto importante por el que el Estado debe responder es la presencia aún de monumentos, placas conmemorativas o nombres de calles dedicados a los asesinos o a quienes fueron sus cómplices. La negativa del Partido Popular a que esto se lleve a cabo les convierte en encubridores del genocidio, además de ser responsables del insulto constante que supone a las víctimas vivir o ver cómo se sigue homenajeando a quienes ejecutaron un genocidio sistemático durante 40 años.

Lo mismo ocurre con las subvenciones que reciben fundaciones dedicadas a honrar la memoria del dictador o de quienes impusieron el terror en España. Todas estas organizaciones estarían prohibidas si España fuera una democracia plena que respetara los derechos humanos, la libertad, la igualdad y la fraternidad entre sus ciudadanos. Mantener con dinero público a, por ejemplo, la Fundación Francisco Franco es en sí mismo un acto de desprecio hacia el régimen que los españoles nos dimos tras la muerte del dictador. Esto sería impensable en cualquier país democrático. Pero «Spain is different» y se sigue sufragando con el dinero de todos a nostálgicos del fascismo que sigue pensando que el país es suyo.

Ante esta responsabilidad del Estado frente a las víctimas del franquismo, ¿dónde está el Jefe del Estado? ¿Por qué no ha recibido o ha tenido aún un encuentro con las víctimas de la dictadura? En primer lugar, que la Jefatura de Estado de España sea una Monarquía es el cumplimiento de la voluntad de Franco quien el 22 de julio de 1969 tomó la decisión de designar a Juan Carlos de Borbón como su sucesor con el título de Príncipe de España, momento en el que el futuro Juan Carlos I juró «fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino». En 1978 no juró la Constitución de 1978, sino que «como Rey de España […] expreso ante el pueblo español, titular de la soberanía nacional, mi decidida voluntad de acatarla y servirla». No juró, sólo sancionó. Por tanto, en España tenemos a un Jefe del Estado por la voluntad de Franco y no por la voluntad del pueblo español.

En segundo lugar, ni Juan Carlos ni Felipe de Borbón han tenido ningún gesto con las víctimas, no los han recibido y, más bien, han tenido palabras en las que se las conmina a que «no remuevan heridas del pasado». El único gesto que ha tenido la Monarquía española con las víctimas del franquismo fue en la visita que realizaron a México en noviembre de 1978 cuando recibieron en la Embajada española en México DF a Dolores Rivas Cherif, la viuda de Manuel Azaña. Desde entonces, silencio y complicidad con quienes no han asumido su responsabilidad.

35.000 parados se quedarán sin ayudas en Málaga por la falta de previsión del Gobierno de Rajoy

35.000 malagueños desempleados sin ingresos pueden quedarse sin cobrar nada, sin ningún tipo de protección social durante meses, por la falta de previsión del Gobierno de Rajoy. Así lo ha denunciado el diputado socialista malagueño Miguel Ángel Heredia.

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en Málaga hay 167.000 parados, de los que 90.537 no tiene derecho a ningún tipo de protección por desempleo. Además, los hogares con todos sus miembros en paro en nuestro país se han triplicado con la crisis y la mitad no percibe ningún tipo de prestación social.

El Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno Vasco, ha determinado que el Plan Prepara, en la medida en que es una subvención, debe ser gestionado por las comunidades autónomas. Esta sentencia del TC ha impedido que se renueve el Plan Prepara para desempleados sin ingresos. El 20 de julio falló que su gestión corresponde a las comunidades autónomas. Su última edición caducó el 15 de agosto. Esto ha impedido que se pueda renovar este plan para desempleados sin ingresos, lo que va a afectar a 35.000 malagueños.

Miguel Ángel Heredia ha planteado una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a que solucione cuanto antes el problema, porque ha sido incapaz de buscar una solución. Esto ha provocado que miles de familias en Málaga se encuentren en este momento en una situación límite. «Todos los meses estas personas desempleadas deben pagar su hipoteca, la luz, el agua y darle de comer a sus hijos, pero a día de hoy se han quedado sin ningún tipo de ayuda y lo que es peor, la desidia del Gobierno, puede provocar que estén varios meses sin recibir absolutamente nada», ha asegurado el diputado socialista malagueño.

También ha señalado que la propuesta y el borrador del decreto que regulará la prórroga del plan no llegaron a las Consejerías de Empleo de las Comunidades Autónomas hasta el día 30 de agosto a mediodía, un retraso incomprensible. «En su comparecencia de la pasada semana en la Comisión de Empleo del Congreso, la ministra tampoco dio ninguna solución concreta, ni ningún dato sobre las personas a las que afectaba la inaplicación del Prepara», ha detallado, para explicar posteriormente que la pretensión del Gobierno de Rajoy es que las CCAA le cedan la gestión del Plan sin que se sepa si está ofreciendo otras alternativas, teniendo en cuenta las dificultades que están teniendo las Comunidades. Por otro lado está la incertidumbre que las familias tienen respecto a cuándo cobrarán la prestación ya que, aunque el Gobierno parece tener intención de prorrogar el Prepara con carácter retroactivo, lo que no se sabe aún es cuándo se producirá esa prórroga ni cuando las familias que más lo necesitan lo van a cobrar.

«Y no está claro porque el Gobierno pretende que las comunidades le cedan la gestión del plan, sorteando así la sentencia del Constitucional. Pero para eso necesita que las 17 administraciones le den su permiso y todavía no se sabe cuándo va a llegar ese momento: ahora son las administraciones autonómicas las que deben responder», ha aclarado Heredia para añadir que deberá celebrarse una Conferencia Sectorial entre el Gobierno y las Consejerías de Empleo de las 17 CCAA, por lo que « pueden transcurrir muchas semanas y hay personas y familias que no pueden esperar».

Lo que está muy claro es que quien tiene que pagar una hipoteca, la luz, el agua o darle de comer a sus hijos no puede esperar a que el Gobierno busque una solución a un problema que conoce desde hace más de un mes y que además ya veía venir el sentido del fallo por la propia naturaleza de la ayuda económica del Plan Prepara.

 

Nuevos casos de Xylella en la provincia de Alicante

El laboratorio nacional de referencia del IVIA ha confirmado nuevos positivos de la bacteria Xylella fastidiosa en la provincia de Alicante. La detección ha sido comunicada a la Comisión Europea tras informar la Generalitat al Gobierno de España. La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, ha informado este mediodía a los alcaldes alicantinos asistentes a la reunión convocada en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) casi al mismo tiempo que se ha dado a conocer la novedad al sector agrario.

Se ha detectado la presencia de la bacteria en 26 nuevas parcelas de almendros, 23 de ellas dentro de la zona demarcada de la comarca de la Marina Baixa por los dos brotes precedentes y el resto a menos de 4 km. de aquella, concretamente en los municipios de Balones (El Comtat) y Alcalalí (Marina Alta). En las nuevas parcelas infectadas, y 100 metros a la redonda, se van a realizar tratamientos insecticidas contra los posibles vectores. Posteriormente, se procederá al arranque y destrucción del material afectado por trituración in situ, y siguiendo las obligaciones contempladas en el artículo 6 de la Decisión europea 2015/879 y sus modificaciones.

En los dos focos declarados desde que el 29 de junio se confirmó la presencia de ‘Xylella’ en una parcela de Castell de Guadalest y el posterior positivo en tres muestras de almendro de Benimantell, se han tratado hasta la fecha 18’2 hectáreas con insecticida, de ellas 5’53 en zona forestal. Se han eliminado los arbustos del sotobosque y 304 almendros de cinco plantaciones.

La consellera, ha estado acompañada por el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, y el director general de Agricultura, Roger Llanes, ha subrayado que todas las muestras positivas hasta la fecha han sido de almendro, de la subespecie multiplex.

Cebrián ha explicado a los regidores los avances en la preparación de la orden de indemnizaciones, para cuya aplicación se ha encargado un estudio a la Universidad Politécnica de Valencia, así como del refuerzo de la campaña de divulgación que incluye nuevas reuniones con alcaldes de las provincias de Valencia y Castellón, y del trabajo de coordinación que se realiza con el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas. Rubén Alfaro, por su parte, ha abogado por la unidad de acción entre administraciones.

Tras la detección del primer brote de ‘Xyella’, la Conselleria preparó un Plan de Acción -basado en los planes de contingencia vigentes- que se remitió al Ministerio y la UE. El plan incluye la descripción de la estructura y la organización de las prospecciones en marcha y establece el número de exámenes visuales, muestras y análisis de laboratorio que deberán de incluir, así como la metodología a adoptar.

El plan de contingencia de la Comunitat Valenciana dispone de más de 1.160 puntos de seguimiento de vectores de ‘Xylella fastidiosa’ mediante trampas cromotrópicas amarillas, distribuidas por plantaciones (cítricos y olivos), puntos de entrada (puertos, aeropuertos) y viveros.

Todas las muestras de posibles vectores se analizan desde 2015 y todos los resultados han sido negativos. Cebrián ha aclarado que se sigue realizando una prospección intensa en la nueva zona demarcada, con el fin de determinar el alcance del brote. Existen 30 puntos de seguimiento con trampas cromotrópicas en los alrededores de las parcelas infectadas. En la zona afectada se ubican 35 viveros y centros de jardinería adicionales. En cumplimiento de la normativa europea, es necesario controlar el movimiento del material de los vegetales especificados para impedir su salida fuera de la zona, e investigar su trazabilidad para ver las salidas de material de vegetales especificados de los últimos tres años, como se está haciendo en las otras dos zonas.

La oposición tacha de «fiasco» el nuevo servicio de autobuses de Lorca

El nuevo servicio de autobuses urbanos de Lorca, puesto en marcha la pasada semana no ha tardado en recibir las críticas frontales de la oposición en el Ayuntamiento lorquino.

El portavoz socialista David Romera ha hecho una valoración de la puesta en marcha el pasado uno de septiembre del nuevo sistema de transporte urbano tras la utilización in situ del mismo en hora punta del mediodía.

El balance de los socialistas es rotundo: un «fiasco» fruto de la «improvisación y la falta de interés por crear un modelo atractivo y competitivo propio de una ciudad moderna y sostenible», ha afirmado Romera. Los socialistas han comprobado que hay «una serie de autobuses de segunda mano por ahí dando vueltas que van absolutamente vacíos, aun en hora punta, porque la población no se ha enterado que se ha puesto en funcionamiento el nuevo servicio puesto que no se ha realizado ninguna campaña de información ni sensibilización por parte del Ayuntamiento». Muchos vecinos se han sorprendido de ver los nuevos vehículos «sin saber muy bien por qué estaban circulando, hacia dónde iban y qué servicio prestaban», aseguran .

Romera ha destacado que sigue sin haber información en las paradas pues ésta se limita a un cartel con colores especificando las líneas, horarios de salida y poco más, lo que resulta poco práctico para visitantes y personas mayores, habiendo muchas paradas donde tal cartel ni siquiera se ha colocado o permanecen los horarios de la concesión anterior.

Tampoco se han recolocado las marquesinas eliminadas por las obras de regeneración en La Viña o San Cristóbal ni se han colocado nuevas allí donde éstas no existen por lo que los usuarios tienen que permanecer de pie, bajo el sol o la lluvia; no se ha diseñado un plano general con el trazado de los itinerarios de las diferentes líneas y los edificios y servicios públicos que quedan próximos; tampoco en las paradas se han colocado indicadores de conexión entre las diferentes líneas ni hay información individual de cada una de las líneas como ocurre en toda ciudad de cierta categoría (itinerario, paradas, conexiones, horarios); no se informa de las incidencias que en los itinerarios oficiales están provocando las obras de regeneración urbana ni de los itinerarios alternativos. Igualmente no se han instalado los paneles electrónicos prometidos que informan a los usuarios del tiempo que resta para la llegada del próximo autobús y algunas marquesinas están sucias como la existente en la céntrica Plaza de Colón.

Respecto a los autobuses, Romera ha indicado que «todos son de segunda mano», que en su interior tampoco existe información alguna de las nuevas características del servicio que debía de ser análogo al existente en las paradas, y que no existe el servicio de megafonía que debía anunciar la llegada de la próxima parada con objeto de guiar a los usuarios, especialmente los que proceden de fuera de Lorca. Indicó también que para las líneas que conectan el centro de Lorca con el Castillo o el Casco Histórico, se está utilizando un vehículo monovolumen, con las limitaciones que esto supone.

Las deficiencias también tienen que ver con la frecuencia de los autobuses, puesto que para la línea principal que atraviesa toda la ciudad se ha puesto una frecuencia de 30 minutos cuando desde siempre ésta ha sido de 20, y que la línea del Casco Histórico debía tener una mayor frecuencia durante las mañanas puesto que es el centro administrativo y comercial de la ciudad. También lamentan desde el PSOE que todas las líneas partan del Óvalo de Santa Paula lo que va a obligar a los lorquinos a realizar continuos trasbordos, que núcleos tan importantes como La Hoya se hayan quedado fuera cuando existe una línea que va hasta el Polígono de Saprelorca, y que queden desconectados los Barrios Altos, la nueva zona de equipamientos de Sutullena y las estaciones de ferrocarril y autobús.

En lo que se refiere a los aspectos formales, a muchos lorquinos les ha llamado la atención que en los carteles de promoción del nuevo servicio se haya colocado una imagen de la Catedral de Murcia, que no tiene nada que ver con Lorca aun contando la ciudad con grandes edificios monumentales como la Colegiata de San Patricio que nada tiene que envidiar a la catedral murciana.

Para el Grupo Municipal Socialista el nuevo sistema de transporte público urbano de autobuses puesto en marcha siguiendo el modelo del Partido Popular en Lorca es «un fiasco, una decepción porque el PP no apuesta por los servicios públicos» después de las expectativas creadas. Lo que ha entrado en funcionamiento el pasado 1 de septiembre «no está a la altura de las necesidades ni dimensiones de una ciudad de la importancia de Lorca» puesto que «no mejora el sistema anterior, contraviniendo lo previsto en el Plan de Movilidad Urbana, por lo que sigue sin ser un servicio moderno, cómodo, funcional ni atractivo para que los lorquinos vuelvan a coger el autobús, dejen el coche en casa y se desarrolle un modelo de ciudad más equilibrado y sostenible». De ahí que el pasado viernes día 1 en plena hora punta los niveles de ocupación en paradas y autobuses sean llamativamente bajos cuando las calles de Lorca aparecen atestadas de vehículos privados.

Izquierda Unida va más lejos y ha acusado al PP de incumplir su programa electoral con los nuevos itinerarios de autobús. Gloria Martín ha desmentido que el Ayuntamiento haya creado ocho nuevas líneas de autobús urbano puesto que las de Campillo, Marchena, Río y Cazalla ya existían, tal y como puede comprobarse en la web del Ayuntamiento, aún sin actualizar. De ese modo, sólo la de Tercia es de nueva creación en lo que respecta al transporte público en pedanías.

Para Martín resulta “ridículo” que los itinerarios que conectan el casco urbano de Lorca con estas diputaciones sólo se realicen “dos días a la semana”. Además, los nuevos itinerarios del autobús urbano de Lorca vuelven a discriminar de manera clamorosa a los vecinos de las Tierras Altas, de las pedanías del sur y de la costa, que seguirán sin este servicio pese a las promesas electorales del PP.

El Partido Popular se comprometió a crear “líneas regulares que unan la ciudad con todos los ejes cardinales del municipio de Lorca, incluyendo pedanías y núcleos residenciales, por lo que incumplen de manera flagrante sus promesas y discriminan a miles de vecinos cuyas necesidades son sistemáticamente ignoradas por el equipo de Gobierno municipal”, afirmó Gloria Martín.

El programa electoral del PP para 2015 decía textualmente que se establecerían líneas regulares de autobuses “con todas las pedanías del municipio” y hacía una alusión específica a las Tierras Altas, al complejo residencial ‘Torre del Obispo’, a Almendricos, La Escucha y La Campana y a las pedanías del Sur, cuyo servicio sería reforzado “en época estival para incentivar a la población a visitar las Playas de Lorca”, según dijeron.

“Nada de eso se ha cumplido”, ha denuncia Gloria Martín, como tampoco la potenciación de los mercados tradicionales de diputaciones, ni la conexión entre la ciudad y los polígonos de Saprelorca y La Hoya para incentivar a los trabajadores a que utilicen el transporte público y alivien el tráfico que se genera al utilizar el vehículo privado en la Autovía A7.

Tampoco se han implantado “paradas inteligentes”, informando de los tiempos previstos de llegada, por lo que los ciudadanos seguirán “a ciegas” a la hora de utilizar este medio.

Gloria Martín ha exigido al PP que cumpla con sus propios compromisos electorales en materia de transporte público. También ha pedido que los vehículos que se incorporen a la flota sean ecológicos, es decir, que utilicen energías alternativas como hidrógeno o gas natural comprimido para disminuir la emisión de gases contaminantes, debido, entre otras cuestiones, a que Lorca “ostenta el triste récord de contaminación por Ozono de toda Europa”.

Por último, Gloria Martín ha censurado que el PP haya optado por una nueva privatización del transporte público y por un modelo que está muy lejos de ser “justo, equitativo, cómodo, ágil, barato, eficaz y sostenible”, y en cuyo diseño “no se ha dado voz a la oposición municipal”. En ese sentido, lamentó la “falta de valentía” del equipo de gobierno municipal del PP que ha preferido “perder la gestión directa de un importante servicio público mediante una concesión que conlleva riesgo de incumplimiento de las condiciones pactadas y de deterioro y precarización tanto del propio servicio como de las condiciones laborales de los trabajadores”.

El sector servicios lidera el paro en agosto en la Región de Murcia

El propio director general del SEF de la Región, Alejandro Zamora, reconocía ayer que el sector servicios había aglutinado “más de la mitad del volumen de nuevos desempleados” con un repunto global del paro en la Región de 3.685 personas, un 3,57 por ciento de subida con respecto a julio.

Zamora, trató de justificar estos datos achacándolo a que “los años de mayor bonanza económica y generación previa de empleo suelen reflejar una subida más intensa en agosto. La creación de puestos de trabajo había sido muy importante y es lógico que en un mes tradicionalmente negativo como éste se produzca una corrección, por el fin de muchos contratos de verano y la disminución de la actividad agraria”.

“Más allá de meses puntuales marcados por la estacionalidad, debemos tomar distancia y observar la trayectoria acumulada en el último año. Lo importante es el fuerte ritmo de caída del paro en los últimos doce meses, y de hecho hoy tenemos casi 11.000 desempleados menos en la Región que a la conclusión de agosto de 2016”, justificó Zamora.

El PP prefiere los datos globales

El portavoz regional del PP, Víctor Martínez no ve positivos las cifras del paro en la Región de Murcia del mes de agosto aunque se queda “con el dato esperanzador –ha añadido- de que seguimos liderando la creación de empleo a nivel nacional”.

“En términos interanuales ninguna comunidad autónoma ha creado tanto empleo como la nuestra”, ha dicho.

Víctor Martínez justifica este incremento del número de parados debido “al espectacular verano que hemos tenido en la Región de Murcia en término turísticos, unos datos con un gran aumento tanto de turistas nacionales como internacionales. De hecho el 52,6% de los parados que arroja agosto pertenecen al sector servicios”.

PSOE: “Un duro golpe”

El diputado del grupo parlamentario socialista, Antonio Guillamón, afirmó que los datos del paro registrado del mes de agosto suponen “un duro golpe para la recuperación del empleo en la Región, ya que incrementan el número de desempleados en 3.685 personas más”.

“Esta situación –ha añadido- vuelve a corroborar la debilidad de nuestra economía, sustentada por la actividad turística que es la que mantiene puntualmente el empleo”.

Guillamón mostró preocupación también porque la tasa de cobertura regional es 4,73 puntos por debajo de la media nacional y se encuentra sobre el 50%, “por lo que sigue siendo inaceptable la bajísima protección para las personas que han perdido su empleo y muy inferior a la tasa nacional”.

El número de afiliados a la Seguridad Social también desciende en 14.414 personas, “lo que viene a ensombrecer, aún más, la situación del empleo”, aseguró.

El diputado socialista añadió que “estos datos, ya de por sí malos”, se suman a la precariedad del mercado laboral promovida por los gobiernos del Partido Popular mediante su reforma laboral, “que inciden en un modelo que está provocando unos efectos muy negativos que originan una alta temporalidad, bajos salarios y la pérdida de derechos para los trabajadores”.

“Es necesario –concluyó- realizar un gran esfuerzo en la asignación de recursos, que sigue siendo insuficiente en esta materia, para que una comunidad autónoma como la nuestra pueda emprender las actuaciones necesarias para la creación de empleo”.

Ciudadanos pedirá explicaciones

Ciudadanos va a exigir al Gobierno regional que dé explicaciones tras constatar “una de las peores campañas de verano en términos de empleo de los últimos años”.

«Creemos que los datos de ocupación hotelera tan negativos que hemos sufrido este verano son en parte responsables de este aumento del paro, y en la raíz del problema vuelve a aparecer la situación del Mar Menor y la errática política turística a las que nos ha abocado el Gobierno regional del PP», ha señalado el portavoz naranja, Miguel Sánchez, quien también ha vuelto a criticar la elevada tasa de temporalidad que sufre el mercado laboral de la Región.

El pasado mes se han firmado 57.521 contratos, de los que apenas 4.004 han sido indefinidos, lo que deja la tasa de temporalidad en el 93%, apenas cuatro décimas por debajo de la del pasado año. De todos los contratos, 27.673 corresponden al sector servicios y específicamente 10.446 a la hostelería, lo que supone el 18,1%.

Miguel Sánchez ha alertado especialmente de las cifras de contratación en los municipios turísticos y costeros: «En Águilas, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Mazarrón se han firmado durante agosto un total de 2.248 contratos de hostelería, apenas 112 más que el pasado año. De hecho, si solo nos fijamos en los municipios ribereños del Mar Menor, las cifras son ya negativas. San Javier, San Pedro y Los Alcázares suman un total de 1.244 contratos en hostelería en agosto de este año, frente a los 1.257 del pasado año», ha especificado el portavoz de C’s.

Podemos: “Un fracaso político”

El diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, ha explicado que la pérdida de empleo en la Región en un mes especialmente propicio para su creación demuestra que “el Partido Popular está literalmente incapacitado para poner en marcha en un modelo productivo que nos sitúe más allá de la economía cortoplacista, de bajos salarios y contratos precarios” en una Región, además, donde se ha primado como motor económico el sector turístico.

Estos datos, según Pedreño, contrastan con las altas tasas de ocupación turística lo que pone de manifiesto que “no habrá turismo de calidad que genere riqueza para toda la Región sin trabajadores a los que se les garantice su estabilidad y profesionalidad” por lo que ha añadido que “necesitamos una reconversión del sector turismo que integre y respete el derecho al trabajo en lugar de crear trabajo precarios y trabajadores de usar y tirar”.

Conesa, González Veracruz y Francisco Lucas ya son candidatos a dirigir el PSRM-PSOE

Francisco Lucas, Diego Conesa y María González Veracruz son desde este lunes candidatos a dirigir el PSOE murciano. Los tres han coincidido en la necesidad de «recuperar la ilusión» de la militancia y de los votantes para poder ganar las elecciones en el congreso que tendrá lugar los días 6,7 y 8 de octubre.

El primero en inscribir su candidatura ha sido el actual alcalde pedáneo de El Raal (Murcia), Francisco Lucas, que ha comparecido arropado por una veintena de militantes, entre ellos, el senador Juan Luis Soto; la portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández, y los concejales de esa ciudad Maite Espinosa y Juan Vicente Larrosa.

Lucas insiste en su intención de liderar el «relevo generacional» del PSOE murciano para lograr que el partido supere el 20% de votos que ha venido obteniendo en las últimas elecciones: «ni más de lo mismo, ni más de los mismos», ha apuntado.

«Me presento para ganar y sobre todo para que gane el PSOE», ha insistido, y ha señalado la importancia de fomentar la unidad dentro del partido para hacer de él una «organización fuerte y autónoma».

Asimismo, se ha referido a la necesidad de analizar la situación real del partido, al frente del cual, ha dicho, deben estar «los mejores», independientemente de la candidatura que hayan integrado.

Por último, ha asegurado que se siente «muy respaldado», tanto por los militantes, que ha considerado que se sienten «ilusionados» con su candidatura, como por la dirección general del partido y por Pedro Sánchez, con quien se ha comparado por haber encabezado un «proyecto de valentía e ilusión».

Por su parte, el actual alcalde de Alhama de Murcia, Diego Conesa, ha recordado que fue el primero que mostró abiertamente su intención de luchar por ocupar la secretaría regional del partido, y desde entonces ha recorrido una treintena de agrupaciones socialistas, puesto que su proyecto consiste en «poner el foco en los militantes».

Para tratar de recuperar su confianza y la de la sociedad en general, ha planteado un sistema de trabajo basado en cinco pilares de actuación: agua, educación, infraestructuras, sanidad y juventud.

El objetivo, ha dicho, es que la agrupaciones socialistas puedan trabajar de manera coordinada con la sociedad y de esa manera recuperar a los simpatizantes desencantados con la «única receta de trabajar» de manera conjunta.

Conesa ha insistido en que se siente absolutamente respaldado por su «compañero y amigo Pedro Sánchez», cuyo proyecto ha defendido siempre porque supone «el triunfo de la militancia», y ha abogado por recuperar a la sociedad civil poniéndose «a su lado y detrás», ya que son los «verdaderos protagonistas» de la política.

Por último, María González Veracruz, también acompañada de una docena de militantes, entre ellos, Enrique Carrillo, alcalde pedáneo de Puente Tocinos, y Carmen Baños, concejala de Lorquí, ha mostrado su orgullo «como mujer, socialista y murciana» por haber formalizado su candidatura con el objetivo de lograr un «PSOE firme y fuerte».

En ese sentido, ha pedido a los militantes y a la sociedad en general que se impliquen con este proceso, ejemplo de democracia interna en el que cada militante decidirá con su voto, ha dicho, ya que hay una «oportunidad histórica» de «transformar la región» arrebatándole la presidencia al PP.

Para ello, ha opinado, se necesita «unidad e integración» pero también «preparación y capacidad política» para ejecutar ese cambio.

Veracruz ha insistido en que las tres candidaturas representan un relevo generacional, algo que necesita el PSOE, y la suya está integrada además por personas con un gran «capital político», con «experiencia y conocimiento profundo del partido y la región.

Por todo ello, ha pedido a los militantes que se ilusionen y participen en el proceso, y ha señalado que su objetivo será «hablar de una u otra manera con los 6.000 afiliados» para recabar las inquietudes de todos ellos y poder constituir una «verdadera alternativa» de gobierno.