Los hechos por los que fue condenado el primer ‘alertador’ de la corrupción en Talavera de la Reina se remontan precisamente al año 2008, cuando el querellado denunció en las redes sociales las anteriores circunstancias, que eran notorias y de conocimiento público por aquel entonces, referidas tanto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha como al Fiscal Decano de Talavera de la Reina.
Según se recogía después en la sentencia de apelación, que confirmaba la condena del primer denunciante de corrupción, las expresiones que se consideraron injuriosas fueron: que “era precisamente Vicente Rouco Rodríguez, el jefe o máximo ideador, organizador y promotor responsable de una situación de corrupción generalizada de los Juzgados de Talavera de la Reina, con prevaricación constante de todos quienes en ellos desempeñan sus funciones”; y que el Fiscal Jefe de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, que antes fue policía, ahora se ha hecho “millonario” a costa de la corrupción; imputando una acuerdo de voluntades, a los fines de la corrupción, entre Vicente Rouco Rodríguez y Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.
Por esta denuncia pública de corrupción en las redes sociales, sin que se iniciara ningún tipo de investigación, fue condenado “sumariamente” el primer denunciante de la corrupción en Talavera de la Reina, paradójicamente como autor responsable de un delito de injurias graves con publicidad a funcionario público, y a que indemnizara a los “sospechosos” de participar en la corrupción; a Vicente Rouco Rodríguez en el importe de 6.000,00 euros, y a Ángel Demetrio de la Cruz Andrade en otros 6.000,00 euros.
Sin embargo, las denuncias que se han ido interponiendo después contra ambos personajes podrían demostrar la injusticia de aquella primera sentencia condenatoria; lo que podría suponer que, tanto el sobrino de Rouco Varela, Vicente Rouco Rodríguez, como Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, podrían enfrentarse a la pena de prisión como autores de sendos delitos de acusación y denuncias falsas, si al final se revisan las sentencias por las que han sido condenados injustamente, uno tras otro, todos los ‘whistleblowers’ que hasta la fecha se han atrevido a denunciar la corrupción en Talavera de la Reina.
De un un lado, el colectivo “Ecologistas en Acción”, ha venido denunciando sistemáticamente la corrupción urbanística en el partido judicial de Talavera de la Reina bajo lo que ellos llaman “los tres Algarrobicos de Talavera”; que son, el asunto del “Chalé del Fiscal”, el caso “Palomarejos Golf”, y el asunto de la “Mansión del Ministro”; que no han dudado incluso en llevarlos ante el Congreso de los Diputados.
El asunto de la “Mansión del Ministro”, reviste una especial gravedad. Se trata de una mansión construida en el término de Navalcán (dentro del partido judicial de Talavera de la Reina), por una sociedad participada por el ex ministro Eduardo Serra, en plena zona “ZEPA” de especial protección, en la que por Ley está prohibido construir. La denuncia la interpuso la Fiscalía de Toledo, cuando la jefatura dependía de José Javier Polo; que luego fue trasladado a la jefatura de Madrid, donde hace unos meses ha sido expedientado por “inadecuado y desganado”.
Su puesto de Fiscal Jefe de Toledo fue ocupado por Luis Ibáñez Cuesta, que vino trasladado de la Fiscalía Anticorrupción. Este nuevo “fichaje” fue calificado por el propio Vicente Rouco Rodríguez como un “acierto”. No en vano, lo primero que hizo el flamante nuevo fiscal jefe fue retirar la acusación pública del asunto de la “Mansión del Ministro”.
Hay que tener en cuenta que, tanto el ex Ministro Eduardo Serra como el Cardenal Rouco Varela eran miembros del Patronato de la “Fundación Independiente”, organización cívica conocida por su premio ‘Español Universal’.
Una vez retirado el Ministerio Fiscal, a “Ecologistas en Acción” no le quedó otra alternativa que sostener la acusación popular en solitario.
La cuestión era si cabe más complicada, teniendo en cuenta que la defensa de los acusados en el “pelotazo” de Navalcán, en torno al asunto de la “mansión del Ministro”, la estaba llevando la firma “Datacontrol”; y entre los abogados defensores se encontraba Santiago Ramos Figueroa, que se casaría ese mismo año con Cristina Peño Muñoz, la Jueza titular del único juzgado de lo Penal residenciado en Talavera de la Reina.
La sentencia que se dictó fue evidentemente absolutoria.
Cristina Peño declaró la firmeza de la resolución sin devolver el tanto de culpa a la Administración, que desde entonces no ha incoado ningún expediente sancionador.
Pero de entre todas las actuaciones controvertidas del Fiscal Jefe de Toledo, Luis Ibáñez Cuesta, en torno a la corrupción en los juzgados Talaveranos, quizás la más grave de todas fue la de tratar de encubrir las responsabilidades del Fiscal Ángel Demetrio de la Cruz Andrade y del Magistrado Vicente Rouco Rodríguez, por su participación en la “corrupción urbanística” del Ayuntamiento de Pepino.
Desde que, el día 5 de junio de 2015, el Decanato de los Juzgados de Talavera de la Reina remitiera su expediente de queja 6/2015, denunciando las anteriores circunstancias ante la Fiscalía Anticorrupción dependiente de la Fiscalía General del Estado, se puso en marcha una verdadera “trama institucional”, para enervar la eficacia de las denuncias de la corrupción, encubrir las posibles responsabilidades penales de los partícipes en ella, y desacreditar a los denunciantes.
De un lado, incumpliendo su obligación de abstenerse, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, en su condición de fiscal decano de la sección territorial de Talavera de la Reina, informó a su superior Luis Ibáñez en contra del Decano de Talavera de la Reina, simulando un requerimiento anterior que nunca existió.
El informe/denuncia fue evacuado en fecha 19 de junio, catorce días después de que el mismo fiscal decano fuera denunciado por corrupción.
Dicho informe/denuncia fue asumido como propio por parte del Presidente del TSJCLM, Vicente Rouco Rodríguez, y elevado al Consejo General del Poder Judicial a través de la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria.
El Promotor devolvió las actuaciones al denunciante, por considerar que los hechos denunciados eran insuficientes para soportar la apertura de un expediente sancionador contra el Juez Presencia.
Fue entonces cuando el fiscal decano de Talavera Ángel Demetrio de la Cruz Andrade formuló un segundo informe/denuncia, de fecha 27 de julio de 2015, en el que ya se refería a los hechos y a los testigos (él mismo se propuso como testigo), que luego servirían como hechos y como medios de prueba al expediente disciplinario 5/2015 (que se dejó caducar, y que luego se transformó por un simple cambio de numeración en el expediente disciplinario 20/2016), incoados por el Promotor de la Acción Disciplinaria; y a su vez servirían como hechos y como medios de prueba de las diligencias informativas (sin especificar) abiertas por el propio fiscal decano de la adscripción territorial de Talavera de la Reina, (que llegó a recibir declaración a dos testigos, sin la presencia del investigado); que luego se transformaron en las diligencias de investigación nº 57/2015, de la fiscalía de Toledo; que a su vez se transformaron en las diligencias de investigación nº 6/2015, de la fiscalía superior de Castilla La Mancha; que a su vez sirvieron como hechos y medios de prueba de la posterior querella de la fiscalía, que, como todos sabemos, sirvió luego como soporte fáctico y jurídico a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, por la que se condena al Juez Decano de Talavera de la Reina por un delito de prevaricación judicial dolosa del art. 446 del Código Penal, que ha sido confirmada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo.
Bajo el titular “La Fiscalía de Toledo muestra su «firme apoyo» al fiscal de Talavera”, la agencia EFE / TALAVERA publicaba el día 24/07/2015 que la Fiscalía Provincial de Toledo había expresado su «firme apoyo» al fiscal decano de la sección territorial de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, tras el anuncio de «Manos Limpias» de que preparaba una querella en su contra por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y contra la ordenación del territorio.
En un comunicado de prensa firmado por el fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez manifestó su defensa a Andrade por «su dilatada y solvente trayectoria profesional que le avalan como fiscal íntegro al servicio de la ciudadanía en el ejercicio de las funciones» que los fiscales tienen «institucionalmente encomendadas».
La querella de «Manos Limpias» fue archivada inmediatamente después por el mismo presidente del TSJCLM, Vicente Rouco Rodríguez, que negó que tuviera la obligación de abstenerse.
