lunes, 6 abril, 2026

Revive la danza de la muerte

Llegamos a Castrovirreyna, una ciudad en la frontera con Ayacucho,  en los andes centrales del Perú,  para conocer los avances  de algunos  proyectos de planificación urbana para construir  ciudades asequibles a la inversión y turismo, donde las heridas de la guerra entre Sendero Luminoso  y  la Fuerza Armada dejan recuerdos de la barbarie, y  que podrían   cicatrizar  si el  estado nacional  tuviera la capacidad democrática para administrar con honradez los  escasos recursos  que figuran en los presupuestos, incluyendo la simbólica cooperación internacional.

El asalto  a los fondos públicos es la práctica cotidiana de muchos  gobiernos locales, siguiendo la lección de  cuatro  gobernantes de la república, de los cuales dos están en prisión: Fujimori y Humala. Sobre García y Toledo pesan gravísimas acusaciones de asalto a  la caja fiscal y sobornos a suma alzada.

Esta referencia viene a propósito de la libertad que la justicia ha otorgado, después  de 25 años de prisión, a una bailarina de ballet, cuya decisión se ha convertido  en un espectáculo por acción de una prensa que destaca el origen  social  de la reclusa, como una forma de bajar la acción de los tribunales con respecto a los millonarios sobrecostos de varios proyectos gasíferos y petroleros en los cuales las administraciones nacionales son sindicados como responsables.

Esta semana también saldrá en libertad la abogada senderista Bertha Huapaya  y el juicio a  Abimael Guzmán por el atentado terrorista en el distrito limeño de Miraflores.

La bailarina de ballet Maritza Garrido Lecca, de 52 años,  arrestada el 12 de setiembre de 1992 en su casa del distrito limeño de Surquillo, donde escondía al cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, un líder mesiánico fundador de una organización maoista creada  en 1980 y que recurrió al terrorismo para tratar de tomar el poder.

Ella, junto a su entonces novio, quien también ha cumplido cárcel, elaboró una cuidadosa coreografía para su propósito. Alquiló una vivienda en Lima en la que instaló una escuela de danza a la que acudían madres con sus hijas.

Mientras las niñas danzaban en el primer piso del inmueble, en el segundo, la cúpula de esta organización maoísta, con Guzmán a la cabeza, tramaba estrategias que han sido comparadas con la de los quémeres rojos de Camboya: tierra arrasada y exterminio de enemigos.

La Agencia France Press señala que la prensa peruana  dedica a la bailarina por estos días una amplia cobertura, en medio de la controversia. La revista Somos, del diario El Comercio, cuenta su historia en 19 páginas, y varios programas de televisión han copado con programas alusivos a ella:

“…. una compañera del partido que ha cumplido muy bien su función, sabe lo que ha hecho», dijo Guzmán tras su captura, según un policía que interrogó al líder senderista en septiembre de 1992.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación,  desde  el Lugar  de la Memoria-LUM, recuerda que las investigaciones  sobre el proceso de violencia de origen político que se vivió en el Perú entre los años 1980 y 2000, han permitido a la CVR llegar a constar que el conflicto armado interno  constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana.

Resulta extraño que  el actual ministro de cultura  del presidente PP Kuzynski haya despedido al director del Lugar de la Memoria, antropólogo Guillermo Nüguet, por haber  autorizado un nuevo informe  sobre la  represión ejercida durante el  régimen presidente Fujimori, quien está condenado a  25  años  de prisión.

La cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 personas. Se ha constatado que existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social, y probabilidad de ser víctima de la violencia.

Mariza Garrido

En el departamento andino de Ayacucho se concentra más del 40 por ciento de muertos y desaparecidos. Al sumar a ello las víctimas  en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín se llega al 85 por ciento de las víctimas. Conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país.

La gran mayoría  de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno.

El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) inició la lucha armada contra el Estado Peruano, a contracorriente de la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas, y en momentos en que se restauraba la democracia a través de elecciones libres.

Los  peruanos tampoco olvidan que en 1984, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) inició a su vez una lucha armada contra el Estado y es responsable del 1.5 por ciento de las víctimas fatales que fueron reportadas a la CVR. El MRTA asesinó a disidentes de sus propias filas.

En ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario.

Es necesario señalar el  reconocimiento especial de la CVR a todas las víctimas pertenecientes a los partidos que conformaron la alianza Izquierda Unida.violencia. Resalta, también, que IU fue un canal de representación política de amplios sectores populares y movimientos sociales hasta entonces no incluidos en la agenda nacional. De esta forma, en muchas zonas del país, militantes de izquierda fueron un freno para el avance del PCP-SL.

A través de numerosos testimonios recogidos, audiencias y estudios realizados, se ha constatado que, durante el proceso de la violencia, las iglesias Católica y evangélicas contribuyeron a proteger a la población de crímenes y violaciones de los derechos humanos. Y se deplora que algunas autoridades eclesiásticas de Ayacucho, Huancavelica y Abancay no hayan cumplido con su compromiso pastoral.

 

La Comunidad pide al Ministerio de Justicia firmar un convenio para la lucha contra los desahucios

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, ha trasladado a la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, “la importancia de incrementar los esfuerzos para frenar los casos de desahucios” y le mostró el interés del Gobierno regional en firmar un convenio con el Ministerio de Justicia para acelerar la detección e intervención ante situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social relacionadas con el lanzamiento de la vivienda en la Región de Murcia.

El consejero Pedro Rivera explicó que el convenio pretende “fijar los compromisos y protocolos de actuación y comunicación entre la Administración de Justicia y la Comunidad para que se constate la situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social de las personas afectadas por un lanzamiento de su vivienda”.

Para ello se recomienda tener en cuenta el umbral de exclusión y el de la especial vulnerabilidad, incluidos en el Real Decreto Ley 6/2012 o la Ley 1/2013 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, o en cualesquiera otros que la evidencien.

Rivera recordó que el Ejecutivo autonómico, a través del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, dependiente del Gobierno regional, mantiene una labor de mediación “para llegar a soluciones consensuadas que permitan evitar sus desahucios y el lanzamiento de sus viviendas”.

Nuevas demandas

Durante la reunión el consejero Pedro Rivera también le transmitió a la secretaria de Estado de Justicia una serie de demandas para mejorar la Administración de Justicia.

Por un lado, el responsable autonómico solicitó, a petición del Tribunal Superior de Justicia, “la necesidad de incorporar nuevas unidades judiciales en la Región y la importancia de agilizar los trámites que hagan ya realidad la construcción de dos sedes judiciales prioritarias para la Región, como son la Ciudad de la Justicia de Cartagena y el Palacio de Justicia de Lorca, para dotar de la infraestructura adecuada y necesaria a los correspondientes partidos judiciales”.

Sobre este tema, la secretaria de Estado de Justicia informó al consejero que el incremento del Presupuesto del Ministerio para 2018 permitirá reducir los plazos de construcción del Palacio de Justicia de Lorca, que será de 24 meses y finalizará en los últimos meses de 2019.

Igualmente, el consejero pidió aumentar el número de fiscales y del personal funcionario de la Fiscalía de la Región de Murcia y mejorar sus dependencias, al tiempo que informó de las demandas de los colegios profesionales de abogados y procuradores de la Región para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia en relación a la Oficina Judicial y el sistema electrónico LexNET.

Reparto de puntos entre el Lorca FC y el Reus

El Reus sacó un punto importante del Artés, gracias a un gran gol del portugués Ledes. El Lorca fue de más a menos, en un partido trabado y con pocas ocasiones de gol. Los locales dominaron más la pelota en la primera parte lo que tradujeron en el gol de Dani Ojeda y un lanzamiento de falta de Eugeni, que Roberto envió a córner. Los lorquinos controlaron la pelota, pero no supo tener el acierto en el remate. En la segunda parte los lorquinos salieron más replegados tratando de buscar al Reus a la contra. Sin hacer un fútbol brillante, el Reus dispuso de varias ocasiones. El portugués Ledes se inventó un gran gol desde fuera del área. En la recta final Nando pudo variar la igualada pero no estuvo acertado. Justo empate de puntos porque los locales no supieron acertar con el gol. Una semana más los delanteros no vieron puerta.

ESTADÍSTICAS

Lorca FC: Dorronsoro,  Pina,  Pomares,  Fran Cruz, Holguersson,  Javi Muñoz, Eugeni (Noguera 71′) Tropi,  Nando, Dani Ojeda ( Sito 81′) Merentiel( Manel  62′)

CF Reus: Roberto,  Alex Menéndez,  Miramón, Olmo, Iñiguez, Ledes, Tito,  Juan Domínguez (Borja Fdez.68′),  David Haro (Ricardo Vaz 75′), (Juan Cámara (Carbia 39′), Mayór

Arbitro: Moreno Aragón (madrileño)

Goles: 1-0 min. 36 Dani Ojeda. 1-1 min. 65 Ledes.

Incidencias. Artés Carrasco 4.260 espectadores.

Podemos critica que la Región aún no tenga un mapa regional de suelos contaminados

El diputado de Podemos en la Asamblea Regional, Andrés Pedreño, ha criticado que no exista aún un mapa regional de suelos contaminados lo que, para su formación, “es una clara negligencia del Partido Popular”.

“Han tenido que ser –ha señalado- los niños y niñas de los pueblos de la Sierra Minera La Unión-Cartagena los que han puesto en la agenda pública la crisis social, territorial, medioambiental y de salud pública que vive este rincón olvidado de la Región de Murcia”.

Por eso, Andrés Pedreño ha pedido que no se actúe solo en el Colegio del Llano del Beal sino también en el resto de los centros educativos de la Sierra Minera. “Y muy especialmente en el Instituto Sierra Minera de La Unión y el Colegio Público de El Garbanzal por su cercanía a áreas contaminadas. Hemos de hacer de los niños y niñas de las poblaciones de la Sierra Minera de La Unión-Cartagena auténticos agentes promotores de salud y de un medio ambiente cuidado. Para ello, la Moción también propone el Desarrollo de una Agenda de Salud Ambiental Escolar y Comunitaria”.

Además, Pedreño ha pedido que la salud comunitaria y la participación social en la salud colectiva sea “la estrategia más adecuada para afrontar la problemática de salud pública de las poblaciones de la Sierra Minera. La Moción propone medidas en ese sentido también, así como formación específica de pediatras y resto de profesionales del Sistema Murciano de Salud”.

Por otro lado, el diputado de Podemos ha subrayado que los propietarios de los terrenos, Portman Golf  “deben implicarse en la descontaminación y restauración ambiental de los terrenos. Nunca se ha exigido a Portman Golf que cumpliera las leyes y se hiciera cargo de las actuaciones de restauración ambiental de la Sierra Minera. Desde luego también tiene que implicarse la CARM, el Ministerio de Medio Ambiente y la Unión Europea por la envergadura del territorio afectado y tal como se ha hecho en otras zonas mineras de Europa”.

El PSOE pide la dimisión del delegado del Gobierno por la carga policial contra la manifestación Pro Soterramiento del AVE

Las reacciones de los partidos políticos regionales a la intervención policial ante la concentración de protesta Pro soterramiento del AVE en Murcia no se ha hecho esperar y ha sido el PSOE quien ha mostrado la postura más dura pidiendo la “dimisión inmediata del delegado del Gobierno por la desmedida carga policial contra los manifestantes”, según ha manifestado el portavoz del grupo socialista en la Asamblea Regional, Rafael Martínez Tovar.

“Un problema del calibre del soterramiento no se resuelve con cargas policiales ni con actitudes violentas contra los vecinos. Nos preguntamos qué habló el delegado con el ministro para que se produjeran estos lamentables hechos”.

González Tovar pidió respeto por los vecinos “que llevan años protestando y defendiendo algo fundamental para la ciudad, que respalda el PSOE, como es el soterramiento de  las vías, en cumplimiento del convenio de 2006”.

El enfrentamiento llegará al Congreso de los Diputados a través de la diputada nacional socialista, María González Veracruz, quien anunció que iban a pedir responsabilidades políticas “hasta el final”.

“Ya hemos registrado en el Congreso de los Diputados la solicitud de comparecencia urgente del ministro del Interior y del delegado del Gobierno en Murcia para que expliquen por qué y cuáles fueron las órdenes de ir contra una manifestación ciudadana pacífica”, ha señalado.

Ciudadanos: “Una reacción desproporcionada”

Esta petición coincidirá con otra presentada por Ciudadanos donde preguntará al Gobierno “quién ordenó la actuación policial y si el delegado del Gobierno tenía conocimiento en ese momento de que entre los manifestantes se encontraban numerosos niños y ancianos”.

El diputado de la formación naranja, Miguel Garaulet, que firma la pregunta escrita, considera que “nos encontramos ante una reacción desproporcionada y desmesurada que afectó a personas mayores y niños mientras ejercitaban su derecho constitucional de manifestación” y señala además que el hecho de que la actuación fuera desarrollada por unidades antidisturbios de la Policía Nacional desplazadas desde otras provincias “es una prueba de la predisposición por parte de las autoridades a que la reunión ciudadana acabase como finalmente acabó”.

A juicio del diputado naranja, el delegado del Gobierno debería haber previsto la situación en vez de fiarlo todo a la carta de la actuación policial.

Podemos: De la Serna, non grata

Podemos, por su parte, ha anunciado también una iniciativa parlamentaria para intentar declarar al ministro de Fomento “Persona Non Grata en la Región de Murcia por su lamentable e incompetente actuación en relación al conflicto del soterramiento de las vías del AVE a su paso por Murcia. En cualquier país democrático no se puede atentar contra ancianos y familias con niños de un pueblo que se manifiesta pacíficamente por sus casas, sus derechos y sus vidas.”

El portavoz de la formación en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha subrayado que “lejos de templar los ánimos vecinales, no ofreció ninguna alternativa a la construcción del muro, ni ofreció soluciones razonables para evitar esta división y segregación de los barrios del sur. Su visita resultó decepcionante y funesta. Tampoco ofreció un proyecto garantizado de soterramiento ni explicó de forma convincente las razones por las cuales la estación de Beniel no puede ser la Estación provisional el AVE mientras se soterra. En definitiva, no atendió ninguna reivindicación vecinal”.

Urralburu añadió, además, que va a solicitar la comparecencia del director regional de informativos, Antonio Peñarrubia, para que explique en la Asamblea Regional “el tratamiento informativo que está haciendo la 7RM en torno a la llegada del AVE a la ciudad de Murcia”.

“Tratamiento –ha afirmado- que comprobamos día tras día que no se corresponde con la realidad. Falsean las noticias y mienten de forma descarada para ser el perro fiel de San Esteban”.

El secretario general de Podemos tampoco ha querido pasar por alto “los insultos, las vejaciones y las amenazas de Peñarrubia a diversos miembros de la Plataforma Pro Soterramiento”.

“Es totalmente impropio del director de informativos de un medio público. Por ello, además, vamos a exigir su dimisión inmediata por las presiones ejercidas sobre muchos de los profesionales que trabajan en la televisión pública y por esconder cuál es la realidad que se está viviendo en las vías y qué es lo que realmente piensa toda la ciudadanía de Murcia acerca de la llegada del AVE”.

PP: “A nadie le gusta lo que sucedió”

El PP, por su parte, ha tratado de salir al paso de las fuertes críticas recibidas por todos los partidos en la oposición reconociendo su portavoz en la Asamblea Regional, Víctor Martínez, que “a nadie le gusta lo que sucedió” pero que “no es necesario cortar las vías para tener razón o echar cemento para que el AVE llegue soterrado para hacer a continuación”.

El dirigente popular ha señalado que los incidentes han ocurrido cuando más cerca está el AVE de la Región de Murcia y cuando, además, se ha dado explicaciones a  las personas que tienen dudas sobre el acceso a la ciudad, en referencia a las reunión que mantuvieron el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, con representantes de la plataforma ProSoterramiento.

Víctor Martínez ha recordado que De la Serna anunció ayer que los trenes de alta velocidad  van a llegar de forma soterrada hasta la estación del Carmen, una de los principales reivindicaciones de los vecinos.

 

La Guardia Civil entra en diversos medios de comunicación catalanes

Varios guardias de paisano han entrado en las redacciones de ‘El Punt Avui’ en Barcelona, ​​‘Vilaweb’, ‘Rincón catalán’, ‘El Nacional’ y ‘Nació Digital’ y han entregado una resolución del TSJC dirigida al director de cada medio de comunicación para requerirles que «se abstengan de incluir en su medio propaganda o publicidad relativa al referéndum del 1 de octubre de cualquier manera«. «Advirtiendo de que en caso de no hacerlo, podrán incurrir en responsabilidades penales«, añade el requerimiento del alto tribunal catalán.

El primer medio en visitar ha sido a la delegación de ‘El Punt Avui’ de Barcelona, ​​donde se han reunido con un subdirector durante 15 minutos. ‘El Punt Avui’ ha publicado una fotografía.

En el caso de ‘Nació Digital’, la Guardia Civil ha identificado algunos redactores, según han denunciado los afectados a través de Twitter.

El siguiente en el que han entrado agentes de la benemérita, han sido las redacciones de ‘Vilaweb’, ‘Rincón catalán’ y ‘El Nacional’.

Entre las medidas cautelares que acordó ayer el TSJC hay ordenó a la Guardia Civil que dijera qué medios de comunicación habían «insertado cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda» del 1-O.

Maza podría no tener competencias para citar a declarar a los alcaldes aforados del referéndum

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha dado instrucciones a los fiscales del Supremo y del TSJ de Cataluña para que procedan a la citación en calidad de investigados de los alcaldes que apoyan el referéndum soberanista catalán y tienen la condición de aforados por ser parlamentarios (4 de ellos diputados autonómicos y otro diputado en el Congreso).

En concreto los escritos de la Fiscalía piden que se cite a declarar ante la Fiscalía del Supremo al alcalde de Tortosa y diputado en el Congreso por PDeCat, Ferrán Bel, y ante la del TSJC a los diputados autonómicos y alcaldes de Mollerusa, Seu d’Urgell, Valls y Vilanova i la Geltrú, Marc Solsona, Albert Batalla, Albert Batet y Neus Lloveras, respectivamente.

Sin embargo, en la Consulta 1/2005, “Sobre competencia de las Fiscalías para tramitar diligencias de investigación que afecten a personas aforadas” de la Fiscalía General del Estado, se llega a la conclusión de que, cuando se trate de aforados “si el investigado decide no comparecer ante el Fiscal, la exigencia del art. 5 EOMF respecto de su declaración quedará cumplida con el ofrecimiento de la posibilidad de efectuar voluntariamente esa manifestación”, sin que se pueda ordenar su detención, salvo el caso de “flagrante delito” o por orden de Juez competente.

Además, como ya adelantó Diario16, la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo dictada en el caso de la Jueza Rosell pone en entredicho que la Fiscalía pueda siquiera investigar a personas aforadas cuando, para ello, tenga que preconstituir prueba y recibir declaraciones, para las cuales solo es competente el órgano judicial al que la Ley atribuye la competencia de la instrucción, que desde luego no es el Ministerio Fiscal.

Esta nueva vuelta de tuerca de Maza podría provocar la nulidad de todas las declaraciones de los aforados, y generar aún más tensión en el asunto catalán.

 

Diario16 sobre la propuestas de adherirse al decálogo de periodismo

Desde Diario16 y siguiendo nuestra línea editorial, que no tiene más compromiso que la conciencia social y la ética, aplaudimos y nos sumamos a este decálogo, como muestra de la labor que venimos realizando.

Sin lugar a dudas, vivimos un momento crítico en lo que a libertad de expresión se refiere. Los ataques persistentes a la manifestación de ideas, posicionamientos políticos, y a cualquier puesta en marcha de mecanismos de reflexión y debate que pudieran hacernos repensar el mundo en el que vivimos, nos preocupa de una manera profunda. Sobre todo si consideramos como en Diario16 repetimos una y otra vez, en la corrupción, en los medios de comunicación y en las editoriales, es mucho más dañina y destructiva para la sociedad, que la corrupción política y empresarial. En ésta se le hurta al pueblo derechos materiales. En la primera, libertad, conciencia y dignidad.

Y es que los medios de comunicación son, como ya es por todos conocidos, un arma muy poderosa: solamente los pueblos informados y formados podrán tener herramientas para la elaboración de análisis críticos, fundamentales en la toma de conciencia, posicionamiento y acción social. Desgraciadamente, somos también conscientes de que, sabedores del poder, no pocos medios de comunicación han decidido ponerse del lado de quienes ocultan, manipulan y que, valiéndose de la colaboración de éstos, someten a la población a una oscuridad y confusión que no puede considerarse de otra manera, salvo un ataque a la democracia.

Ejercer a día de hoy el Periodismo en nuestro país es arriesgado y prácticamente un acto de valentía. Los ataques recibidos por profesionales, editoras y cabeceras dignos y libres, su pérdida de libertad , la mordaza que desde el Gobierno amenaza las plumas libres, hacen de nuestra profesión una difícil tarea.

Y ahora más que nunca, desde Diario16 consideramos fundamental hacer un esfuerzo colectivo para que los medios de comunicación informen de manera libre, veraz, y siguiendo siempre las pautas de la ética periodística. Cosa que, por desgracia, en no pocas ocasiones queda en desuso.

Suscribiendo todos y cada uno de los puntos que en el manifiesto presentado se detallan, desde esta casa añadiríamos uno que nos parece fundamental: la transparencia exigible en lo que a la financiación de los medios de comunicación se refiere. Toda su financiación. Ya sea institucional o privada. Entendemos que es precisamente en este punto donde ha de plasmarse la honestidad de una actor informativo: sus lectores, televidentes, radioyentes deben tener la posibilidad de saber quién o qué hace posible que determinada información sea conocida (o desconocida), el sesgo editorial de las opiniones que publica, así como el equilibrio adecuado que debe existir desde las instituciones públicas a la hora de garantizar la pluralidad informativa. Necesario, en este sentido, un instrumento de transparencia sobre quién son sus accionistas finales y el exponer publicar vía auditoria el origen de sus fondos y la cuentas de venta de publicidad, vidas y resultados. Con la inclusión de este punto, apoyaríamos desde Diario16 la plataforma.

Las protestas se extienden en Murcia

A pesar de que la protesta en el paso a nivel de Santiago el Mayor fue pacífica, los manifestantes extendieron sus protestas por la capital murciana. Más de 3000 personas se concentraron reclamando el soterramiento de las vías. A última hora del día se produjeron algunos pequeños incidentes como cruzar contenedores en algunas calles o el lanzamiento de botellas. Un grupo de manifestantantes trasladó su protesta a la Ronda Sur donde se produjo una carga policial tras el lanzamiento de piedras hacia los agentes de policía. La protesta se movió hacia La Glorieta y unas 500 personas provocaron que se cerrara el Puente de los Peligros.

Los manifestantes han tenido el apoyo de Podemos, Ciudadanos, PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos. Representantes de estos partidos estuvieron en la protesta. Óscar Urralburu y Andrés Pedreño de Podemos, María González Veracruz y Diego Conesa del PSOE, Miguel Sánchez y Miguel Garaulet de Ciudadanos, Alicia Morales, de Ahora Murcia, estuvieron acompañando a los vecinos.

Siete furgones de la Policía Nacional han bloqueado el acceso a las vías del tren en el paso a nivel de Santiago el Mayor para evitar que sean ocupadas nuevamente por los manifestantes tras la tensión vivida en el desalojo de los manifestantes en el día de ayer, carga policial incluida, que terminó con heridos y dos decenas de detenidos.

Por su parte, la Policía Local de Murcia ha cortado el tráfico en las calles aledañas al paso a nivel. Media hora antes de la concentración ya había mucha gente esperando al inicio del acto de protesta que estaba previsto se iniciara a las 20 horas.

Los vecinos se manifestaron en total calma y sin apenas incidentes en Santiago el Mayor, con gritos reivindicativos como «nosotros por arriba, el tren por abajo» o «no queremos muro». La gran mayoría portan globos que en algún momento han sido lanzados al aire y que, en definitiva, lo que quieren mostrar es que, como se ha coreado en más de una ocasión, «somos vecinos, no delincuentes».

Las protestas se iniciaron el día 5 de septiembre con diversos actos entre los que se encontraba una acampada vecinal. La tensión aumentó el pasado día 12 cuando varias personas encapuchadas prendieron fuego a dos máquinas de excavación de las obras del AVE. Ese mismo día se produjo una concentración de más de 3.000 personas. Al día siguiente continuaron las concentraciones y, según Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, por la noche se produjeron más actos vandálicos ya que se detectaron incidencias importantes en los desvíos de las conexiones ferroviarias. Según el ministro, en las vías se encontraron restos de cemento y ladrillos. Tal y como reconoció el propio De la Serna, dio instrucciones a Delegación de Gobierno para que interviniera si volvían a repetirse este tipo de actos.

Durante la noche de ayer se produjeron los incidentes de los que ya informó Diario16 Mediterráneo.

Lo que realmente se esconde detrás de la «inhabilitación» del Juez Presencia (1)

En plena campaña electoral a las municipales del año 2007, el periódico ABC recogía en fecha 25/05/2007 una denuncia del candidato del PP a la alcaldía, Francisco Sánchez Gil, sobre “un pelotazo urbanístico en el término municipal de Pepino”, localidad limítrofe con Talavera de la Reina, en la época en la que el PSOE de José Bono ganaba todas las elecciones en Castilla La Mancha.

Lo que denunciaba el candidato del PP a las elecciones municipales era un «pelotazo» urbanístico del que hacía responsable al también alcalde socialista de la localidad de Mejorada, el arquitecto Ángel Valero Sánchez.

Según manifestaba el candidato denunciante, el Ayuntamiento de Pepino gobernado por el PSOE en coalición con otros partidos, y del que era delegado de Urbanismo el «tránsfuga» del PP, Vicente Casitas, subastó las parcelas de propiedad municipal en la urbanización de «El Gran Chaparral» con sustanciosas «plusvalías» para el adjudicatario, la empresa Hervasan del alcalde de Mejorada, de alrededor de 5 millones de euros.

Francisco Sánchez Gil encargó a un bufete de abogados de Talavera de la Reina que investigara lo ocurrido. Lo que descubrieron en el despacho fue una «estafa» coordinada supuestamente desde el consistorio municipal, que vendió para su urbanización un terreno municipal como si fuera para construcción libre, «ocultando» que solo se podía construir en ellos viviendas de protección oficial; y además solo en parte, ya que muchas de las parcelas estaban atravesadas por el arroyo de la Fuente o Berrenchín, perteneciente al dominio público hidráulico.

En el informe emitido por el despacho de abogados de Talavera de la Reina se indica que la plica presentada como oferta de quien luego resultó adjudicataria del concurso público —la mercantil Hervasán— “no se hizo en sobre lacrado, como exigía la convocatoria, sino en sobre abierto y dejando en blanco el espacio correspondiente, con la finalidad de amañar el concurso público”. La cantidad que finalmente “refleja el documento fue rellenada luego ‘a mano’ por alguno de los funcionarios intervinientes en la mesa de licitación”.

Según el relato de uno de los socios del bufete de abogados, Carlos Lucas Cifuentes, cuando empezaron a “fotografiar hoja por hoja el expediente” en la misma sede del ayuntamiento de Pepino, se dieron cuenta de que la plica a la que se adjudicó el concurso no estaba lacrada (las demás sí), y que todo era un “amaño”. Cuando llevaban fotografiado la mitad del expediente “unos funcionarios avisaron al alcalde, y éste envió a la policía” a detenerles. “Salieron corriendo”.

El mismo periódico ABC recogió en otra reseña, esta vez de fecha 26/05/2007, la contestación de Ángel Valero a la denuncia del candidato a la alcaldía de Pepino, Francisco Sánchez Gil. En un artículo que llevaba por título Ángel Valero rechaza las acusaciones de “pelotazo” urbanístico, el edil socialista de Mejorada explicaba que la sociedad “Hervasán” (que tenía más socios, entre ellos Ignacio Rosa, Subinspector de Hacienda en Talavera de la Reina), había vendido sus participaciones, un mes antes a otra sociedad (“Hervaor”, propiedad de Juan Carlos Vázquez Higueruela), con la que no tenían vinculación jurídica ni económica. Juan Carlos Vázquez Higueruela acabaría querellándose por el delito de estafa, años más tarde, contra todos los socios de “Hervasán”.

Lo que no dijo Ángel Valero en su contestación pública, a la denuncia también pública de corrupción, es que un año antes de la venta de las participaciones a la sociedad “Hervaor”, la mercantil “Hervasán” “segregó y adjudicó”, una de las parcelas atravesadas por el arroyo de la Fuente o Berrenchín en las que no se podía construir; en concreto la parcela 237, en la que construyó su chalet el Fiscal Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, “bajo la sospecha de soborno y blanqueo de capitales”.

El “pelotazo urbanístico de Pepino” fue denunciado en varias ocasiones, todas ellas con el mismo resultado infructuoso.

Todas las Diligencias Previas que se incoaron por aquél entonces en los juzgados de Talavera de la Reina (las D.P. 526/2003 tramitadas en el Juzgado nº 1; las D.P. nº 10/2004  tramitadas en el Juzgado nº 3; y las D.P. nº 334/2004 tramitadas en el nº 2), repitieron la misma “hoja de ruta”: esto es, denuncia interpuesta por arquitectos municipales, funcionarios o cargos públicos del Ayuntamiento de Pepino (Concejales y Secretaria del Ayuntamiento) contra el entonces alcalde (quien contaba con el “asesoramiento” de la firma “Datacontrol”, creada por el que fue secretario de organización del PSOE y Consejero de Urbanismo en la Junta, Tirso Lumbreras), todo ello por la concesión ilegal de licencias de obra o construcción; y la sempiterna solicitud “fulminante” de Archivo de las denuncias por parte del Fiscal Decano, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.

Hay otros procedimientos, como el tramitado también en el Juzgado nº 2 de Talavera de la Reina, cuando era su titular Cristina Peño Muñoz, en concreto las D.P. 1141/2.006, en el que su “hoja de ruta” es una variante de las anteriores, pues no se denuncia al Ayuntamiento de Pepino sino al de Talavera de la Reina (en la época en la que el Alcalde era también del PSOE), si bien coinciden el resto de los elementos ya descritos, esto es, la participación de la firma “Datacontrol”, y la solicitud “fulminante” de Archivo por parte de Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.

Hay que tener en cuenta que la relación del Fiscal Decano con “Datacontrol” proviene de la amistad íntima de Ángel Demetrio con Santiago Ramos Figueroa, abogado perteneciente a la referida firma de asesores y profesionales, y actual esposo de Cristina Peño Muñoz —que luego sería la titular del único Juzgado de lo Penal residenciado en Talavera de la Reina.

Ángel Demetrio y Santiago Ramos Figueroa incluso llegaron a vivir juntos en el domicilio de este último durante unos meses.

Fue inevitable que los rumores de corrupción en los Juzgados de Talaveranos se extendieran como una mancha de aceite ante la opinión pública. En los mentideros ya se decía que era Vicente Rouco Rodríguez, el mismísimo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha y sobrino del Cardenal Rouco Varela, quien dirigía los entresijos del “pelotazo urbanístico”, y quien estaba protegiendo al Fiscal Decano de Talavera de la Reina.

Según se puede comprobar fácilmente, Vicente Ruco Rodríguez conoció a Ángel Demetrio de la Cruz Andrade en el año 1987, cuando ambos estaban destinados en Barcelona; el primero procedente de las oposiciones a jueces de Distrito, y el segundo como funcionario del Cuerpo Nacional de la Policía.

En la ciudad Condal también coincidió por aquellas fechas, procedente igualmente del cuerpo de jueces de Distrito, Manuel Gutiérrez Sánchez Caro; quien a la postre sería después Presidente de la Audiencia Provincial de Toledo y de la Sección que, años después, dictara en tan solo 2 meses (cuando la pendencia en esa Sala era de casi 2 años) la sentencia confirmando la condena por el delito de injurias al primer ‘whistleblower’, o ‘alertador’ de la corrupción, en Talavera de la Reina.