lunes, 6 abril, 2026

Al menos 19 heridos en una explosión en el metro de Londres

La policía de Londres investiga la explosión en uno de los vacantes del metro como un acto terrorista.

Al menos dos viajeros, han resultado heridos tras una explosión en un vagón del Metro de Londres, informa la Policía Metropolitana de Londres’. Como se puede comprobar en las fotografías publicadas en Twitter, varias personas resultaron quemadas dentro de un tren en la estación de Parsons Green, al sur de Londres.

Transportes de London ha escrito en Twitter: «Estamos investigando un incidente en Parsons Green. Esta noticia de última hora está siendo actualizada y más detalles serán publicados en breve. Actualice la página para obtener la versión más completa».

Hay informes de que hay personas que han huido del lugar gritando.

https://twitter.com/KeithWalkerNews/status/908598288391266304

La Policía Metropolitana de Londres comunica que está al tanto del incidente y que sus oficiales ya se encuentran presentes en el lugar.

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha utilizado este incidente para arremeter  contra los emigrantes y justificar su decreto migratorio. «Otro ataque en Londres por un terrorista perdedor. Son gente enferma y demente que estaban en la mira de Scotland Yard»,

La Guardia Civil en tw confirma que ha sido un atentado. Facilita un número de teléfono información sobre familiares o amigos tras el atentado de Londres, puedes llamar al +44(0)20 7235 5555

https://twitter.com/KeithWalkerNews/status/908600945554096129

 

Cargas policiales con heridos en Murcia

La concentración había comenzado a las 20 horas junto a las vías del tren. Allí se habían reunido más de un millar de personas por tercer día consecutivo para reivindicar el soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia. En el día de ayer visitó Murcia el ministro de Fomento Íñigo de la Serna y se habían recibido instrucciones en Delegación de Gobierno para que se actuara con firmeza contra estos manifestantes.

La protesta del día de ayer fue respondida con una fuerte presencia policial preparada para actuar si fuese necesario. Algo que ocurrió, ya que se produjeron cargas en las que resultaron heridas más de veinte personas, alguna de ellas tuvo que ser trasladada al hospital con una fractura en un brazo. La orden de la carga vino de Delegación de Gobierno.

Foto: La Crónica del Pajarito

La fuerza policial sacó a la fuerza a los manifestantes de las vías. Hubo gritos contra el Delegado de Gobierno y contra el alcalde de Murcia. Según la «Plataforma Pro-Soterramiento» la policía pidió a los manifestantes que abandonaran las vías del tren, algo que no hicieron ya que se sentaron pacíficamente en los rieles. Ha habido quejas de la extrema violencia de la carga cuando por parte de quienes estaban allí no hubo ningún conato de violencia, además de que en el lugar había personas mayores y menores de edad.

Óscar Urralburu, secretario general de Podemos Murcia, se encontraba en la protesta y ha asegurado que pedirá explicaciones al Gobierno y han hecho un llamamiento para que las protestas continúen en el día de hoy.

Por su parte, el PSOE ha denunciado a través de un comunicado el uso de la violencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad para la disolver manifestaciones en favor del soterramiento de las vías del tren.

Desde otras organizaciones, como Equo, se ha pedido la dimisión del Delegado del Gobierno y de José Ballesta, alcalde de Murcia.

López Miras asegura que Murcia tendrá el AVE en 2018

Aprovechando la visita institucional que realizó ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a Murcia para “supervisar el estado de ejecución de las obras de la llegada de la Alta Velocidad” el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció que “habrá AVE en 2018 y podremos llegar a la capital de España en poco menos de dos horas y media”.

“A partir de ahí, continuaremos hacia Cartagena y también a Lorca, lo que se traducirá en un aumento de las oportunidades para la Región”, resaltó. “El compromiso del Ministerio de Fomento es que llegará a la ciudad de Murcia soterrado en su totalidad, algo que no tiene ninguna otra provincia en la actualidad”, afirmó López Miras.

El propio portavoz regional del PP, Víctor Martínez, afirmó que ya “no había argumentos para oponerse a la llegada del AVE tal y como lo ha previsto el Ministerio ya que hoy [por ayer] hemos confirmado el soterramiento integral desde Senda de Los Garres hasta Barriomar, incluida Estación”.

Víctor Martínez ha afirmado que el anuncio de prolongar el soterramiento otros 500 metros más hasta la estación del Carmen “es una nueva fase que facilita la integración urbana del AVE propiciando la convivencia entre los barrios sin crear nuevas barreras” queriendo resaltar así “el compromiso claro del ministro con las demandas de los vecinos”.

“Lamentamos que cuando más cerca estamos de que una infraestructura tan necesaria y deseada sea realidad más empeño ponen algunos en tratar de frenarla” ha manifestado el dirigente popular quien ha añadido que “la Región no puede permitirse ni un solo retraso en su conexión con la alta velocidad porque ya llegamos tarde”.

“El soterramiento no tiene marcha atrás y el Gobierno de España, con proyectos y presupuesto, lo va a ejecutar tal y como se ha comprometido” ha afirmado el portavoz autonómico popular para recordar que la conexión de Murcia con Alicante está prácticamente terminada y ha costado 1.400 millones de euros.

Víctor Martínez ha criticado duramente a la “oposición que trata de boicotear una infraestructura vital para el desarrollo económico y el progreso de la Región” defendiendo la inviabilidad de la opción de Beniel dado que la estación “no está preparada y su adaptación supondría dejar fuera del mapa del AVE otra vez a la Región durante un montón de años”.

El portavoz popular ha condenado los últimos actos vandálicos que “han podido ocasionar una gran desgracia” y ha pedido “cordura y responsabilidad porque nuestro compromiso con el soterramiento no tiene marcha atrás” en relación al enfrentamiento que tuvo lugar ayer entre manifestantes y las Fuerzas de Seguridad y que se saldó con varios heridos.

“Reunión decepcionante”

Para los miembros de la Plataforma Prosoterramiento, la reunión que mantuvieron con Íñigo de la Serna fue “decepcionante” dado que, según el diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, el ministro “no ha aclarado asuntos claves como si está dispuesto a desconectar una vez más al sudeste mediterráneo para favorecer su concepto de una país hipercentralista” .

Así, Pedreño ha afirmado que tras los últimos acontecimientos donde se ha podido comprobar cómo “miles de personas apoyan las reivindicaciones de los vecinos de la Plataforma Prosoterrameinto” Fomento ha demostrado su “incapacidad” para hacer llegar el VE a Murcia “sin muros ni divisiones urbanas” criticando duramente las advertencias que De la Serna lanzó contra los vecinos cuando les ha advertido “que no permitirá más cortes en las vías del tren, ni más retrasos”.

El Corredor Mediterráneo, “a las puertas de Murcia”

Por otra parte, el presidente de la Comunidad y el ministro de Fomento realizaron una visita a las obras de la línea de Alta Velocidad Monforte del Cid-Murcia, que forman parte del Corredor Mediterráneo anunciando López Miras que éste se encontraba ya “a las puertas de Murcia” una Región “en la que se concentra el mayor porcentaje de Producto Interior Bruto del país”.

Los proyectos para los seis tramos de la conexión entre Murcia y Almería estarán redactados en el primer trimestre de 2018. López Miras subrayó igualmente que la conexión con Almería pasando por Lorca “es irrenunciable” así como su ramal a Cartagena algo que tachó de “indispensable”.

IU-LV alerta del cierre masivo de sucursales bancarias en Lorca

La Concejala de IU-Verdes, Gloria Martín, ha alertado del cierre de más del 30% de sucursales bancarias con las que contaba Lorca antes del inicio de la crisis en 2009. Para Martín, la privatización y la concentración del sector financiero ha ocasionado también una importante destrucción de empleo en el municipio, que ha cifrado en torno a los 200 puestos de trabajo en este periodo. Además, se ha incrementado en un 20% el número de personas que carecen de este servicio en su lugar de residencia.

Según Martín, se trata de una forma de “exclusión financiera” que afecta especialmente a los habitantes de las zonas rurales de Lorca, aunque también afecta de manera importante a los habitantes de barrios como San Diego, San Cristóbal, La Viña o Virgen de las Huertas.

La edil de IU-Verdes explica que hay zonas, como las Tierras Altas de Lorca, donde hay pedanías que carecen de sucursales bancarias y/o cajeros, como Coy o Avilés. En otras, como Zarcilla de Ramos se han cerrado la mitad de las que había.

Además, la digitalización progresiva del sector bancario ha multiplicado los efectos de la brecha digital existente entre zonas urbanas y rurales, contribuyendo también a la mencionada exclusión bancaria.

Por todo ello, Gloria Martín pide al Ayuntamiento de Lorca y a su alcalde, Fulgencio Gil, que “medie” para evitar que las entidades financieras cierren sucursales en las pedanías, dejando sin servicio a muchos ciudadanos de zonas rurales. La edil de IU-Verdes recordó la clausura de estas oficinas supone “un incumplimiento por parte de las entidades de las condiciones en las que se firma el contrato con los usuarios”. Igualmente ha sostenido que los cierres de cajas rurales incumplen las directrices del Banco de España, “ya que no están siendo anunciados a sus clientes con los meses de antelación que marca éste”. “Ante este hecho algunos ayuntamientos están poniendo a disposición hojas de reclamaciones debidamente cumplimentadas para presentar ante la entidad bancaria”, ha apuntado, lo que también “debería estar facilitando el de Lorca”.

Para Martín, el Ayuntamiento no puede permanecer impasible ante la pérdida de este servicio. “No podemos consentir que muchos vecinos, la mayoría de avanzada edad, tengan que desplazarse kilómetros y kilómetros para realizar cualquier gestión financiera”, ha señalado. La edil de IU-Verdes también ha indicado que el cierre masivo de oficinas bancarias no contribuye a fijar la población en el medio rural y que perjudica a la industria turística: “¿Cómo garantizamos el consumo en un pueblo donde no se encuentra un cajero?”, se ha preguntado.

Águilas se convierte este fin de semana en ‘base naval’ con la visita de cuatro cazaminas de la Armada Española

Los Cazaminas Segura, Sella, Tambre y Turia, que se encuentran realizando ejercicios de detección y neutralización de artefactos explosivos en aguas de Mazarrón y Águilas, tienen previsto realizar una escala en este último puerto este fin de semana. Durante su estancia, los buques realizarán jornadas de puertas abiertas el sábado, de 15.30 a 19.30 horas, y el domingo, de 10 a 13 horas.

La visita consistirá en un recorrido por diferentes compartimentos de los barcos, donde se explicarán los equipos empleados, las misiones encomendadas y la manera de trabajar de estos buques. Asimismo, a las 20.13 horas del sábado (hora del ocaso de sol), tendrá lugar a bordo de las unidades una ceremonia de Arriado solemne de bandera presidido por el Comandante de la Fuerza de Medidas Contraminas, Capitán de Navío Rafael Arcos Palacios.

La ceremonia se realizará, fiel al Ceremonial Marítimo, siguiendo los usos y costumbres de la Armada. El público que lo desee podrá presenciar este acto desde el muelle. La misión principal de esta clase de buques es la detección y neutralización de artefactos explosivos sumergidos que puedan haberse colocado en accesos a puertos, bases navales, derrotas costeras o áreas de operaciones anfibias.

Los buques de la Fuerza de Medidas Contra Minas tienen, por tanto, un rol fundamental en la capacidad de proyección del poder naval sobre tierra, ya que son unidades que hacen posible el acceso seguro al litoral de una Fuerza Naval. Pueden desarrollar sus cometidos en el marco de la seguridad marítima nacional, o de la seguridad colectiva (integrados en agrupaciones OTAN o UE) o de cualquier coalición con participación española. Para ello cuentan con avanzados y sofisticados sistemas integrados de mando y control, así como de detección y clasificación submarina, incluyendo diferentes vehículos de control remoto (ROV) y buceadores especialistas en desactivación de explosivos.

Maniobras tácticas

Los cuatro navíos que entran en puerto conforman una Agrupación táctica al mando del Capitán de Fragata Rafael Torrecillas del Prado, que está efectuando tareas de adiestramiento en la práctica de protocolos y procedimientos operativos en vigor. Se realizan con medios completamente inertes e inocuos, que se recogen a la finalización del adiestramiento. Todo ello sin impacto medioambiental. Los Cazaminas Segura, Sella, Tambre y Turia se construyeron por la Empresa Nacional Bazán (actual Navantia) en Cartagena. Estos modernos buques fueron entregados a la Armada entre los años 1999 y 2000. Los Cazaminas Tajo y Duero completan la serie de seis unidades con que cuenta la Armada española.

Lo que no cuenta Rafael Hernando sobre las desaladoras de Almería

Curioso el comportamiento de un tiempo a esta parte del diputado por Almería y portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando. De tener abandonada la provincia y sólo acudir a rendir pleitesía a Gabriel Amat, a aparecer como el sumo hacedor del AVE, que no será como se pidió y prometió, y del agua en Almería. En una reunión de trabajo con la patronal ASEMPAL y con la Cámara de Comercio almeriense, el portavoz conservador aseguró que se pediría a la Audiencia Nacional que autorice al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a pasar y poner en marcha la desaladora del Bajo Almanzora.

Como es conocido la desaladora está cerrada por mandato judicial debito a la Operación Frontino y los pagos de comisiones en Acuamed. Proceso en el cual Hernando atacó al PSOE, pero que calló en cuanto se supo que el principal implicado era Arcadio Mateo del Puerto, que había sido nombrado por Miguel Arias Cañete. Y no sólo eso, sino que el imputado había estado trabajando para el PP durante las campañas electorales de 2014 y 2015 haciendo sondeos electorales por medio de la empresa familiar Demoscopia y Servicios SL.

La desaladora del Bajo Almanzora, además de estar intervenida judicialmente, también se encuentra desde 2012 parada totalmente como consecuencia de la riada que la inundó e inutilizó. Por eso, dice Hernando, quieren ver los técnicos ministeriales en qué situación se encuentra para poder valorar los costes de reparación, que en un principio eran de 25 millones y que ahora el portavoz conservador valora en “mucho más”. Una vez tengan autorización de la Audiencia Nacional, se hará todo lo posible para ponerla de nuevo en funcionamiento. Tal y como les comentó Isabel García Tejerina en la reunión que mantuvo con el portavoz y Juan José Matarí.

En su debe cabe destacar que ésta es una petición que la sociedad almeriense y los partidos de la oposición llevan solicitando desde 2016, antes de que los regadíos del Alto Almanzora no tuviesen agua. Se intentó prever la situación, pero en esos tiempos el portavoz popular no tenía tiempo para dedicarse a la provincia y a las desaladoras. Por ejemplo, nada dice Hernando sobre la capacidad de sólo el 20% que vino desarrollando la desaladora de Carboneras hasta 2016 porque no había interés en utilizar mayor capacidad. O que la desaladora de Campo de Dalías prácticamente no funcionase hasta este mismo año. 624 millones de inversión que no se han querido potenciar hasta que le han visto las orejas al lobo.

Curiosamente, y en relación con el Almanzora, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, no ha querido ampliar el trasvase de El Negratín para dotar a los regadíos de agua. De esa agua que ahora no tienen al carecer de una desaladora funcionando. Eso sí, Amat ha subido, mediante la empresa pública Galasa, el precio del agua a la ciudadanía de la zona un 245%. Ante esto Hernando no ha dado explicaciones, ni respuestas contundentes.

Al problema de la escasez de agua, tanto la natural como la desalada, se suma que el Gobierno central, otra cuestión que calla Hernando, no ha querido subvencionar el agua de las desaladoras andaluzas, por tanto, las almerienses tampoco, como hace con las de otras regiones, y el coste es el mayor de toda España. De esta forma, los agricultores que quieren utilizar el agua desalada la están pagando a 0,50 céntimos el metro cúbico. Esto genera que prácticamente sea poco rentable la utilización de ese tipo de agua.

Ya lo expuso con claridad José Luis Sánchez Teruel, secretario general del PSOE de Almería, hace unos meses: “Las desaladoras son del Gobierno central y por tanto son ellos los que cobran el agua y solo ellos los que pueden no cobrarla o subvencionarla, sea cual sea la cuenca”. A ello se suma que, según las estimaciones hechas por la oposición, la desaladora de carboneras debería aumentar su capacidad en 10 hectómetros cúbicos para cumplir con la demanda real de agua de la zona.

También recuerdan desde el PSOE que no sólo se debe poner en marcha la desaladora del Bajo Almanzora (también conocida como Palomares) sino que hay que llevar a cabo una nueva canalización de la misma para que llegue a cubrir todas las zonas demandantes. Algo que no se encuentra en lo comunicado por Hernando, ni en las previsiones ministeriales.

También considera fundamental el secretario general del PSOE de Almería que el Estado incluya en los Presupuestos de 2018 un nuevo embalse en el Guadiana Menor, la Cerrada de la Puerta, que daría más capacidad a la cuenca y beneficiaría a los agricultores de Andalucía oriental, con una capacidad de unos 289 hectómetros y unos 51 millones de euros de inversión. Pero esto, que es una demanda política y civil, tampoco está en el listado de Hernando.

Respecto a la desaladora de Carboneras, cabe recordar que el 10 de septiembre de 2015 se produjo la firma del acuerdo de intenciones entre Acuamed, la Diputación Provincial y la comunidad de regantes Filabres-Alhamilla para llevar a cabo el estudio de viabilidad del proyecto para la construcción de la conducción de agua desde Venta del Pobre a Campo de Tabernas. Lucainena de las Torres, Sorbas, Turrillas, Tabernas y Uleila del Campo serían los municipios beneficiados de esta iniciativa, localidades que actualmente tienen problemas para el abastecimiento de agua. Pues Rafael Hernando no le ha dicho nada a Gabriel Amat sobre la necesidad de ejecutar ya el acuerdo para suministrar agua al campo de Tabernas.

No es el portavoz el único culpable del alto precio que se paga, y que los regantes del Almanzora pagarían, por el agua desalada. Como reconocen los socialistas: “Amat ha callado y tragado ante la injusta decisión de Rajoy de que el agua desalada sea más cara para los agricultores almerienses si procede de desaladoras de Almería que si proviene de desaladoras de fuera de Andalucía”. Un cúmulo de dejación de funciones que, ahora, el portavoz conservador, el mismo que llamaba hienas a los periodistas, pretende arreglar haciéndose la foto. Pero, como sucede continuamente, no ha ofrecido la verdad completa a sus interlocutores, ni se preocupa realmente del problema del agua en Almería.

La ONU da 90 días a España para aplicar políticas en favor de las víctimas del franquismo

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas ha publicado un informe en el que da un plazo a España de 90 días para presentar un cronograma con las medidas que debe implementar para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desaparición forzada de la guerra civil y el franquismo. De los más de 114.000 crímenes de derecho internacional cometidos entonces y ya denunciados ante la Justicia española, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.

En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar a otros Estados los crímenes cometidos en este período. Las preguntas siempre son las mismas. ¿Hasta cuándo va a continuar el sufrimiento de las familias? ¿Hasta cuándo va a incumplir España sus compromisos internacionales? ¿Hasta cuándo va a desoír las reclamaciones de organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y de los miles de víctimas y familiares que aún quedan vivos?

En 2010, algunas víctimas del franquismo interpusieron una querella en Argentina, iniciando una investigación que se abrió en aplicación del principio de jurisdicción universal. España ha rehusado constantemente colaborar con la justicia argentina. En dos oportunidades ha rechazado extraditar a los procesados a Argentina, ha negado y ha impedido que la jueza María Servini interrogue a los 19 acusados, así como la toma de declaración de algunas víctimas y testigos.

“De esta manera, el Estado español ni investiga ni deja que otros lo hagan mostrando así su desdén con los miles de víctimas de desapariciones forzadas en nuestro país”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

En febrero de 2017, la Procuraduría General de la República de México inició una investigación, impulsada por Amnistía Internacional, por el caso de Ligia Ceballos Franco, quien había descubierto que fue entregada a su familia mexicana tras haber sido separada de su familia biológica en España. Sobre este caso se refirió el Grupo de Trabajo expresando que la apertura de dicha investigación en México representa otra oportunidad para que España preste colaboración y fortalezca el auxilio judicial.

La ONU ha insistido en que las labores de localización e identificación de personas no puede depender exclusivamente de los familiares, sino es una obligación del Estado abarcando la totalidad del territorio nacional.

A este respecto, en mayo de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley en la que instaba al Gobierno que cumpliera con las recomendaciones de los organismos internacionales, entre otras cuestiones, asumiendo las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres de personas víctimas de desaparición forzada.

Zorita hará lo mismo con Duro Felguera que Saracho hizo con el Popular

La teoría del eterno retorno de Nietzsche o Heráclito es una verdad absoluta sobre la que no cabe discusión alguna. Es lo que está ocurriendo en el caso de Duro Felguera y la gestión que está haciendo Miguel Zorita a la hora de buscar soluciones a la compañía asturiana. En realidad, la estrategia de quienes pusieron a Zorita para encontrar un modo de que Duro solucione su situación actual es exactamente la misma que se utilizó en el caso del Banco Popular, tal y como hemos explicado en Diario16 a través de los artículos de Esteban Cano y de otros periodistas de investigación del medio. En realidad, Zorita es el Saracho de Duro Felguera porque las líneas de actuación son paralelas e idénticas y con un mismo objetivo: hundir a la empresa asturiana para que los fondos buitres o los fondos de inversión estadounidense la compren a precio de saldo para, una vez adquirida, llevarse el negocio fuera de España y especular con el capital tecnológico, industrial y humano de Duro. Así funciona el capitalismo salvaje que nadie parece estar dispuesto a parar los pies.

Recordemos lo que hizo Emilio Saracho en el Popular. Se produjo una «rebelión» por parte de algunos consejeros para provocar la caída de Ángel Ron y colocar en la presidencia a un hombre afín que les hiciera el trabajo de liquidación para poder vender a la que entonces era sexta entidad financiera de España a otro banco y, de este modo, sacar beneficio corporativo o económico. El hombre que pusieron fue Saracho quien prometió que relanzaría al Popular. Un vicepresidente de JP Morgan lo valía, al menos de cara al mercado. Sin embargo, a Emilio Saracho se le fichó con una única función: liquidar al Popular, llevarlo a una situación límite que provocara que fuera absorbido por otro banco al menor precio posible. Y lo hizo. Fue todo un profesional. Lo hundió gracias al apoyo de los mercados, de los grandes fondos y de la banca de inversión, de algunos medios de comunicación que, incluso, llegaron a asegurar en grandes titulares que el Popular estaba quebrado, y, sobre todo, de las instituciones. El final ya lo conocen: el 7 de junio el Santander se hacía con el Banco Popular Español por un euro dejando a sus accionistas arruinados y a sus trabajadores pendientes del momento en que en Boadilla del Monte se tome la decisión de aplicar un ERE extintivo a todos los empleados. Eso fue lo que, a grandes rasgos, hizo Saracho.

En el caso de Duro Felguera, los acontecimientos se están llevando del mismo modo. Las diferencias que pueda haber son meros matices entendibles teniendo en cuenta que son sectores distintos. La empresa asturiana tiene problemas derivados del impago de deudas que arrastra de sus clientes en diferentes países, es decir, que sus clientes son morosos y, por tanto, esa deuda provoca problemas de liquidez que, con el apoyo claro de la banca, se resolverían en muy poco tiempo.

Para estudiar la situación y buscar una solución en el mes de mayo se incorporó Miguel Zorita con la función de asesorar al consejo de administración en el proceso de reestructuración, sobre todo en los términos y condiciones de refinanciación de la deuda, además de diseñar un plan de negocio.

En el día de ayer, Diario16 contó la trayectoria de Zorita y, desde luego, no es la persona adecuada para reestructurar Duro Felguera. Su actuación en el Grupo San José o en Proviti Spain avala esta afirmación. Realmente, según las fuentes consultadas por este medio, Zorita ha llegado a Duro como el hombre de la banca, exactamente igual que Saracho llegó al Popular como el hombre del Santander.

La estrategia en los medios de comunicación para generar pánico entre los accionistas ya está en marcha con único fin inicial: forzar la destitución o la renuncia de Ángel del Valle. Diferentes medios, tanto nacionales como regionales, publican casi a diario noticias negativas y tendenciosas que provocan el miedo en el mercado para que las acciones de Duro Felguera continúen bajando y, de este modo, tener nuevos titulares negros que ofrecer para continuar induciendo más temor. Un ejemplo de ello lo tenemos en las afirmaciones publicadas según las cuales los sindicatos ya han pedido la dimisión de Ángel del Valle. Según distintas fuentes sindicales consultadas por Diario16 esto no es así. Existe una evidente preocupación entre la plantilla por la situación de Duro Felguera, algo que es lógico por el miedo a perder sus puestos de trabajo y los representantes de los trabajadores lo que están reclamando a la empresa es una mayor información sobre la situación real de la misma o una mejora de la gestión del consejo de administración que se traduzca en una mayor carga de trabajo. Para tratar ya han solicitado varias reuniones con la dirección para tratar estos y otros temas que preocupan a los empleados. Evidentemente, hay diferencias entre el consejo y los sindicatos, algo totalmente lógico con la información sesgada e interesada que reciben de algunos medios. Pero, de ahí a afirmar que los sindicatos ya han pedido la dimisión hay un trecho.

¿A quién defiende realmente Miguel Zorita? Evidentemente, a Duro Felguera no, está defendiendo los intereses de quienes le pusieron ahí, tanto de una parte del consejo de administración que quiere quitarse de en medio a Ángel del Valle y a la familia González Arrojo. Son los mismos comportamientos de Emilio Saracho en el Popular. ¿A quién beneficia todo esto? Lógicamente, ni a Duro Felguera, ni a los trabajadores, ni al Principado de Asturias. Favorece a los grandes fondos que se quieren quedar con el patrimonio de una de las 5 mayores empresas epecistas del mundo, con su producción, con su tecnología y su know how por un precio de saldo para, posteriormente, una vez aterrizado, llevarse tanto la producción como la tecnología y el know how fuera de España dejando a Asturias y a España sin una de sus empresas de referencia.

Nosotros ya advertimos de que el problema de Duro Felguera no es Ángel del Valle sino los personajes como Zorita que aterrizan en una empresa con promesas de lograr soluciones a través de reestructuraciones cuando los pasos que da van en otra dirección para favorecer los intereses de otros. Saracho ya lo hizo y cientos de miles de pequeños accionistas quedaron arruinados. Aún se está a tiempo de parar esta operación que sólo beneficiará a intereses extranjeros que, posiblemente, podrían repercutir en alguna o algunas entidades españolas y dejará a Asturias con miles de trabajadores en el paro y sin una de las piezas fundamentales de su industria en manos de quien sólo querrá especular para sacar un beneficio rápido. Para ello, tanto las administraciones públicas españolas y asturianas tienen la obligación para con su pueblo de frenar esta operación de acoso y derribo que, incluso, está llevando a utilizar métodos poco transparentes para provocar un mayor problema económico a Duro Felguera que acelere la venta a un fondo de inversión extranjero que la hará perder su personalidad asturiana y española.

Andalucía apuesta por una sociedad más inclusiva

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley andaluza de los derechos y la atención a las personas con discapacidad que mejorará la calidad de vida de más de 720.000 personas y sus familias, con especial atención a las más vulnerables. Esta ley cuenta con presupuesto de 1.300 millones de euros para conseguir una sociedad más inclusiva y accesible. Para ello promove la autonomía personal, la capacitación y el empoderamiento de las personas con discapacidad en la vida independiente y en la perspectiva de género.

La nueva Ley se adecua a las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España. Los destinatarios son las más de 720.000 personas con discapacidad que hay en Andalucía (más del 61%, mujeres), lo que supone casi el 10% de la población.

María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Políticas Sociales, ha destacado que en la elaboración del texto han participado el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad y organizaciones y asociaciones relacionadas con esta materia. Además, en la tramitación ha contado con la participación y ha sido debatida por agentes económicos y sociales, entidades y organizaciones públicas y privadas, así como los grupos políticos, que han presentado más de 400 aportaciones. «Se ha conseguido un proyecto que redundará en la igualdad de oportunidades, en la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad», ha matizado la consejera.

Sánchez Rubio ha agradecido la colaboración estrecha y permanente de las entidades y colectivos para garantizar los derechos ciudadanos a las personas con discapacidad.

La Ley reorienta las actuaciones públicas desde un ámbito biosanitario y rehabilitador hacia un modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno.

Para lograr la plena inclusión social, así como la transversalidad y coordinación de las políticas públicas dirigidas al colectivo, la futura ley prevé distintos instrumentos y medidas entre los que destaca la elaboración de planes de acción integral para las personas con discapacidad en general y para las mujeres, así como otro de empleo para el colectivo.

También prevé el derecho a la atención infantil temprana (0 a 6 años) mediante acciones coordinadas con los servicios sociales, sanitarios y educativos, así como el derecho a una educación inclusiva, permanente y de calidad.

Las universidades andaluzas deberán aprobar un plan especial de accesibilidad y disponer de una unidad o servicio de atención o apoyo a la discapacidad.

En el ámbito formativo y del empleo, se establece para las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal la reserva de un cupo no inferior al 10% del número de plazas para personas con discapacidad. Se reserva por primera vez el 1% de puestos para personas con enfermedad mental y en los cursos de formación para el empleo, organizados por la Junta de Andalucía, se reservará el 5% frente al 3% que proponía el proyecto de ley. Asimismo, se reservará al menos el 5% de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del Programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.

La ley reconoce el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Por ello, obliga a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal, así como cualquier otro tipo de apoyo a la vida independiente. Por otra parte, los planes de accesibilidad de las administraciones autonómica y local deberán actualizarse cada cinco años.

De igual se reconoce a los perros de asistencia, adiestrados específicamente para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio de personas con discapacidad.

En el área de la contratación pública se reserva el 5% del importe anual de la Junta, en las actividades que se determinen, a favor de los centros especiales de empleo. Se introduce también una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas con un mayor número de personas con discapacidad en plantilla, por encima de la reserva legal del 2%.

En el apartado de vivienda, se consolida la reserva de un 4% de las protegidas destinadas a personas con discapacidad y, como novedad, la Consejería competente en esta materia deberá regular las viviendas convertibles, que permitan fácilmente su adaptación a las diferentes capacidades o funcionalidades de las personas. Asimismo, las personas con discapacidad tendrán preferencia en la concesión de ayudas para la adaptación de las viviendas.

Por su parte, en materia de comunicación, imagen y publicidad, el Consejo Audiovisual de Andalucía deberá elaborar anualmente un informe sobre el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad. Por último, la ley tipifica las infracciones y las clasifica en leves, graves y muy graves, con sanciones que oscilan entre 301 euros y 1.000.000 de euros dependiendo de la calificación de la infracción.

En Andalucía hay 583.018 personas (295.413 hombres y 287.605 mujeres) que tienen reconocido por los centros de valoración y orientación un grado de discapacidad igual o superior al 33% (datos a 12 de septiembre de 2017).

El PSOE pregunta a Cospedal por la exposición franquista que Amat permite

Como se contó ayer en estas mismas páginas, Gabriel Amat habría permitido que se hiciese apología del franquismo en la exposición Cultura de Defensa que organiza la Hermandad de Caballeros Legionarios y que se exhibe en el Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería. Por este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una serie de  preguntas dirigidas a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a la que piden explicaciones oficiales sobre la “desafortunada” inclusión de un cuadro y de una leyenda del dictador Francisco Franco.

La diputada por el PSOE de Almería, Sonia Ferrer, quiere conocer la opinión de la titular del ministerio responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre que este tipo de exposiciones, en las que se “ensalza la figura de un dictador” se hagan en sitios públicos, como es el caso de la Diputación que gobierna el Partido Popular. Ferrer también quiere que la ministra dé su opinión sobre si esta muestra se puede considerar “apología del franquismo” y si, en cualquier caso, no cree que la presencia de Franco en una exposición pública pueda suponer “un insulto a las víctimas y represaliados del franquismo y a sus familiares”.

“Queremos saber si la ministra cree, por ejemplo, que esto sería factible en países de nuestro entorno, como Alemania, donde se ensalzara en un organismo público la figura de Hitler”, se pregunta la diputada socialista quien, subraya que la iniciativa de la Hermandad de Caballeros Legionarios (que cuenta con el beneplácito de la Diputación Provincial) contraviene la Ley de Memoria Histórica siendo “especialmente relevante” el hecho de que tal irregularidad se haya producido en las instalaciones de una institución pública y democrática.

El PSOE almeriense ha solicitado explicaciones al presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, aunque no se espera que las explicaciones sean concluyentes. También los socialistas han pedido explicaciones a la ministra Cospedal por la presencia de la Legión.