lunes, 6 abril, 2026

Colomer apuesta por el patrimonio municipal como atractivo turístico

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha mantenido una reunión con el director general de Administración Local, Antoni Such, para ultimar los detalles del decreto que la Generalitat tiene previsto aprobar en los próximos días y que servirá para dar cobertura económica a proyectos locales cofinanciados por el fondo FEDER.

En concreto, se trata de un decreto que, además de fomentar proyectos vinculados a la movilidad urbana sostenible, también recoge todos aquellos cuyo objetivo sea la promoción, desarrollo o protección del patrimonio cultural y de los activos de turismo público. De hecho, para estos últimos está previsto que se destine una inversión de 20 millones de euros.

Colomer ha mostrado su satisfacción ante esta nueva medida de la Generalitat y ha remarcado que “supondrá una inyección económica importante para todos aquellos municipios de la Comunitat que quieran poner en marcha proyectos vinculados a la mejora o protección de su patrimonio cultural, lo que sin duda reforzará su capacidad de presentar una oferta atractiva a nivel turístico”.

En este sentido, ha señalado que “es imprescindible apostar por nuevas vías de desarrollo turístico en el territorio para ampliar nuestro catálogo de productos y diversificar la oferta”. Así, ha recordado que, desde la Agència Valenciana del Turisme, “ya hemos puesto en marcha nuestra estrategia de CreaTurismo para dar forma e impulsar nuevos productos vinculados al territorio que nos ayuden a desestacionalizar, incrementar el gasto y atraer nuevos mercados” y ha apuntado que este decreto refuerza este objetivo.

Por su parte, Antoni Such ha remarcado la necesidad de “dinamizar a los municipios y ofrecerles herramientas con las que puedan llevar a cabo proyectos que pongan en valor sus recursos”. Por eso, los municipios que quieran optar a estas ayudas tendrán que justificar, entre otras cosas, que las actuaciones propuestas no ponen en peligro la conservación de los elementos culturales o medioambientales, al tiempo que se valorará que conlleven la creación o el aumento de la actividad turística sostenible.

La izquierda es cada día más cómplice de la ruina de los afectados del Popular

Las más de 300.000 familias afectadas por la intervención del Banco Popular y la posterior incautación de su patrimonio se están encontrando con la falta de apoyo de los partidos políticos españoles, sobre todo los de la izquierda. Respecto a los conservadores —Partido Popular y Ciudadanos—, por su ideología liberal y de defensa del libre mercado, es entendible que no se inmiscuyan en la defensa de los afectados. Va implícito en su ADN la defensa de las élites empresariales y financieras. Sin embargo, la izquierda está siendo cómplice de esta operación del capitalismo más cruel con su silencio más absoluto y por dejar abandonados a las más de 300.000 personas del pueblo a su suerte.

En el último artículo de nuestro compañero Esteban Cano se desentrañan los puntos más importantes de la oferta que el Santander está haciendo a los afectados por la incautación del Popular. En el propio folleto que el banco cántabro ha presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores se pueden leer aspectos como que «los bonos de Fidelización presentan complejidades que las hacen generalmente no convenientes para inversores minoristas como los beneficiarios». Si ya se reconoce que se trata de un producto complejo que no puede ir orientado al perfil de cliente al que se está dirigiendo la acción comercial nos encontramos ante una presunta estafa similar a la de las preferentes. Por otro lado, a los clientes que por su necesidad se vean obligados a firmar un producto enmarcado en una operación cruel y perversa, tal y como Cano explica en su artículo, se les obliga a firmar que conocen la complejidad del producto y que eximen de responsabilidad al Santander. ¿Se puede ser más sibilino? Llegados al punto en el que nos encontramos, evidentemente, hay que esperar un ensañamiento mayor con los más de 300.000 afectados.

Ante este ataque frontal del capitalismo más radical, ¿dónde está la izquierda? ¿Qué están haciendo? Han solicitado comparecencias del ministro Luis de Guindos o pidieron alguna que otra explicación en el Parlamento Europeo. Poco más. ¿Tanto le debe el PSOE al Santander? ¿Dónde está Podemos y su corriente anticapitalista? ¿Dónde están Urbán y Teresa Rodríguez? Se ha producido un ataque de la «casta» hacia el pueblo y no han movido un dedo.

El nuevo PSOE de Pedro Sánchez presume de ser la nueva izquierda o, simplemente, de ser de izquierdas. No lo están demostrando y se han convertido en cómplices de lo que los poderes económicos y las dictaduras privadas han hecho al pueblo al que dicen defender porque esas 300.000 familias son pueblo. Todo el mundo conoce los favores que el Santander le ha hecho en el pasado al Partido Socialista con refinanciaciones o condonaciones millonarias que a cualquiera de los mortales, empresario o particular, le hubieran sido denegadas. ¿Tan grande fue el favor que paraliza cualquier acción de defensa a quien, por ideología y decencia, están obligados a amparar? El cómplice silencio del PSOE da a entender que lo que afirman Pedro Sánchez y sus seguidores no es más que una burda añagaza.

El padre de Pedro Sánchez trabajó en el Banco Popular, como él mismo ha declarado, y fruto de eses trabajo le dio la formación para que alcanzara el lugar que ocupa ahora. Le dio disciplina, seriedad y dignidad. El incansable trabajo de su padre en el Popular hizo que Sánchez se forjara como hombre, como político y como una persona que debería saber de los sacrificios que un padre hace para que un hijo tenga una vida plena. Muchos de estos accionistas y trabajadores, compañeros de su padre, puedan ser afectados. Por esa sensibilidad y esa identidad con los empleados del Popular que han sido víctimas de esta operación y que lo han perdido todo, por empatía con ellos, Pedro Sánchez debería de estar mucho más implicado en resolver este tema que en permitir que con su cómplice silencio que esta atrocidad del Santander y de las dictaduras privadas supere al pueblo que lucha y se sacrifica día a día por el bienestar de sus familias.

Respecto a Podemos la cosa es más grave. Lo ocurrido con el Banco Popular y el Banco de Santander es una operación del capitalismo más salvaje y cruel promovida por los poderes financieros, políticos y económicos tanto de España como de Europa y, además, de los bancos custodios norteamericanos, los mismos que financiaron a Donald Trump y a Clinton. Sin embargo, el partido de Pablo Iglesias está de brazos cruzados. Ellos que siempre presumen de defender a la ciudadanía, de no depender de los bancos para mantener su independencia política e ideológica, o de defender las causas de la sociedad civil, en el caso de los afectados del Banco Popular ni siquiera se han pronunciado públicamente. Deben pensar en Podemos que las víctimas del rescate al Santander son parte de la «casta» más «casta», pero no es así. Cuando en Diario16 hablamos de las más de 300.000 familias afectadas nos estamos refiriendo a los minoristas no a los grandes potentados, nos estamos refiriendo a trabajadores, a pensionistas, a pequeños autónomos, no a especuladores profesionales que mueven millones de euros mientras se desayunan un croissant y un café con leche. Es decir, hablamos de la ciudadanía, del pueblo. Podemos acusa y ha acusado de que las instituciones están diseñadas desde 1978 para dar la espalda al pueblo. El partido de Pablo Iglesias está ahora en esas instituciones y está actuando en este caso de igual manera. Y todo esto, además, con el agravante de tener entre sus corrientes ideológicas el anticapitalismo. Por tanto, el progresismo del pueblo que defienden en Podemos también es una burda mentira.

La obligación moral, ideológica y política de la izquierda es ponerse del lado de los oprimidos por los poderes y las élites. En el caso de los 300.000 afectados del Popular tanto el PSOE como Podemos se han posicionado en la defensa del Santander porque su silencio en este tema es el más claro ejemplo de complicidad con las dictaduras privadas que coartan y destruyen nuestra democracia.

González Veracruz: “Pedro Antonio Sánchez no tendría que estar en su escaño regional”

Aunque no existe aún un pronunciamiento oficial del PSRM-PSOE sobre la petición de la Fiscalía de que un tribunal popular juzgue al ex presidente murciano Pedro Antonio Sánchez por su vinculación a la trama “Púnica”, la diputada nacional y candidata a dirigir el PSRM-PSOE, María González ha aprovechado una visita a Lorca para responder, a preguntas de Diario 16, que “Pedro Antonio Sánchez tendría que haber abandonado ya su escaño en el Parlamento murciano” tras conocer la decisión de las fiscales encargadas de la acusación.

González Veracruz afirma que “el PP murciano y el propio Sánchez están vulnerando lo estipulado en la Ley de Transparencia” y acusa a los dirigentes populares de “no tomar decisiones políticas ante esta vergonzosa situación poco ejemplar”, asegura la política socialista.

Todo deriva de lo conocido ayer como consecuencia de la decisión adoptada por las dos ficales anticorrupción de la trama “Púnica”, Carmen García y María Gálvez, quienes solicitan que el actual diputado autonómico y presidente del PP murciano sea juzgado por un tribunal popular.

La petición fiscal ha sido remitida a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y notificado a las partes ayer, advirtiendo que las acusaciones realizadas contra el ex presidente y su asesor, revisten una importante gravedad de los hechos y vienen recogidos en el auto de incoación de procedimiento abreviado, los cuales podrían ser constitutivos de presuntos delitos de fraude y cohecho, y que estos deben ser vistos, según marca la ley, por un jurado popular.

En el mismo escrito, la Fiscalía solicita la paralización del trámite de presentación de escritos de acusación que concluyeron ayer para seguidamente  incoar un procedimiento de jurado.

En caso de prosperar la solicitud fiscal, el todavía parlamentario regional popular se vería enfrentado a la decisión final de nueve ciudadanos  elegidos aleatoriamente, por los trabajos de limpieza de la reputación personal que supuestamente concertó en 2014 con dos presuntos líderes de la ‘trama Púnica’, Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso.

Presentado este escrito, cabe esperar el pronunciamiento de las partes y la Sala pronunciarse antes de proceder a formular los oportunos escritos acusatorios pidiendo abrir el juicio oral o sobreseer la causa -o para de manera excepcional pedir la práctica de diligencias que consideren indispensables para formular acusación.

El PP traslada a Hacienda las principales reivindicaciones de la Región de Murcia para los PGE 2018

El Partido Popular de Murcia mantuvo una reunión con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para trasladarle “las principales reivindicaciones en materia de Infraestructuras, Agricultura, impulso a la innovación y bajada de impuestos para que sean tenidas en cuenta en  los presupuestos de 2018”.

A la reunión, a la que asistió el portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Teodoro García, junto al resto de diputados del PP por Murcia se hizo especial hincapié en que “2018 será un año en el que culminen importantes demandas históricas de la Región de Murcia como la llegada del AVE, el inicio del soterramiento, y el avance de las infraestructuras por carretera”.

Igualmente Teodoro García añadió que la Región, durante el próximo año, “va a ver cómo comienzan o avanzan de forma importante proyectos como la regeneración de la Bahía de Portmán, la comunicación de Jumilla y Yecla con la vecina comunidad valenciana por autovía o las nuevas vías planificadas por el Gobierno regional” y que, a juicio del diputado del PP, “el Ejecutivo central seguirá apoyando presupuestariamente”.

Teodoro García ha avanzado que el anteproyecto de Ley de Presupuestos será aprobado el próximo 22 de septiembre en Consejo de Ministros, y ha recordado que “los diputados del Partido Popular de la Región de Murcia estamos trabajando para que éstos, reflejen las principales reivindicaciones y necesidades de nuestra tierra”.

Asimismo ha recordado el trabajo de los diputados del que ha dicho “no sólo consiste en registrar proposiciones o presentar enmiendas, sino informar a los miembros del Gobierno de España para que conozcan, de primera mano, las necesidades de la Región en materias tan esenciales como la bajada de impuestos, la agricultura, las infraestructuras o la innovación”.

Teodoro García ha querido dejar claro que “son ya varias las semanas que estamos trabajando con el Gobierno de España y con el Regional para que los presupuestos de 2018 sean ese instrumento útil y de futuro que la Región de Murcia necesita para su despegue definitivo”.

El pleno del Senado aprueba el Dictamen de la Comisión de Igualdad para combatir la Violencia Machista

El pleno de la Cámara Alta aprobó ayer jueves, por unanimidad, el Dictamen de la Comisión de Igualdad para luchar contra la Violencia de Género consistente en 267 medidas acordadas por los grupos de la Cámara y que servirán de base para el futuro Pacto de Estado.

La portavoz de la Comisión de Igualdad del PP en el Senado y senadora por Murcia, Severa González, ha destacado que ésta “es la lucha de todos, que implica a toda la sociedad, y que precisa de un consenso político y social sin fisuras, con un mensaje claro: el maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad y una sola víctima es demasiado”.

En su intervención González, se ha felicitado por la unidad de todos los grupos políticos que han sido capaces de encontrar los puntos de unión, aparcar los intereses partidistas y “poner a las víctimas en primer lugar porque no podíamos defraudarlas”.

Las propuestas van dirigidas a la prevención, poniendo énfasis en la educación, la formación y la sensibilización; a la asistencia, apoyo y atención a las víctimas y a la mejora de la coordinación a la respuesta institucional con modificaciones legislativas y mejoras judiciales que incluyan la formación de los operadores de los juzgados de Familia y la especialización de los juzgados de lo Penal y la declaración por videograbación de las víctimas, entre otras medidas.

Además, se pone especial interés en el papel determinante de los medios de comunicación y las redes sociales, con propuestas dirigidas a elaborar una guía de buenas prácticas que pretende mejorar el tratamiento de las noticias, concienciando sobre el lenguaje, evitando los detalles morbosos y desplazando el reproche social hacia el agresor, evitando siempre testimonios que puedan perjudicar a las víctimas.

Severa González ha explicado que se ha hecho especial hincapié en abordar una batería de medidas, encaminadas a proteger a los menores que sufren también la violencia machista “para garantizar que no se  conviertan en un instrumento en manos del agresor”.

Se contempla la prohibición de las visitas a los condenados en prisión; la mejora de las pensiones de orfandad y se garantiza el acceso al estudio a los menores huérfanos por violencia de género a través de becas y ayudas.

En su intervención la senadora popular ha destacado la importancia de reforzar el ámbito sanitario mejorando el sistema de cribado “para que los profesionales de la sanidad puedan detectar precozmente situaciones de violencia de género”.

El PP más conservador de Madrid contra la libertad de expresión

El juez de lo contencioso administrativo, José Yusty Basterreche, ha ordenado que se impida la celebración en sedes del municipio de Madrid a un acto de debate y exposición de las propuestas de los independentistas catalanes. El motivo alegado, que queda fuera de la competencia administrativista, es que el referéndum catalán ha sido suspendido, cautelarmente hay que recordar, por no ser constitucional. Se iba a utilizar una de las salas del Matadero para el debate y discusión pero ya no podrá ser. El juez Yusty Bastarreche es conocido por sus escasas simpatías hacia todo lo que huela a izquierda y Memoria histórica. Pertenece al núcleo de los jueces más conservadores de la judicatura pero se entiende, desde distintos grupos políticos, que esta vez ha traspasado sus competencias.

Tanto Podemos como Izquierda Unida han presentado diversos escritos criticando la negación de la libertad de expresión que se produce con este mandato judicial. Ramón Espinar ha sido contundente al manifestar que “tanto la derecha independentista catalana como el Partido Popular llevan muchos años viviendo de este conflicto, muchos años de no resolver el problema territorial de Cataluña”. Un acto que no iba a tener más trascendencia que las fronteras que suponen las cuatro paredes del Matadero, se ha convertido por obra y gracia del PP de Madrid en parte de la agenda política. “Entendemos que la libertad de expresión no se puede suspender por un conflicto político. Entendemos que los derechos y libertades de los ciudadanos no se pueden suspender y que si vamos a ese escenario, vamos a un escenario en el que lo que está en riesgo es la democracia” ha concluido Espinar.

Por su parte desde Izquierda Unida entienden que éste ha sido una “acto de censura caciquil” y que implica “un atropello a las libertades civiles, y que atenta directamente contra las bases mínimas de la democracia”. Entiende desde IU que “cuando una institución como la justicia responde a los intereses del gobierno y no garantiza los derechos civiles, la ciudadanía se encuentra totalmente indefensa”. Por último, instan a la Justicia a que “centre sus esfuerzos en perseguir a los que día a día nos saquean mediante la corrupción, pues son quienes de verdad atentan contra la soberanía del pueblo”.

¿Es capaz de explicar el señor Juez cómo afecta un acto con palabras la Unidad de España, el interés general o la defensa de la soberanía del pueblo, tal y como sostiene en su sentencia como principios? Según esta doctrina, no se podría hablar de instaurar una República en España por medios democráticos pues iría contra esos principios. Tampoco se podría hablar de formar una confederación ibérica de pueblos porque sería atentar contra la unidad de España. Tampoco se podría hablar de casi cualquier cosa que un Juez estimase como contraria al interés general o la soberanía del pueblo. Soberanía, por cierto, que recae en el propio pueblo no en un Juez o en un partido político.

José Luis Martínez-Almeida, portavoz municipal del PP, ha conseguido situar a su partido en el verdadero lugar que debe ocupar en la escala ideológica. En el tradicionalismo. Cristina Cifuentes nada ha dicho, por tanto consiente en que el partido que preside impida la libertad de expresión. Ella, que se dice liberal, olvida la máxima de John Stuart Mill y la libertad de expresión. Sólo de la confrontación con el otro podremos averiguar la verdad. Ya que aunque el otro no la tenga, servirá para hacer ver que nuestra postura era más correcta o no. Esto para el PP no existe.

La Ley Mordaza del gobierno conservador es sólo el primer avance contra las libertades de la ciudadanía española. Hablar, cuando no sea para atentar contra otras personas o para defender el odio a los demás (como puede suceder con racistas y/o fascistas), no puede ser considerado ilegal o contrario al espíritu democrático. Es más, la democracia tiene su mayor fundamento en la posibilidad de eliminación de distensiones por medio de la deliberación y el diálogo. Justo lo que ha faltado en el PP para solucionar el problema catalán. Prefieren el espadón (físico o jurídico). No son de hablar porque no creen que los demás puedan tener algo de razón o la verdad de su parte. Sólo ellos y ellas, que parecen haber sido tocados por dios, están en uso y disfrute de las libertades. Los demás no. Una vez más el PP atenta contra la libertad de expresión. Y sucede en Madrid.

Sueldos excesivos y lujo: saqueo y destrucción de las cajas de ahorro

Viajes de lujo, entradas por docenas para la misma persona o familia a los mejores y más costosos espectáculos, dietas infladas, sueldos desproporcionados, ventajas en la solicitud de créditos que superaban con creces lo necesario para comprar una vivienda… Todo fue posible para los consejeros de las cajas de ahorro de Castilla y León hasta que tanto exceso hizo desmoronarse al gigante económico que mantenía el músculo financiero de esta comunidad.

En las Cortes de Castilla y León ha comenzado la comisión de investigación por el “saqueo y destrucción” de la cajas de ahorro entre los años 2005 y 2011, que se ha puesto en marcha a iniciativa de Podemos. Comisión que no conviene al PP ni al PSOE, porque ambos partidos –en una autonomía donde durante décadas ha reinado el bipartidismo– se repartieron los cargos en las cajas con participación de sindicatos, representantes de vecinos, impositores, universidades… Eso sí, todos y cada uno de ellos bien posicionados con los dos grandes partidos.

El portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, –quien se postuló para presidir esta comisión que finalmente ha recaído en el representante de Ciudadanos– asegura a Diario16 que “hay que arrojar luz sobre este atropello en los que el PP y el PSOE fueron cómplices del saqueo y destrucción de las cajas de ahorro”. Según explica, “en esta comunidad desapareció el músculo financiero y el poder económico ha quedado en manos de los grandes bancos”.

Fernández considera que estos hechos son especialmente graves “mientras se estafaba a miles de mayores con las preferentes. A personas que confiaban en las cajas por la buena prensa de estas entidades”.

Préstamos desorbitados para el entonces presidente de la entidad Caja España-Duero, Santos Llamas, son sólo la punta del iceberg –a juicio del portavoz de Podemos– de lo que califica “un saqueo” en el que los dos partidos y los sindicatos colaboraron “hasta la destrucción”, a su juicio.

Dietas y gratificaciones

Casi cinco millones de euros se gastaron en dietas y en gratificaciones por asistencia a las reuniones los 61 consejeros de Caja España-Duero –hoy Banco CEISS– la entidad financiera integrada ya en Unicaja Banco.

Un informe de auditoría de Caja España-Duero pone de manifiesto que la mayor cuantía correspondió a uno de los consejeros de Caja Duero, Gerardo Pastor Ramos, catedrático de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, que en ese periodo de siete años percibió 313.830 euros.

Personas tan relevantes como Martínez-Maíllo tendrán que comparecer en esta comisión de investigación por el saqueo y destrucción de la cajas de ahorro

Por encima de los 100.000 euros cobraron diecinueve consejeros de Caja España-Duero. El secretario general de la sección sindical de UGT en Caja Duero, Antonio Muñoz, cobró por asistencia a los consejos y dietas un total de 186.780 euros. El entonces presidente de la patronal salmantina Confaes, Juan Antonio Martín Mesonero, recibió 151.880 euros y el alcalde de Valladolid en aquél entonces, Francisco Javier León de la Riva, percibió 141.900 euros.

Por León, el consejero que más dinero recibió en estos siete años fue el actual procurador del PP en las Cortes de Castilla y León y ex presidente de la Diputación Provincial, Javier García Prieto, con una percepción de 133.410 euros.

El informe también refleja las cantidades que percibieron el ex alcalde de León, el socialista Francisco Fernández (108.050 euros) y el ex presidente de Caja España, Santos Llamas (107.720 euros).

Sindicatos y partidos políticos

En la lista de los 61 se reflejan las percepciones del resto de consejeros, con presencia de varios altos cargos sindicales, como el entonces secretario general de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto (65.230 euros), hoy sanchista y con aspiraciones a la ejecutiva del PSOE en Salamanca. Pero también de Comisiones Obreras, del sindicato CSICA o de la organización agraria Asaja, todos ellos con emolumentos superiores a los 60.000 euros. Entre los perceptores también se encuentra la ex presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco (66.220), asesinada en su ciudad por una ex trabajadora de la institución provincial y su madre.

En esta comisión parlamentaria comparecerá Alejandro Menéndez Moreno, actual consejero de Caja España-Duero y uno de los investigados en el caso Caja España. Junto a él estarán otros 13 miembros del consejo de administración, entre los que figura el zamorano Fernando Martínez-Maíllo, número tres del PP nacional. Podemos considera que favorecieron la refinanciación de los préstamos del presidente del consejo, el empresario Santos Llamas. Este partido también pedirá, entre otras, la comparecencia de Emilio Melero, quien fuera secretario general del PSOE en Salamanca durante esta época y llegara a ser vicepresidente de Caja Duero antes de su fusión.

Miguel Zorita, en Duro Felguera. La Hoguera de las Vanidades

La más famosa de las Hogueras de las Vanidades no es la grandiosa novela de Tom Wolfe, ni la posterior película dirigida por Brian de Palma y protagonizada por Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith, Frank Murray Abraham y Morgan Freeman, entre otros, sino la que tuvo lugar el 7 de febrero de 1497, cuando seguidores del monje Girolamo Savonarola recogieron y quemaron en público miles de objetos en Florencia durante la fiesta del Martes de Carnaval.

Esta destrucción tenía como objetivo la eliminación de aquellos objetos que se consideraban pecaminosos, objetos de vanidad como espejos, maquillajes, vestidos refinados e incluso instrumentos musicales. También tenía como objetivo libros inmorales, manuscritos con canciones seculares y cuadros. Entre los objetos destruidos durante esta campaña había varias pinturas originales sobre temas mitológicos clásicos realizados por Sandro Botticelli, puestas por él mismo en la hoguera.

Tales hogueras no fueron invento de Savonarola, sino que ya eran un acompañamiento usual a los sermones al aire libre de Bernardino de Siena en la primera mitad del siglo XV.

En estos tiempos presentes también se están produciendo incendios, destrucción y ruina provocados por los Savonarola de turno, actos inspirados por acciones anteriores pero que tienen unos directores concretos que se mantienen en la sombra pero que son los que recogen los beneficios. En España tenemos a un Savonarola y se llama Miguel Zorita Lees.

Pero, realmente ¿quién es Miguel Zorita y por qué su nombre siempre está presente en el mundo empresarial y financiero español? Él se presenta como un experto en la reestructuración de empresas en dificultades aunque su capacidad para ello es bastante cuestionable, según fuentes consultadas por Diario16, fuentes que nos aseguran que es más bien un hombre que dice saber de todo pero que sólo tiene una idea general y su propia trayectoria profesional lo demuestra. Nunca ha despuntado pero siempre ha estado ahí generando, eso sí, relaciones con los más poderosos, relaciones que luego utilizará para sus propios fines.

En el mundo financiero, ocupó puestos directivos en la extinta Argentaria durante la segunda mitad de la década de los 90. Durante este periodo es nombrado, además, presidente de la constructora Huarte S.A., cargo que ocupó durante tres meses.

Tras su salida de Argentaria, Zorita se dedica a actividades de consultoría durante la década del 2000. Antes de incorporarse a Deloitte trabajó en proyectos de fusiones y adquisiciones. En Deloitte, la auditora del Banco de Santander y la empresa que hizo el informe «secreto» de la intervención del Banco Popular, llegó a ser Presidente de su filial en España en el año 2003, cargo que ocupó hasta el año 2005 en que, sorprendentemente, dimitió. Un movimiento en el que muchos vieron la mano de su amigo Miguel Sebastián y que parecía enfocarse a la operación Sacyr y al BBVA como un modo de venganza contra Francisco González. Sin embargo, Zorita, al no haber trabajado en Deloitte como auditor, tenía plena libertad para trabajar para cualquiera de los clientes de la auditora.

Tras abandonar Deloitte, se incorpora a AXPE Consulting como consejero, puesto que mantiene durante tres años, al mismo tiempo que trabaja para la consultora forense estadounidense Proviti Spain. Durante su paso por esta empresa Zorita vivió a lo grande, manejando presupuestos millonarios concedidos por las altas expectativas de crecimiento porque su posición como ex presidente de Deloitte le podría permitir generar grandes contratos. Proviti no llegó a despegar y Zorita abandonó la empresa sin que las expectativas prometidas se cumplieran.

En este periodo se produjo un intento de hacerse con el control de Iberia junto a Francisco Javier Salas y José María Castellano. Este plan tenía el apoyo del Banco de Santander con un gran apoyo mediático. El diario Expansión llegó a publicar un perfil de Zorita en el que se dicen cosas como «Con este curriculum, y con la mentalidad inquieta del más típico profesional financiero, la personalidad de Zorita se dejó notar enseguida en Deloitte, que poco a poco fue adquiriendo un protagonismo en el mundo empresarial del que había carecido hasta entonces». La operación para hacerse con Iberia, a pesar de tener el presumible apoyo incondicional del Santander, no salió adelante, hecho en el que podría haber tenido que ver que uno de los fondos que también presentó oferta por la aerolínea estaba participada accionarialmente por el banco de Emilio Botín.

Tras este fracaso, Zorita decide dedicarse a la dirección de empresas. En 2008 se incorpora al Grupo San José como consejero con el cometido de sanear a la constructora a pesar de su falta de experiencia en el sector inmobiliario. Según distintas fuentes consultadas por Diario16, llegó a la constructora gracias a la amistad que le unía a Jacinto Rey, el dueño de San José, y de José María Castellano, ex CEO de Inditex. Su principal función era la renegociación de la deuda del Grupo San José con la banca acreedora. Zorita se vendía como el Cristiano Ronaldo de las reestructuraciones y de las fuciones y le vendió a Jacinto Rey un proyecto para convertir al Grupo San José en el líder del sector inmobiliario español. Como ocurrió con otros proyectos emprendidos y citados anteriormente, erró y no logró su objetivo, además de cometer errores que cualquier verdadero especialista en reestructurciones o fusiones tacharía de fallos de principiante como, por ejemplo, permitir la salida a bolsa de San José en el momento en que se produjo. Según varias personas consultadas, Zorita en las negociaciones o en las reuniones de estrategia no se salía del manual y era incapaz de tomar decisiones fuera de la ortodoxia. Jacinto Rey le retiró la confianza a los tres años.

Tras salir del Grupo San José, Zorita se postuló para dirigir la Sareb, pero no tenía la confianza ni de los bancos, ni de las inmobiliarias, ni del Ministerio de Economía.

Es en este periodo en el que entra en contacto con el financiero suizo Martin Gruscka, el dueño del fondo Springwater que ha llevado a la quiebra a empresas como Unipapel o a la cadena de electrodomésticos Miró. La relación se establece en Daorje del que Zorita pasa a ser el máximo accionista tras una ampliación de capital que sorprendió al propio Gruscka. En el mes de mayo de este año adquiere el 90% de la empresa de tecnología naval Pine.

Zorita, por otro lado, se sigue presentando como un especialista en la reestructuración de empresas en dificultades. Sin embargo, su experiencia profesional demuestra que cada vez que ha iniciado algún proyecto en este sentido ha fracasado. Entonces, ¿por qué se mantiene en el lugar preponderante en el que se encuentra? La respuesta es sencilla: a través de las relaciones entabladas en cada uno de los puestos de relevancia que ha ocupado en grandes empresas españolas o multinacionales.

Es significativa la relación que mantiene con el Banco de Santander, relación que, seguramente, viene de su paso por Deloitte y de los presuntos favores que le podría haber hecho en las distintas auditorías de la primera entidad española y en operaciones presentes a través de su posible influencia en la auditora. No hay que olvidar que quien ha hecho el informe por el que el BCE tomó la decisión de intervenir al Banco Popular y entregárselo al Santander fue Deloitte.

En la actualidad Zorita está inmerso en otras operaciones para reestructurar a grandes empresas españolas en las que, curiosamente, el Santander también está inmerso. ¿Trabajará para las sociedades que han contratado sus servicios llevando a efecto los resultados prometidos o para otros de los actores que tienen un interés que, puede ser, contrario a la salvación de esas empresas? ¿Realmente Zorita es un reestructurador, un solucionador de problemas, o, tal y como fue Emilio Saracho en el Popular, es un liquidador a sueldo de terceros? De esto hablaremos más adelante, hoy sólo les queríamos presentar al personaje.

El PSOE pide en el Congreso una partida para el trasvase de Iznájar

Miguel Ángel Heredia ha llevado al Congreso de los Diputados una iniciativa para que en el proyecto de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) se incluya una partida para el trasvase de Iznájar.

El diputado malagueño considera que tras de seis años de sequía inversora de Rajoy en la comarca de Antequera es “indecente” que el Gobierno del PP siga negándose a este urgente trasvase. “El problema de abastecimiento de agua en los municipios de la comarca de Antequera desde hace meses a causa de la grave sequía está provocando que las luces de alerta sean cada vez más evidentes”, ha asegurado

El agua en Fuente de Piedra y Archidona ya no es apta para el consumo humano y se abastecen a través de camiones cisternas; y Campillos y Humilladero tienen existencias limitadas. Por su parte, en Villanueva del Rosario, el Ayuntamiento está efectuando cortes en el suministro de manera alterna y durante la noche como medida de ahorro. Municipios como Alameda, Antequera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Mollina, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Trabuco y Villanueva de Tapia verían aumentar con este trasvase sus depósitos y contarían con una situación más holgada.

Este tipo de obras siempre las ha pagado el Estado en los últimos 25 años, como el trasvase Guadiaro-Majaceite en Cádiz o el Negratín-Almanzora en Almería. “Si siempre estas obras las ha pagado el Estado, ¿por qué cuando se trata de la provincia de Málaga el Gobierno de Rajoy se niega a realizarlas?”, se ha preguntado Heredia. Los municipios que apoyan la iniciativa pretenden que hasta cinco hectómetros cúbicos salgan desde el pantano cordobés hasta la zona norte de la provincia de Málaga. El proyecto necesitará una inversión de 50 millones de euros, de los cuales la Junta ya se comprometió a aportar un 30%.

“Si la Junta está dispuesta a financiar, si la Diputación Provincial debería también participar económicamente en una obra fundamental para nuestra provincia, ¿por qué el Gobierno no tiene la voluntad de sentarse con las tres administraciones y con los alcaldes de los municipios afectados a buscar una solución urgente? Estamos hablando de que o se hace esta actuación o el futuro y el desarrollo de todos estos municipios está en juego”, ha señalado Heredia.

El pasado martes, doce alcaldes de la comarca de Antequera se reunieron para exigir este trasvase y solicitaron que se aceleren los trámites para la realización de un proyecto que se encuentra bloqueado. Heredia ha asegurado que el PP debe dejar de “castigar y machacar” a los vecinos y vecinas de la comarca de Antequera y dar prioridad a esta urgente actuación.

Gabriel Amat recupera el franquismo en una exposición

El Amat style está basado en el ordeno y mando del organicismo. Pero hasta el momento había guardado las formas. Hasta el momento. Ha tenido que llegar una exposición sobre el Ejército Español a Almería para que se haya permitido desde la Diputación provincial la exposición de un retrato del dictador Francisco Franco. Al final se les ve el pelo de la estepa a algunos dirigentes del Partido Popular. No lo pueden evitar.

Incumple la Ley de Memoria, tanto estatal como regional, Gabriel Amat. Lo sabe, pero poco le importa. Desde el PSOE, Juan Antonio Lorenzo ha denunciado esta vil utilización de una exposición sobre el Ejército, aunque el dictador fascista fuese miembro del tercio no puede mostrarse, para hacer una alabanza del franquismo. Por este motivo, el PSOE de la Diputación ha exigido la inmediata retirada del retrato del dictador Francisco Franco de la exposición Cultura de Defensa que acoge el Patio de Luces de la institución provincial y cuyo objetivo es dar a conocer el papel que desempeña la Legión. Además de la retirada del óleo, los socialistas consideran que desde el equipo de Gobierno del PP se deben dar sobradas explicaciones sobre los motivos por los que se ha exhibido el retrato del dictador fascista en una institución democrática.

Los socialistas consideran que la presencia del dictador Franco en una muestra de tal envergadura está fuera de todo lugar y recuerdan al Partido Popular que actualmente gobiernan una institución democrática que representa a todos los almerienses “permitiendo que en sus dependencias se haga apología del franquismo acogiendo la exposición de un retrato del dictador” lo que supone un “insulto” a las víctimas y represaliados del franquismo y a sus familiares. Además, no sólo se encuentra la imagen y alabanza del dictador sino que se exhibe, también, otro cuadro del militar fascista Millán Astray.

“Este no es el mejor camino para lograr la reparación y la memoria que gran parte de la sociedad almeriense demanda, y en justicia merece, ya que muchos ciudadanos  y ciudadanas se ven obligados a contemplar cómo en el Patio de Luces de la casa de todos los almerienses se exhibe una lámina con el rostro de un dictador que causó tanto dolor y sufrimiento a miles de personas durante la etapa más oscura de la reciente historia de nuestro país simplemente por el hecho de no pensar como él”, ha lamentado el portavoz del PSOE.

“Muchos estamos luchando desde el convencimiento por la Memoria Histórica en este país” y, precisamente, ha recordado Lorenzo, mientras que desde el Gobierno andaluz se ha impulsado la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (en vigor desde marzo) y se ha comprometido una importante dotación presupuestaria para llevarla a efecto, otras instituciones gobernadas por el PP “persisten en no cumplir la normativa y seguir encumbrando a figuras que han sido reconocidas como perjudiciales para la democracia de este país”, como es el caso del dictador fascista Francisco Franco.