domingo, 5 abril, 2026

Rajoy y Sánchez llevan espejos a los indígenas catalanes

El dilema catalán se encuentra encallado. Da igual lo que pase con la consulta en el fondo. El problema catalán no va a desaparecer de la escena política por arte de magia. Ni los independentistas van a ser tragados por un monstruo mitológico. No, el Kraken no arribará al puerto de Barcelona para engullir a Puigdemont y demás. Por lo que, después de la pantomima que se está llevando a cabo y que hemos explicados otros días, habrá de ser el tiempo de la política de “verdad”, no la que sólo se basa en cuestiones legalistas dejando los principios y la ética apartados.

Hasta el momento la Operación Diálogo, para la que se propuso con la intención de obtener una victoria personal Soraya Sáenz de Santamaría, ha resultado un gran fracaso del gobierno del Partido Popular. Desde diciembre de 2016 las cosas no sólo no se han calmado sino que han ido a peor. La vicepresidenta del Gobierno ha mostrado todas las carencias que tiene como Política. Sus virtudes como funcionaria y machaca-papeles pueden ser buenas, pero a la hora de hacer política, de dialogar, de hablar más allá del reglamento, la ley o el ordenamiento se demuestra que no hay donde rascar. Es completamente incapaz. Así que ha tenido Mariano Rajoy que tomar la dirección de la situación. ¡Con lo poco que le gusta a él mojarse!

El PP y la unidad de España

El partido conservador, haciendo gala de su propia ideología, no considera que Cataluña sea (pueda ser) una nación. Sólo conciben la nación en términos jurídicos. Lo otro, la cosa cultural está bien pero es incapaz de conformar una nación. En una entrevista en El Mundo el ex-ministro García Margallo lo expresaba claramente y con esos mismos términos. La nación cultural, decía, es ya inexistente en el orbe, salvo algunas tribus perdidas. Ni la propuesta liberal de Ernest Renan de “nación como plebiscito de todos los días” se encuentra en sus parámetros mentales. Salvo cuando se habla de la España imperial, que no deja de ser otra ficción, que ahí se les cae la baba. Por tanto, la acción de los populares sólo puede estar enmarcada dentro del actual marco constitucional.

Rajoy, cuando se reunió con Puigdemont, y le dijo que se podían negociar 40 de las 41 propuestas que se le presentaron (el referéndum quedaba fuera), ya demostraba el camino que puede tomar el conservadurismo. Dotar de más competencias y dar más dinero a los catalanes para que se callen, no protesten y sigan dentro de España (una, grande y libre). Como cuando los conquistadores ofrecían a los indígenas collares y espejos a cambio de víveres y de oro y terminaban por sojuzgarles. Eso mismo ofrece el PP a Cataluña. Sólo que ahora en vez de espejos es dinero y competencias. No hay más estrategia ni diálogo. Eso sí, callan los conservadores, que esas dádivas repercuten, porque no hay más de dónde sacar, en el resto del Estado español. Pero eso a ellos les importa poco. La unidad de España es un valor mayor que la igualdad. Al fin, como decía Rajoy hace años, hay personas que nacen de una clase social que son mejores que otras.

“Ya en épocas remotas (existen en este sentido textos del siglo VI antes de Jesucristo) se afirmaba como verdad indiscutible, que la estirpe determina al hombre, tanto en lo físico como en lo psíquico. Y estos conocimientos que el hombre tenía intuitivamente (era un hecho objetivo que los hijos de buena estirpe, superaban a los demás) han sido confirmados más adelante por la ciencia: desde que Mendel formulara sus famosas Leyes nadie pone ya en tela de juicio que el hombre es esencialmente desigual, no sólo desde el momento del nacimiento sino desde el propio de la fecundación”. Así se expresaba el presidente del Gobierno. Los españoles de buena estirpe no pueden, por tanto, más que defender la unidad de destino común que es España. Eso sí, favoreciendo a la “buena estirpe” de la burguesía.

El PSOE, la plurinacionalidad y el Estado federal

Desde el PSOE, a diferencia del partido conservador, sí vienen proponiendo el diálogo para desencallar el dilema catalán. Pedro Sánchez se ha reunido con Carles Puigdemont para ofrecerle la reforma constitucional y encajar Cataluña dentro de un Estado federal. También el reconocimiento de Cataluña como nación entraría dentro de esa misma reforma de la carta magna. Algo que, según parece, no ha sido aceptado por el dirigente catalán y prefiere persistir en la independencia. Pero, a diferencia de la imposición de los conservadores, intentan el diálogo. O como expresa el secretario general socialista: “un espacio de diálogo al máximo nivel”. Pero el problema se encuentra en que, en el fondo, la propuesta es similar a la ofrecida por Rajoy.

Ya se ha comentado en días anteriores la floja y poco articulada propuesta socialista de Estado plurinacional y Estado federal, es un avance, pero por el camino errado. No dejan de ser espejos y collares, más bonitos y pulidos que los de los conservadores, pero baratijas al fin y al cabo. ¿Qué se pretende al final del camino? La unidad de España como ente superior de formación estatal. Lo mismo que el PP pero con otras formas distintas. Hablar de “nación de naciones”, términos utilizados por Anselmo Carretero y por Gregorio Peces Barba, no es válido para resolver lo que Cataluña está demandando. Esa “nación de naciones” al final lo que hace es luchar contra el asimilacionismo de las culturas “no dominantes”.

Ese Estado plurinacional lo que expresa es que existe una nación política (España) y varias naciones culturales, tantas como sea necesario, que deben ser respetadas. Multiculturalismo, diversidad pero sometimiento al poder central. Es tan estúpido el término “nación de naciones” que supondría que los que se sienten españoles no tendrían cobijo cultural en ella. O, peor aún, que seguirían siendo la cultura dominante y expansionista como entienden los conservadores. Cuando se juega con los términos hay que tener cuidado. Decía Humpty Dumpty a Alicia (en Alicia tras el espejo) que al final las palabras cobran significado dependiendo de quién ostente el poder, pues no. Las palabras cobran sentido respecto a la realidad y los hechos. No seamos platónicos y encajemos en los conceptos a la realidad forzadamente.

En el desayuno de El Periódico de Cataluña, Sánchez ha afirmado que “el reconocimiento de la identidad nacional de Catalunya no representaría un problema, como se ha intentado alentar desde opciones conservadoras con una visión uninacional de nuestro país”. Cierto, salvo que la posición federalista del PSOE, al final, supone una unicidad similar a la de los conservadores. Aunque en su haber está el diálogo sin exclusiones, algo impensable para conservadores y liberales. Pero la solución es la misma, que Cataluña forme parte de España sí o sí. O ¿acaso no apoya sin ningún tipo de aristas el PSOE los movimientos del Gobierno?

Y todo ello porque no han entendido que los independentistas lo que desean es autogobierno y autodeterminación. Esto es poder decidir por sí solos su propio destino. Y si aceptasen las baratijas, que las acabarán aceptando generando eso sí una quiebra en el resto del Estado, quedarían deslegitimados para reclamar el derecho a decidir en muchísimo tiempo. Hubiesen demostrado que todo era un engaño y que sólo buscaban beneficio personal, no la autodeterminación.

La actitud más coherente en todo esto ha sido la postura de Podemos. Referéndum sí, pero bajo unas verdaderas garantías. No se han preocupado porque Cataluña dejase de ser parte de España, ni nada por el estilo, sino de encauzar el dilema abierto. Tienen, al igual que ahora el PSOE, una visión mucho más abierta y plurinacional de España. Y evidentemente desearían que Cataluña o País Vasco fuesen de parte de España, pero no les importa la escisión siempre y cuando se haga por medio de mecanismos garantistas y democráticos. No la chapuza de imprimirse las papeletas en casa y no saber si existe censo o no.

Ciudadanos no se ha separado ni un milímetro de la visión fascistoide de España. Mucho más retrógrada que la del Partido Popular y que recuerda mucho a la concepción de Edmund Burke. Les falta decir que España tiene una grandeza granjeada en los campos de batalla de los Tercios de Flandes o algo por el estilo. Aunque, para ser mucho más cercanos a la realidad de todos los días, a ellos y ellas lo que les importa es que haya elecciones y así poder gobernar Cataluña. Las encuestas les hacen crecer e Inés Arrimadas está histérica desde hace meses pidiendo elecciones anticipadas y verse de Presidenta. Por suerte para Cataluña eso no se dará. Pero a Ciudadanos el problema catalán no deja de ser algo electoral. Y si se acaban los argumentos se les llama totalitarios y se acabó.

El problema es que los “indígenas catalanes” ya saben que el oro vale más que las baratijas y no cuela. Están perdiendo una baza buena para someter al Gobierno y la clase política española, pero saben que pueden seguir por esta senda para sacar hasta el higadillo a Rajoy y Sánchez. Y teniendo la clase política que tenemos seguramente lo acabarán logrando. Los grandes dirigentes se darán la mano pero el resto de España estallará. Al tiempo.

Más manifestantes en la Diada independentista que contra la del terrorismo

Los datos en cifras de los manifestantes en la Diada a favor del independentismo catalán y el derecho a decidir varián según quién sea la fuente. Hay quien no ha visto más de 300.000 personas frene a la Guardia Urbana que estima alrededor de 1 millón de personas. Sin embargo, lo que no es discutible, que esta manifestación ha tenido más participación que l aque se convocó contra el terrorismo tras los atentados de Cataluña.

Antes de comenzarla multitudinaria manifestación de la Diada, ya había inscritas cerca de 400.000 ciudadanos. La previsión se ha desbordado esta tarde y ha superado en participación a las 500.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, que se dieron cita el pasado 27 de agosto en la ciudad condal contra el terrorismo y apoyo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.

La manifestación de la Diada comenzó con un emotivo minuto de silencio en homenaje a estas víctimas y la sensibilidad musical de Els Amics de les Arts interpretando su tema ‘Luisiana’ junto al Orfeó Català, que ha dejado sonar el himno de Catalunya previo paso a la manifestación.  

Camisetas del SÍ 

Cientos de manifestantes, vestidos con la camiseta fluorescente, símbolo de la Diada del Sí. Las pancartas portan mensajes en positivo entre los extremos de la cruz central que ocupa el corazón de Barcelona, que representa la culminación de los actos de la Diada con efusivos gritos al tiempo de Votarem, votare. Finalmente, permanece una imagen única en una pancarta «Referéndum es democracia» con la imagen de una urna. Una enorme estelada se une a la pancarta de la urna, para enlazarse con una paloma de la paz y el mensaje Pau y Llibertat en el centro de la manifestación.

Jordi Sánchez, presidente de ANC, cerró el acto entre miles de aplausos del público asistente: «Hoy hemos vuelto a dar una lección de civismo y democracia, y ya van seis. La séptima será el 1 de Octubre”. 

Una jornada completamente diferente a otras Diadas. Ni las advertencias del Tribunal Constitucional han podido impedir la demostración de los catalanes de apoyo al independentismo, ni las batallas dialécticas entre todos los partidos políticos a lo largo de esta Diada, han conseguido silenciar el 1-O. Ahora, queda en el aire el siguiente paso: tanto de los poderes fácticos en España, como de las fuerzas independentistas. Algo claro si ha dejado esta Diada en las calles de Barcelona, el camino hacia el 1-O continúa abierto.

Mañana, el Tribunal Constitucional suspenderá con urgencia la Ley de Transitoriedad aprobada en el Parlament días atrás. La confrontación seguirá entre el Estado español y el Gobierno catalán. Y seguimos.

Cartagena: En marcha los “presupuestos participativos 2018”

Los ciudadanos del municipio de Cartagena “podrán decidir –ha anunciado el Ayuntamiento- a qué proyectos se destinarán dos millones de euros en los Presupuestos Participativos de 2018, que en esta segunda vez destinarán una cantidad a cada uno de los siete distritos en los que se divide el municipio, de manera que se ejecutarán inversiones en todos ellos”.

La partida destinada a esta iniciativa participativa se incrementa en medio millón, aproximadamente, respecto al ejercicio anterior, el correspondiente a este 2017, en que se produjo la experiencia piloto “con un balance positivo”, según la Corporación municipal.

Estas dos decisiones han sido algunas de las medidas que se tomaron en la reunión de la Comisión de Seguimiento de los Presupuestos Participativos de 2017 celebrada ayer lunes.

Estuvo presidida por el concejal de Transparencia y Buen Gobierno y Participación, Juan Pedro Torralba, y a ella han asistido el concejal de Calidad de Vida, Francisco Calderón, el concejal de Hacienda e Interior, Francisco Aznar, la concejala delegada de Hacienda, Isabel García, y otros miembros de la Corporación como María Teodora Guillén, Manuel Padín y Pilar Marcos, así como técnicos de las concejalías que intervienen.

En el encuentro se ha repasado el estado de ejecución de los proyectos que la ciudadanía votó en febrero y se propusieron las actuaciones para el ejercicio 2018.

Los integrantes de la Comisión decidieron que se iba a poner en marcha “un reparto más justo del dinero que se va a emplear por distrito y, además, se ampliarán las campañas de información y divulgación de la iniciativa y se incluirá una fase de priorización de propuestas”.

En esta ocasión las intervenciones tendrán un límite de coste de 75.000 euros de modo que en cada distrito se puedan ejecutar entre tres y cuatro infraestructuras del capital mínimo que se va a destinar a cada uno en función de su número de habitantes y de otros parámetros.

El 21 de diciembre es la fecha que en principio se ha designado para que se conozca qué actuaciones han sido asignadas, y previamente se pasará por un proceso de propuesta de iniciativas, selección y debate para sacarlas finalmente a votación.

Este año se pretende incrementar la participación y por ello se ha involucrado a los siete distritos y se tratará de proporcionar más tiempo. «Estamos muy convencidos de que hay que generar ese músculo que tenían las asociaciones de vecinos y que se había perdido», ha comentado Juan Pedro Torralba.

La concejala de Hacienda, Isabel García, ha expresado su satisfacción por la continuidad de esta experiencia y ha destacado que se han corregido algunos aspectos que eran mejorables.

Según ha especificado Juan Pedro Torralba, la intención del equipo de Gobierno es la de continuar implementando mejoras incluyendo las propuestas que les han remitido los grupos políticos y que no ha dado tiempo a incluirlas en el proceso de este ejercicio, pero que sí podrán añadirse para enero o febrero del próximo año, cuando se empiece a trabajar en los presupuestos de 2019. «Los integraremos también porque nos parecen buenas iniciativas», ha señalado el edil de Participación.

 

La CARM ayudará al sector de la construcción licitando casi setenta millones de euros en infraestructuras

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, anunció ayer lunes que su departamento sacará a licitación, en el último cuatrimestre del año, obras por valor total de 67.444.000 euros con el objetivo de “mejorar las infraestructuras regionales, así como reactivar el sector de la construcción de obra pública”.

Rivera hizo estas declaraciones durante un encuentro celebrado con el presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), Luis Fernández Mula, y el presidente de la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región de Murcia, Diego Fernández, en el que indicó que, “el esfuerzo inversor total de la Consejería durante 2017 superará los 81 millones”.

“Desde el Gobierno regional somos conscientes de la importancia de las infraestructuras como instrumento de cohesión económica y social, de vertebración del territorio y dinamizador de la actividad y el empleo”, manifestó el responsable regional que recordó que los contratos de obras publicados hasta septiembre superan los 14 millones.

“Si las infraestructuras son importantes para la vertebración de nuestra Región, no podemos perder de vista el valor que tienen en el desarrollo y en la actividad económica y en el empleo que se genera cuando hay obra pública”, manifestó Pedro Rivera.

El consejero no quiso perder la oportunidad de destacar la importancia del sector de la construcción en la Región “que ocupa a 32.760 trabajadores y continúa dando signos de recuperación con el crecimiento del empleo en el primer semestre del 7,6 por ciento, cerca de dos puntos por encima de la media nacional”.

Financiación público-privada

En las previsiones de inversión de la Consejería de Presidencia y Fomento, la partida más importante se destinará a la conservación de la Red de Carreteras de la Región de Murcia y supera los 19,5 millones, de los que 14,4 irán consignados al mantenimiento de las condiciones de las vías de gran capacidad.

“El Boletín Oficial de la Región de Murcia publica la licitación del contrato de conservación de las carreteras de la comarca del Altiplano y Cieza por valor de más de 5,1 millones de euros”, avanzó el consejero, que también destacó la próxima adjudicación del estudio económico-financiero y de viabilidad de la autovía Mazarrón-Puerto de Mazarrón, y la del tramo de la Autovía del Norte Venta Cavila-Venta del Olivo.

Pedro Rivera recordó que la construcción de estas obras se llevará a cabo con el sistema de financiación público-privada, “fórmula que permite que la ejecución de un proyecto no compute como déficit”. El mecanismo de financiación más idóneo vendrá definido en un estudio que próximamente se adjudicará “que también determinará la inversión, el período de concesión, ajustado a las características y necesidades de la infraestructura objeto de análisis y las condiciones económico-financieras.”

La Consejería ha anunciado que en este paquete inversor se incluye la mejora de ocho carreteras que afectan a los municipios de San Javier, Ojós, Archena, y Lorca, y supondrán una inversión de 11,3 millones.

Pedro Rivera destacó que al área de vivienda se destinará un total de 20,8 millones, y se continuará con la regeneración urbana de Lorca para lo que saldrán a licitación en lo que queda de año contratos por valor de más de 12 millones.

Ciudadanos “no cree” en la provincia de Cartagena

Ciudadanos asiste hoy martes a la reunión de la mesa de trabajo creada para estudiar “La viabilidad de la provincia de Cartagena y otras formas de descentralización” en el Palacio Consistorial, una iniciativa puesta en marcha durante esta legislatura por el anterior alcalde de Cartagena, José López (MC), con la intención de trasladar la idea de desarrollar “comarcas administrativas despolitizadas para optimizar los recursos públicos de la Comunidad Autónoma”.

De esta forma pretende “promover un modelo comarcal sostenible, rentable, y despolitizado para fortalecer el músculo económico de la Región de Murcia”.

La formación naranja pondrá encima de la mesa la necesidad de que se inste a la Asamblea Regional a realizar un estudio sobre la comarcalización administrativa de la Región “que conlleve la constitución de una Comisión técnica integrada por entidades y personas de reconocido prestigio y capacidad técnica, como paso previo necesario para cualquier iniciativa o proyecto legislativo en este ámbito”.

El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha explicado que se debe “abrir definitivamente el debate del desarrollo de las comarcas en esta Comunidad; estas entidades administrativas facilitan la mancomunidad de servicios comunes y la creación de una central de compras para reducir radicalmente el gasto en los ayuntamientos que lo conformen y liberar fondos para invertir en lo que realmente hace falta: incrementar las inversiones en infraestructuras estratégicas, asistencia social, educación, sanidad…”

El portavoz de C’s ha destacado que, al contrario de lo que sucede con otras propuestas de descentralización, como la biprovincialidad, su propuesta no supone la creación de nuevos cargos o estructuras políticas, ni genera duplicidades ni gastos superfluos e innecesarios.

“En Ciudadanos no queremos más cargos políticos, ni que los ciudadanos paguen más sueldos públicos, ni promover más nidos de corrupción, ya tenemos suficientes; la comarca que defendemos debe funcionar como una mancomunidad, a la que los ayuntamientos puedan adherirse de forma voluntaria para la prestación de servicios públicos comunes”, ha señalado el portavoz de Ciudadanos.

“No hay nada en la provincia, salvo los sillones políticos, que no pueda conseguir la comarca”, ha asegurado Manuel Padín que recuerda que el modelo de descentralización territorial que propone Ciudadanos “pasa por la supresión de las diputaciones provinciales, órganos poco eficaces y democráticos, cuyo principal gasto consiste en financiar su propia estructura”.

Según la formación, entre las ventajas que supondrá el desarrollo de la comarca administrativa, está que “se lograría mejorar la solidaridad y el equilibrio territorial en la Comunidad Autónoma, y supondría una herramienta de gestión y coordinación despolitizada con la que ganar eficiencia en el uso de los recursos públicos locales; la fuerza que tendríamos como comarca para reclamar un justo reparto de la financiación sería enorme”.

Un reciente estudio de la Universidad de Murcia sobre el desarrollo de una comarca integrada por Cartagena, La Unión, Fuente Álamo y Torre Pacheco afirma que “el coste total que le supondría a esta comarca la prestación de los servicios de recogida, gestión y tratamiento de residuos, el transporte colectivo de personas y el de prevención y extinción de incendios ascendería a 57,9 millones de euros, frente a los 63,6 millones de euros que le supondría prestarlo de forma individualizada”.

“Por tanto –añade- mancomunar sólo tres servicios públicos de cuatro ayuntamientos puede suponer un ahorro de 5,7 millones de euros de ahorro cada año”.

 

Se multiplican por cuatro las solicitudes de asilo en el puesto fronterizo de Barajas

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) solicitan una solución a los problemas estructurales en torno a la situación de solicitantes de protección internacional en el Puesto Fronterizo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se han cuadriplicado las solicitudes de asilo en el último año; y exigen a los poderes públicos que garanticen los derechos de las personas que solicitan asilo.

Ambas entidades señalan que, pese a tener capacidad para ochenta personas, las dependencias de la Terminal 1 del aeropuerto de Madrid-Barajas se han visto desbordadas ante las peticiones de protección internacional, especialmente durante los meses de julio y agosto. Además consideran como “inadecuadas las instalaciones”, debido al deterioro de las mismas, “y el personal asignado”.

Asimismo, el Colegio de Abogados de Madrid y CEAR consideran que la situación lejos de mejorar irá a peor, puesto que “en los últimos meses no se ha dado una respuesta adecuada a la situación”, a pesar del notable esfuerzo realizado por todos los agentes implicados en esta situación (Organismos internacionales, Organizaciones especializadas, Organizaciones civiles, abogados, interpretes, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Magistratura, etc). No obstante, señalan algunos de los problemas estructurales que actualmente persisten:

Confusión en la asignación letrada (abogado de oficio, particular, organizaciones), sin comprobar la opción elegida por el solicitante de asilo.

Falta de información y notificación a los abogados sobre las resoluciones dictadas o las notificaciones de las denegaciones de protección internacional, así como del momento en que se produce la devolución de los solicitantes de asilo a sus países de origen.

Dificultades para coordinar la presentación de los reexámenes.

Por ello, los abogados de Madrid y CEAR emplazan a los poderes públicos a ofrecer una “respuesta adecuada a este desafío” a través de “la colaboración estrecha de todos los agentes implicados para definir el rol de cada uno” de ellos en estos procedimientos a fin de “garantizar la legalidad y el escrupuloso respeto de los derechos de todos los solicitantes de protección internacional”.

UGT exige que el gobierno aumente las pensiones de viudedad

Mari Carmen Barrera secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, ha declarado que el sindicato exige al Gobierno “que cumpla con la ley y suba las pensiones de viudedad, tal y como marcaba la ley que se aprobó en 2011(recuperando la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 de 1 de agosto), del 52% de la base reguladora al 60%”- para mayores de 65 años y que no perciban otra pensión pública.-.

En declaraciones, Mari Carmen Barrera que el Gobierno ha suspendido reiteradamente la entrada en vigor de una ley, que debía producirse de forma progresiva y homogénea, a lo largo de 8 años, a partir de enero de 2012.

La suspensión de dicha ley ha condenado a la mayoría de los beneficiarios y beneficiarias de pensiones de viudedad de este país, casi dos millones y medio, a pensiones que se sitúan en el umbral de la miseria y por debajo del salario mínimo interprofesional.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT exige que “estas pensiones sigan formando parte del sistema de seguridad social, ya que no solo son pensiones contributivas, sino que su salida tal y como se ha planteado, no resolvería el problema del déficit de la Seguridad Social”.

UGT sigue exigiéndole al Gobierno que aporte soluciones al futuro y sostenibilidad del sistema de pensiones. Mari Carmen Barrera recuerda que a partir del 30 de septiembre “vamos a iniciar unas marchas que recorrerán toda la geografía de nuestro país”, convocadas UGT y CCOO, conjuntamente con las Uniones de Jubilados y Pensionistas de ambas organizaciones. “Porque es necesario que se garantice el poder adquisitivo y la suficiencia de las pensiones, para que el futuro de nuestro país no pase por unas pensiones de miseria” a afirmado Mari Carmen Barrera.

​Una norma que el Gobierno ha suspendido «reiteradamente», que debe  aplicar  de «forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012», tal y como establece la norma ha afirmado la representante de UGT. Es decir hay que volver a revalorizar las pensiones conforme al coste de la vida, “recuperando el consenso político y social en este sentido, quebrantado por la reforma de pensiones impuesta por el Gobierno en 2013”. Una reforma que hay que derogar y que Mari Carmen Barrera ha reiterado repetidamente desde que accedió al cargo.  

Para UGT, las evasivas que el Gobierno alega, para no cumplir con la ley del 2011, “que este incremento supondría un importante coste para el sistema de la Seguridad Social”, son una excusa ante la débil situación financiera que ha atravesado nuestro sistema público de pensiones y que a juicio de UGT “es responsabilidad del Ejecutivo, que ha incumplido la ley, aplazando anualmente la entrada en vigor de esta medida”.

El sindicato nos aporta algunos datos sobre las pensiones de viudedad y orfandad

En España hay 2,3 millones de beneficiarios de pensiones de viudedad, 300.000 más que en 2000. Esto supone que el colectivo ha crecido un 16% en los últimos quince años. Además, hay otros 339.946 perceptores de pensiones de orfandad y 39.122 beneficiarios de una prestación en favor de familiares.

El viudo o viuda cobra el 52% de la base reguladora del fallecido con carácter general.

Y este porcentaje se debería elevar, según la ley incumplida por el Gobierno, al 70% de la base reguladora si se dan los siguientes requisitos: si el perceptor vive con hijos menores de 26 años o discapacitados a su cargo y los ingresos de la unidad familiar divididos en el número de miembros no superen anualmente el 75% del salario mínimo; que la pensión de viudedad sea la única fuente de ingresos (al menos el 50%) y que no tenga otros rendimientos por valor de una cantidad que se fija anualmente.

En el caso de la orfandad y en favor de familiares, su cuantía es del 20% de la base reguladora del fallecido.

Estos cálculos sitúan la pensión media de viudedad en 2015 en 630 euros al mes en catorce pagas; la cuantía media de las de orfandad es de 370,5 euros mensuales y el promedio de la de favor de familiares asciende a 517 euros.

Dos de cada diez pensiones contributivas son de este tipo, el 70% son de jubilación y el 10% restante, de incapacidad.

La edad media de las beneficiarias de pensiones de viudedad es de 73,4 años. Si bien hay 47 beneficiarios de entre 20 y 24 años y poco más de 455 menores de 29 años.

Uno de cada tres beneficiarios de viudedad cobra complemento a mínimos porque con lo cotizado por su cónyuge no llegaría a la pensión mínima de su clase. Esto se eleva al 47% en los casos de orfandad y al 55% en los de favor de familiares.

Cataluña es la comunidad que más gasta en pensiones de supervivencia, seguida de Andalucía.

Ante estos datos que dejan a la mayoría de las pensiones de viudedad por debajo del SMI y en el umbral de la pobreza, UGT “considera necesario y urgente, aumentar y garantizar la calidad de vida de estos pensionistas, incrementando la cuantía de las pensiones” (todas se deben actualizar conforme al IPC).

El sindicato exige eliminar el copago farmacéutico para todas aquellas pensiones inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, pues supone un grave recorte al poder adquisitivo de dichos pensionistas.

Las pensiones de viudedad y orfandad deben permanecer en el Sistema de Seguridad Social 

UGT considera “irrenunciable” que las pensiones de viudedad y orfandad permanezcan en el Sistema de Seguridad Social. Son pensiones de carácter contributivo y sacarlas del sistema, “financiándolas vía impuestos, además de ser injusto, sería ir en contra de la ley y ponerlas en un claro riesgo” ha afirmado Mari Carmen Barrera secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social.

UGT denuncia que el paso progresivo de las pensiones de viudedad y orfandad a financiación vía presupuestos cambiaría “estas pensiones a asistenciales”. De tal forma que  se integrarían en los sistemas de asistencia social de las CCAA, “lo que supondría su salida del sistema de Seguridad Social y una tremenda injusticia pues no solo serían objeto de recorte y unificadas a cuantía única, sino que su financiación y el derecho a cobrar esta pensión no quedaría garantizado”, ha denunciado el sindicato.

Esta propuesta, a juicio de UGT, “no resuelve ningún problema y segrega estas prestaciones”. Una medida que para el sindicato, no sirve tampoco para atajar el déficit de la Seguridad Social. Un déficit que afecta al conjunto del sistema y como tal debe abordarse, a través de propuestas consensuadas en el ámbito del Pacto de Toledo y del diálogo social.

La oposición denuncia los robos en Lorca y la policía detiene a un presunto ladrón

La Viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez Jódar ha denunciado una nueva oleada de robos durante el último fin de semana en pedanías. En concreto, el PSOE ha conocido a través de diferentes vecinos y colectivos, de que varias viviendas de Cazalla, Pulgara y Campillo fueron saqueadas durante el pasado fin de semana.

Sánchez Jódar asegura que esta situación, «debido a la inacción del Partido Popular», se ha convertido en una “negativa constante” que semana tras semana está poniendo “en jaque” la tranquilidad de los vecinos, especialmente de aquellos que residen en pedanías. Desde el PSOE aseguran que esta situación “se le está yendo de las manos” al actual Alcalde, por lo que le piden que exija al Delegado del Gobierno, de su mismo partido, los medios “personales y técnicos necesarios” en materia de seguridad ciudadana.

La edil socialista advierte a Gil Jódar que se “tome en serio” la situación de “especial gravedad” que se está viviendo en pedanías en las últimas horas. Por ello, y especialmente de cara a la época de feria y fiestas, piden al actual Alcalde que exija a Delegación del Gobierno que refuerce la seguridad, dotando estas zonas del término municipal con la presencia de la Guardia Civil, para labores de vigilancia preventiva.

Según testimonios de vecinos afectados, la mayoría sucedieron mientras los propietarios de estas viviendas se encontraban fuera de casa. Esta situación incrementa la preocupación y las incertidumbre entre los vecinos, quienes aseguran que la desprotección es tal que los cacos “campan a sus anchas” por las pedanías ya que “conocen perfectamente los movimientos de los vecinos”.

“Esta pasada noche han vuelto a robar en Cazalla. La Policía me dice que informemos de cualquier cosa que veamos, aunque creamos que no es importante. Creen que los amigos de lo ajeno que pasaron anoche por Cazalla iban en un Volskwagen Passat negro. Así que si veis algo raro, llamar de inmediato a la patrulla rural de la Policía Local”. “Pasadlo a los grupos de Whatsapp que haya vecinos de Cazalla. Es importante que comuniquemos cualquier cosa que veamos”. Estos son algunos de los mensajes que circulan entre los grupos de Whatsapp creados este verano, donde también los propios vecinos se plantean la posibilidad de hacer ellos mismos patrullas vecinales de vigilancia, con el riesgo que ello conllevaría.

Se trata, en definitiva, de un ejemplo gráfico más de que los robos en viviendas de pedanías no han dado tregua y han seguido ocurriendo durante la última semana, no sólo en Cazalla: también en Campillo y Pulgara, se han registrado multitud de robos y de intentos frustrados en tan solo un fin de semana.

Por todo ello, Sánchez Jódar vuelve a exigir al PP que cumplan con su promesa con la que se presentaron a las Elecciones en 2007 y abran “de una vez” los cuarteles de Policía Local construidos en pedanías. La edil pide que asigne una patrulla de Policía rural “permanente” a cada uno de los centros territoriales de seguridad que construyeron en pedanías, y doten al cuerpo de Policía Local de los medios para que puedan desempeñar su trabajo.

En este sentido, Marisol Sánchez reprocha al PP que “por muchas veces que lo repitan en la misma nota de prensa, no van a convertir en verdad lo que es mentira, y todo el mundo ve: los cuartelillos de las pedanías están cerrados a cal y canto”.

Por su parte, la concejala de Izquierda Unida – Verdes, Gloria Martín, ha denunciado la falta de interés del equipo de Gobierno municipal del PP para solucionar las graves deficiencias que afectan a los vecinos del Camino Felí (diputación de Cazalla) y que le fueron trasladadas, por escrito, el pasado mes de febrero por parte de su formación política.

Martín señaló que el nuevo curso escolar comienza con una situación de “inseguridad injustificable” para los 18 menores de la zona que utilizan a diario el transporte público escolar para desplazarse al colegio Virgen de las Huertas.

“Se ven obligados a cruzar una carretera que no cuenta con ningún tipo de señalización que advierta del paso de escolares, ni con una marquesina que les proteja de las condiciones climatológicas y les aparte del tráfico rodado. Ni siquiera existe un arcén mínimamente acondicionado, por lo que el autobús tiene que parar en plena carretera”, denunció Martín.

Por ello, la edil de IU-Verdes volvió a reclamar que en este trayecto se habiliten paradas para el transporte infantil que ofrezcan la “máxima seguridad” a los escolares de este centro público. “Tienen conocimiento de esta grave carencia desde hace siete meses, tiempo suficiente para haber hecho los deberes y dar respuesta a una petición vecinal más que razonable porque está en juego la seguridad de menores”.

Gloria Martín también ha reclamado al equipo de Gobierno que atienda la histórica demanda vecinal de instalar alumbrado público “al menos en la zona más urbanizada” del camino. “Cuando cae la noche los vecinos tienen que caminar con linternas porque no hay una sola farola en un camino en el que viven numerosas parejas jóvenes, con hijos pequeños, y también personas de avanzada edad”, explicó la edil de IU-Verdes. “No tiene ningún sentido que el Ayuntamiento permita la urbanización de la huerta de Lorca y que después no dote al vecindario de servicios básicos como alumbrado público”, aseguró.

La concejala de IU-Verdes también se refirió a la oleada de robos que están sufriendo los vecinos de las diputaciones de la huerta lorquina. Sólo el pasado fin de semana se produjeron una decena en Cazalla. “Los afectados nos cuentan que los efectivos de la Guardia Civil tardan más de dos horas en personarse en el lugar de los hechos por la falta de dotación. Se sienten desprotegidos y abandonados”, se lamentó Martín.

Al respecto, la edil aludió a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que recientemente denunciaba la falta de “462 agentes en la Región de Murcia entre Guardia Civil y Policía”, debido “a las exageradas políticas de austeridad que han tensionado el servicio de seguridad pública” en los últimos años.

Gloria Martín estimó que el déficit de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se sitúa, en Lorca, en torno a los 30 agentes. A la falta de efectivos se suma una distribución de personal muy desigual en los distintos puntos del municipio. Al respecto, la edil recordó el cierre en la práctica de los cuarteles de Policía Local en pedanías –después de una cuantiosa inversión económica– o el hecho de que el de la Guardia Civil en Zarcilla de Ramos esté abierto a la atención al público dos mañanas a la semana. “Si la seguridad en el casco urbano no es para tirar cohetes, en la Lorca rural las carencias son clamorosas” dijo Martín, quien instó al equipo de gobierno del PP a “reabrir los cuarteles de la Policía Local de Ramonete, Almendricos, Purias, La Hoya y Zarcilla de Ramos” y a reclamar ante el Ministerio del Interior el aumento de las plantillas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Lorca”.

Finalmente, la Concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Lorca, María Belén Pérez, ha informado que agentes de la Policía Local de nuestra ciudad detuvieron a un individuo en la madrugada del pasado domingo como presunto autor de la sustracción de una hucha petitoria en el popular Merendero Padilla, ubicado en la zona de Las Alamedas.

La Edil de Seguridad ha explicado que esta intervención se llevó a cabo por parte de la Unidad Preventiva y Protección de la Seguridad Ciudadana de la  Policía Local. Los hechos se derivan de una llamada recibida en la sala 092 sobre las 00,30 horas del domingo, en la que el propietario del merendero “Los Padillas”, en Alameda Corregidor Lapuente, denunciaba que un individuo de unos 25 años, cuya descripción respondía a un varón con una estatura de 1,70 mts, pelo rapado con la parte superior en punta y piercing en el labio había sustraído una hucha con dinero, emprendiendo huida hacia las vías del tren, sentido Murcia.

Pérez Martínez ha señalado que a la vista de la información recibida se establecía un dispositivo policial para tratar de localizarlo a lo largo de la vía férrea, desde Alameda de la Constitución hasta San Diego. Gracias a la colaboración ciudadana de un grupo de jóvenes los agentes logran localizar a este individuo que, ante el requerimiento de los agentes, emprende huida a la carrera por residencial Miguel Ángel, Avenida de Juan Carlos I hasta Plaza Real donde consiguen darle alcance, procediendo a su detención.

La Concejal de Seguridad ha manifestado que a continuación los agentes cotejaron el contenido de las grabaciones efectuadas por las cámaras de seguridad del local y se constató que efectivamente, y sin ningún género de dudas, se trata del autor de la sustracción, por lo que se instruyen las diligencias oportunas en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía.

María Belén Pérez ha indicado, además, que esta actuación se enmarca dentro del dispositivo conjunto para la Feria y Fiestas del municipio establecido y coordinado en el seno de la Junta Local de Seguridad celebrada al efecto la semana pasada. Estamos hablando de un operativo unificado que armoniza el trabajo de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil y miembros de seguridad privada, entre otros efectivos.

La plataforma Ahora recibe el apoyo de políticos relevantes

Plataforma Ahora, cuya presentación pública fue el pasado mayo, da un paso más en su carrera. Los integrantes de la formación celebran la presentación de Plataforma Ahora en Barcelona y rostros conocidos apoyan a su causa. Francesc de Carreras, Pedro Insúa y Martu Garrote son algunos de los nuevos apoyos.

El portavoz de Ahora, Gorka Maneiro, comienza el curso político con reuniones “muy provechosas” con personas relevantes, con periodistas y también con ciudadanos anónimos. Personas que ya apoyan la causa de esta nueva formación. En estos últimos días los nuevos integrantes han firmado el manifiesto fundacional.

Una de las nuevas incorporaciones es Francesc de Carreras, jurista y colaborador desde hace muchos años en las principales cabeceras españolas. Es al mismo tiempo, uno de los fundadores de Ciudadanos, que, como Félix Ovejero y Sevi Mora, también se adhiere a Plataforma Ahora. Otro de los firmantes es Pedro Insúa, filósofo y colaborador de radio, además de haber escrito varios libros y numerosos artículos en revistas de filosofía.

Además de Francesc de Carreras y Pedro Insúa, se suman la política socialista Martu Garrote, habitual en las tertulias políticas y crítica con el rumbo actual que ha tomado el partido socialista y Víctor Gómez Frías, militante socialista que colabora en varios medios de comunicación.

Estas adhesiones se suman a las de Fernando Savater, Féliz Ovejero, Andrés Trapiello, Féliz de Azúa o Andrés Aberasturi, entre otros. Según su portavoz, la filosofía de Plataforma Ahora es “tejer puentes y unir a personas que compartimos las ideas de izquierda cívica, socialdemocracia, regeneración y unidad de España”.

Algunos de ellos se encontrarán el próximo sábado 16 de septiembre en Barcelona para la presentación de Plataforma Ahora Barcelona, evento al que también asistirán miembros de otros colectivos y plataformas.

Arden los juzgados de Valencia la semana del caso Taula

El cúmulo de casualidades que rodean todos aquellos casos de corrupción en los que está implicado el Partido Popular es asombroso. Suicidios, muertes precoces, pérdida de archivos y, ahora, un incendio en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Justo en la semana en que se iba a conocer el auto del juez del caso Taula. Hoy ya no se podrá conocer qué impresiones y qué peticiones hace el juez instructor del caso y mañana, según fuentes judiciales, es posible que tampoco. Aunque durante la semana se hará público con total probabilidad el auto.

En principio los juzgados afectados son los cuatro de primera instancia, los cuales estarán parados sin fecha de regreso. Los únicos activos son los de guardia, violencia contra la mujer e incidencias. El decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, ha asegurado que, de momento, “vamos a trabajar para habilitarles un espacio en una zona diáfana de la segunda planta”. Pero el sine die es la respuesta que se ofrece a quien pregunta.

El incendio se produjo el domingo y ninguno de los sistemas de detección de incendios se activó. Fue un vecino, mientras paseaba a su perro, el que llamó al 112 al ver que salía humo del interior de los juzgados. Rápidamente llegaron ocho dotaciones de bomberos que controlaron el incendio y evitaron que se extendiese más allá. No llegó el mismo, para desgracia de alguien, a los juzgados de instrucción que han quedado a salvo, aunque inhábiles por una cuestión sanitaria referida a los gases contaminantes.

Gabriela Bravo, consellera de Justicia de la Generalitat, acudió por la noche a visitar zona afectada y por la mañana decidió solicitar a la administración de Justicia que cerrase el edificio debido a las condiciones insalubres y la posibilidad de un nuevo foco que existía. Igualmente, la consellera ha anunciado la creación de una investigación interna y reservada sobre el trabajo de la empresa contratada por la Generalitat para prestar el servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad de la Ciudad de la Justicia que aclare las circunstancias del incendio.

Por su parte, los sindicatos han denunciado que en la Ciudad de la Justicia no se han realizado simulacros de incendios “desde hace más de una década”. “Los planes de evacuación están obsoletos por completo desde hace más de diez años. La gente no conoce el plan de evacuación, los puntos de encuentro o las salidas, que además están precintadas», lamentó Luis García, a la par que añadía que dichos planes «están colgados en la intranet pero no publicitados».

El caso es que las “circunstancias de la vida” han dado unos días más de respiro al Partido Popular y su “otro” caso aislado que tiene en Valencia. El día de la Diada catalana ha tenido la suerte de no tener que estar hablando de su corrupción y el saqueo valenciano. Han podido hablar de lo malos que son los independentistas catalanes. En dos días, seguramente, sí se hablará sobre Taula, el pitufeo o Rita Barber