domingo, 5 abril, 2026

La suspensión del trasvase Negratín-Almanzora deja sin agua a más de 19.000 hectáreas en el Levante almeriense

El trasvase Negratín-Almanzora ha quedado suspendido a consecuencia del descenso de los niveles de reserva en los embalses de cabecera que lo alimentan. Desde hace unos días, los pantanos de El Portillo, San Clemente y La Bolera, ubicados en las estribaciones de la sierra de Cazorla, se encuentran por debajo del 30% de su capacidad. Esto ha motivado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir haya decidido la suspensión del trasvase en cumplimiento de lo estipulado en el plan hidrológico de la cuenca. En consecuencia, la comarca del Almanzora ha dejado de recibir los recursos hídricos con cargo a su dotación anual de 43 Hm3 procedentes del Negratín. Esto supone que más de 19.000 hectáreas de cultivos intensivos y extensivos se quedarán sin agua de riego.

La pérdida de los 43 Hm3 de agua de riego procedentes del trasvase Negratín-Almanzora se suma a los 20 Hm3 que tampoco se reciben actualmente del Tajo-Segura y a los 15 Hm3 que nunca llegaron a suministrarse de la desaladora de Cuevas del Almanzora, inutilizada tras las inundaciones de 2012. Por tanto, los regantes del Almanzora cuentan con 78 Hm3 menos para iniciar la nueva campaña agrícola.

La Federación de Regantes de Almería (FERAL) considera que la situación en la comarca es de extrema gravedad. “El panorama es desolador, ya que a la sequía estructural que padece la zona hay que añadir la pérdida de recursos hídricos procedentes de otras cuencas, algo que tendrá consecuencias inmediatas”, aseguró José Antonio Fernández, presidente de FERAL. De hecho, se espera una reducción inmediata en el número de jornales generados, ya que la actividad agrícola descenderá de forma importante al disminuir la superficie de producción.

A juicio de FERAL, lo más grave de esta situación es que los regantes no cuentan con recursos hídricos alternativos para garantizar la normalidad de la campaña agrícola. Por ello, reclama urgentemente al Gobierno de España que apruebe un Pacto Nacional del Agua que contemple la realidad del agua de riego en la provincia de Almería y que autorice los trasvases que sean necesarios. “En España hay agua suficiente para todos, pero está mal repartida y tampoco existen las infraestructuras necesarias para transportarla hasta donde se necesita”, dijo José Antonio Fernández.

La Federación de Regantes apuesta por la combinación de recursos hídricos de distinta procedencia como la estrategia más segura para garantizar la continuidad de la actividad agrícola. La desalación, la reutilización, las aguas de lluvia y los trasvases deben combinarse con inteligencia y con criterios de sostenibilidad para permitir que Almería mantenga su liderazgo hortofrutícola en los mercados europeos.

Para FERAL es fundamental la conclusión de la Autovía del Agua entre los embalses de Rules y Cuevas porque permitiría a las comunidades de regantes compartir entre ellas todos los recursos hídricos disponibles y auxiliarse en caso necesario. “El Almanzora, después de lo sucedido en el Bajo Andarax, es el segundo ejemplo en pocos meses de las consecuencias desastrosas que la inacción política puede tener para el principal sector económico de Almería, ya que la falta de infraestructuras deja tirados a miles de productores sin agua para subsistir”, aseguró José Antonio Fernández.

La recuperación económica, tiene que trasladarse a todos, también a los desempleados

En siete años, los recursos destinados a políticas de empleo han caído el 38%. Mari Carmen Barrera secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, ha declarado que para UGT, “la recuperación económica tiene que reflejarse en la mejora de la protección de los desempleados, pues no hay justificación posible, a que con crecimiento del PIB, siga viendo aún la mitad de los parados sin protección”.

En 2017 el presupuesto para el desempleo sigue cayendo el 3,93%, a pesar de que la situación de los desempleados cada vez es peor, pues la tasa de cobertura ha pasado del 78, 4 % en 2011, a cerca del 54% en 2017. Mari Carmen Barrera denuncia que las bonificaciones a la contratación “no dejan de aumentar, mientras disminuye la mayoría de las partidas destinadas al empleo, como las del personal de los servicios públicos de empleo”.

Para la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, la recuperación económica, con un crecimiento del 3,5% del PIB, “tiene que trasladarse a todos y todas, también a los desempleados”. Por eso UGT insiste en un plan de choque por el empleo con especial atención a las personas desempleadas con mayores dificultades de inserción, “como los mayores de 50 años y los jóvenes, que además incluya políticas activas eficaces y personalizadas desarrolladas desde unos servicios públicos de empleo con dotación económica suficiente”, ha declarado Mari Carmen Barrera.

UGT denuncia que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 recortan el gasto en empleo un 3,93%, intensificando la precarización de estas políticas. Un descenso que se acumula una pérdida de recursos para políticas de empleo del 38% entre 2010 y 2017.

El sindicato denuncia que la cuantía programada para prestaciones por desempleo desciende a 18.027 millones de euros, un 6,7% menos que en los PGE 2016, en una situación en la que más de 4,2 millones de personas (según la EPA) en paro. Mientras la tasa de cobertura no logra subir del 55% y casi 6 de cada 10 desempleados lleva buscando empleo más de un año.

Pero UGT no se queda ahí, su denuncia se extiende a las partidas de políticas activas de empleo, que se dotan de 5.575 millones, un 6,36% más que en 2016, pero “cuyo ascenso no se destina a mejorar los servicios públicos de empleo”. El sindicato nos recuerda que este aumento se concentra en el pago de las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social por contratación “que crece un 11,67%, hasta 1.825 millones, lo que supone un tercio del conjunto de políticas activas, aumentando cada año su peso en el total”, según datos de UGT.

Hay un descenso continuado en las partidas para parados de larga duración, quéaún son el 54,4% de los 3,46 millones de personas desempleadas, y que apenas cuenta con unas partidas presupuestarias de 23,9 millones.

Para UGT, no se entiende como, en un contexto de crecimiento económico, las partidas de prestaciones y las políticas activas, han vuelto a descender en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Para el sindicato, el presupuesto de 2017 es insuficiente para atender a los más de 3,46 millones de parados –según datos de la última EPA-. Por cada desempleado registrado en los Servicios Públicos de EmpleoSEPE– se van a destinar 6.932 euros, 2.603 euros menos que en 2010 (9.535 euros) y muy lejos de los niveles europeos.

La caída del gasto total en 2017, frente a 2016, tiene su origen en un menor presupuesto en prestaciones por desempleo, que se reducen en 1,3 millones de euros (un -6,7%). Entre otras, descienden las partidas de prestaciones contributivas (-4,9%), subsidios (-14,2%), Renta Activa de Inserción (-23,9%) y Programa de Activación para el Empleo (-20%).

Entre todos estos datos negativos, para las políticas activas de empleo, el sindicato destaca la caída del presupuesto para la ayuda del PAE, que pasa de 350 a 280 millones, a pesar de que, según mantiene el Gobierno, la prórroga del programa aprobada en el mes de abril –pendiente de otra prorroga, que finalmente no se produjo en el Consejo de Ministros pasado, tal y como se había aprobado con los agentes sociales-, cubría a más personas desempleadas de larga duración, -debido a la modificación en algunos requisitos de acceso-; Algo difícil de creer con unos presupuestos para el programa que cae un 20%.

Hoy se reúne la Mesa del Diálogo Social del Plan de Choque para el empleo, que entre otros asuntos, debatirá la modificación del Programa PAE, para adecuarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional, que derribada su gestión a las Comunidades Autónomas.

En los Presupuestos Generales del Estado se crea una partida de 500 millones de euros destinada a ayudas para jóvenes a través del Plan de Garantía Juvenil, cuyas medidas que pretende el Gobierno financiar con estos recursos, no han pasado previamente por la Mesa del Diálogo Social, a pesar de haber sido anunciadas por la Ministra de Empleo recientemente.

UGT denuncia el excesivo optimismo de gobierno en sus previsiones económicas y de creación de empleo. Los PGE son partidas puramente económicas. Este criterio, para el sindicato, no debería prevalecer “porque el descenso en el gasto en prestaciones por desempleo no sólo es consecuencia del menor número de personas desempleadas (a veces que ni siquiera encuentran un empleo y pasan a la inactividad por efecto desánimo, sin protección), sino sobre todo del endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones, del agotamiento de los periodos de prestación contributiva por la extensión de la situación de desempleo, del descenso del número de beneficiarios y también de las menores cuantías medias recibidas”.

UGT considera que para diseñar estas partidas se deberían utilizar otros criterios no económicos, que son determinantes y se centran en la situación d desprotección de las personas. Para el sindicato, “no es coherente este presupuesto con un país que, a pesar del crecimiento del empleo, -de peor calidad- presenta una tasa de paro del 18,75%; con 4,2 millones de parados”.

Para UGT, no es la mejora del empleo la que está reduciendo los gastos en prestaciones, sino el debilitamiento del sistema de cobertura, y manifiesta que “hay situaciones de necesidad provocadas por el desempleo, que deben ser atendidas. Que no se puede limitar exclusivamente a proteger según la actual normativa; y no sólo no debe reducirse, sino que debe aumentar para dar mayor cobertura”.

UGT denuncia que los presupuestos aprobados para 2017 están desigualmente repartidos. El incremento del gasto en políticas activas queda absorbido por el que tienen como destino las bonificaciones para todo tipo de contratación. No está orientado, como plantea UGT, a itinerarios de inserción y a mejorar la empleabilidad de las personas, mediante la mejora de los servicios públicos de empleo, sino a subvencionar, de forma ineficiente, la contratación.

UGT recuerda que hay que evaluar la partida de bonificaciones, por la posible existencia de peso muerto en los contratos realizados. El sindicato recuerda que “podrían ser contrataciones que se llevasen a cabo sin la ayuda”. La ayuda a la contratación crece un 11,67%, pasando de 1.635 millones a 1.825, con un peso cada vez mayor en la cuantía total de políticas activas (del 33% en 2017, frente al 31% en 2016).

Para UGT es incomprensible que las partidas “de gastos de personal del Servicio Público de Empleo Estatal y de modernización de los servicios públicos de empleo permanezcan congeladas otro ejercicio más”.

UGT reclama un plan de choque “que atienda con especial atención a las personas en desempleo con mayores dificultades de inserción, como mayores de 50 años y jóvenes, así como medidas de políticas activas centradas en la empleabilidad de las personas y desarrolladas a partir de servicios públicos de empleo de calidad”.

«Hay personas que no quieren que hablemos»

Los promotores del referéndum de Cataluña, Junts Pel Si (antigua Convergencia i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya) y la CUP son conscientes de que están perdiendo la batalla tanto de la opinión pública como de los apoyos de cara a la consulta. Sobre todo, el PdCat y ERC son conscientes de ello y no quieren aparecer como los causantes del fracaso. Saben los dos primeros partidos que están perdiendo al pueblo, ese mismo pueblo que llenó las calles en La Diada de 2012 reclamando la independencia. Para evitar que esto ocurra estarían buscando que se adopten soluciones radicales para resolver el problema y, de este modo, tener una justificación para la no celebración de la consulta.

Entremos en el terreno de la hipótesis. Supongamos que un juez de la Audiencia Nacional enviara a la Guardia Civil a registrar la Generalitat. Ante esta situación, Jordi Turull se enfrentaría a los agentes y trataría de impedirles la entrada. Por esta acción, los agentes lo detendrían por desacato y desobediencia a la autoridad. Ya tendrían la justificación: «tropas de ocupación españolas acaban con la libertad en Cataluña. Ya tendrían un héroe, aunque no sea de la misma categoría de Lluis Companys que fue fusilado en los fosos del castillo de Montjuic al grito de «¡Per Catalunya!». A Turull, por su desobediencia le caería una pena menor, pero les valdría la pena porque los independentistas ya tendrían a su mártir.

Por su lado, la CUP, por su presunta ideología anticapitalista que no es otra cosa que la transposición del anarquismo tradicional a los nuevos tiempos, agitaría las calles y provocaría la intervención de las fuerzas de seguridad —damos este nombre genérico ante la incógnita que supone lealtad de los Mossos d’Esquadra.

Periodistas de todo el mundo cubrirían la noticia y ese sería el altavoz para presentar ante el mundo a los presuntos mártires y la tiranía del Estado español que no habría permitido el referéndum. Estos medios nacionales e internacionales serían claramente utilizados —y en algunos casos se dejarían utilizar— como altavoz ante el pueblo catalán para justificar el fracaso de su desafío secesionista. Y todo ello en una región que acaba de sufrir el azote del terrorismo internacional, argumento que, evidentemente, explotado hasta el hartazgo por quienes encabezan un órdago que, según va pasando el tiempo, se va convirtiendo en un farol. No temblarán para usar los atentados como justificación.

Ante esta hipótesis que, según se están tensando las cosas, cada vez es menos utópica, podríamos encontrarnos con una situación en que se estén utilizando las mismas técnicas y la misma filosofía que usó George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Del total de los más de 3000 asesinados, los que eran de origen estadounidense no llegaron a 400. Un 95% de los que se encontraban en las Torres Gemelas eran residentes en los Estados Unidos, muchos de manera ilegal, pero no nacionales. El 11-S justificó la aprobación de la USA Patriot Act, la invasión de Afganistán y la de Iraq, con las consecuencias que todos conocemos: la generación de un estado de miedo que permitió que los ciudadanos estadounidenses permitiesen que se les derogaran derechos constitucionales sin ningún tipo de protesta; la desestabilización de la región de Oriente Medio; la alimentación de los distintos movimientos terroristas (Al Qaeda, talibanes y Estado Islámico, entre otros); el enriquecimiento de las multinacionales del armamento como el Grupo Carlyle y de las empresas petroleras que recogieron el botín de Iraq.

Hay demasiadas dudas respecto a los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Tantas incógnitas que pueden llegar a justificar las sospechas de que no se gestionó bien la información recibida tanto de los servicios de inteligencia internacionales como de los españoles. El gobierno de Cataluña aún no ha explicado qué ocurrió en Alcanar, por qué desde un principio se pensó que se trataba de un asunto de estupefacientes cuando se encontraron gran cantidad de bombonas de butano en un primer momento y, posteriormente, cientos de ellas. ¿Es una casualidad? ¿Por qué los Mossos d’Esquadra no investigaron desde un primer momento una explosión de tal calibre? ¿Por qué no se interrogó desde un primer momento a vecinos, a los supervivientes de la explosión o a los dueños de la casa? No hacerlo es una negligencia de libro, exactamente igual que no permitir que los TEDAX de la Guardia Civil pudieran acceder al escenario de la deflagración.

La prensa catalana, algunos periodistas españoles, las propias autoridades dan la sensación de que pretenden quitarle responsabilidad al gobierno catalán con el argumento de que, tanto el atentado de Las Ramblas como el de Cambrils, fueron improvisados tras la explosión de Alcanar. Sin embargo, las cadenas de errores precedentes no hacen justificable la excusa de la improvisación. ¿Acaso el atentado es el argumento que necesitaban los independentistas para poder aplicar esas técnicas de propaganda más propias de una dictadura que de una entidad que pone siempre el argumento de la democracia para justificar el referéndum? ¿Se están utilizando los atentados como excusa martirológica? ¿A dónde vamos a llegar? No se trata de nacionalismos, ni catalán ni español, se trata de la dignidad de los políticos porque no se puede permitir que un atentado en el que han muerto 16 seres humanos y fueron heridas cientos de personas se utilice como arma política.

Exactamente lo mismo ocurre con la utilización del terrorismo internacional para justificar acciones militares o para derogar los derechos constitucionales de la ciudadanía aprovechándose del miedo que generan estas acciones. Estados Unidos lo aprovechó, Francia lo aprovechó, Reino Unido lo aprovechó y sus ciudadanos no salieron a las calles reclamando lo que es suyo porque el miedo es la mejor arma que tiene el poder para someter a los pueblos, es la misma técnica que el propio Daesh está utilizando en los territorios que controla. En V de Vendetta se dice muy claro:

«¡Buenas tardes, Londres! Permitid que, primero, me disculpe por esta interrupción. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonía. A mí, me gusta tanto como a vosotros. Pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado, normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre, un día que, lamentablemente, ya nadie recuerda, tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que, en este momento, estarán dando órdenes por teléfono, y que hombres armados ya vienen de camino. ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder, las palabras hacen posible que algo tome significado y, si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es, que en este país, algo va muy mal, ¿no? Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Antes tenías libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora, tenéis censores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis y os convirtáis en sumisos. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente, unos son más responsables que otros. Y tendrán que rendir cuentas. Pero, la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, sólo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis, sé que teníais miedo ¿Y quién no? Guerras, terror, enfermedades. Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido común. El temor pudo con vosotros y, presas del pánico, acudisteis al actual líder, Adam Sutler. Os prometió orden, os prometió paz. Y todo cuanto os pidió a cambio fue vuestra silenciosa y obediente sumisión. Anoche intenté poner fin a ese silencio. Anoche destruí el Old Bailey para recordar a este país lo que ha olvidado. Hace más de cuatrocientos años un gran ciudadano deseó que el cinco de noviembre quedara grabado en nuestra memoria. Su esperanza era hacer recordar al mundo que justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras; son metas alcanzables. Así que si no abrís los ojos, si seguís ajenos a los crímenes de este gobierno, entonces os sugiero que permitáis que el cinco de noviembre pase sin pena ni gloria. Pero si veis lo que yo veo, si sentís lo que yo siento y si perseguís lo que yo persigo, entonces, os pido que os unáis a mí, dentro de un año, ante las puertas del parlamento Y juntos, les haremos vivir un cinco de noviembre que jamás, jamás nadie olvidará».

Libres exige la aplicación del artículo 155 de la Constitución

LIBRES, va a continuar con su apoyo incondicional al Estado de Derecho, al cumplimiento de la ley, a la unidad de España y a la urgente y necesaria aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, a fin de luchar por mejorar la calidad de vida de los catalanes, de todos ellos en su conjunto, independientemente de su ideología, ya hartos -en su mayoría- de sentirse desamparados por los separatistas y de constatar que sus problemas cotidianos no sean una prioridad para los dirigentes políticos de la Generalidad de Cataluña, única y exclusivamente centrados en mantener un pulso contra el Gobierno central para llevar a cabo un referéndum ilegal el próximo 1 de octubre, recurriendo a la confección de un censo electoral fraudulento, a la intimidación contra los funcionarios para que colaboren con los preparativos de la consulta y vulneren las leyes fundamentales, y a una oscura financiación con la que poder sufragar la compra de las urnas necesarias para su celebración.

Para el presidente de LIBRES, Iván González, son muy preocupantes las declaraciones de Oriol Junqueras, consejero de Economía y Hacienda de la Generalidad catalana, durante la presentación, esta mañana, de las 32 oficinas con que contará la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que arrancará con 700 trabajadores, a fin de asumir la gestión integrada de los impuestos cedidos por el Estado, quien reconoció que “el despliegue físico de la Hacienda catalana se enmarca en la necesidad de asumir responsabilidades fiscales y en impuestos, para poder sustituir la actual Agencia Tributaria estatal en caso de una eventual independencia de Cataluña”, lo que según Iván González “es una provocación al Estado de Derecho, violenta la convivencia entre los españoles -dentro y fuera de esta comunidad autónoma-, y agrava aún más la insolidaridad interterritorial”, que el presidente Mariano Rajoy no está sabiendo resolver, debido principalmente, a la preocupante dejación de funciones del Gobierno central en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

LIBRES asegura que la apertura de las 32 nuevas oficinas de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) suponen hoy unos gastos innecesarios de personal -terminarán el año con 800 trabajadores-, de alquileres y de adecuación de espacios, entre otros; cuando la recaudación de impuestos autonómicos es realizada en otras regiones por las oficinas liquidadoras de Distrito Hipotecario -situadas en los Registros de la Propiedad-, razón por la que Iván González considera que “esta inversión del Ejecutivo catalán es más un despilfarro que una prioridad”, si tenemos en cuenta que en Cataluña hay muchas carencias de diversa índole, a las que urge atender con eficacia, “sin tener por qué recurrir a las constantes frivolidades de las que Carles Puigdemont u Oriol Junqueras hacen gala”.

Iván González, presidente de LIBRES, acusa al presidente Puigdemont de falta de lealtad política para con el Estado de Derecho, “siendo éste el que, verdaderamente, le permitió ser elegido para gobernar por el bien del pueblo catalán, cuyo territorio pertenece a la soberanía nacional española”.

En LIBRES, llevamos ya demasiados meses pidiendo al Gobierno del Partido Popular que aplique el artículo 155 de la Constitución española en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Consideramos inadmisible que el Gobierno central permita que el Ejecutivo catalán sólo obedezca las directrices marcadas desde el Parlamento catalán -una vez decrete la ley de referéndum- y no acate la suspensión de la consulta ilegal del 1-O por parte del Tribunal Constitucional, una vez que la haya convocado en el Boletín Oficial de la Autonomía.

Mientras tanto, el impasible Gobierno de Rajoy, entendemos en LIBRES, está siendo incapaz de solventar por sí solo cuestiones de meridiana envergadura. Cree erróneamente que con judicializar un problema de eminente carácter político, y recurrir la convocatoria del referéndum ante el TC, será suficiente; cuando hace más de seis meses, tanto Carles Puigdemont como Oriol Junqueras, vienen manteniendo que seguirán hasta el final con todas las consecuencias, pasando incluso por encima de la ley española.

Por otro lado, “modificar la Constitución a la espalda de los españoles para convertir al Estado en plurinacional, cuando no lo es, tal y como propone Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, es muy grave”, asegura Iván González. “Para modificar la Carta Magna hay que preguntar primero a todos los españoles”, mantiene el presidente de LIBRES.

Por último, en LIBRES rechazamos la quita parcial de la deuda que Cataluña tiene contraída con el Estado. De ser así, sentaría un precedente de agravio para con el resto de las CCAA, a las que se les ha exigido siempre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Rajoy y Bonig se olvidan de su gestión

En el Partido Popular han decidido comenzar el curso político en Valencia en una reunión interparlamentaria que ha servido para el autobombo y la posverdad sobre su origen. “40 años creciendo en Democracia” decía el lema, aunque, como ya se ha dicho en estas páginas son 41 años desde la fundación de Alianza Popular, pero escondiendo a los franquistas que lo fundaron. No vaya a ser que se note de dónde provienen. La elección del lugar, pese a todos los casos de corrupción del PP que asolan la Comunitat desde Castellón a Alicante, se ha decidido para presentar batalla al primer lugar donde gobiernan las izquierdas en conjunción.

El cierre de tan singular acto, después de días de adoctrinamiento, correspondía al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta de los conservadores valencianos, Isabel Bonig. Los que apoyan a la presidenta dicen que es un refuerzo a Bonig, aunque en gran parte del PP son conscientes que ha sido elegida por descarte, ya que no quedaba casi nadie limpio de corrupción. Ambos dirigentes políticos se han dedicado a criticar la labor del Gobierno del Botánico y a intentar convencer a la audiencia exterior, la interna ya lo está, de lo peligrosos que son los “rojos valencianos”. Y lo increíble es que han utilizado la propia ruina que ellos dejaron en la Comunitat para hacer la oposición a los actuales gobernantes.

Mariano Rajoy ha animado a Bonig a que vigilen para que “cada euro se destine a lo que se tiene que destinar”. Olvida el presidente que antes los euros iban al bolsillo de dirigentes populares o al propio partido para financiarse. O “cree el ladrón que todos son de su condición”. Tiene gracia que el PP hable de estas cosas, pero como se comprueba día a día son incapaces de sonrojarse. También ha acusado al presidente Ximo Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra de “expandir el secesionismo” o de intentarlo a futuro. Los miembros del Botánico deben estar con los ojos como platos porque en ningún momento han declarado nada por el estilo, ni por activa ni por pasiva. Pero, con el jaleo que existe con Cataluña, se quiere aprovechar para acusar a Puig de cosas peligros y de “rojos”. Debe ser que como se llama Partido Socialista del País Valenciano se han asustado.

Lo último de Rajoy ha sido que el Consell pone en riesgo la libertad de elección de los padres respecto a la educación. “Se está poniendo en riesgo la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y eso el PP no lo va a admitir de ninguna manera, a dar la batalla” ha dicho el presidente. Debe ser que el tratamiento laico que está dando el Gobierno valenciano parece no gustar mucho al partido conservador que, como hace en Madrid, prefiere concertar y dar 8 millones a un colegio del Opus Dei y no construir uno público, habiéndoles cedido para la construcción el suelo público de forma “gratuita”.

Bonig ha seguido la estela del Presidente y ha insistido en que no van a permitir que los padres no elijan el tipo de educación y la lengua en la que quieren estudiar sus hijos. Parece olvidar la presidenta valenciana que bajo mandato del PP, ellos y ellas dieron preferencia a los colegios católicos. Y que la “obligatoriedad” de la lengua valenciana proviene de sus propias políticas educativas. Ya se quejaban los padres tiempo ha, en tiempos del PP gobernante y supuestamente corrupto, de no poder elegir lengua en muchos colegios. Curioso que eso se lo critiquen al Consell actual y a los independentistas cuando ellos llevan haciendo lo mismo en Valencia y Baleares años.

Mientras se celebraba la reunión, Oltra ha pedido al PP que pague las facturas de la reunión Interparlamentaria, pues en ocasiones anteriores no lo habían hecho. Bonig ha salido desatada afirmando que “el PP paga sus facturas”, algo completamente falso en el pasado, y que es mejor que ella pague lo que debe en dependencia o a los centros de empleo. Increíbles palabras de quienes no pagaban dependencia, ni a muchos, ni a pocos, contra un Gobierno que ha aumentado el número de personas que se benefician de los planes de dependencia. Incluso con extras presupuestarios para que nadie se quede sin ayuda.

Pero no se quedan ahí las lagunas mentales de Bonig. Lo que es casi normal en el presidente del Gobierno parece que es un virus que se está inoculando entre los demás cargos públicos del PP. Ha criticado que el Consell quiera poner en marcha, para aprovechar las instalaciones, una nueva Radio Televisión Valenciana que va a costar 125 millones de euros y que “tengan a los niños en barracones”. Hay que tener muy poca vergüenza para afirmar algo así cuando durante el mandato del PP en la Comunitat se instauraron los barracones educativos por allá y acullá, mientras se construían pistas de pádel que dejaban unos pingües beneficios a los bolsillos de los dirigentes populares.

Es más, critica la televisión pública, cuando ellos utilizaron, como pasó con Telemadrid e intentaron con CLM Televisión, Canal 9 como un canal más del PP con vetos y despidos de aquellos que no seguían la línea del gobierno conservador. Había que, hasta, tapar los casos de corrupción que salían. Eso sí, todo ello pagado por la ciudadanía valenciana, la cual aún debe entre 1.200 y 962 millones de euros por los gastos fastuosos de Canal 9 y que lastra las cuentas de la Comunitat. Claro y la culpa es de la financiación, porque los nuevos dirigentes no saben negociar con Montoro y Sáenz de Santamaría. En efecto, años y años de infrafinanciación han servido para tener una Comunitat que ingresa menos. Algo denunciado una y otra vez por los partidos que forman el Gobierno del Botánico. Y que lo hacían ya cuando estaban en la propia oposición. Olvida Bonig que es el Gobierno del Partido Popular el que no paga, por ejemplo, los cuidados que se ofrecen en la Sanidad valenciana a los turistas enfermos.

También, por último, ha querido seguir Bonig a Rajoy en la cuestión del independentismo valenciano. Para la dirigente conservadora, el Consell actual es “un banco de experimentos de la izquierda y el nacionalismo más sectario y más radical”, que sólo quieren aplicar en Valencia el proyecto iniciado en Cataluña. Y no sólo eso, desde el Gobierno valenciano siempre se busca un “enemigo al que echar la culpa”. Respecto a esto último, cabe decir que no es que busquen un enemigo, es que con todo lo que ha hecho el PP y todo lo que se ha robado, lo que hace el Consell es mostrar hechos de la antigua realidad de la Comunitat. Ni más, ni menos. De hecho son los propios dirigentes del partido popular los que caen en el maniqueísmo y en la busca de un enemigo exterior al afirmar que el Gobierno del Botánico, casi, va a buscar la secesión valenciana.

Se demuestra con todas estas palabras la bajeza moral que tienen los dirigentes conservadores, ya que son capaces de criticar a los “otros” por todas las cosas que hicieron ellos mismos en el Gobierno. Un poco más y Puig será a quien le regalaron trajes los de la Gürtel. No les duelen prendas a los conservadores para olvidar el pasado, de ayer mismo, y caer en el populismo y la mentira. Todos esos discursos de la Interparlamentaria o son producto de la mentira, ya inserta en los genes peperos, o es que algún problema memorístico tienen los dirigentes y deberían acudir al médico, aunque fuese como prevención.

El juez Fernando Presencia hace un alegato contra la corrupción en su pregón en Talavera de la Reina

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Vecinos de Espinosillo:

Buenas noches a todos.

Me alegro de estar esta noche en este barrio de ESPINOSILLO, junto con la directiva de esta ASOCICIÓN VECINAL y con todos vosotros.

Para todos aquellos que no me conozcan, soy Juez Decano de los juzgados de esta nuestra ciudad TALAVERA DE LA REINA.

También soy conocido por luchar contra la corrupción venga de donde venga, y de aquellas injusticias que se cometen desde las administraciones públicas, o por los responsables de las mismas; corrupción que no sólo es política sino que también llega a través de la actuación de las dictaduras privadas; y del silencio cómplice de quienes tienen el poder pero no actúan contra la impunidad de las élites; o de quienes tienen la obligación de denunciar pero no lo hacen por satisfacer sus intereses espurios.

La corrupción es el peor de los problemas que tenemos en este país. La corrupción política, por supuesto, porque el enriquecimiento de los corruptos repercute directamente en el bienestar de los ciudadanos. Gürtel, Púnica y otras muchas, emanadas de una u otras siglas. Los efectos de estos y otros comportamientos afectaron a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, afectaron a la sanidad, educación, infraestructuras o a la lucha por la igualdad. Sin embargo, hay otros tipos de corrupción que también hacen mucho daño y que, en algunos casos, son mucho peores que la política. La corrupción moral de quienes se acogen a la legalidad para justificar comportamientos que, desde luego, no son éticos porque no vienen a contribuir al bien común.

Eso es corromperse.

Otro modo de corrupción inasumible por una sociedad es la desigualdad de género, porque aceptarla y mantenerla no hace más que corromper a la esencia de la sociedad misma.

Lo mismo ocurre con otros tipos de desigualdad.

Según la Carta de Derechos Humanos todos los hombres y mujeres son iguales. No obstante, el mundo está avanzando hacia un modelo en que los más poderosos incrementan su poder a costa del pueblo llano. La brecha se ensancha y la humanidad se corrompe al mismo ritmo.

También, hay que mencionar la corrupción de los medios de comunicación en base a los intereses políticos o económicos impuestos por las dictaduras privadas, por aquellos que creen que con su dinero lo pueden comprar todo, incluso las voluntades y las almas.

Esto lo dice el actual editor de Diario16 y Diario16.com, Manuel Domínguez, en su libro » La Revolución de las conciencias» y más recientemente, el 11 del pasado mes de mayo, durante una conferencia en la Universidad de Almería, dice DOMINGUEZ, que “este tipo de corrupción, cada día más frecuente, es una de las peores que hoy sufre la sociedad en general , porque lo que esos medios corruptos consiguen es detraer algo más que dinero; lo que al final sustraen a los hombres y mujeres, en definitiva a los pueblos en general, es su LIBERTAD”.

¿Somos un país corrupto? No, evidentemente que no.

¿Somos un país de corruptos? A partir de ciertas esferas, está claro que sí, que el mal es sistémico.

Sin embargo, siempre habrá quienes luchen contra esa indignidad y esa aberración con su ética, su alma limpia, su conciencia y su espíritu de servicio a la comunidad, al bien común, la igualdad y los derechos humanos.

Con mucha más razón, los que tenemos el privilegio de ejercer el poder de la justicia, como es mi caso, y por lo que ustedes imagino me habrán invitado a estar esta noche aquí exponiendo, desde mi conciencia social, estas reflexiones, estos pensamientos reflejo de nuestra sociedad actual.

Pero creo que ya es suficiente hablar de lo que siento, hago, y haré siempre, esté en lugar que mi destino me designe.

En definitiva, estar al servicio de la igualdad, de la conciencia social y de la justicia en particular.

Os doy las gracias a esta directiva por darme la oportunidad de ser pregonero de esta vuestras fiestas, de un barrio que se ve que está marginado a pesar de que sus ciudadanos pagan religiosamente sus impuestos, y que claramente se ve que no tiene ningún tipo de servicios de limpieza y mantenimiento de caminos, agua, luz o saneamientos.

Los barrios de la periferia deben de ser más mirados, ya que tienen más necesidades que el resto de barrios de la ciudad, y a la vista está.

Yo, personalmente, pido a los políticos que se dejen de promesas, que todos sabemos que no van a ninguna parte, y empiecen por actuar, porque todos somos ciudadanos de Talavera de la Reina y tenemos los mismos derechos y obligaciones.

Se ve la lucha que se viene realizando desde esta ASOCIACIÓN VECINAL “LA CABRA I”, y por su junta directiva; lucha que necesita de todo vuestro apoyo, ya que cuantos más seamos luchando, más fácil será de llevar y de tener buenos logros; pero si cada uno tira para un lado, al final la cuerda se rompe y quien gana es el que no quiere hacer bien su trabajo.

Bueno y como lo que no quiero es dar un sermón y mucho menos lecciones OS DESEO UNAS FELICES FIESTAS PARA ESTE AÑO 2017; y para los siguientes espero poder seguir viniendo a estar con todos vosotros.

GRACIAS Y FELICES FIESTAS

El laudo sobre el conflicto de Eulen coarta el derecho de huelga

El conflicto de la seguridad del aeropuerto de El Prat de Barcelona ha sido un catálogo completo de cómo un gobierno coarta los derechos de los trabajadores reconocidos en la Constitución, es decir, de cómo un gobierno atenta contra las leyes que juraron cumplir y hacer cumplir (algunos ministros juraron incluso con la mano sobre la Biblia). En primer lugar, la imposición de unos servicios mínimos del 90%, algo que va en contra del espíritu de cualquier conflicto laboral y de la propia doctrina del Tribunal Constitucional; en segundo lugar, la militarización del servicio en huelga al enviar a la Guardia Civil a realizar las funciones de los trabajadores en huelga; en tercer lugar, la imposición de un arbitraje y de un laudo de obligado cumplimiento tanto por la empresa como por los trabajadores.

La decisión de decretar el arbitraje tenía como finalidad imponer, por designio gubernativo, las condiciones de trabajo que se aplicarán a los trabajadores afectados por el conflicto, desequilibrando la posición de éstos, vaciando de contenido el derecho constitucional a la negociación colectiva e impidiendo al tiempo el ejercicio legítimo del Derecho Fundamental de Huelga.

El laudo dispone la regulación de las relaciones laborales de los afectados en diversas materias cuya negociación es de exclusiva competencia de las partes afectadas, por lo que se pretende usurpar el lugar de un “acuerdo colectivo”.

El conflicto de los trabajadores de la seguridad del aeropuerto de El Prat no generaba una situación que derivara en una medida legítima que trata de preservar la seguridad o la continuidad del servicio aeroportuario de viajeros. Cuando la huelga afecta a los servicios públicos, la ley contempla el establecimiento de un límite extraordinario al ejercicio del derecho de huelga mediante la articulación de los servicios mínimos que en el caso de El Prat se han impuesto de forma abusiva, ya que alcanzaron el 90 por ciento lo que, por otro lado, suele ser una práctica generalizada. De ahí que el arbitraje obligatorio no resulte justificado y suponga una respuesta ilegítima y una injerencia del poder gubernativo impropia de cualquier sistema democrático al suplantar a las partes legitimadas, representantes de trabajadores y empresarios, en la función reguladora de las condiciones de trabajo.

La decisión del Gobierno de imponer el laudo arbitral trasciende el conflicto del Aeropuerto de El Prat y afecta al conjunto de las relaciones laborales en los servicios públicos.

Esta práctica gubernamental pone en tela de juicio la viabilidad de un proceso negociador que esté abierto y la posibilidad de usar la huelga, en tanto que la decisión del Gobierno puede derogar de forma singular, suprimiendo tales derechos fundamentales mediante la técnica del arbitraje obligatorio.

Esta práctica, amparada de forma totalmente discutible en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, y, por tanto, preconstitucional, afecta de lleno al contenido esencial del derecho de libertad sindical, de negociación colectiva y de huelga y resulta inadmisible en un sistema democrático de Relaciones Laborales.

Para el sindicato CCOO, el Gobierno está ejerciendo la vulneración de los derechos fundamentales de Libertad Sindical, huelga y negociación colectiva como práctica que puede ser susceptible de aplicación en el conjunto de los conflictos que surjan relacionados con la gestión de servicios de relevancia social, lo que implica una degradación de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la legislación internacional de la OIT, de la Unión Europea, del Consejo de Europa y también nuestra propia Constitución.

Arrimadas: “A Puigdemont no le gusta dar la cara sobre la información que ha ocultado”

A Puigdemont le gusta hablar de independencia, pero no le gusta dar la cara sobre la información que ha ocultado”. Así lo ha dicho la portavoz nacional de Ciudadanos y líder de la Oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, en referencia al aviso que la Generalitat recibió acerca de un posible atentado terrorista en las Ramblas de Barcelona y que fue negado públicamente por el propio President de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha pedido su comparecencia en el próximo Pleno, así como también la del conseller de Interior, Joaquim Forn, la del anterior, Jordi Jané, la del actual director general de la Policía, Pere Soler, del anterior, Albert Batlle, y la del jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

Por otro lado, en declaraciones a los medios la jefa de la Oposición en Cataluña ha avisado que Ciudadanos no participará en la votación de las leyes de ruptura que pretenden aprobar los partidos separatistas el próximo miércoles porque suponen “un atropello de los derechos de los catalanes”. Además, ha criticado que los partidos separatistas se crean que “el Parlament es su cortijo y que pueden hacer lo que les dé la gana”, pero ha asegurado: “Al final se chocarán contra el muro de la democracia y del sentido común”.

Asimismo, ha reiterado que el 1-O se verá que es otra mentira más de los partidos separatistas” y entonces se les podrá “exigir que pongan las urnas de verdad», las de las elecciones, para que Cataluña pueda tener

El Corte Inglés inicia su Vuelta al Cole más solidaria

Con motivo de la Vuelta al Cole, el Corte Inglés ha lanzado su campaña más solidaria y sostenible en la que todos los clientes que lo deseen pueden hacer donativos a UNICEF de 1, 2 y 3 euros para ayudar a los niños más vulnerables del mundo. Además, la marca de ropa infantil Brotes, bajo el lema ‘Yo ya reciclo’, proporcionará una tarjeta de descuento de 5 euros por cada prenda vaquera reciclada. Mientras que la gama de accesorios escolares con sello FSC (Consejo de Administración Forestal) de la marca Frost, pretende concienciar a los más pequeños sobre el cuidado del medioambiente.

Hasta el 30 de septiembre, el Corte Inglés y UNICEF buscan recaudar fondos a favor de la ONG durante la Vuelta al Cole. Para ello, todos los clientes que acudan a estos grandes almacenes podrán hacer un donativo a UNICEF de 1, 2 y 3 euros en las cajas de la planta de moda infantil. Unos donativos que irán destinados a financiar proyectos a favor de la infancia más vulnerable del mundo y a garantizar que se cumplan los derechos de 121 millones de niños en el mundo que no tienen posibilidad de ir al colegio.

“Con 1 euro, UNICEF puede enviar cuarenta lápices; con 2 euros, nueve pizarras; y con 3 euros, ocho cuadernos”. Un sencillo gesto con el que “los menores tendrán acceso a una educación”, explican desde El Corte Inglés.

Asimismo y bajo el lema ‘Yo ya reciclo’, la marca de ropa infantil Brotes ha iniciado una campaña destinada al reciclaje de ropa vaquera, que volverá al mercado textil, con el fin de contribuir al cuidado del medioambiente. Así pues, y hasta el próximo 30 de septiembre, con cada prenda vaquera de vestir que el cliente entregue en la planta infantil de El Corte Inglés, recibirá una tarjeta de descuento de 5 euros “para la compa de un pantalón largo, short o peto vaquero en colores índigo, gris o negro” de la marca Brotes.

Además, El Corte Inglés en colaboración con FSC (Consejo de Administración Forestal) ha puesto a la venta una gama de material escolar de la exclusiva marca Frost con una etiqueta FSC que garantiza que estos artículos de papelería han obtenido la certificación de gestión sostenible de los bosques.

El objetivo de ambas marcas no es otro que “concienciar a los más pequeños acerca de la importancia de nuestros bosques”; así como “garantizar que el uso de los mismos no implique la destrucción del hogar de muchos animales y plantas”, sino que sigan contribuyendo a la salud y calidad de vida de todo el planeta. Por ello, El Corte Inglés celebrará un concurso de dibujo infantil en las redes sociales en el que el ganador será premiado con un viaje a los bosques de Valsaín (Segovia) para cuatro personas, dos adultos y dos niños.

Igualdad financia 68 proyectos para equipamiento y adquisición de vehículos adaptados

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha subvencionado, con un importe de 1,18 millones de euros, un total de 68 proyectos para equipamiento y adquisición de vehículos de transporte colectivo adaptado de centros para personas con diversidad funcional gestionados por entidades locales y entidades sin ánimo de lucro. Esta cantidad supone un incremento del 6,24% al respecto del ejercicio anterior.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien ha explicado que en concreto “se han financiado 62 proyectos de inversión en equipamiento y 6 para la adquisición de vehículos de transporte colectivo adaptados, tanto para centros de atención diurna como de atención residencial”.

La resolución de estas ayudas corresponde a la orden que la Conselleria de Igualdad convoca anualmente para financiar obras, equipamiento y adquisición de vehículos adaptados en centros para personas con diversidad funcional de entidades de la Comunitat. El objetivo de estas ayudas, ha señalado la vicepresidenta “es que los centros estén en unas adecuadas condiciones de uso y cumplan con los criterios de accesibilidad”.

La vicepresidenta ha explicado que, dado que las solicitudes para financiar obras en los centros requieren un mayor plazo de resolución, la conselleria ha decidido este año “resolver en primer lugar” las correspondientes a equipamiento y adquisición de vehículos cuya tramitación administrativa requiere un menor plazo, “de modo que su resolución se ha realizado con tres meses de antelación respecto al ejercicio anterior con el objetivo de que los centros puedan disponer antes de las subvenciones correspondientes para poder adquirir equipamiento o vehículos”.

Por lo que se refiere a las solicitudes presentadas para actuaciones dirigidas a la realización de obras de adecuación y reforma de los centros, para las que existe una dotación presupuestaria de 400.000 euros, actualmente se encuentran en fase de valoración. Mónica Oltra ha destacado que en el caso de que no se agote el crédito destinado a las mismas, “el remanente se podrá utilizar para incrementar el crédito destinado a proyectos de adquisición de equipamiento y vehículos adaptados”.

Los criterios de valoración de las solicitudes presentadas a esta convocatoria han tomado en consideración, tal y como ya se realizó en la anterior convocatoria, entre otros criterios, aspectos de carácter social tales como la creación de empleo para personas con diversidad funcional o el hecho de que la entidad cuente con un plan de igualdad entre hombres y mujeres.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas contempla también en esta convocatoria las cláusulas sociales a la hora de valorar las solicitudes presentadas, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la experiencia de la entidad y del equipo humano en materia específica de igualdad de género, de personas con diversidad funcional y de su personal, así como el compromiso de la entidad de elaborar e implantar un plan de igualdad antes del 30 de junio de este año. Con la valoración de estos criterios se quiere introducir mejoras y dar un mayor relieve a las cláusulas sociales, en la línea puesta en marcha desde la Conselleria para favorecer las nuevas fórmulas de gestión socialmente responsable.