Los trabajadores de LIMUSA encargados de la recogida de basuras de Lorca han acordado parar los días 15 y 18 de septiembre para reclamar que se les pague la antigüedad que se les adeuda desde 2012, la no reposición del personal, la falta de mantenimiento de los equipos y maquinaria, mejoras en Seguridad y Salud Laboral e incumplimiento sistemático de los Convenios y acuerdos.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha afirmado que la huelga es responsabilidad del Alcalde, Fulgencio Gil Jódar y de la Gerencia de LIMUSA que «campa a sus anchas» por la empresa sin respetar la normativa sobre retribuciones, a pesar de que existen informes jurídicos que dan la razón a los trabajadores en cuanto al derecho al cobro de la antigüedad que tienen congelada desde 2012.
Mateos subrayó que el PSOE viene denunciando esta situación que se ha creado «a causa del poder omnímodo que recae en la gerencia sin que exista control por parte de la Corporación Municipal», que son los que representan a los ciudadanos de Lorca.
Para el Diego Mateos los trabajadores y trabajadoras de LIMUSA vienen aguantando durante años la presión y falta de diálogo de la gerencia y del actual alcalde y ex-concejal delegado de LIMUSA, y se ven obligados a convocar esta huelga, que sin duda va a perjudicar el servicio a los ciudadanos. La situación viene derivada “por la falta de diálogo y la posición altiva y autoritaria de la dirección de la empresa y la Alcaldía que siguen incumpliendo la normativa y perjudicando a los trabajadores y por tanto a la prestación del servicio”, ha insistido Mateos, quien ha subrayado la urgente necesidad de reponer el personal para que se cubran las vacantes, dado que esto redunda en la «mejora de la prestación del servicio de limpieza, ORA y planta de reciclaje, además de dotar a éste de la maquinaria, instalaciones y medidas de seguridad y salud laboral necesarias, así como el cumplimiento de los derechos y obligaciones que establecen los convenios y acuerdos de empresa».
Por todo ello, Diego José Mateos ha exigido que se haga un esfuerzo por parte de la Alcaldía para que «obligue a la dirección de la empresa a sentarse a dialogar con los representantes de los trabajadores» de modo que lleguen a los acuerdos razonables y necesarios que eviten esta convocatoria de huelga a la que se han visto abocados los trabajadores y trabajadoras de LIMUSA.
Por su parte, Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes, ha demandado una Junta General Extraordinaria de LIMUSA para tratar los temas que quedaron pendientes de la última sesión ordinaria celebrada el pasado junio y clarificar las funciones de su Gerente y en la que quedaron sin tratar a demanda de los grupos de la oposición dos puntos, uno referente a la redefinición de competencias de la Gerencia y del Consejo de Administración y el otro sobre actualización de la normativa interna de contratación y de la selección de personal.
Para Sosa son estos asuntos de gran importancia para ser tratados aparte, porque desde IU siempre se han mostrado muy críticos por la falta de transparencia y ambigüedad de los procesos de selección de personal, que conllevan siempre aparejados numerosas quejas por parte de los aspirantes por estos mismos motivos. Tampoco entiende el edil que la contratación de asuntos tan importantes como la construcción del nuevo vaso, con un importe de más de seis millones de euros, sea una competencia que le deba corresponder al gerente, mientras que los miembros de la oposición que forman parte del Consejo de Administración hacen un papel de meros floreros. Por ello, Sosa ha acusado a Fulgencio Gil Jódar y al Gerente de presunta administración desleal de la empresa, al estar obviando permanentemente a los consejeros de la oposición.
Otro tema del que ha alertado Sosa, es la huelga que los trabajadores de Limusa llevaran a cabo los días 15 y 18 de septiembre, si no se cumplen sus demandas en cuanto a la reposición de los devengos de tramos de antigüedad que se les adeuda, la falta de personal, si no se respetan los convenios firmados y se soluciona la falta de inversión en equipos y maquinaria.
Por ello, Sosa ha instado a Fulgencio Gil, a que tome las riendas de estos asuntos, dada la ineficacia manifiesta y el despotismo del actual gerente, que haga honor a la palabra dada a los grupos de la oposición al inicio de la legislatura por la que se comprometía a mantener diálogo y consenso con ellos y que no haga lo mismo que con otros importantes temas como la celebración sobre el estado del municipio o la aprobación del Reglamento Orgánico sobre el funcionamiento del pleno, los cuales ha relegado al cajón del olvido.
La respuesta del Ayuntamiento de Lorca no se ha hecho esperar y se ha querido contestar a las acusaciones de la oposición acerca de la situación de LIMUSA acusaciones que casi adelantan a la propia solicitud de huelga presentada por los comités de empresa. En este sentido, desde el Equipo de Gobierno se recuerda que “las acusaciones sobre que la empresa no respeta la normativa sobre retribuciones es absolutamente falsa. Se cumple escrupulosamente con lo marcado por la legislación vigente. Al tratarse Limusa de una empresa mercantil pública de capital 100% del Ayuntamiento de Lorca, sus trabajadores están considerados personal laboral bajo las condiciones de un convenio colectivo propio; el convenio aplicable a la sección de limpieza de interiores es el regional del sector que incluye, además, mejoras propias que solo se disfrutan en Lorca como ayudas en prótesis dentales y gafas, a los estudios, incluidas universidades, etc. Evidentemente no pueden aplicarse las condiciones laborales ni retributivas de los funcionarios del Consistorio porque los trabajadores de Limusa no lo son. Hay que recordar que cuando el Ejecutivo de Zapatero obligó a rebajar un 5% los salarios de los funcionarios en el año 2010, la misma no se aplicó a los trabajadores de Limusa por no pertenecer al cuerpo funcionarial, por lo que no tiene sentido hablar ahora en término contrario. En las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2011 a 2015 se ha hecho constar que “las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento con respecto a la vigente…tanto las que respectan a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”.
Para 2016 sí se contemplaba la subida del 1% que efectivamente se aplicó. La empresa cumple la legislación vigente con pulcritud y exactitud y así lo estiman hasta 6 sentencias resolutorias que desestiman todas las demandas interpuestas por el Comité de Empresa sobre la congelación salarial de la antigüedad desde 2013 a 2016, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el Tribunal Supremo,…”.
En este sentido, Fulgencio Gil ha recordado que “la Justicia no les ha dado la razón y hay hasta 6 sentencias en estos términos. A pesar de ello, desde el Ayuntamiento nos hemos reunido con los comités de empresa en diversas ocasiones y les hemos realizado numerosas propuestas para que en solo 12 meses puedan recuperar tales retribuciones. La última oferta está todavía sobre la mesa y es un acuerdo más que justo. Pero para que un acuerdo llegue a buen término hace falta la voluntad de las dos partes y en este caso parece que solo la Alcaldía quiere alcanzar ese acuerdo. Presionar con una huelga durante la Feria es un método de coacción con el que no van a conseguir nada, además de tratarse de una amenaza no al Ayuntamiento, sino a todos los lorquinos”.
Por último, y en cuanto a las críticas vertidas desde la oposición con respecto a la dotación de maquinaria, instalaciones y personal, desde el Equipo de Gobierno de Lorca recuerdan que “en los últimos 10 años se ha sustituido el 90% de la maquinaria, adquiriendo nuevos equipos más eficientes y mejores para sus usuarios; se está construyendo el tercer vaso en el Centro de Gestión de Residuos, que se convertirá en una de las referencias a nivel nacional en cuanto a reciclaje; en cuanto a personal, entre 2010 y 2017 se han celebrado 24 procesos de selección que han permitido la creación de 30 puestos de trabajo. Todo ello ha sido posible gracias a que se reinvierten en la empresa los beneficios obtenidos por la gestión responsable, algo que hasta 2007, como toda España desgraciadamente sabe, no sucedía”.
