En Junio de este mismo año, en las páginas de Diario 16 Mediterráneo, nos preguntábamos por una serie de cuestiones mayores respecto a las personas que vivían en Cataluña y lo que sucedería con ellas si se produjese la independencia. La Ley de Transitoriedad que han presentado en el Parlament los grupos de Junts pel Sí y la CUP parecen contestar algunas pero otras quedan en el aire. Todo ello porque el articulado de la transición deja fuera el día a día de las personas una vez más. Todo un proceso que viene descartando a la población catalana no podía legislar sobre esas mismas personas que son prescindibles.
Desde El País han lanzado un editorial proclamando que los independentistas quieren un gobierno autoritario, algo que ya se manifestó en estas páginas antes de la Ley de Transitoriedad en julio pasado. Llegan tarde, como les sucede con demasiada frecuencia últimamente, con el añadido de que la Ley que han presentado intenta que Cataluña no sea en sí un régimen autoritario, aunque tenga visos de dictadura (al estilo romano si se quiere). Lo que se intenta desde Cataluña es no generar un vacío legal, una especie de Estado de naturaleza donde prevalezca la ley de “todos contra todos”, pero es indudable que la propia ley contiene contradicciones, insuficiencias y algún que otro fallo democrático, político y social, como veremos.
Intentan con la Ley de Transitoriedad dar ciertos visos de seguridad jurídica al periodo que llevaría desde el referéndum hasta la Constitución catalana. Seguridad que tiene mucho que más ver con las inversiones económicas, que con las seguridades sociales de los habitantes de Cataluña. Porque, como ya dijimos con anterioridad, las personas quedan realmente huérfanas ante el Estado catalán. Además, se suma que dan por hecho desde el bando independentista que todo será como hasta ahora respecto a España, la Unión Europea o los organismos internacionales. No entienden que la separación tiene consecuencias múltiples que no quieren contar a los ciudadanos catalanes. La redacción es jurídicamente rigurosa pero llena de lagunas como se verá.
Advierten, dentro de esa seguridad jurídica que quieren otorgar al proceso, que “desde el inicio el nuevo Estado estará sometido al derecho; que en todo momento será un Estado de derecho”. Para ello, lo que hacen en la propuesta de Ley es tomar toda la legislación que tenían bajo mandato español, a excepción de aquellas leyes que les perjudican para constituirse como Estado, obviamente. Por tanto, la nueva república catalana será igual que antes como Comunidad Autónoma, pero independiente, en lo que respecta a la legislación a aplicar. Vamos que nada cambiará dentro de Cataluña, aunque piensan que tampoco más allá de las fronteras. Y ahí estaría su error.
¿Miembros de la Unión Europea?
Aceptan la legislación de la Unión Europea, los organismos y los tratados internacionales en los que España se encuentra como miembro o Estado firmante, incluida la OTAN, porque les afecta como nuevo Estado. En esto es claro el artículo 4-1 de la Ley: “El derecho de la Unión Europea mantiene la misma naturaleza y posición respecto al derecho interno”. En el artículo 14 desarrollan más la idea, afirmando que todas aquellas leyes que eran de aplicación en Cataluña, antes de la independencia, seguirán teniendo capacidad legal. Es más en el punto 2 del artículo se afirma que “las normas de la Unión Europea que entren en vigor con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se integrarán automáticamente en el ordenamiento jurídico de Cataluña”.
Con esta parte del articulado se sigue en la mentira, que vienen sosteniendo desde hace años, de una Cataluña independiente y dentro de la Unión Europea. Por mucho que la propia UE haya manifestado que ningún Estado secesionado, y más a las bravas, formará parte de la UE, en Cataluña siguen con su idea de que sí porque ellos lo valen. Pues no, no serían parte del organismo europeo con las consecuencias que ello supone. Por lo tanto, no sólo se engaña a la población catalana, sino que se hace una cesión gratuita de soberanía frente a entidades extranjeras. Todo un logro para el “nuevo Estado” catalán. Antes de ser, ya están cediendo soberanía a otros. En especial cuando van a incluir directamente en su legislación pre-constitucional decretos de organismos a los que no pertenecen.
Lo mismo ocurre con los tratados internacionales a los que no pertenecen y a saber si pertenecerán algún día. Aceptan lo que diga la OTAN, la OCDE, la ONU, la OIT y demás instituciones sin ser miembros. Sin que los catalanes hayan decidido si quieren formar parte o no de esos organismos y tratados comerciales. Una muestra de voluntarismo falseador de la realidad que asombra a cualquier persona con mínimos conocimientos del derecho internacional. Como mucho, en un principio, serán reconocidos por países como Qatar y porque tiene intereses en Cataluña.
Territorio y nacionalidad
En el artículo 6 habla de la afectación del territorio respecto al derecho internacional y el derecho al subsuelo y los mares, pero en ningún momento describe cuál es el territorio catalán. ¿Cuáles serán las fronteras? Pues no se sabe. La lógica dicta que las mismas que conforman la Comunidad Autónoma, pero podría ser que no. Y si Tarragona no desease ser independiente por mayoría abrumadora ¿formaría parte de Cataluña o sería excluida? Es curioso que en un Ley de secesión no se formalice con detalle el territorio que conformaría el país futuro. Porque, al no hacerlo, caben posibilidades de restar o ampliar el territorio a las bravas.
Respecto a la nacionalidad catalana, que se expone en los artículos 7, 8 y 9, existe una demostración de intentar que cuanta más gente acceda a la nacionalidad catalana mejor. Se abren las puertas a ser catalán sólo con haber estado empadronado antes del 31 de diciembre de 2016 a cualquier persona de nacionalidad española. Y tampoco establecen muchas pegas a aquellos que sean extranjeros para adquirirla. Se desea una gran nación catalana, así no sientan Cataluña, ni nada por el estilo. Quieren tener muchos y muchas “catalanas” que residan allí. Todos los nacidos en Cataluña, pese a no vivir en Cataluña, lo podrán ser, así como lo hijos de catalanes y los adoptados por catalanes. En general, las personas de cualquier nacionalidad que lleven residiendo en Cataluña desde hace cinco años obtendrían la nacionalidad.
Curioso resulta que el artículo 9 hable sobre doble nacionalidad. Según el articulado la “atribución de la nacionalidad catalana no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de cualquier otra”. Perfecto. El problema es que en la mayoría de casos no se puede tener doble nacionalidad, bien por la legislación del país de origen, bien por carecer de tratados que lo permitan. Así que adoptar la nacionalidad catalana implica, según el ordenamiento español, la pérdida de la nacionalidad española. Cataluña no lo exige, pero la ley se la quitaría a aquellas personas que la tomasen.
Y ¿qué pasa con aquellos que quisiesen seguir siendo españoles? Pues que serían extranjeros en Cataluña, con los mismos derechos y obligaciones, menos votar. Podrían hablar español, porque se reconoce el español como lengua cooficial, aunque se seguirá prohibiendo rotular sólo en español, salvo que tengas un pub irlandés que nadie te dice nada porque hay que ser multiculturales. Eso sí, la existencia de colegios en lengua española ya se verá en la Constitución futura.
Asombra que en la ley de tránsito a la República catalana se haga tanto hincapié en la nacionalidad. En principio serán seis meses de deliberación hasta la elección de la Asamblea Constituyente y luego el refrendo de la Constitución. Por lo que las prisas en tener muchos catalanes y catalanas sólo puede obedecer a querer tener una justificación de cara a los organismos internacionales. Cuantos más nacionales se tengan mejor para dotar de cierta legitimidad al nuevo Estado. Porque, realmente, sin estar constituido como Estado con Constitución, las nacionalidades sólo podrían ser “transitorias” en espera de saber qué establece la Constitución y si interesa a las personas ser o no catalanas.
Otro aspecto esencial de la nacionalidad para los independentistas es que, en la elección de la Asamblea Constituyente, sólo votarían los que la tuviesen. Tal y como recoge la disposición segunda de la Ley. De esta forma quieren granjearse un electorado propio. De aquellos que no alberguen dudas sobre ser catalanes y así poder formar una Asamblea que podría dejar fuera a la mitad de la población residente en Cataluña. Aquí se observa, entonces, un déficit democrático enorme. Se exige sumisión al catalanismo antes de conocer qué dará de sí el mismo, antes de conocer si estará integrado en el mundo occidental (en el oriental seguramente sea más sencillo), antes de saber qué derechos y deberes habrá bajo una Cataluña independiente. Muestran, por tanto, los independentistas poco respeto por los principios democráticos y por la racionalidad del proceso.
La formación de la Cataluña independiente.
A la pretensión de los independentistas de evitar a los que tengan dudas o se sientan más españoles, se suma otro aspecto del articulado que está claramente establecido como salvaguarda del proceso. En el artículo 88 se establece que la Asamblea Constituyente redactará la Constitución bajo los principios inspiradores del Foro Social Consultivo que durante seis meses debatirá sobre ello. Lo normal, salvo que se establece que en primera votación la Constitución deberá ser aprobada por 3/5 de los allí reunidos, y en caso de no serlo se aprobará por mayoría. Esto es, ante la sospecha de que los “españolistas y autonomistas” tuviesen los mismos diputados y diputadas que en la actualidad, se cubren las espaldas para aprobar por la mínima la Constitución en la Asamblea.
Una perspectiva muy democrática desde luego la que se vislumbra en ese artículo. En vez de volver a consensuar la Constitución, se aprueba por la mínima. Por lo tanto, con la mitad más uno de los electos basta para elaborar la carta magna y aprobarla. Sin necesidad de consenso y discusión entre las distintas partes constituyentes del “nuevo Estado catalán”. Piensan en establecer una Constitución de parte en la que nadie estaría seguro de que se respetasen los derechos de aquellos que opinen distinto. Con este artículo se demuestra que eso del respeto a los que opinan distinto no está muy presente en las cabezas de los independentistas, a priori.
Dentro de las continuas paradojas que se encuentran dentro de esta Ley tenemos el artículo 89. En él se especifica que será el pueblo catalán el que mediante referéndum ratificará la Constitución. Aquí se enlazan dos situaciones, la necesidad de dotar de nacionalidad catalana cuanto antes y la poca perspectiva democrática. Cuánto antes tengan “catalanes” con su nacionalidad más posibilidades de aprobación de la Constitución. Los que hayan tenido dudas, más que razonables, no podrán opinar pese a verse afectados. Déficit democrático que ya se había apuntado. Pero, además, hay que añadir que el articulado de la nueva Ley no establece qué hacer en caso de que la Constitución no sea ratificada. No les cabe en la cabeza esta situación (por eso el control del censo electoral). Los “catalanes” votarán sí mayoritariamente en un ejercicio de voluntarismo teórico más de los independentistas. Y ¿si votan no? Pues no hay previsión. Chapuza total.
Lo que siguen sin contar
Esta es una Ley de Transitoriedad para captar público afín a una Cataluña independiente, ganarse a los organismos internacionales y esperar que los empresarios no se marchen. Por ejemplo, el artículo 19 sobre subrogación de contratos afirma que se mantendrán en la misma forma y cantidad que se hubiesen establecido con el Estado español. Pero en su punto 3 meten una coletilla que serviría para modificar todos, ya que se respetarán siempre y cuando beneficien los intereses de Cataluña. Se da cierta seguridad contractual, pero se le niega pleno derecho en favor de los “intereses de Cataluña”, los cuales pueden tan arbitrarios como deseen desde el Gobierno catalán.
También cuentan los secesionistas con quedarse todo lo que existe en Cataluña por las “buenas”. Esto es, si España tiene algún interés económico en Cataluña mediante empresa pública, se producirá una expropiación forzosa y sin justiprecio en favor del nuevo Estado catalán. Ahora que Carles Puigdemont ya ha demostrado su interés en contar con un ejército catalán, no se sabe si se quedarán con los tanques y demás porque sí. Igual los que conducen los tanques se los plantan en la puerta de la Generalitat, pero eso, dentro del imaginario independentista no existe.
Todo dentro de su pensamiento discurre dentro del buenismo, el voluntarismo y el “aquí no pasa nada”. Y sí que pasa. El día 2 de octubre ¿podrían sacar las personas que no deseen permanecer en Cataluña sus ahorros de los bancos y mandarlos a España, de igual forma que hacía y hace Pujol y su clan? ¿Qué posibilidades de venta de propiedades y traslado de los bienes van a dar a aquellas personas que deseen irse de una Cataluña independiente? Seguramente los bancos españoles deseen dejar sus negocios en Cataluña ¿se les permitirá? Ya que La Caixa es catalana y seguirá siéndolo, aunque sea por expropiación ¿dejará sus participaciones en empresas españolas o se las quedará el Gobierno catalán?
Se explican muchas cosas formales que tienen que ver con los deseos de los independentistas, pero el día a día de las personas, por mucho que dicen que van a garantizar las pensiones y demás prestaciones, se verá afectado de una forma que no se ha considerado en la transitoriedad de la Ley. Ni en las cabezas de los que están llevando a cabo el proceso. Las personas de carne y hueso están quedando fuera de todo por mucho que se venda que participará la sociedad civil. Pero la sociedad en sí no lo hará, porque tienen miedo a lo que puedan decir y opinar cuando se den cuenta de que las cosas no son como se vienen vendiendo. Ni van a formar parte de la Unión Europea, ni nada por el estilo. Es más, de darse el caso, tendrían fronteras con Francia, España y Andorra. No habría libre circulación de personas y capitales. No podrían vender el cava, ahora que se acerca la campaña navideña, en España sin tener que pagar impuestos aduaneros. Estarían en una isla y eso no se cuenta. Se falsea y miente a la población que desearía algún tipo de independencia.
Y ¿por qué?, podría preguntarse un independentista. Porque el referéndum no tiene ninguna garantía democrática. Por eso Cataluña no será independiente el 2 de octubre. Por Puigdemont y sus amigos llevan engañando a los catalanes años. Sin garantías democráticas mínimas, el referéndum no será considerado por ningún país del mundo. Salvo algunas dictaduras bananeras o islámicas. De esta gran mentira, y de jugar con las ilusiones y derechos de las personas, llevan viviendo los secesionistas dejando de lado cosas más importantes como la Sanidad, la Educación o el crecimiento económico de las personas y no sólo de las empresas. A disfrutar lo votado.
