Andalucía acabará este año de 2017 con un registro de parados por debajo de los 800.000, según ha anunciado solemnemente la presidenta de la Junta Susana Díaz. Teniendo en cuenta que los datos a mes de julio actual arrojan la cifra de 818.763 parados inscritos, no parece que la mandataria haya pecado de excesivo optimismo ya que, en base a la tendencia y lenta mejora de los índices económicos, no debiera ser muy complicado el que encuentren trabajo unos veinte mil paisanos andaluces en estos próximos cinco meses. Susana destacó hace unos días “el esfuerzo colectivo que está haciendo esta tierra para crear empleo y hacerlo por encima de la media”.
Díaz, replegada en su feudo andaluz tras perder amargamente las primarias en su partido, pero sin dejar de pegarle tiritos al sanchismo vencedor, sabe que el desempleo, el paro, sigue siendo desde hace décadas el gran drama de los andaluces; políticamente hablando es su punto débil y el de su partido con décadas de gobierno en Andalucía. De ahí que la presidenta intente por todos los medios concentrar y proyectar su actividad pública en declaraciones y actuaciones del gobierno encaminadas a aminorar una situación que ha conducido a miles de familias andaluzas hasta el mismísimo umbral de la pobreza. Todo ello manteniendo a Andalucía en los índices de paro más elevados del país y de la Unión Europea.
Pero Susana Díaz no se queda solo en anuncios, compromisos o pomposas firmas de convenios, con la consiguiente foto de rigor; es de las dirigentes socialistas que considera que, además, hay que derogar la reforma laboral del PP.
Una norma que “ha triturado los derechos” de los trabajadores, abriendo una importante “grieta social” en palabras de la propia Díaz que, a mediados de mayo, en el fulgor de su campaña a primarias anunció que “si tengo la confianza para ser la Secretaria General de este partido, trabajaré para que se derogue”. (La reforma laboral de Rajoy)
En esa animadversión confesada a la reforma de Fátima Báñez habría que enmarcar uno de sus últimos mensajes promocionados desde la cuenta oficial de la Junta en Twitter donde se lee: “Susana Díaz llama a luchar por mejorar condiciones laborales y salarios porque no es de justicia que estén peor que antes de la crisis”.
Precariedad laboral en lo público
Una presidenta de la Junta de Andalucía, tan aparentemente sensibilizada ante el esclavismo laboral propiciado por la maldita reforma de la derecha, debería antes de hablar predicar con el ejemplo, revisando su propia casa, la Junta y, particularmente, el entramado de empresas públicas o semipúblicas que de ella dependen.
Se trata en muchos casos de chiringuitos montados hace años exprofeso, con la única finalidad de gestionar con las manos libres, eludir incómodos controles administrativos fiscalizadores, pero sobre todo para colocar a gente de confianza en los puestos de mando o intermedios. Se trata de ampliar la red, la omnipresente “red clientelar” de la que incluso ha hablado la Justicia en autos emitidos. Ejecutivos que, visto lo visto, no parecen compartir la sensibilidad de la presidenta por los trabajadores mileuristas o casi que de ellos dependen, así como la calidad de su trabajo. Muchos de los ejecutivos “de confianza” del partido recolocados como gestores en estas empresas públicas cobran al año más sueldo que la propia presidenta de la Junta y, alguno, hasta con coche de empresa en la puerta de su casa y tarjeta Visa en la cartera.
De lo que sucede en el plano laboral con miles de trabajadores del sector público, cuyo problema más importante no parece que sea lo de las 35 horas semanales, los sindicatos conocen problemáticas que claman al cielo, aunque no siempre la acción del sindicalismo ayude a resolver estas situaciones. (Atentos al acercamiento que se detecta entre Susana Díaz y el PSOE-A con la UGT andaluza de Carmen Castilla) La firma de un acuerdo de la presidenta Díaz con las fuerzas sociales, sindicatos y patronal, el último día de enero pasado remachaba ese cacareado espíritu de acabar con una relación laboral precaria y dañina para los trabajadores, para que la recuperación económica sea “justa, equitativa y sostenible en el tiempo” y para que “en el futuro, cuando haya que afrontar otra crisis, lo hagamos en mejores condiciones” en palabras de Díaz.
Contratos basura al calor de la RTVA
De todos los sectores que con dinero público se impulsan y financian actividades económicas desde la Junta, el de la comunicación es posiblemente el territorio más desconocido en tanto que hablamos del funcionamiento de medios de titularidad pública, no destacando precisamente su gestión por su ejemplaridad y transparencia. En este caso concreto se refiere a todo el entramado empresarial que cuelga de la corporación RTVA, una empresa pública sumida desde hace años en una enorme crisis interna que, como se verá, están pagando a muy alto precio los trabajadores afectados…y, de paso, los usuarios de la RTVA.
La RTVA lleva cuatro años instalada en una clamorosa provisionalidad sin que las fuerzas parlamentarias, PSOE, PP, IU, Cs y Podemos – por este orden en responsabilidad política – hayan logrado ponerse de acuerdo para resolver una de las grandes patatas calientes que tiene ante sí la Junta de Andalucia y su gobierno en lo que resta de legislatura. Ni más ni menos que el presente y futuro de la radio televisión pública en Andalucía y el de sus trabajadores directos e indirectos, más de millar y medio largo.
Todos los cargos, empezando por el Consejo de Administración de la RTVA, están más que caducados, dándose una anomalía democrática de tal calibre que impide que Podemos y Cs estén presentes en los órganos de control de extracción parlamentaria como el consejo de la RTVA. Y han pasado ya dos años largos de legislatura. Ahora parece que a Podemos se le acaban de llenar los botes de la paciencia y piensan hacer algo de ruido al respecto, poco más.
A lo largo de este largo tiempo de interinidad, la dirección política de la RTVA radicada en la Consejería de Presidencia – ocupada en estos años por Gaspar Zarrias, Mar Moreno, Susana Díaz y Jiménez Barrios – solo se ha preocupado de que se mantenga funcionando el invento como siempre, aunque sea bajo mínimos, con métodos más que discutibles desde el punto de vista ético, político, laboral y profesional.
Un total de 1.475 trabajadores tiene en nómina la RTVA que dependen directamente de este organismo público, siendo Canal Sur TV el soporte que más empleados tiene. Desde la dirección se anima últimamente a prejubilaciones, pero está resultando el chocolate del loro, en palabras de una de las afectadas, cifrando en el medio centenar de trabajadores los acogidos a un plan de jubilación anticipada puesto en marcha.
Una parrilla de programas, hecha fuera de Canal Sur TV
No obstante, analizando su parrilla de programación, se observará que la producción propia se limita prácticamente a los informativos y poco más. El resto de la programación, particularmente la de los tramos de máxima audiencia de mañana, tarde y noche, llevan años encomendados a productoras externas a las que por ese trabajo se les abonan millones de euros, el capítulo presupuestario más importante de la tv pública andaluza después del de personal.
Pero aquella RTVA que nació, entre otros, con el espíritu y obligación por ley de ayudar a vertebrar un recién nacido sector audiovisual en Andalucía, casi tres décadas después, no puede presumir de haber logrado ese objetivo ni otros, como convertir Canal Sur en un instrumento cultural y formativo al servicio de los andaluces. Más bien al contrario, tras comprobar cómo sobreviven en ese ámbito de la producción televisiva pequeñas y medianas empresas andaluzas. Son muy escasos los afortunados que son tratados como auténticos mandarines de la cosa televisiva andaluza, con encargos de caras producciones “a precio de calidad 4K, cuando ni funciona el HD” comenta irónico un técnico de la casa, o costosísimas producciones que, encima, se vende que se hacen con productoras latinoamericanas a las que es imposible seguirle el rastro ni con galgos.
Fuentes del sector critican desde hace años el modelo y las prácticas de gestión que se han empleado en la RTVA, pero siempre lo hacen en privado, muy pocos se han atrevido a alzar la voz salvo cuando perciben que han sido definitivamente desahuciados para producir para la nuestra. (En la red hay ya algún ejemplo de productor desesperado, con los papeles completamente perdidos, insultando a los directivos de la televisión pública andaluza con nombres, apellidos y acusándoles abiertamente de permitir la corrupción).
Históricamente el organigrama gerencial de la RTVA no ha permitido ninguna crítica externa y menos de quien llama a su puerta a pedir migajas para producir espacios que, si en el mejor de los casos se los compran, muy poca gente verá en los horarios perdidos y de relleno donde se programan. Cualquier crítica siempre fue interpretada como una agresión externa, condenando a la marginalidad al pequeño productor rebelde que se atrevía a abrir la boca, o bien obligándole a buscarse la vida fuera de Andalucía y en muchos casos a presentar concurso de acreedores en su modesta empresa.
Ex altos cargos de grana y oro
Lo único que a estas alturas está claro para todo el mundo interesado en lo que sucede dentro de nuestra radio y televisión pública es que la dirección socialista de la RTVA (apoyada sin fisuras durante años por el PP, a cambio de pequeñas contrapartidas editoriales obtenidas con noticias sobre el PP-A, seguimientos informativos y propagandísticos de Moreno Bonilla o contertulios de cuota) viene manteniendo alrededor de su actividad económica algo más de una docena de personas (productoras) que, pase lo que pase, siempre están bien situadas en el reparto de la gran tarta de producciones externas que se hornea con nuestros impuestos en la RTVA.
Se trata de personas que nada tienen que ver con la estructura directiva de la RTVA en la actualidad, pero que la tuvieron en su momento como altos cargos de la misma o han tenido vinculaciones directas o indirectas con el PSOE. Es difícil encontrar a un ex directivo de nivel de la corporación mediática andaluza que no haya acabado montando su propio chiringuito o viviendo al calor de la RTVA. Llaman poderosamente la atención en este capítulo que, algunos, en su vida habían tenido relación laboral con el sector audiovisual o el periodismo, salvo el ver la TV en su casa o leer el Córdoba.
La excepción que confirma la regla, desgraciadamente, se nos acaba de ir esta misma semana. Joaquín Marín entró en la RTVA siendo periodista y salió con el mismo oficio, el de periodista, profesión que ejerció con pasión hasta su muerte el pasado viernes 14 de julio. El periodista malagueño Joaquín Marín fue, por cierto, el único Director General que ha tenido la RTVA nombrado con el consenso de todas las fuerzas parlamentarias por unanimidad y, por consiguiente, dirigió la etapa de mayor pluralismo e independencia de nuestra televisión pública. Una circunstancia que nuestro actual Parlamento no debiera olvidar ante los necesarios cambios que se avecinan en el ente.
Ha sido particularmente en las escalas primaria y secundarias de gestión de estos 25 años donde, tras los primeros años de vino y rosas, con el dinero público a espuertas, donde floreció una cantera que con el paso de los años se ha convertido en quienes, hoy, desde fuera siguen haciendo la tv pública andaluza, pero a cambio excelentes beneficios dado que tienen intereses personales en sus productoras.
El 62% del presupuesto para las selectas “pata negra”
Según datos publicados por El Mundo, referidos al año pasado, fueron seis productoras de un total de 25 las que hasta el 30 de agosto del año 2016 habían firmado contratos de suministro de programas con la RTVA. Pueden parecer una minoría frente a los 19 restantes, pero acumulaban el 62% del dinero gastado por la televisión pública en los primeros ocho meses del año.
En la misma información, elaborada por el periodista Chema Rodríguez, se da cuenta con detalle de quiénes son algunos de los empresarios más beneficiados históricamente por la RTVA. Son las productoras conocidas popularmente como “las pata negra”, las que han sobrevivido con productos en la parrilla (de muy discutible calidad y aceptación) a pesar de los recortes y la crisis. Son los que implementan con sus equipos la mañana, la tarde, la noche, la copla, los niños cantores, la cámara oculta, además de hacernos cocinar y luego adelgazar con La Báscula. Por no hablar de cómo han dejado caer la información y la opinión de primera hora, cuajada de intereses variopintos de escaso interés para el público. El resultado, según los sondeos de audiencia más recientes, sitúan a Canal Sur TV en la cuarta posición, por detrás de Tele-5 en Andalucía.
De enero a agosto de 2016, la RTVA se había gastado más de 18 millones de euros en producción externa. Y, de ellos, 11,3 millones fueron para las productoras “pata negra”.
Pero junto a las productoras más mimadas con reiterados encargos de programas, todos caros, todas privadas, existe una de la que nadie habla, entre otras cosas porque navega con bandera blanca, aunque por aguas turbulentas – públicas y privadas–. Un breve análisis desde el umbral de su puerta nos conduce a pensar que estamos ante la productora con la pata más negra de todas, la más apetitosa en inversiones. Es, nada más y nada menos, que la productora de la propia RTVA, pero sin que oficialmente se note.
ADM, la productora camuflada de la RTVA
Andalucía Digital Multimedia (ADM) es con diferencia la que más dinero recibe anualmente de la RTVA. El año pasado, de enero a agosto, facturó un total de 3.948.386 euros. Es la que realiza desde hace años el programa de mayor audiencia de Canal Sur TV, “Andalucía directo” y que se emite por las tardes, presentado y dirigido por el periodista gaditano Modesto Barragán, puesto por la RTVA al frente de un equipo de unas cuarenta personas de la plantilla contratada por ADM. La mayoría de estos redactores, productores y técnicos llevan sometidos durante años al contrato “por obra”, vulgo basura.
Un vistazo al Registro Mercantil nos revela una clave importante que avala la tesis de que ADM es una herramienta (legal pero inmoral) empleada por la RTVA para saltarse controles, especialmente los contemplados en la legislación laboral. Y, además, recuerda una especie de cementerio de elefantes, con parque de elefantitos incluido, hijos e hijas de la casta televisiva andaluza que han tenido suerte en la búsqueda de su primer empleo. La vida sigue, la familia crece y hay que comer.
ADM está participada por cinco accionistas que según el Registro Mercantil consultado la pasada semana son los siguientes: Atalaya Spanish Group (9%), Axión Infraestructuras de Telecomunicaciones S.A. (9%), ZZJ Sociedad Anónima (9%), Telefónica de Contenidos (24,20%) y Sociedad Andaluza para el desarrollo de las Telecomunicaciones S.A., (Sandetel), el 47,81%. Recientemente ZZJ ha vendido, según confirma la propia empresa, un dos por ciento de su propiedad a la productora de Juan y Medio, aunque esta operación aún no figura registrada oficialmente. Tiempo atrás también tuvieron presencia accionarial Unicaja, Cajasol y la Universidad de Málaga entre otras.
El actual presidente de Sandetel, Ángel Ortiz Sánchez, declara incómodo a Confidencial Andaluz que no está autorizado a facilitar información a la prensa sobre composición accionarial y nos remite con escasa elegancia al Registro Mercantil, donde como quedó dicho aún no figuran los cambios últimos en el accionariado. Cambios que, es de imaginar, Ortiz Sánchez debe conoce por ser el accionista mayoritario de ADM con casi el 48% de capital público de Sandetel.
El Director General de ADM, el periodista de origen vasco Ricardo Llorca González, es un habitual de las puertas giratorias del PSOE en los medios de comunicación de titularidad pública. Un tipo que ha recalado varias veces en la RTVA, que estuvo en RTVE, arrancando en comunicación política institucional con Ramón Jaúregui en el País Vasco. Desde 2013 dirige la productora semi pública Andalucía Digital Media.
Su asesor financiero en ADM (en algunas crónicas se le presenta como Director Financiero de ADM), con acceso para informar ante el Consejo de Administración sobre cuestiones económicas, es otro viejo conocido de la RTVA, Rafael Camacho Ordoñez quién, en vez de usar la giratoria, en esta ocasión ha usado la trasera.
Fuentes del consejo aclaran que Camacho solo está presente “unos diez minutos informando en cada sesión y se marcha”. El ex portavoz del presidente Manuel Chaves y ex director general de la RTVA tiene desde hace tiempo despacho propio en ADM y dispone de medios corporativos como teléfono y correo electrónico. Todo apunta en apariencia a que la dirección financiera de esta productora está contratada externamente, a través de la empresa particular del propio Camacho.
En el último consejo de administración convocado, Ricardo Llorca, aprovechó para informar al Consejo sobre un nuevo “incendio” desatado en la casa, el despido fulminante y disciplinario semanas atrás de su mano derecha, el subdirector de ADM Nacho Lagos, un profesional de contrastada experiencia en el sector. ¿Motivo? un desencuentro verbal, en do mayor, en un pasillo de la RTVA en Málaga. El Consejo de ADM, con los de Canal Sur presentes y callados, ni se inmutó para conocer qué hubo de fondo en aquel ‘desencuentro’ que motivó tan severo y rápido despido, procediendo a aprobar la dotación presupuestaria correspondiente, tanto si ganaban como si perdían el pleito laboral entablado con el ex subdirector de ADM.
ADM, la madre de todas las productoras
Como se puede constatar el socio mayoritario de ADM es la propia Junta de Andalucía a través de Sandetel, con casi el 48% de las acciones, a mucha distancia del segundo accionista que es Telefónica de Contenidos con el 24,20% y del resto.
Y es en este punto donde hay que buscar las conexiones que relacionan directamente en la gestión, tras las bambalinas de ADM, a ejecutivos de la RTVA en tanto que posee varios de sus miembros directivos sentados en el consejo de administración de ADM, representando al capital público.
En fuentes laborales y también sindicales aseguran que “ADM es una especie de marca blanca de Canal Sur, donde es muy fácil confundirse porque todo está mezclado, directivos y trabajadores, zonas de trabajo, producciones y material técnico”. Afirman que ADM es el brazo ejecutor de la dirección de Canal Sur a la hora de proyectar y elaborar la parrilla de programación de cada curso; una circunstancia que beneficia más a la cuenta de explotación de la propia empresa que a los trabajadores de ADM. La mayoría condenados a padecer durante años contratos basura (por obra se les llama oficialmente) cada tres meses – aunque el programa lleve años en antena, como es el caso de Andalucía Directo– o verse obligados a darse de alta como falsos autónomos. Unos trabajadores que no cobran las horas extras que realizan y que dicen estar sometidos a una “increíble, dura y caprichosa disciplina laboral que en muchos casos termina en los tribunales de lo social, dándoles la razón a los trabajadores frente a la empresa”. La figura delictiva de la “cesión ilegal de trabajadores” sobrevuela desde hace tiempo esta problemática, pero según fuentes sindicales de la RTVA la primera denuncia al respecto no prosperó.
ADM ha protagonizado en octubre pasado titulares alarmantes por el despido – oficialmente “no renovación de contrato”- de una redactora embarazada. Hubo anteriormente otro caso similar que denunció y ganó su reingreso en la empresa, llegando a litigar hasta el mismísimo Tribunal Supremo que le dio la razón a la trabajadora. Pese a que el TS ha hablado, años después ADM sigue pleiteando por aspectos concretos de la ejecución de sentencia, aseguran fuentes internas de la productora. En el caso de la periodista Carolina Cambrils fue tal el revuelo en las redes que desde San Telmo alguien sugirió que no se pusiese más en cuestión con estas cosas tan impresentables la política de igualdad del gobierno de Susana Díaz. La productora, a regañadientes, tuvo que dar marcha atrás. Solo la Sra. Cambrils puede explicar el quinario que le han hecho pasar a su reingreso, lo mismo que la otra compañera.
La singularidad de ADM es que se trata de una productora semi pública, algo que ocultan deliberadamente presentándola como “privada“, (pueden verlo aquí, en su propia página web). Sobre quiénes y cómo la dirigen, cómo dormitan en ella los elefantes y elefantitos, cuáles son sus producciones, la calidad de las mismas, sus programas basura en la antena pública, y la estrechísima relación con la cúpula de la RTVA, son aspectos que merecerán mayor atención en próximas entregas.
Pero sobre todo porque ADM se ha convertido en un monumento al fracaso gubernamental andaluz por potenciar nuestro debilitado sector audiovisual, al que le han puesto a competir, enfrente y con ventaja, a la madre de todas las productoras, cebada con dinero público y llevándose la mayor parte de la tarta presupuestaria de la RTVA, empresa pública que, en teoría, también llegó hace un cuarto de siglo para potenciar el tejido empresarial en el sector.
Recientemente mi colega Pepe Aguilar en los periódicos del Grupo Joly ha dejado escrita esta docena de palabras que le compro a modo de conclusión: Canal Sur es políticamente sectaria, intelectualmente ínfima, socialmente conservadora y estéticamente nula.
Y añado, nada ejemplar en política laboral, especialmente a la hora de imponer en su ámbito de influencia la decencia que a miles de trabajadores arrebató la reforma laboral desde 2012 y que aplican con escasísima delicadeza los gestores “privados” del socialismo andaluz de Susana Díaz.
