sábado, 4 abril, 2026

Alianza entre los municipios de Murcia y la FEMP para mejorar la financiación de los ayuntamientos

Más de una veintena de alcaldes de la Región se han reunido en Cartagena con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, “con el propósito –señalaron- de hacer llegar al Gobierno de la nación una serie de reivindicaciones que consideran vitales para garantizar el buen funcionamiento de las administraciones locales”.

Entre las peticiones que han trasladado destaca que el Gobierno central “cumpla con el compromiso de revisar la regla de gasto a los ayuntamientos a través de un grupo de trabajo que debería haberse reunido durante el primer semestre del año”.

Asimismo, han reclamado que se supriman las restricciones de endeudamiento, que impiden a los gobiernos locales efectuar operaciones de crédito. La alcaldesa de Cartagena y anfitriona del encuentro, Ana Belén Castejón, ha recordado que el límite de deuda pública para 2016 fue del 3% del Producto Interior Bruto y que “las entidades locales han cumplido sobradamente los objetivos fijados hasta 2020”.

En este sentido Caballero explicó que “ayuntamientos como el de Cartagena, que han sido capaces de reducir su deuda en más de 56 millones de euros en sólo dos años deberían contar con el apoyo de la administración central para minimizar tensiones de tesorería coyunturales”.

Igualmente destacable es la petición de poder emplear el superávit obtenido por los ayuntamientos, y que hasta ahora estaba sujeto a la amortización de deuda, en materias tan importantes como la educación, el empleo, la cultura o el deporte. “Cartagena tuvo en el ejercicio 2016 un superávit de 15,5 millones de euros y el Estado nos obligó a destinar el 50% a amortizar deuda anticipadamente. Con los más de 7 millones de euros que hemos adelantado podríamos haber efectuado inversiones muy necesarias en nuestro municipio”, indicó Castejón.

La alcaldesa de Cartagena argumentó que podrían haberse invertido en “la construcción de 15 consultorios médicos, la rehabilitación de 70 viviendas sociales más, la adecuación de parques, la puesta en marcha de nuevas bibliotecas y escuelas infantiles o completar la red de campos de fútbol de césped artificial”.

Otra de las solicitudes de los alcaldes de la Región es que el Estado permita a los ayuntamientos cubrir el 100% de la tasa de reposición, de forma que en los próximos años se recuperen los cerca de 100.000 puestos que se han perdido en las administraciones locales de todo el territorio español.

Del mismo modo han recordado la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a los ayuntamientos a devolver las plusvalías cobradas en las operaciones de venta en las que los propietarios no han obtenido beneficio alguno. Se trata de la aplicación de una norma que emanaba directamente del Gobierno del Estado y los alcaldes consideran que no es justo que sean las administraciones locales las que se hagan cargo de esos pagos.

“La sentencia del TC está ocasionando un escenario de inseguridad jurídica en los ayuntamientos. Al tratarse de una norma estatal que aplicamos en los municipios necesitamos urgentemente que el Gobierno de España aborde una reforma integral del impuesto que adecue el tributo a la evolución real del mercado inmobiliario y que tenga en cuenta la capacidad económica del contribuyente. De esta forma, los ayuntamientos podríamos solventar las reclamaciones que se están produciendo como consecuencia de esta sentencia”, manifestó el presidente de la FEMP, Abel Caballero.

Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Joaquín Hernández, hizo hincapié en la principal reivindicación de la entidad que representa, y es una ley de financiación local, «estamos dejando de recibir dinero en los ayuntamientos por la ausencia de diputación provincial en esta Comunidad Autónoma, y es lo que vamos a reclamar, financiación por parte de la Comunidad, porque es nuestro derecho».

Los alcaldes que han asistido al encuentro son los de Alcantarilla, Joaquín Buendía; Águilas, M.ª Carmen Moreno; Alguazas, Blas Ángel Ruipérez; Beniel, M.ª Carmen Morales; Blanca, Mª Esther Hortelano; Caravaca de la Cruz, José Moreno Medina; Ceutí, Juan Felipe Cano; Cieza, Pascual Lucas; Fuente Álamo, Antonio Jesús García Conesa; La Unión, Pedro López; Librilla, Mar Hernández Porras; Lorquí, Joaquín Hernández; Los Alcázares, Anastasio Bastida; Mazarrón, Alicia Jiménez; Mula, Jesús Moreno; Pliego, Pedro Noguera; San Javier, José Miguel Luengo; San Pedro del Pinatar, María Visitación Martínez; Torre Pacheco, Antonio León Garre, y Ulea, Víctor Manuel López, y los tenientes de alcalde de Murcia, María del Carmen Pelegrín, y Lorca, Francisco Félix Montiel.

Blesa se pega un tiro en el pecho antes de salir de cacería

Miguel Blesa, que el próximo 8 de agosto cumpliría 70 años, el hombre que un día creyó tenerlo todo y dejó de tenerlo de un plumazo por ansiar demasiado ajeno a lo suyo como demuestra la sentencia judicial de las denominadas tarjetas black de Caja Madrid que lo ha condenado a seis años de prisión, se ha pegado presuntamente un tiro en el pecho con una escopeta de caza, según fuentes policiales, mientras pasaba unos días en una finca de la localidad cordobesa de Villanueva del Rey, lugar al que acudía habitualmente para practicar una de sus aficiones favoritas, la caza.

La finca cordobesa de Puerta del Toro, que no es de su propiedad, era el lugar al que Blesa solía acudir periódicamente junto a sus amigos para cazar. En la cochera de la finca ha sido hallado su cuerpo sin vida con un tiro en el pecho después de levantarse de la mesa cuando desayunaba y asegurar que iba a mover su vehículo.

Sólo tres personas se encontraban en la finca cordobesa junto a Blesa: Rafael Alcaide, gestor de la hacienda y amigo personal de Blesa, así como un trabajador y el guarda de Puerta de Toro.

Blesa era amigo personal de la infancia del ex presidente del Gobierno José María Aznar y se encontraba en libertad después de que en marzo pasado pudiera eludir la prisión hasta que se haga firme la sentencia del caso de las tarjetas black, que lo ha condenado a seis años de cárcel.

Blesa pasó de ganar en su momento tres millones de euros anuales cuando dirigía la extinta Caja Madrid a no tener “un euro” y reconocer que se veía obligado a hacerse personalmente todas las labores “de la casa” al tener todo su patrimonio embargado por la justicia debido a las causas judiciales que tenía pendientes relacionadas con la corrupción.

En estas fechas veraniegas se permite la caza mayor solo con autorización previa, así como el descaste de conejos por daños a la agricultura.

Extremadura y la Ley de Memoria

Tras varios meses de trabajo, esta semana, los miembros de la Comisión encargada de elaborar el Borrador, de lo que puede convertirse en la futura Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, han concluido su cometido. Profesores de la Universidad de Extremadura, representantes de las Asociaciones junto con técnicos de la Junta han logrado consensuar un texto, que como lo definía uno de sus autores, es muy asumible para la sociedad regional.

Mi más profunda enhorabuena por su compromiso, esfuerzo y tenaz dedicación. Ya hemos transitado parte del camino. Ahora, juntos, debemos continuar haciendo que el trámite parlamentario sea lo más fructífero posible. En eso estaremos pendiente.

El gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara sigue adelante con sus compromisos. Al día siguiente de recibir el documento, pasó por el Consejo de Gobierno quien dio el visto bueno a su continuidad.

Esperemos que en breve haga el recorrido burocrático pertinente, para que los grupos políticos, en comunión con todas las partes implicadas e interesadas, podamos ponernos de acuerdo en un proyecto limpio y que ponga, de una vez por todas, voz a los que tantos años han estado silenciados.

Pero no sólo esa debe ser la pretensión. Se necesita implicar al entorno educativo en la asimilación de unas profundas convicciones democráticas. Se necesita reconocer la diversidad de nuestra Comunidad. Se necesita respetar la pluralidad en el pensamiento y/o en las ideas políticas. Se necesita saber escuchar.

La Historia reciente de Extremadura ha estado jalonada de episodios, unas veces brillantes y otros muy sombríos. Es imperativo no olvidar ninguno. Tenemos que aprender a convivir con nuestras victorias y con nuestras derrotas. Con nuestros éxitos y con nuestras miserias.

Hace unos días concluía la lectura de un libro sobre los 30 años de la Asamblea de Extremadura. En sus líneas, en sus imágenes, se reflejaban lo que somos, más que lo que hemos sido. Eso es la Memoria. Eso es la Historia. Esa es nuestra Democracia.

Ojalá podamos construir una Ley que expulse de nuestros pensamientos cualquier veleidad en la defensa de la tiranía, la Dictadura y en definitiva la violencia hacia el otro.

Compromís cataloga de devolución con retraso la liquidación de 2015

El delegado del Gobierno en Valencia ha querido hacer un uso partidista de una cuestión técnica, como es la devolución de la liquidación presupuestaria de 2015, y desde Compromís le han parado los pies. La máxima representante de Compromís en la Conselleria de Hacienda, la Secretaria Autonómica, Clara Ferrando, ha mostrado su indignación con el delegado del gobierno, Juan Carlos Moragues, después del anuncio de la transferencia que la Generalitat ha recibido este martes de la liquidación de 2015 que asciende a 1.186.

“Pretende hacernos creer que nos envía una limosna, un regalo, cuando en realidad es indignante que hasta ahora el Gobierno de España nos haya retenido más de mil millones que son nuestros y que se nos debía por un mal cálculo de liquidación del ejercicio de 2015” ha declarado Ferrando. El Gobierno ha transferido este martes 1.186 millones de euros correspondientes a los 1.680,36 millones derivados de la liquidación de 2015, lo que quedaba por liquidar después del envío de dos anticipos a cuenta recibidos este año, uno de 300 millones y otro de 194 millones.

“El gobierno central nos retiene la parte de los impuestos que nos corresponde y, mientras, nos envía con cuentagotas fondos de liquidez, que no dejan de ser préstamos por los que nos cobra intereses. No sólo somos la comunidad autónoma peor financiada, sino que además nos toma el pelo. Nos llega nuestro dinero con dos años de retraso y pretende que celebremos la noticia.” añade la dirigente de Compromís.

Compromís también denuncia la inexistencia de un calendario de transferencias de liquidez. Para Ferrando “El sistema es muy arbitrario. El Ministerio de Hacienda ahoga la tesorería de la Generalitat y su autonomía para planificar la política de pagos. Además nos parece muy sospechoso que en 2015, antes de las elecciones, el gobierno había anticipado el 73% de la liquidación, mientras que este año en anticipos sólo se nos ha concedido el 32%, y hemos tenido que esperar hasta mitad del ejercicio para recibir, cuando han querido, el resto de nuestro dinero”.

La coalición nacionalista recuerda que entre anticipos y FLA extraordinario el gobierno central inyectó en el primer semestre del año 2015 unos 2.600 millones, en 2016 unos 1.943 y este año sólo ha llegado hasta junio 494 millones de anticipos. “No sé de qué se congratula el señor Moragues. El maltrato económico a nuestra comunidad es evidente y no veo motivos para celebrarlo” añade Clara Ferrando.

La Caravana Abriendo Fronteras llega a Almería

La Caravana Abriendo Fronteras llegará el viernes 21 de julio al puerto Almería a las 19:30 horas provenientes de Melilla. A las 20:00 horas se realizará una concentración de bienvenida en la Plaza de las Velas donde se leerá el manifiesto que pueden leer líneas más abajo. A las 22:00 horas comenzará en Níjar una cena de convivencia en Cabo de Gata Camper Park en el paraje el Nazareno.

El sábado en Níjar procederán a llevar a cabo una Marcha reivindicativa junto a los asentamientos y los invernaderos. Los actos reivindicativos terminarán en Centro de Congresos Campohermoso con mesas de debate.

El manifiesto

Nosotras, ciudadanas y ciudadanos de más de 100 colectivos de la sociedad civil nos dirigimos a la Frontera Sur para denunciar las  actuales políticas económicas, comerciales, medioambientales y migratorias que imponen la UE y el Estado Español. Políticas basadas en la explotación y la vulneración de los derechos humanos, que sólo producen pobreza económica y desesperación a miles de seres humanos.

Queremos  también manifestar que las políticas exteriores europeas no sólo son injustas e inmorales, sino que no están siendo efectivas. El cierre de fronteras y la Europa Fortaleza está abriendo vías de migración cada vez más peligrosas que está provocando un genocidio al que no podemos permanecer indiferentes.

Por todo esto:

  1. Demandamos vías legales y seguras para las personas en tránsito, y exigimos que se garanticen sus derechos en los países de acogida, evitando la explotación, los abusos, la violencia, la trata y el tráfico de personas.
  2. Exigimos que se respeten las disposiciones del derecho internacional, en particular la Convención de Ginebra relativa a las personas refugiadas, de la que Marruecos y España son firmantes.
  3. Pedimos la suspensión de la firma y aplicación de acuerdos de retorno y readmisión con países que no respetan los derechos humanos, y denunciamos la externalización de nuestras fronteras y las devoluciones en caliente de las personas que llegan a nuestras fronteras, que han sido denunciadas por numerosas asociaciones y organismos europeos de DDHH por vulnerar el derecho internacional.
  4. Requerimos el cese de la instrumentalización de la «Lucha contra la trata de seres humanos» para realizar operaciones represivas contra quienes migran. Son nuestras propias políticas de cierre de fronteras las que abocan a las personas migrantes a recurrir a vías inseguras.
  5. Reclamamos que se establezcan políticas de acogida dignas y efectiva y que el Gobierno acabe con los obstáculos en la tramitación en el procedimiento de asilo, desarrollando reglamentariamente la Ley de Asilo. Exigimos que se permita el acceso a las oficinas de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla, sin discriminación alguna. Para ello es necesario que las autoridades marroquíes, con la connivencia española, dejen de bloquear el paso o extorsionar a las personas que se dirigen a las oficinas de la frontera.
  6. Esta es una caravana feminista. Queremos hacer visible la presencia de las mujeres en los procesos migratorios y que son protagonistas y sujetos políticos. Con fuerza denunciaremos la violencia sexual que sufren las mujeres y las niñas tanto en los países de origen en contextos de conflictos armados, como en los países de tránsito y acogida. Exigimos que se garanticen los derechos de las mujeres en los países de acogida evitando la explotación, los abusos, la violencia y la trata de personas. Que se avale su derecho a formular una solicitud de asilo independiente de sus parejas y a tener un estatuto jurídico independiente del de sus cónyuges. Que se atiendan las necesidades específicas de salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y personas LGTBI, incluido el aborto, así como que se garantice la atención a las mujeres y niñas que han sufrido o corren el riesgo de sufrir abusos, violencia, mutilación genital femenina o matrimonios forzados.
  7. Exigimos que se clausuren los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), verdaderas cárceles racistas donde se encierra a los migrantes aunque no hayan cometido ningún delito.
  8. Demandamos que los/as menores no acompañados de Ceuta y Melilla sean reubicados en las distintas comunidades autónomas del Estado, para garantizar sus derechos y atención, evitando la violencia y abandono que en muchos casos sufren. Que se garantice con la máxima celeridad la documentación pertinente al cumplir la mayoría de edad y se invierta en políticas sociales para asegurar el pleno acceso a todos sus derechos.
  9. Solicitamos que se tomen medidas para garantizar los derechos y la dignidad de las trabajadoras y trabajadores transfronterizos, las porteadoras, en Ceuta y Melilla y las personas migrantes que se ven sometidas a condiciones de trabajo deplorables.
  10. Por último, alentamos a toda la ciudadanía que se encuentre al paso de nuestra ruta en Madrid, Sevilla, Málaga, Tarifa, Melilla, Nijar y Almería etc., que se sume a las movilizaciones que se están preparando en cada una de sus ciudades.

Queremos promover con esta acción un cambio de rumbo en la política exterior y migratoria del Estado Español y la UE. Y la implantación de políticas que de una vez por todas luchen contra la desigualdad el cambio climático y el respeto a los DDHH, y pongan fin a las intervenciones militares y al comercio armamentístico.C

El 35% de los jóvenes autónomos españoles se encuentra en riesgo de pobreza, 7.600 en la provincia de Málaga

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha registrado hoy en el Congreso de los Diputados una batería de iniciativas exigiendo al Gobierno de Rajoy medidas concretas a corto plazo para reducir los preocupantes índices de pobreza en los jóvenes autónomos de entre 25 y 35 años. La Comisión Europea afirma en un informe hecho público que el 35% de los jóvenes autónomos en España se encuentra en riesgo de pobreza; en torno a 7.600 en la provincia de Málaga, un dato que nuevamente sitúa a España a la cola de Europa, sólo superada por Rumanía.

“El intento del Gobierno por fomentar el emprendimiento entre los jóvenes se ve frustrado por la realidad a la que se tienen que enfrentar, con ingresos muy bajos, inseguridad y un nivel de vida muy precario”, ha asegurado Heredia, que igualmente ha pedido al Gobierno una valoración de este estudio, de donde también se extrae que la pobreza de los jóvenes autónomos españoles es un 45% mayor que la media europea. En «grandes potencias» económicas como la República Checa, Chipre o Irlanda, el riesgo de pobreza en este colectivo no llega ni al 10%.

Miguel Ángel Heredia ha pedido al Gobierno que se pronuncie sobre el problema de los “falsos autónomos” en España, causa principaldel elevado riesgo de pobreza en este sector. “Durante la crisis este tipo de organización del trabajo ha proliferado en nuestro país. No es que su emprendimiento sea peor, es que realmente hay muchos que no son emprendedores, y sufren una modalidad de contratación que vulnera la ley. España es el país de la UE donde más diferencia de pobreza hay por generaciones, y el motivo es precisamente que los falsos autónomos son en su gran mayoría jóvenes”, ha dicho.

Finalmente, Heredia ha pedido información al Gobierno sobre la variación del número de inspecciones de trabajo a empresas con autónomos desde 2011 hasta la fecha, desglosado por años, y por Comunidades Autónomas y provincias, poniendo en duda la eficacia del trabajo realizado a la hora de destapar y atajar situaciones irregulares desde que gobierna el PP.

 

 

El Gobierno impide a las clases medias trabajadoras beneficiarse de la mejora económica

María Jesús Montero, consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, ha informado al Consejo de Gobierno sobre la repercusión del recurso de inconstitucionalidad autorizado por el Gobierno de España contra la jornada laboral de 35 horas restituida en Andalucía. La consejera ha lamentado que el Ejecutivo central haya apurado el plazo para formalizar la impugnación con el consiguiente perjuicio para los más de 250.000 empleados públicos que ya se están beneficiando de la medida.

Según Montero, la recuperación de la jornada de 35 horas semanales «es una medida de justicia para los empleados que sufrieron importantes recortes en sus derechos con motivo de la crisis». Además, se trata de una propuesta eficiente desde el punto de vista económico que ha permitido la realización de nuevos contratos en el sector público, con una previsión mínima de creación de 7.000 empleos. Por ello, la Junta reclama al Gobierno central que no solicite la suspensión cautelar y espere al pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

La complejidad organizativa de la Administración andaluza exigiría adaptar de nuevo los turnos de trabajo diarios, especialmente en el sector sanitario, una circunstancia que ya se tuvo en cuenta en su día al diferir la entrada en vigor de las 35 horas al mes de enero de 2017. Este mismo plazo de tres meses sería el que tendría efecto la suspensión cautelar.

El Ejecutivo de Susana Díaz defiende su decisión de implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en el ejercicio de las competencias estatutarias de la comunidad y en las atribuidas por el Estatuto Básico del Empleado Público, así como en el cumplimiento de sus obligaciones de estabilidad presupuestaria. En este sentido, Montero ha recordado que la Junta es competente para regular la jornada de trabajo de su personal empleado público, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía que le otorga competencias exclusivas en materia de planificación económica y de su sector público (artículos 58.2 y 76.2. a y c). Por otro lado, Montero ha señalado que, cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 reguló la jornada semanal de 37,5 horas), lo hizo como medida coyuntural de contenido exclusivamente económico y para contribuir al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. De hecho, esta regulación no se incorporó al Estatuto Básico del Empleado Público.

Suficiencia financiera

Por otra parte, Montero ha subrayado que, una vez que la comunidad ha cumplido con sus obligaciones de equilibrio presupuestario, la medida del Gobierno central ya no resulta necesaria, «teniendo en cuenta además que, para no comprometer la estabilidad presupuestaria, se ha llevado a cabo una planificación económica rigurosa que garantiza la suficiencia financiera adecuada para la implantación y continuidad de la jornada de 35 horas semanales».

La titular de Hacienda y Administración Pública ha recordado, además, que el decreto ley 5/2016 fue convalidado por el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra. Asimismo, se ha referido a que la regulación tiene un doble efecto positivo, ya que supone un avance en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabadores de la Junta y, al mismo tiempo, contribuye a la creación de empleo público para que la implantación de la nueva jornada no afecte a los servicios públicos ni a su nivel de calidad.

Del mismo modo, la consejera ha aludido al compromiso del Gobierno andaluz de culminar, a lo largo de la legislatura, la recuperación de todos los derechos que fueron suspendidos a los empleados públicos, lo que llevó a acordar, tras la negociación sindical, un calendario que incluía la jornada de 35 horas semanales. Asimismo, ya se han hecho efectivas otras medidas como la restitución de los días adicionales de asuntos particulares y vacaciones por antigüedad o la recuperación de la paga extra de 2012, de la que ya se ha abonado el 75%.

La consejera ha recordado que la Junta de Andalucía marcó «un camino propio para hacer frente a la crisis, sin privatizaciones y sin despidos masivos, con medidas de reparto del empleo público, como la reducción al 75% de eventuales en sanidad, que evitaron que 25.000 profesionales salieran de las plantillas de la Junta». Ahora, ha insistido, «también está imprimiendo otra salida de la crisis para garantizar la cohesión social y que la recuperación llegue a las familias, con la restitución de los derechos suspendidos y con medidas como la jornada de 35 horas que busca la calidad en el empleo y la revitalización de los servicios públicos».

Frente a ello, ha denunciado, «el Gobierno central impide a las clases medias trabajadoras beneficiarse de la mejora económica y pone en peligro los miles de nuevos contratos que ya se han formalizado en Andalucía con la implantación de las 35 horas».

Podemos exige que se lleve a Fiscalía el uso partidista de Interior

Las conclusiones del Grupo Confederal de Unidos Podemos son claras respecto a lo acontecido en el ministerio de Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz: se elaboraron y divulgaron montajes policiales y hubo preparación de investigaciones falsas para influir en procesos electorales. Como PP, PSOE y Ciudadanos han decidido que la Comisión no continúe con sus investigaciones y entrevistas, desde Podemos han decidido poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado las conclusiones.

Unidos Podemos ha registrado un escrito titulado Cloacas de Interior, en el cual presentan el uso político de la Policía, la creación de unidades fuera de su estructura orgánica, y el empleo sin control de recursos públicos para hacer indagaciones extrajudiciales con el fin de influir en negociaciones políticas o procesos electorales como algunas de las prácticas partidistas del Ministerio cuando se encontraba al frente el “mariano” Fernández Díaz.

La comisión debatirá las propuestas de conclusiones de los distintos grupos parlamentarios el próximo jueves, 20 de julio, después de que Partido Popular, PSOE y Ciudadanos votaran en contra de la prolongación de los trabajos de investigación de esta comisión y vetaran las comparecencias de los comisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín- Blas, que había solicitado Unidos Podemos.

Dado que sólo aquellos puntos que reciban mayoría de votos pasarán al posterior debate y votación en el Pleno del Congreso como conclusión de la investigación en Comisión, Podemos exige que su propuesta se remita a la Fiscalía, por si se hubieran cometido delitos de malversación de fondos públicos o fraude procesal por parte de los máximos responsables de Interior y de la Policía.

El escrito de Podemos, que destaca la escasez de comparecientes y las trabas en el acceso a la información, señala los casos concretos de la grabación al ex ministro Fernández Díaz en su despacho junto con Daniel de Alfonso; la preparación de investigaciones falsas contra dirigentes catalanes antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014; y la elaboración y divulgación de dos montajes policiales contra Pablo Iglesias y Unidos Podemos como son el dossier PISA y el falso pago en el Euro Pacific Bank.

Andalucía no permitirá un nuevo Castor en Doñana

Juan Carlos Blanco ha asegurado que la Junta «no tiene intención» de autorizar la instalación de pozos de almacenamiento de gas natural en Doñana y su entorno. Blanco se ha referido así al proyecto de la compañía Gas Natural para abrir los citados pozos en el parque natural y ha declarado que el Ejecutivo autonómico actuará en este sentido en defensa de los ciudadanos.

«Si el PP quiere defender con ahínco los intereses de Gas Natural es su responsabilidad», ha manifestado el portavoz, que ha añadido que, por su parte, el Gobierno andaluz «está para defender los intereses de los andaluces y no los de una compañía concreta».

Ha aludido también a los estudios elaborados por geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que alertan del riesgo sísmico que entrañan estos pozos, y ha lamentado que el PP esté «poco interesado» en hablar del contenido de los mismos.

Finalmente, ha lamentado las «prioridades» de la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina, que aún no se ha desplazado hasta Doñana tras el incendio registrado en el área de Moguer. «Nos gustaría que recordase que Doñana existe y viniese a conocer de primera mano cómo está el parque y lo que ha pasado por el incendio», ha concluido.

Igualdad no firmará aún el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género

La Vicepresidencia y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha decidido retrasar hasta después del verano la firma del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y machista a petición de las asociaciones adheridas al acuerdo, según ha anunciado el secretario autonómico de Inclusión y la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, tras la reunión de trabajo que ha mantenido con representantes de las mismas.

La decisión se ha adoptado en la reunión de trabajo que tenían convocada para seguir trabajando en el documento base que la Conselleria ha hecho con sus compromisos y las distintas aportaciones que se han hecho por parte de las entidades participantes.

Ibáñez ha señalado que, aunque en un principio estaba prevista la aprobación del pacto en julio, el Consell es “un Gobierno horizontal y piensa que la regeneración democrática también es escuchar a la sociedad civil”. Por ese motivo la Conselleria ha aceptado la petición de las asociaciones y ha decidido continuar trabajando junto a ellas durante los meses de julio y agosto “para conseguir compromisos firmes y propuestas concretas e incluir todas las aportaciones que se han hecho”.

Respecto a la fecha en la que pueda estar ultimado para su firma, Ibáñez ha indicado que está previsto que en septiembre se pueda contar ya con “un pacto unánime, fuera de toda confrontación partidista y que refleje que toda las instituciones públicas valencianas y la sociedad civil rechazan todo tipo de violencia contra las mujeres”.

La iniciativa de constituir un pacto surgió el pasado mes de abril fruto de la necesidad de alcanzar un acuerdo político, social, cívico y económico basado en la cohesión y la unidad para que la lucha contra la violencia de género y machista “quede al margen de la polarización política y para «romper los muros que invisibilizan estas agresiones, para socializarlo como un conflicto político y social que interpele al conjunto de la sociedad”, ha recordado el secretario autonómico.

El Pacto está integrado por 73 representantes de las administraciones públicas y agentes políticos sociales, económicos, cívicos y culturales. Desde el pasado mes de mayo la conselleria ha convocado a reuniones de mesas sectoriales para poner en común todos los conocimientos desarrollados.

Las líneas estratégicas desarrolladas por la conselleria y en las que trabajan los diferentes grupos sectoriales del pacto son garantizar una sociedad libre y segura contra la violencia de género, feminizar a la sociedad, coordinar el trabajo en red para la atención de mujeres víctimas de violencia machista y de sus hijos e hijas, así como la sociabilización para que este tipo de violencia sea concebido como un conflicto político y la dotación de un presupuesto estable para poder desarrollar e impulsar los objetivos consensuados.