viernes, 16 mayo, 2025

Detenidas tres personas en la Región de Murcia que distribuían pornografía infantil por WhatsApp

La Guardia Civil ha detenido a un total de 27 personas en varias provincias españolas por posesión y distribución de archivos con contenidos de abusos sexuales a menores de corta edad en Internet y a través de la aplicación telefónica de WhatsApp. En concreto, en la Región de Murcia los agentes arrestaron a tres personas, dos de ellas en Cartagena y una en Murcia.

Además, en el marco de la operación ‘Clara’, han sido intervenidos un total de 22.534 archivos explícitos de abusos sexuales a menores, entre ellos vídeos y fotografías en los que se reproducen abusos sexuales, desde bebés hasta niños y niñas de 14 años.

Asimismo,la Benemérita ha informado que se han realizado 24 registros, 22 en domicilios y dos en empresas, tras los cuales han sido intervenidos diez ordenadores portátiles, 41 discos duros, 18 memorias USB, 79 DVDs, dos teléfonos móviles y dos tarjetas SIM.

Una vez analizado el material incautado fueron localizados 22.534 archivos de contenido pedófilo, acreditando la participación de los detenidos en la tenencia y distribución a través de Internet.

La operación comenzó en agosto de 2015 cuando agentes de la Policía Local de San Roque, provincia de Cádiz, tras encontrar una bolsa en cuyo interior habían cuatro discos de DVD con diversos archivos de video de contenido pedófilo, dio a conocer el hallazgo a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.

De esta manera, los agentes del Instituto Armado encargados de la investigación pudieron detectar a los usuarios de estas redes encargados de compartir y distribuir archivos explícitos de abusos sexuales a menores, siendo localizados en Cádiz, Murcia, Huelva, Málaga, Granada, Almería, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Gerona, Zaragoza, Madrid, Salamanca, Palencia, Coruña y las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado la Guardia Civil, uno de los detenidos usaba dos teléfonos móviles exclusivamente para el intercambio y distribución de archivos de contenido pedófilo a través de la aplicación WhatssApp, con supuestas redes internacionales de pedofilia.

La ‘Operación Clara’ ha sido dirigida por el Juzgado Mixto número 2 de San Roque y llevada a cabo por el Emume del área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.

 

Podemos pide que los hijos de emigrantes puedan volver sin problemas lingüísticos o educativos

El diputado en el Congreso por Podemos Murcia, Javier Sánchez Serna, presentó este fin de semana una proposición no de ley para que “se garantice que los niños y niñas que han tenido que irse fuera de España por situaciones familiares o que ya han nacido en el extranjero de padres españolas, tengan garantizado en el extranjero un adecuado nivel de lengua y cultura españolas”.

Sánchez Serna ha afirmado que para ello hay que realizar “un estudio de la emigración infantil con el objetivo de conocer su realidad social y demográfica así como sus necesidades curriculares”.

Los datos, como ha detallado el diputado de Podemos en el Congreso, dicen que más de ochenta mil niños se han tenido que ir con sus padres desde 2009 y que ya hay cuarenta mil que han nacido directamente en el extranjero.

“Por ello añade el diputado- si queremos que vuelvan con garantías y se puedan reincorporar a los centros educativos con el suficiente la red educativa española en el exterior debe priorizarlos a la hora de escolarizarse y que acaben su etapa educativa con un C1”.

Sánchez Serna ha explicado que es necesario un estudio de los centros dependientes del Ministerio de Educación ya existentes dedicados específicamente a la formación de niños españoles “que ponga en relieve las necesidades de los mismos, ya sean de falta de infraestructuras o de personal suficiente”.

Entre las medidas concretas, el diputado nacional de Podemos Región de Murcia ha contado que también sería necesario establecer como prioritario el “dar una formación suficiente que facilite el retorno de los niños emigrados y su reincorporación al sistema educativo español en condiciones óptimas”.

Además, otro de los objetivos sería, según Javier Sánchez Serna, modificar diversos puntos de las Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las secciones españolas en centros de otros estados o de organismos internacionales.

Por ejemplo, incluir la reincorporación de los “niños españoles al sistema educativo español como una prioridad fundamental de las secciones en lugar de la promoción de la lengua y la cultura españolas. Hay que poner por delante la admisión de niños cuya lengua materna sea el español”.

Sánchez Serna ha añadido que la propuesta presentada para su debate en el Congreso también contempla que se garantice “la reincorporación de los niños emigrantes españoles al sistema educativo español y establecer como objetivo la adquisición del nivel C del Marco común europeo de referencia para las lenguas en lugar del nivel B2 que refleja actualmente”.

“Salvemos el faro de Cabo de Palos” planta cara a la Autoridad Portuaria

En las faldas del faro de Cabo de Palos, tuvo la primera reunión de la recién constituida “Plataforma Salvemos el faro de Cabo de Palos” donde declararon el “rotundo rechazo” a la propuesta del PP de convertir el faro en una infraestructura de gestión privada como así aparece reflejado en la Proposición No de Ley (PNL) presentada en la Comisión de Fomento del Congreso por el diputado conservador Teodoro García Egea el pasado 28 de junio.

A la citada reunión asistieron representantes de la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos, de La Manga del Mar Menor, de la Federación de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcav), de CCOO de la Autoridad Portuaria, miembros del Círculo Podemos La Manga y Cartagena Sí Se Puede y familiares de los fareros residentes en él.

De manera unánime afirmaron no estar dispuestos a que este edificio histórico “se considere como un faro abandonado siendo habitado en la actualidad por cuatro familias de fareros y sin déficit en su gestión” estimando que el recorrido normativo que debe sufrir el edificio es poner en marcha el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para valorar “otras propuestas de uso del faro y articularlo como un producto turístico sostenible en una ruta integrada con otros recursos como el Mar Menor, la Reserva Marina de Cabo de Palos – Hormigas y Cartagena”.

La nueva Plataforma se crea como una “entidad de carácter público, no asociada a ningún partido político, para conseguir el rechazo de la PNL” coordinándose desde la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos.

Los integrantes de la plataforma se han marcado como objetivo lograr hacer partícipe “a la mayor parte de la población, asociaciones vecinales y otros colectivos interesados en unirse a la plataforma para conseguir el máximo apoyo en defensa de nuestro patrimonio”.

Además, tienen previsto diseñar actos de protesta ciudadana y movilizaciones “para sensibilizar a la población sobre la necesidad de proteger el faro así como denunciar los intereses partidistas que nada tienen que ver con el bien común”.

MC pide el BIC

La coordinadora de Patrimonio de Movimiento Ciudadano (MC) de Cartagena, María Dolores Ruiz, afirmó ayer que “nunca se ha producido” la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para las instalaciones del faro de Cabo de Palos.

“Solo cuatro faros en España -añade- han obtenido la categoría de BIC, y en ninguno de los casos se han paralizado los expedientes durante décadas, como sucede con el de Cabo de Palos, para cuya declaración se dieron los primeros pasos en la resolución de 2 de julio de 1984 por parte de la Dirección Regional de Bienes Culturales de Murcia, hace 33 años”.

Ruiz recuerda que “además, hace exactamente 15 años, el 1 de julio de 2002, el Ministerio de Cultura incoó el procedimiento de declaración de BIC del faro a instancias de la asociación Pro-Defensa del Patrimonio Artístico y Cultural de la Región de Murcia, y seguimos como aquél día, pero con la amenaza cierta de las gobiernos central y regional de acabar con el faro”.

La coordinadora de Patrimonio de MC ha conocido de otros expedientes de protección iniciados, como el que se inició el 28 de agosto de 2002 sobre dos faros en Lanzarote y que concluyó el mismo año obteniendo su declaración como monumento.

También se ha estudiado el proyecto “Faros de España”, impulsado en 2016 por el Presidente de Puertos del Estado, propuesto por la ministra Ana Pastor tres años antes. En este proyecto se incluyen cinco faros sobre los cuales existían ofertas para convertirse en hoteles: Illa Pancha (Ribadeo, Lugo), Trafalgar (Cádiz), Cabo Silleiro (Bayona, Pontevedra), El Pescador (Santander, Cantabria) y Punta Galea (Getxo, Vizcaya). De todos ellos ninguno está incoado como Bien de Interés cultural y alguno, como el de Punta Galea, carece de interés patrimonial.

La coordinadora de Patrimonio de MC insiste en que “el faro de Cabo de Palos tiene un evidente valor patrimonial, además en la publicación del Instituto de Patrimonio Histórico en febrero de 2017 Catálogo de Faros con Valor Patrimonial de España se reseña expresamente este valor”.

Aunque en la PNL presentada en el Congreso se afirma que “no se pretende tocar un solo ladrillo de este emblemático edificio” Ruiz afirma que MC prefiere “que exista una obligación legal de preservar el faro y su entorno natural”.

La coordinadora concluye que “por eso MC instará al Ministerio de Cultura a avanzar en el expediente y declarar BIC el faro de Cabo de Palos y su entorno, antes de que sea demasiado tarde, para que los acuerdos y decisiones que se adopten sobre su uso estén supeditados al valor histórico y patrimonial del inmueble y su entorno, confiando en que ninguna administración ni partido se oponga a ello, y en que este mismo año se resuelva esta situación incomprensiblemente mantenida en el tiempo”.

 

El Gobierno del Botànic coloca a los lobbies en su sitio

El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley reguladora de la actividad del lobby en el ámbito de la Generalitat y su sector público instrumental, un texto que garantiza la transparencia en la participación de los grupos de interés en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de proyectos normativos, todo ello de acuerdo con los principios de legalidad, publicidad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en la gestión pública.

Sitúa a los lobbies dentro de la administración colaborativa que el Gobierno del Botànic está impulsando y que se puede enmarcar en el concepto de buen gobierno, en un juego limpio que evita que los poderes públicos puedan favorecer a unos grupos de interés frente a otros poniendo freno a la cultura del amiguismo.

Cabe resaltar que no existe legislación de este tipo a nivel estatal y sólo tres autonomías la han desarrollado: Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón, siendo la valenciana la única que está tramitando una ley específica que regule el fenómeno de los lobbies.

Medio para trasladar posicionamientos y argumentos a los políticos

El lobbismo es un medio para que sectores de la sociedad trasladen sus posicionamientos, preocupaciones y argumentos a los representantes políticos y a las personas responsables de la administración pública, con la intención de influir legítimamente en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos.

El nuevo texto normativo considera actividad de lobby toda comunicación directa o indirecta, oral o escrita, con los cargos o empleados públicos, con la finalidad de influir en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos, desarrollada en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental en beneficio de sus propios intereses o de terceros.

Su ámbito de aplicación se circunscribe a las personas y organizaciones que, teniendo o no personalidad jurídica, y en nombre propio o de terceras partes, lleven a cabo la actividad de lobby. A su vez, afectará a los cargos públicos y al personal empleado público de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental.

Registro de Lobbies gratuito y obligatorio

El Registro de Lobbies viene a hacer efectiva la identificación pública de las actividades que desarrollan los grupos de interés. Será de carácter electrónico, administrativo, gratuito y obligatorio. De esta forma, se pone al alcance de la ciudadanía la información sobre la actividad e influencia de los grupos de interés en sus relaciones con la administración.

En el registro se harán constar las actividades que desarrolla el lobby y se publicarán en el Portal de Transparencia de la Generalitat, como reuniones, audiencias y comunicaciones de todo tipo.

La inscripción en el registro supone beneficios, como poder presentarse como lobby inscrito en el registro delante de la Generalitat, lo que posibilitará la reunión o contacto con cargos de la administración o empleados del sector público; hacer constar su contribución en las consultas públicas en calidad de grupo de interés, lo que supone prestigio social; ser informado sobre actos y consultas públicas de la Generalitat y recibir información sobre la actividad formativa y de divulgación que, organizada por la Generalitat, pueda ser de su interés; favoreciendo así la igualdad de todos los lobbies; y mejorando, en definitiva, la calidad democrática.

La Conselleria de Transparencia elevará al Consell de forma anual un informe sobre la actividad y el funcionamiento del registro.

Código de conducta, “huella normativa” y negociación de normas

También se regula un código de conducta para los lobbies, además de sistemas de control y fiscalización de la información registral.

En cuanto al código, se trata de un mínimo de obligado cumplimiento, que puede ser completado con códigos de conducta más exigentes aprobados por los propios lobbies.

La “huella normativa” se refiere a la publicidad de los contactos que la administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, asegurando así que la influencia de estos grupos en la confección de las normas sea transparente y no desproporcionada.

Por otro lado, se contempla la posibilidad de que ciertas normas, como anteproyectos de ley y decretos del Consell, puedan ser negociadas con los lobbies, sin que ello sustituya la participación ciudadana y el trámite de audiencia, previstos en la normativa vigente. El resultado de esta negociación no será vinculante.

En cualquier caso, se trata de una nueva herramienta de participación, con la que se persigue mejorar la calidad de las normas, ahondar en las prácticas que definen el buen gobierno y facilitar la resolución de conflictos antes de la aprobación de las normas.

El último capítulo del anteproyecto recoge el régimen sancionador específico en materia de lobbies.

Pensiones: el éxito de Mariano Rajoy

Esta semana hemos sabido que el Fondo de Reserva de Pensiones, el mayor legado que dejó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a los españoles habían sido dilapidado por el Partido Popular. El Ejecutivo socialista dejó a Mariano Rajoy una herencia de 66.000 millones de euros, un 6% del PIB español, en la Hucha de las Pensiones. En menos de 6 años, el PP lo ha machacado y ha dejado a los pensionistas sin ese colchón que garantizaba que cobrarían cada mes su pensión.

Evidentemente, se trata de un fracaso de las políticas económicas de este gobierno, no sólo las relacionadas con las pensiones, sino a nivel de Seguridad Social y empleo, es decir, de todo lo que se encuentra bajo la responsabilidad de Fátima Báñez.

El sistema de pensiones español está basado en un modelo solidario por el cual las cotizaciones del presente son las que cubren el coste de las pensiones de quienes ya están jubilados. Un sistema por el que quienes disponen de un trabajo ponen la parte que cotiza a la Seguridad Social, ya sea a través de la cuota personal, ya sea a través de la cuota que las empresas pagan por cada trabajador que tienen contratado, en espera de que, cuando llegue el momento de su jubilación, sean otros quienes le garanticen con sus cotizaciones su pensión.

Las medidas en materia laboral tomadas por el gobierno de Mariano Rajoy han afectado de una manera decisiva en la explosión del sistema de pensiones y demuestran que todo el optimismo gubernamental cada vez que salen las cifras del paro son mera impostura.

Cada vez que el gobierno sale eufórico, jaleado por sus medios afines, con datos de paro registrado o con la EPA de trimestres clave, Diario16 ha afirmado que todo es falso. Los datos globales son irrebatibles, el paro global baja, se crea empleo, pero…, ¿en qué condiciones?

En el mes de mayo fue necesaria la firma de más de dos millones de contratos para que el desempleo registrado en las oficinas del SEPE bajara en 111.908 personas, es decir, que en este país es necesario que se firmen 20 contratos para crear un puesto de trabajo. Sin embargo, no sólo se trata de la cuestión cuantitativa, sino que para entender lo que está ocurriendo con nuestro mercado laboral hay que irse al aspecto cualitativo.

Gracias a la Reforma Laboral de Mariano Rajoy y de Fátima Báñez el empleo que se crea en España es en exceso precario, el más precario de Europa. Son los propios datos oficiales los que lo demuestran, no se trata de reflexiones, análisis o interpretaciones. Según las cifras correspondientes al mes de mayo un 33% de los contratos firmados tenía una duración inferior a una semana. Los números oficiales también nos dicen que un 92% de las relaciones laborales que se establecen entre trabajadores y empresas es de carácter laboral.

Por otro lado, los salarios son muy bajos. España sigue manteniendo una masa salarial más propia de un país en desarrollo que de la cuarta economía de la Eurozona. Las empresas siguen aumentando los beneficios netos pero ese hecho positivo no se traslada a los salarios de los trabajadores. 2,6 millones de personas viven en una situación de pobreza extrema, según datos del INE, y un 22% se encuentra en alto riesgo de pobreza, 1 de cada 5 españoles. Todo esto en un país que es el motor de Europa en creación de empleo.

Además, la población activa está muy por debajo de la que dejó José Luis Rodríguez Zapatero. Las condiciones en las que se accede al empleo, cuando eso ocurre, ha provocado que millones de españoles hayan cruzado nuestras fronteras para buscar la dignidad perdida desde que gobierna Rajoy; también ha sido la causa por la que muchos se han desanimado y ya no buscan empleo. Según los datos de la EPA, la población activa está formada por 740.000 españoles menos que en diciembre de 2011, 740.000 personas menos a cotizar para que nuestros jubilados tengan sus pensiones aseguradas.

El mercado de trabajo español, del que se nutren las pensiones, está gravemente enfermo, está pervertido por una falsa sensación de recuperación provocada por el impostado triunfalismo gubernamental. Las medidas implementadas por Mariano Rajoy y su falta de iniciativa a la hora de generar políticas de creación de empleo han llevado a que las pensiones se vean afectadas y a que nuestro sistema haya implosionado en este mes de junio.

Trabajos temporales y precarios y salarios más propios de los años 80 que de la segunda década del siglo XXI son la consecuencia de la Reforma Laboral de Rajoy y Báñez. Esto afecta, evidentemente, a nuestras pensiones. Pero ¿no tuvieron en cuenta esto cuando prepararon una legislación que buscaba crear cortinas de humo para tapar su ineficacia con los datos globales de creación de empleo? Está claro que lo tuvieron en cuenta porque uno de los objetivos de esa Reforma Laboral era, por supuesto, la depauperización del sistema de pensiones para crear un nuevo nicho de negocio o un modelo similar al estadounidense.

El Partido Popular siempre ha buscado eso que llaman «colaboración de lo público y lo privado» que no es otra cosa que la privatización de servicios que el Estado está obligado a ofrecer a sus ciudadanos. Lo vemos todos los días con las privatizaciones de la sanidad o de la educación pública. ¿Por qué no con las pensiones? Ahí hay un nicho de negocio sin explotar porque, hasta ahora, la gente no contrataba planes privados porque con la pensión pública tenían para vivir con dignidad. En las jubilaciones hay mucho dinero parado, hay un mercado aún sin explotar y quienes les sostienen, al igual que sostienen a Ciudadanos, quieren su parte del negocio. Por eso no es extraño lo que está pasando: sometimiento de la clase trabajadora a través de empleos precarios y de salarios de miseria y, por transposición, destrucción del sistema de pensiones. Esta es la razón por la que el actual presidente del Estado español ha triunfado, ha logrado un gran éxito, al menos para aquellos que se beneficiarán del cambio de modelo que vendrá en poco tiempo.

Lo que no sería un éxito sería hacer las cosas bien, es decir, aplicar políticas de creación de empleo que fueran realmente efectivas.

Desde que gobierna el PP hay una palabra de la que se habla de manera incesante: emprendimiento. Esa es la solución que dan Mariano Rajoy y Fátima Báñez: «búscate la vida y hazte autónomo». Pongamos un ejemplo: en estos días el gobierno de la Región de Murcia (PP) ha presentado una iniciativa por la que los parados de larga duración que se den de alta en el régimen de autónomos no pagarán la cuota durante el primer año y en el segundo sólo 50 euros, además de disponer de una subvención de hasta 3.500 euros para abrir su negocio. De esta iniciativa se podrán beneficiar más de 40.000 murcianos. Podría parecer una gran medida, que en lo básico lo es, pero lo que esconde es la estrategia para que el paro baje a través de las altas de autónomos, con lo que consiguen unos datos globales de creación de empleo con los que sacar pecho en Europa y reducir el gasto en prestaciones de desempleo. Sin embargo, esta no es la solución porque un 70% de las nuevas actividades empresariales iniciadas fracasan en el primer año. Es decir, que las medidas de emprendimiento no hacen otra cosa que tapar un agujero de manera temporal en espera de que las empresas comiencen a generar empleo digno cosa que, por desgracia, cada día que pasa se está transformando de sueño a utopía.

Este ataque bien diseñado y ejecutado es causa suficiente para que Mariano Rajoy presente su dimisión, solicite al Jefe del Estado la disolución de las Cortes y convoque nuevas elecciones para que entre a gobernar alguien que no juegue por un factor ideológico con la vida de las personas, alguien con más proactividad para generar políticas pensadas para mejorar la vida de la ciudadanía y no para destrozarles la vida y el futuro.

 

4.000 malagueños tendrán que dejar sus estudios el próximo curso

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha denunciado que Rajoy ha pedido a 4000 estudiantes malagueños desde el curso 2012-13 que devuelvan la beca en todos los niveles medios y superiores. «Ello puede impedir que 4.000 malagueños sigan estudiando«. El Ejecutivo del PP de ha provocado un retroceso de «décadas en igualdad de oportunidades», en lo referente a la educación pública ya que, según Heredia, «hemos pasado de un sistema reconocido como de los de mayor equidad en el mundo, a tener un modelo injusto». Hay que recordar que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) cifró en 100.000 los estudiantes que han tenido que dejar lo estudios universitarios en nuestro país. «Ahora el Gobierno del PP quiere que 118.000 alumnos de nuestro país tengan de devolver las becas, de los que 24.000 están en Andalucía y 4.000 de ellos, en la provincia de Málaga».

Mariano Rajoy quiere recaudar más de 205 millones de euros con la devolución a alumnos becados entre los cursos 2012/13 a 2015/16. «Es el resultado de la reforma de 2012 del sistema de becas aprobado por el PP«, ha lamentado Heredia, que ha explicado que, entre los requisitos impuestos por el Ejecutivo central al alumnado para instar a la devolución, están el no haber aprobado el 50% de las asignaturas matriculadas o no haber asistido al 80% de las clases. «Antes de la reforma de 2012, los expedientes de devolución no alcanzaban los 10.000 anuales, un año después se ha incrementó casi 40.000 con la llegada de Rajoy, se ha multiplicado por 4», ha detallado.

«¿Por qué Rajoy no analiza caso a caso?, ¿sabe Rajoy que muchas de las familias tendrán que pedir un préstamo para poderla devolver?», se ha preguntado Heredia. El PSOE, para acabar con esta situación, registró una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2017 por valor de 500 millones de euros que fue rechazada por el PP. «Muchos de nosotros pudimos estudiar una carrera universitaria gracias al sistema de becas», ha dicho.

Heredia ha destacado que el Gobierno ha admitido que la bajada del importe medios de las becas universitarias para Andalucía fue de 813 euros por ayuda desde el curso 2012-13 hasta hoy, un descenso del 30%, muy superior al que se ha producido a nivel nacional, que ha sido del 20%, con 673 euros menos en becas por estudiante en todo el territorio nacional. «Hemos asistido a la mayor subida de las tasas universitarias de la historia y a un brutal recorte en becas», ha apostillado Heredia, que ha reprochado a Rajoy que haya roto con la tendencia al alza que se venía produciendo en nuestro país desde 1996 en cuanto a la cuantía de estas ayudas.

Los recortes en becas no han sido solo a nivel universitario, también se ha producido en las de bachiller y FP de grado medio y superior. Los becarios malagueños de enseñanzas medias han dejado de recibir 63 euros menos de media por beca, pasando de 1.497 euros en el curso 2015/16 a 1.444 euros de media para el periodo 2016/2017, un 4,5% menos, mientras que, en Andalucía, la cifra ha bajado de 1.509 a 1.447 euros por estudiante.

«Esta situación choca con los esfuerzos de Susana Díaz en la Junta de Andalucía por mantener las matrículas un 40% más bajas que la media nacional o la puesta en marcha de las becas Segunda Oportunidad, las becas 6.000 y las becas Adriano. Rajoy promueve recortes de becas universitarias y no universitarias que coinciden con el aumento de la precariedad laboral y salarial y de más riesgo de exclusión social, ha conseguido que sobrevivir como estudiante sea casi misión imposible», ha concluido.

Hartazgo empresarial en la Región de Murcia

Los empresarios murcianos, entre los que también se incluyen los regantes, comienzan a lanzar mensajes de estar hartos de la clase política gubernamental por no cumplir sus compromisos en materia de infraestructuras y recursos hídricos.

Valgan como ejemplo del cabreo existente las siguientes frases: “esto es una tomadura de pelo”, “hay que comenzar a pensar cómo se vota”, “la cabeza me pide una cosa pero el corazón otra” son las habituales en los últimos encuentros celebrados en Almería —Corredor Mediterráneo— y Murcia —Mesas del Agua. Los vocablos aludidos son esgrimidos por el presidente de los empresarios valencianos Vicente Boluda y el dirigente de la patronal murciana, José María Albarracín, sin olvidar el mensaje lanzado por el propietario de la firma “García Carrión”, que no duda en decir que “va siendo hora de que los empresarios hagamos ya política”.

La pasada semana y en presencia del nuevo presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, el titular de CROEM expresaba de manera contundente que su organización está dispuesta “a elevar un poco más” el tono de las reivindicaciones relativas a conseguir más agua –fundamentalmente de trasvases-, la llegada del AVE a Murcia y su prolongación hacia Almería, donde cada día aparece un nuevo capítulo inesperado en el libro de inauguraciones, y la apertura del acabado aeropuerto de Corvera, plagado de conflictos y zancadillas en el camino. Sin duda, tres patas imprescindibles para la vertebración económica de la Región de Murcia, en palabras de José María Albarracín.

Ante estos argumentos, los políticos se revuelven en sus asientos y se afanan en ofrecer tranquilidad a las peticiones empresariales, aunque muchos dudan ya del discurso político a pesar de las buenas intenciones demostradas últimamente, pero carentes de éxito debido a las decisiones adoptadas por quienes manejan el Boletín Oficial del Estado, es decir el Gobierno de España.

Estamos ante un verano, y quizás un otoño lleno de incertidumbres en todos los asuntos pendientes por resolver. Por un lado, la sequía que pone en peligro los cultivos de invierno, y de otro, las anunciadas restricciones presupuestarias que bloquean las acciones relacionadas con infraestructuras. Con este pobre bagaje, el empresariado aventura unos meses cargados de probables reuniones infinitas, algaradas callejeras y paros empresariales y agrarios. Al tiempo.

¿Aceptarán los sanchistas el 100% de delegados de Susana?

Este fin de semana se ha conocido que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha sido reelegida secretaria general del PSOE-A al ser la única candidatura que obtuvo los avales suficientes. Esto supone un conflicto ético, o más bien estético y de poder, para los sanchistas andaluces. Aquellos que tras el recuento de las primarias del PSOE pedían sangre y la cabeza de Susana. Siguiendo su propia lógica mental, que igual ni es lógica, ni mental, sino visceral, la elección de los delegados debería seguir su propuesta de 50-40-10. Esto es, como sólo Díaz ha obtenido los avales suficientes, debería tener el 100% de los delegados congresuales.

Cuando en política se trabaja con apisonadoras y con deliberación y diálogo pasan estas cosas, vas de listo y te acaban dando con un tablón en los dientes. El sanchismo andaluz debería quedarse en su casa durante el próximo mes y dejar que el susanismo elija libremente delegados, ejecutiva y su parte del Comité Director. El primero Gómez de Celis y luego el alcalde de Dos Hermanas y demás antisusanistas. Porque no es que sean sanchistas, es que son antisusanistas que es una cuestión bien distinta y, por ello, deben estar ahora rumiando cómo amargarle el Congreso a la sevillana.

Si no acudiesen, que es complicado porque les gusta una foto con el puño arriba, ese que llevan décadas sin levantar, más que a un niño un helado, tampoco pasaría nada. Están velando armas y guardando el odio que llevan dentro para los congresos regionales. No es que exista un pacto entre Díaz y Sánchez, porque en la famosa reunión de seis minutos no se articuló ningún pacto sino “esto son lentejas”. Sólo pidió Díaz, desde los medios de comunicación, que se dejasen tranquilos a los territorios. El sanchismo no ha presentado batalla porque, al menos, saben contar y se sabían derrotados. Y comenzar la era sanchista con otra derrota más traería recuerdos, que se quieren borrar, del pasado. El de Sánchez perdedor de elecciones.

Se espera que la batalla se plantee en los territorios por tanto. En especial tienen fijada Málaga entre ceja y ceja el sanchismo. Eso de que Heredia, con mucha razón y poco lenguaje correcto, dijese que para hablar del partido internamente una diputada (“la hija puta esa”) debía afiliarse lo llevan clavado a fuego en las carnes. El sanchismo, con su carácter bonapartista y populista, copia lo malo. Y entre lo malo está en tomar cualquier crítica como si fuese la mayor ofensa hecha a la humanidad. Por tanto, Málaga será uno de los centros de combate, como Almería, Huelva o, incluso, Sevilla.

¿Por qué esperar? Porque quieren ganarle a Díaz las provincias y desde ahí hacerle la oposición interna hasta verla hundida y derrotada. En la conformación del aparato sanchista (¿pensaban que las bases iban a impostar?), se quiere en Andalucía hacerse con el poder en las provincias y controlar desde allí el Comité Director y el Comité Federal. Cuestión bien distinta es que el susanismo se deje. Según nos comentan fuentes internas del PSOE-A “si quieren guerra la tendrán” y la perderán advierten algunos.

El problema es que con estas batallas “a muerte” Andalucía puede convertirse en una isla dentro del socialismo español. Y habría que valorar qué repercusiones tendría en el voto en las distintas elecciones. Igual a Susana la apoyarían mayoritariamente y a los demás no. Cuando se juega con fuego, te puedes quemar.

Los horarios de esclavo del mercado laboral español

El despertador suena a las 6:00 de la mañana y el trabajador hace su rutina antes de cerrar la puerta de su casa para ir al trabajo: se desayuna, se ducha, se afeita (si es hombre), se maquilla (si es mujer), se viste del modo en que le exigen en su empresa y se dirige hacia el medio de transporte que utilice para desplazarse a su centro de trabajo, ya sea particular, con su correspondiente atasco, ya sea público con las apreturas, trasbordos y carreras por pasillos, calles, marquesinas o escaleras mecánicas. Desde el momento en que sonó ese ruido odioso del despertador han pasado más de dos horas. A las 9:00 comienza la jornada laboral con un pequeño descanso a media mañana. Tras unas cinco horas de trabajo, dependiendo de los horarios marcados por la empresa, el trabajador se dispone a comer en un espacio que oscila entre la hora y las dos horas, tiempo este que no es remunerado porque se trata de jornada partida. Ya nos encontramos en las 16.00, cuando no más tarde, es decir, diez horas desde que sonó el despertador. Sin embargo, aún le quedan, por lo menos tres horas de labor para dejar su puesto y regresar a casa. Cuando el trabajador entra por la puerta de su hogar son más de las 20.00 dependiendo de la distancia a su centro de trabajo. Este caso es el que viven cada día millones de ciudadanos gracias a lo que se ha dado en llamar el «horario español», millones de ciudadanos que dedican más de la mitad del día a su empleo lo que hace imposible la conciliación de la vida familiar y laboral. Horarios de esclavo, y eso si no nos referimos a autónomos o falsos autónomos que prácticamente tienen disponibilidad laboral las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Todo lo anterior está referido a un trabajador que cumple con su horario y que no es de los dados a regalar horas de trabajo al empresario para que sus jefes piensen que su desempeño es fundamental para la prosperidad de la empresa o para garantizarse el empleo cuando en realidad es que esas actitudes los convierten en cómplices de la explotación a la que es tan proclive cierta clase empresarial española. Este hecho de regalar horas a la empresa, a pesar de que no se está haciendo otra cosa que mirar el correo personal, conectarse a las redes sociales, navegar por internet, jugar al solitario o chatear con sus amigos, es muy habitual en ciertos puestos con relativa responsabilidad, desde mandos intermedios a altos ejecutivos. No obstante, la experiencia ha demostrado que esto es un error. Siempre recordaremos el caso de un alto ejecutivo español que fue contratado por una multinacional escandinava. Mientras sus compañeros de escalafón terminaban su jornada a la hora marcada él se mantenía en su despacho horas y horas. Sus superiores se dieron cuenta de este hecho y le llamaron a una reunión. Él pensaba que le iban a felicitar por su entrega a la empresa y a renunciar a su vida por el trabajo. No obstante se encontró con lo contrario. Sus jefes le dieron un ultimátum ya que el hecho de dar horas de más daba la sensación de que no era capaz de desarrollar las funciones por las que había sido contratado. Tenía la obligación, para demostrar su valía, de cumplir con el horario estipulado sin horas extras.

También hay otros casos que hacen imposible esa conciliación gracias a esos horarios que la ley permite. Me refiero a quienes, aún teniendo jornada continua, sin paradas no remuneradas, tienen turnos rotatorios, lo cual impide que el trabajador pueda organizar un proyecto de vida.

La primera medida que debe tomar la Reforma Laboral de quien vaya a derogar la de Mariano Rajoy (el PSOE lleva derogándola desde hace más de un año pero no lo hace) es la racionalización de los horarios de trabajo. No es normal que un trabajador español dedique casi dos tercios del día a su jornada laboral. Así es imposible tener un proyecto de vida, del mismo modo que imposibilita que se desarrollen otras actividades empresariales o se incremente el consumo diario de los hogares.

Para racionalizar los horarios hay que comenzar por algo muy simple: el cambio del huso horario actual al que realmente correspondería a nuestro país, el GMT +/- 0, es decir, el que actualmente tienen países como Reino Unido, Portugal o nuestras Islas Canarias. Recordemos por qué tenemos este huso. Durante la II Guerra Mundial por su afinidad con el III Reich el dictador Francisco Franco decidió cambiar el huso por el de Berlín. Por tanto, se trata de una herencia más del franquismo. Tener el mismo rango horario que Reino Unido o Portugal bajaría el consumo de energía de las empresas y favorecería la reducción de costes que posteriormente se aplica al precio final de venta de los productos o de los servicios. Por tanto, uno de los objetivos que perseguía la Reforma Laboral de Mariano Rajoy se lograría tras derogarla, es decir, el incremento de la competitividad de las empresas españolas con el ahorro energético conseguido y no a través de despidos colectivos o reducciones salariales cercanas a la semiesclavitud.

En segundo lugar, en lo referido al horario esclavo español, aquellos que han anunciado la derogación de la Reforma Laboral deben tener en cuenta que las jornadas partidas han de desaparecer el mercado laboral. La presencia de este modelo de jornada provoca que un trabajador dedique a su trabajo más de la mitad del día. Reformar el mercado del empleo en España pasa por caminar por la senda de la jornada continua, sin más interrupciones que los descansos que marca la ley, sin paradas no retribuidas que, al fin y al cabo, es lo que la lógica debería imponer. Sin embargo, para el empresario español está mejor valorada la permanencia en el puesto que la efectividad en la producción. Está comprobado que el trabajador rinde mucho más durante la jornada continua. Les pondré un ejemplo real vivido por el autor: en una empresa se propuso a la gerencia el cambio de la jornada partida por la continua con datos que demostraban que la productividad tras la parada de la comida bajaba un 30%. Dicha gerencia aceptó dicho cambio durante un periodo máximo de dos meses con un análisis diario de resultados productivos que, efectivamente, dieron un aumento total de la producción del 36% respecto a la situación anterior y un incremento del beneficio neto de más del 20%. Si las empresas ganan productividad también crecen en competitividad y los trabajadores ganan en calidad de vida, en capacidad de descanso tras la jornada laboral y se logra aprobar una de las asignaturas que España lleva suspendiendo desde casi el inicio del mundo moderno: la conciliación de la vida laboral con la personal. La implantación de las jornadas continuas y la eliminación de las jornadas partidas logra, además, que las empresas aumenten su competitividad porque se logra un ahorro en costes energéticos que, sumado al logrado por el cambio de huso horario hace que las corporaciones españolas incrementen su capacidad para competir a nivel nacional e internacional tanto a nivel de servicios como a nivel de producción industrial. Todo ello sin recurrir a bajadas salariales ni a reducciones de plantillas.

La empresa de la que hemos hablado anteriormente ha ido creciendo desde los 10 trabajadores con los que comenzó a los más de 175 que tiene actualmente. Pero hablemos de una de las más grandes del IBEX-35 que también ha aplicado la eliminación de la jornada partida: nos referimos a Iberdrola. En el año 2007 fue la primera del IBEX que implantó la jornada continua y los resultados dan fe de que fue una decisión acertada en una gran empresa. Según los responsables de Recursos Humanos de la compañía eléctrica la productividad ha aumentado en más de medio millón de horas laborables porque el índice de satisfacción de los empleados se ha incrementado. Por otro lado, y esta es otra ventaja de la eliminación de las jornadas partidas, han reducido en más de un 15% sus niveles de absentismo, uno de los aspectos que se ha modificado con la Reforma Laboral del Partido Popular para que sea más fácil a los empresarios despedir a sus trabajadores con un coste menor al estipulado. El ejemplo de Iberdrola nos da otra ventaja de la jornada continua frente a la partida y es el descenso en más de un 65% de la siniestralidad laboral ya que la gran mayoría de los accidentes dentro del ámbito del trabajo se producen por la tarde, tras las horas que provocan las jornadas partidas.

No se trata de que se cambien las jornadas completas por jornadas a tiempo parcial como modo de implementar esas jornadas continuas, principalmente porque el tiempo parcial se está utilizando desde la aprobación de la Reforma Laboral de Mariano Rajoy como un modo de explotación del trabajador. En ciertos sectores que tras el derrumbe de la construcción se están convirtiendo en motores de la economía española se firman contratos a tiempo parcial pero se dan jornadas superiores a las cuarenta semanales. Es un secreto a voces pero no se hace nada para evitarlo porque no hay suficientes medios en Inspección de Trabajo, pero ese es otro tema. Cuando nos referimos a jornadas continuas lo hacemos en los contratos a tiempo completo.

Esto nos enlaza con el siguiente punto, la reducción de la jornada completa de cuarenta horas semanales a las treinta y cinco que todos los sindicatos del mundo occidental llevan reclamando desde hace varias décadas y que en algunos países que no destacan por haber perdido productividad por culpa de este cambio ni han subido sus tasas de desempleo ya se ha implantado. En algunos países de los que deberíamos aprender muchas cosas respecto a sus mercados de trabajo ya se ha dado un paso más allá y han implementado la jornada completa a treinta horas semanales sin reducción salarial asociada a la reducción de horas, con efectos positivos en su productividad.

Está claro que una reducción de la jornada máxima junto a la eliminación de la partición de la misma siempre conllevará un efecto positivo en la productividad de las empresas. Sin embargo, en el empresariado español se sigue anteponiendo la idea de que a más horas dedicadas al puesto el trabajador está más implicado con la empresa y, tal y como se ha demostrado en otros países, es un error. El compromiso del trabajador con su empresa se ve reflejado en los beneficios que retorna a la corporación y no en las horas que permanece en su puesto ya que un exceso conlleva tener trabajadores quemados que pierden más tiempo que otra cosa dado que si no se logra un desempeño óptimo durante la jornada asignada quiere decir que, o no rinde lo adecuado por dar la sensación de apego, o no está capacitado para llevar adelante su tarea.

Sin embargo, los efectos de la reducción de la jornada máxima van más allá ya que el riesgo de entrada en la pobreza de las familias biparentales se reduciría sustancialmente, como ocurre en la actualidad porque las jornadas parciales (sobre todo en el caso de las mujeres) no cubren las necesidades de una familia si los ingresos de uno de los dos miembros falla. Ya a principios del siglo XX Alva Myrdal ponía el ejemplo de un matrimonio donde el hombre aportaba 45 horas semanales. Si se redujera la jornada máxima a 35 horas la mujer se podría incorporar al mercado laboral y, de este modo, esa familia recibiría el salario correspondiente a 70 horas semanales.

Otra de las ventajas de la aplicación de la jornada de 35 horas semanales, junto a la eliminación de las jornadas partidas, lo tenemos en el ejemplo de Francia. La aplicación de esta medida provocó una mejora del capital humano dado que los trabajadores tenían más tiempo para dedicarlo a su formación, hecho éste que repercute finalmente en los resultados positivos de las empresas.

Tanto la eliminación de las jornadas partidas y la reducción de horas máximas semanales son medidas que no obedecen a la pretensión de trabajar menos y tener un salario igual o superior sino que son medidas imprescindibles para aumentar la productividad, para incrementar la salud de los trabajadores, y, sobre todo, son un beneficio para la economía global del país, dado que el consumo aumentará, lo que, a su vez, generará más puestos de trabajos en el sector del comercio, tanto minorista como mayorista. Pondremos un ejemplo con estos cambios y el lector lo podrá comparar con lo presentando al inicio del capítulo.

Un trabajador comienza su jornada a las ocho de la mañana, una hora perfecta para iniciarla, da sus siete horas de manera continua con los descansos marcados por la ley, y a las tres de la tarde ya es dueño de su tiempo, ya podrá conciliar su vida laboral con la familiar, ya podrá disfrutar de sus hijos, ya podrá salir de compras, ya podrá hacer deporte, lo que quiera porque es su tiempo. Será un trabajador descansado, sobre todo a nivel mental, lo que generará beneficio al empresario dado que el hecho de tener plantillas con trabajadores descansados mentalmente provocará que realicen con mayor diligencia las tareas que se les tengan encomendadas y para las que han sido contratados.

En otro orden de cosas que la mayoría de los trabajadores disponga de mayor tiempo dedicado a su propia vida generará un repunte de la actividad económica lo que, a su vez, creará más puestos de trabajo en el sector servicios.

Es evidente que hay sectores que ya están aplicando estas medidas en lo referente a las jornadas como, por ejemplo, todos aquellos cuyos trabajadores trabajan por turnos definidos, como ocurre en el comercio de grandes superficies o grandes empresas, en algunas cadenas de alimentación o las cadenas de producción de la gran industria. Por no hablar del sector bancario o de la función pública.

Respecto a quienes aplican una política de turnos también es necesaria una modificación importante y que debe estar recogida entre las reformas que deroguen la impuesta por el Partido Popular por motivos de salud de los trabajadores. Nos referimos a que la rotación de turnos debe ser prohibida. Aquellos que tienen su empleo han de estar ubicados en un turno concreto, sin cambios de ningún tipo, siempre con el mismo horario, salvo que fuera el propio trabajador quien lo solicitara. Una persona no puede tener un proyecto de vida si no conoce de antemano las horas que debe dedicar a su trabajo y las que tiene disponible para sí misma. Diferentes estudios científicos afirman que la rotación en los horarios de trabajo provoca a largo plazo un empeoramiento del estado de salud de estos trabajadores y su entrada en grupos de población en riesgo de tener enfermedades coronarias o relacionadas con el estrés que genera el hecho de no tener una estabilidad horaria y de mantenimiento de la seguridad biorrítmica.

De igual modo, también es innegable que existen sectores productivos en los que la implantación de la jornada continua o de la reducción a las 35 horas podría ser a priori perjudicial. Casualmente son los sectores empresariales donde se producen un mayor número de atentados contra los derechos de los trabajadores y un número muy elevado de abusos, muchos de ellos amparados por la Reforma Laboral de Mariano Rajoy en aras de la «flexibilidad» y la competitividad. Uno de estos sectores es la hostelería, uno de los sectores sobre los que se asienta la recuperación económica y el sistema productivo español. Sin embargo, una economía fuerte no puede cimentarse sobre la hostelería, del mismo modo en que no se puede asentar sobre la construcción, tal y como ocurría durante la bonanza económica de la burbuja inmobiliaria, por mucho que Cristóbal Montoro nos hablara de su «círculo virtuoso».

Gracias a la flexibilidad tanto salarial como de condiciones laborales propiciada por la Reforma Laboral en la hostelería se están produciendo abusos a sus trabajadores. En lo referente a las jornadas de trabajo nos encontramos con empleados que tienen contrato a tiempo parcial y desarrollan el mismo empleo que haría un trabajador contratado a tiempo completo, eso sí, con el salario adecuado a las horas firmadas. Esto no es una anomalía, son cientos de miles las personas que se encuentran en esta situación. Desde el Gobierno parece que se hace la vista gorda ante este hecho con el pretexto de que es un modo de que el sector turístico español gane en competitividad y atraiga turistas extranjeros a nuestro país. Por tanto, nos hallamos ante un sector fundamental de nuestra economía donde se ejecutan diariamente abusos a los trabajadores con el fin de reducir costes para que los empresarios puedan rebajar precios sin perder ratio de beneficio neto.

La eliminación de las jornadas partidas en este sector podría ser perjudicial para la hostelería, siempre y cuando se mantuvieran los abusos permitidos hasta hoy. Hay ciertos puestos dentro de este sector donde se trabaja por turnos y no generaría ningún tipo de conflicto con esta medida. Sin embargo estamos acostumbrados a ver al mismo camarero o al mismo cocinero en la hora del desayuno y a la hora de la cena. Esto no se puede permitir y la aplicación de estas medidas que proponemos haría que se generaran más puestos de trabajo puesto que cada turno tendría una plantilla diferente: camareros y cocineros distintos para cada una de las horas fuertes del día, con jornadas no superiores a las 35 horas semanales, con los descansos establecidos por ley.

Lo mismo que ocurre en la hostelería lo podríamos aplicar a cierto comercio que tiene horarios de apertura basados en jornadas de mañana y tarde con más de tres horas de parada durante la hora de la comida. Este sector también podría verse afectado por la implementación de la jornada continua y las 35 horas semanales. No obstante, la visión tradicional del mantenimiento de trabajadores que cubran todas las franjas horarias es, en parte, un abuso porque no deja al trabajador espacio vital, sobre todo porque en este sector también se trabaja en fines de semana, lo que hace imposible cualquier conciliación con la vida familiar. También es cierto que en gran parte de los casos los puestos de trabajo cubiertos en este tipo de comercio pertenecen a los propios dueños de las empresas.

En resumen, una de las primeras medidas a afrontar por quien tenga el valor de derogar la Reforma Laboral de Rajoy es la modificación de lo que se ha venido a llamar «el horario español» y adaptarlo a las corrientes que están generando otros países de nuestro entorno que son potencias económicas. Ya está demostrado que el actual sistema que prima la permanencia en el puesto a la eficacia, el dar horas por darlas, el quitar horas de vida a los trabajadores con la partición de la jornada es, además de ineficaz, un modo de dar a los malos empresarios las herramientas necesarias para abusar de sus obreros. Nuestros políticos, sobre todos los de la izquierda, no pueden permitir que se siga manteniendo un modo de esclavitud en nuestro mercado laboral.

 

Alba elegido secretario general del Comité Central del PCA

El gaditano Ernesto Alba ha resultado elegido nuevo secretario general del Partido Comunista de Andalucía, y por tanto de su Comité Central, en pugna con el diputado sevillano Miguel Ángel Bustamante. El resultado ha sido de 171 votos a 105 a favor de Alba, que ha clausurado el XII Congreso del PCA celebrado en Albolote (Granada). El nuevo Comité Central los formarán 38 personas del equipo de Alba y 23 de Bustamante.

Alba ha manifestado en el discurso de clausura que el proyecto que encabezará es un “proyecto de ruptura” con la sociedad capitalista. “Un proyecto que, además de disputar el voto, disputa la complicidad con nuestros iguales, cabreados, como nosotras, con las instituciones del régimen, contra la troika, contra un gobierno rehén y contra una presidenta de la Junta de Andalucía rehén de sí misma” ha dicho el nuevo secretario general.

Desde Andalucía el PCA pretende llevar la ruptura al resto de España, ser una referencia en los demás lugares porque las condiciones materiales de la vida en Andalucía se enmarcan en la pobreza y la precariedad. Todo ello culpa de un gobierno andaluz “cortijero e irresponsable”. El 28 de Febrero mostró el camino, según los comunistas, para conformar un “Bloque Andaluz de ruptura democrática”

Para Alba el fin del XII Congreso no ha sido debatir con quién pactar en las elecciones, ni obtener un pequeño hueco en las instituciones sino “ir más allá de eso”. Por eso quieren seguir construyendo un proyecto dentro de IU que recoja lo bueno que existe e ir más allá en la defensa de la clase trabajadora. Por eso se hace un llamamiento a las demás organizaciones que quieren una ruptura democrática para confluir e impugnar el sistema capitalista. Lo que significaría acabar, en cierto modo, dando por finiquitada IU.

La construcción de ese bloque alternativo tiene que tener como foco “la superación del trabajo institucional en favor de frentes de lucha organizados sectorialmente y otorgar un protagonismo especial al movimiento feminista, que enfrenta retos importantes provocar por la recomposición del capital a la salida de la crisis”. Se pretende tejer redes de solidaridad que supongan la unión de luchas y, por ello combatir el “falso discurso de los trabajadores con privilegios y corporativismo”.

En el plano internacional el PCA entiende que Andalucía juega un especial papel en la “lucha por la hegemonía del capital que encabeza Estados Unidos”. Por ello hay que abandonar la OTAN, la Unión Europea y se eliminen las bases militares. Así los comunistas andaluces creen que hay solidarizarse “con el frente antiimperialista y con las luchas justas o de emancipación que se libran en todo el mundo, en territorios como Palestina, Sáhara, Cuba, Venezuela o Colombia”.

En el principal documento político aprobado Unir las luchas: reconstruir la conciencia de clase, el PCA explica que existe “una nueva realidad de la clase trabajadora de Andalucía” que debe ser articulada en favor de la luchas de distintos movimientos. Con esto se logrará la unidad de clase en la lucha contra la hegemonía capitalista que no sólo es local, sino global.