viernes, 21 noviembre, 2025

El trabajo y la desigualdad se analizan en la exposición “El Ladrillo” del chileno Patrick Hamilton

La Muralla Bizantina de Cartagena acoge la exposición “El Ladrillo”, de Patrick Hamilton, enmarcada dentro de la programación de La Mar de Músicas, que ofrece una reflexión en torno a los conceptos de trabajo, desigualdad, mito e historia en el contexto de la etapa de la post-dictadura en Chile, de donde es originario el autor.

La muestra combina fotografía y escultura y, según ha explicado el edil de Cultura, David Martínez, en la presentación de la exposición que tuvo lugar ayer miércoles, emplea materiales de construcción “convertidos en obras de arte y poniendo de manifiesto lo que rodea el mercado inmobiliario”.

Por su parte, Hamilton ha subrayado que utiliza materiales que tienen que ver con el sector del trabajo y la construcción debido a su interés en “cuestionar ciertos aspectos de los modelos de desarrollo económicos que hemos vivido en los últimos años en el mundo”.

Esta exposición, en concreto, se basa en un libro de economía política titulado “El Ladrillo” escrito a principios de la década de 1970.

Así, ha explicado, a partir del libro y de sus propias investigaciones como artista, Hamilton desarrolló las esculturas y fotografías que constituyen “El Ladrillo”. Ha destacado una serie de esculturas en cobre réplicas de los objetos que se colocan en el volante de los coches para protegerlos y evitar que sean robados. Por otro lado, ha señalado que el cobre es “el elemento más importante de la economía chilena, ya que representa el 33% de las exportaciones de Chile” aunque “tiene una historia polémica”.

En cuanto a las fotografías, el autor las ha calificado como “naturalezas muertas” realizadas con herramientas o postales, puestos sobre las maderas perforadas que se usan en las carpinterías. “Son alegorías y metáforas de situaciones sociales, culturales y económicas que suceden en mi país pero que son extrapolables a otros contextos como el español”, ha finalizado.

La muestra, que estará abierta al público hasta el jueves 31 de agosto, podrá visitarse en el Museo de la Muralla Bizantina en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas de martes a viernes, y de 11.00 a 14.00 horas los sábados y domingos. Lunes cerrado.

 

El Castillo de Nogalte está “abierto por excavaciones”

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y la empresa Patrimonio Inteligente han puesto en marcha una novedosa iniciativa bajo el lema “Abierto por excavaciones” en las inmediaciones del Castillo de Nogalte.

Esta actividad se realiza desde el 12 hasta el 21 de julio, coincidiendo con el curso internacional de arqueología de campo organizado por la Universidad de Murcia, a través del CEPOAT.

Se trata de visitas guiadas en las que se pretende que niños y adultos exploren y conozcan el patrimonio histórico del municipio. La alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, ha explicado que “esta propuesta es un medio de acercar el patrimonio y la arqueología a los ciudadanos, así como una forma amena de aproximarse a la historia del municipio”.

Los visitantes reciben una pequeña introducción histórica del yacimiento y de su entorno por parte de los arqueólogos, tras la cual se explican los trabajos, tanto los restos hallados como el sistema de registro de los mismos (fichas de unidades estratigráficas, unidades constructivas y toma de cotas).

Uno de los apartados de la visita guiada es mostrar las piezas aparecidas en el transcurso de la excavación, a partir de las cuales se puede explicar a los visitantes los procedimientos de fabricación, los métodos de datación o cualquier tema relacionado con la cultura material descubierta durante el proceso excavación del yacimiento.

Los objetivos que se pretenden, además de dar a conocer el yacimiento y los hallazgos arqueológicos, son inculcar respeto por el patrimonio cultural heredado, intentando que éste sea transmitido a las generaciones venideras.

Las personas interesadas en visitar el yacimiento durante el proceso de excavación pueden hacerlo de lunes a viernes de 11.30 a 12.30 horas, previa reserva en la Oficina de Turismo de Puerto Lumbreras. Además, los ciudadanos también pueden visitar las excavaciones de Medina Nogalte el jueves 13 y jueves 20 de julio durante las visitas teatralizadas al Castillo, que comienzan a las 21.30 horas.

Rivera: “La Justicia es un servicio público esencial”

La Consejería de Presidencia y Fomento tiene destinados más de 150.000 euros para garantizar el acceso a la asistencia jurídica gratuita a 2.402 personas privadas de libertad, a través del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, al que financia desde 2008.

El consejero Pedro Rivera aseguró que la justicia gratuita “es un servicio público esencial para la defensa de los derechos de los más desprotegidos, garantizando la efectividad de los principios constitucionales de libertad, igualdad y acceso a la justicia”.

Rivera realizó estas declaraciones durante el acto con motivo del Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio, organizado por el Colegio de Abogados de Murcia, que colabora con el Gobierno regional en la prestación del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria.

El titular de Presidencia precisó que este servicio está dirigido a atender personalmente las consultas que en materia jurídica puedan plantear los reclusos internos en el Centro Penitenciario de Sangonera, y resaltó que a lo largo de estos años ha propiciado un total de 12.304 asistencias y 547 servicios a 2.402 internos.

De este modo, y gracias a la colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Colegio de Abogados de Murcia, “los reclusos internos disponen de asistencia y orientación jurídica, dando efectividad al mandato que tenemos por parte de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas”, explicó Rivera.

Al respecto, indicó que en el ejercicio actual la Comunidad contribuirá con 20.100 euros a este servicio.

Una labor reconocida

Rivera destacó la importancia del Día de la Justicia Gratuita y la labor que desarrollan los abogados al respecto, “una tarea que apoyamos y que merece ser conocida y reconocida por la sociedad a la que todos servimos, y que tiene en este día su ocasión para la visibilidad social”.

El Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, de carácter gratuito, implica a unos veinte letrados, que se turnan para desplazarse al centro penitenciario con periodicidad semanal, a fin de garantizar la continuidad en el servicio a través de la entrevista personal con los reclusos, llegando incluso a realizar gestiones fuera del propio centro penitenciario. “Es una iniciativa –añadió- que tiene muy buena acogida tanto por parte de los internos como por la institución penitenciaria”.

 

López Miras teme que Murcia sea considerada por la UE “de mayor nivel de desarrollo” perdiendo subvenciones

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, no ha tenido reparo en reconocer en Bruselas la voluntad política de su gabinete de seguir siendo considerada Murcia una región necesitada de fondos estructurales hasta 2020 y en futuros periodos financieros.

De esta forma López Miras ha manifestado su temor a que la Región, por culpa del Brexit, sufra una reclasificación en su condición y pase a ser considerada “una región con mayores niveles de desarrollo y, por tanto, menos necesitada de recursos, lo que conllevaría mayores dificultades de acceso a los fondos estructurales que en las condiciones actuales”

Esta nueva clasificación de la Comunidad Autónoma podría darse tras la salida del Reino Unido de  la UE “lo que podría –ha añadido- hacer peligrar la continuidad de la inversión europea en la Región”.

El presidente de la Comunidad, que esta semana está en Bruselas para tratar en diversas reuniones asuntos “prioritarios para los intereses de la Región” trasladó este temor al embajador de la Representación Permanente de España ante la UE, Pablo García-Berdoy, así como al presidente del Comité de las Regiones, Markku Markkula.

En opinión del jefe del Ejecutivo regional, la salida del Reino Unido “no debería justificar la reducción del presupuesto comunitario destinado a políticas tan importantes como la Política Agraria Común (PAC), que requiere de un presupuesto justo y suficiente para poder cumplir sus objetivos”.

Ante el riego cierto de que la Comunidad pudiera dejar de ser considerada “pobre” López Miras ha optado por exigir el mantenimiento de las ayudas europeas hacia sectores estratégicos, como el agroalimentario, el turístico, el del mueble, el textil o el químico, todos ellos mantenidos y subvencionados con los fondos estructurales.

El Brexit y Murcia

Murcia, temiendo que el Brexit pudiera afectar negativamente a su economía,  ha sido una región muy activa en este sentido, ya que fue la primera comunidad en crear un comité de este tipo para diagnosticar el impacto que el Brexit tendrá en sectores como el agrícola o el turístico, donde existe una gran dependencia del mercado británico.

Para ello se creó el llamado Comité Asesor Empresarial de Seguimiento Permanente constituido en diciembre e integrado por asociaciones empresariales y de exportadores afectados “con el objetivo de mantener la posición privilegiada de los productos murcianos en mercados como el Reino Unido, definir estrategias conjuntas para abordar y prevenir los efectos del Brexit y realizar análisis detallados de las condiciones de negociación, su evolución e impacto potencial en el comercio exterior con el Reino Unido”.

Venezuela, Catalunya y Gibraltar: The spanish Wag the Dog

En el año 1997 Barry Levinson presentó su película Wag the Dog, que en España se tradujo como La cortina de humo. La acción del film se centra en el presidente de los Estados Unidos que, tras ser pillado en una situación escandalosa a pocos días de su reelección, decide inventarse un conflicto armado con Albania para desviar la atención tanto de la prensa como de la opinión pública de su affaire. Para ello contrata a un productor cinematográfico de Hollywood y, de este modo, crear una ficción que sirva de cortina de humo para que el presidente aparezca como un héroe. La película obtuvo dos nominaciones a los Oscar, entre ellas a «Mejor actor» para Dustin Hoffman.

En la España de Mariano Rajoy ya llevamos varias cortinas de humo para tapar las miserias y la incapacidad de su gobierno para legislar según las necesidades de los ciudadanos o para frenar los casos de corrupción de su partido. La gran mayoría de ellas tienen que ver con la exaltación del sentimiento patrio, un sentimiento del que la derecha de este país se ha apropiado desde tiempos inmemoriales. Rajoy necesita esa cortina de humo que envíe la atención de los españoles hacia otro lado y para ello han recurrido a uno de los argumentos que la derecha española ha utilizado siempre como elemento de confrontación con el resto de partidos o ideologías: la unidad de España o el sentimiento patriótico o la amenaza exterior a España, que vienen siendo matices de lo mismo: España, Una, Grande y Libre.

Durante la dictadura de Franco, de la que es heredero el Partido Popular, cada vez que el Régimen se sentía amenazado echaba mano de la amenaza exterior y del patriotismo, amenaza exterior que podía ser referida a las democracias porque despreciaban la paz de España o a los españoles que se arrastraban por las cancillerías extranjeras. Se organizaban grandes manifestaciones de exaltación patriótica en la plaza de Oriente de Madrid con grandes pancartas de patriotismo acérrimo y adhesión al Caudillo; con lemas como «Ellos tienen ONU, nosotros tenemos DOS», «Pues vais daos, machos» o «Gibraltar Español».

Tras la muerte del dictador, en los meses anteriores a la aprobación de la Ley de Reforma Política en las Cortes y de la celebración del Referéndum que daría validez a la misma, la ultraderecha heredera del Movimiento Nacional, el llamado Búnker, encabezado por «demócratas» como Blas Piñar, Utrera Molina o Girón de Velasco y con el beneplácito del Presidente Arias Navarro (el Carnicero de Málaga, que en las primeras elecciones fue en las listas de la Alianza Popular de Manuel Fraga) también intentaron reventar el viaje hacia un régimen democrático con la excusa de la amenaza exterior y de los atentados contra la unidad de España. Todos estos movimientos se hicieron efectivos en el intento de golpe de Estado de 1981.

En los años en que en España ha gobernado la derecha del Partido Popular también se han generado cortinas de humo recurriendo a estos argumentos. ¿No es curioso que cuando ellos gobiernan se despiertan los anhelos de independencia o de autodeterminación de Euskadi o Catalunya? Con Aznar los españoles tuvimos sesión de Plan Ibarretxe, con el que la prensa afín tuvo carnaza suficiente para intentar alejar la atención de los españoles de otros asuntos más espinosos como el accidente del Yak42, la guerra de Irak o la crisis del Prestige. Desde que gobierna Rajoy, con la que ha caído y la que está cayendo, con un partido que llegó al poder como llegó, con un presidente de Gobierno acorralado por los casos de corrupción y por su propia ineficacia, con unos ministros encargados de destrozar el Estado del Bienestar por cuestiones ideológicas poniendo la crisis económica como coartada, con un Gobierno que ha llevado al país a una situación de emergencia sin dar con las soluciones adecuadas y habiendo reconocido que van a dejar el país en peores condiciones que cuando tomaron posesión de sus cargos, la prensa afín dispone de carnaza suficiente con el plan secesionista de Catalunya. Amenazas contra la Unidad de España.

Sin embargo, el Partido Popular y su Presidente están acorralados por todo el caso Bárcenas, por el caso Gürtel, por la trama Púnica, y por tantos y tantos: corrupción, comisiones, mordidas, donaciones opacas a cambio de contratos públicos por parte de empresas constructoras afines a los sectores más reaccionarios del empresariado español, financiación ilegal, cobro de sueldos en dinero no declarado o dinero B, existencia de una Caja B en el Partido que servía para financiar las espectaculares campañas electorales del partido conservador español, adjudicaciones de servicios públicos a empresas amigas sin pasar por la correspondiente licitación, y un largo etc. Quiero recordar que Al Capone fue enviado a la cárcel gracias a las declaraciones de su tesorero/contable

Para crear ese señuelo, esa cortina de humo, el Partido Popular y el Gobierno, junto con sus palmeros mediáticos, han vuelto a tirar de uno de los argumentos de los ultras y la Falange: unidad de España en referencia al desafío secesionista catalán. En otro momento hubieran tirado de las víctimas del terrorismo —aunque realmente lo han hecho con la utilización burda del recuerdo de Miguel Ángel Blanco— porque no hay nada que más alague a un pepero que utilizar al dolor de las víctimas —sólo las de ETA, porque las del 11M son parte de sus enemigos— para alcanzar sus objetivos, pero como ahora no hay actividad terrorista en España, pues han cogido el argumento patriótico, la amenaza catalana, igual que hacía Franco con las amenazas exteriores. Han dejado deliberadamente que el conflicto engordara con su absoluta inacción. Además, con la poca vergüenza de poner a la Ley como tapadera para justificar que no se haya hecho nada, salvo utilizar a los tribunales para generar más conflicto porque el uso reiterado del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo cada vez que desde el Parlament de Catalunya se aprobaba alguna iniciativa independentista no hace más que echar leña al fuego y sacar de la indecisión a quienes no tenían muy claro todo el tema del referéndum o la independencia para llevarles al campo secesionista, campo en el que, por cierto, también se está utilizando el argumento de la amenaza exterior.

Sin embargo, la corrupción no es lo único que tienen que quieren tapar con la cortina de humo catalana. Es fundamental el fracaso de sus medidas para luchar contra la crisis económica y para devolver la dignidad a sus víctimas. No es cierto que con las leyes aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy la economía se esté recuperando. A nivel macroeconómico, las grandes cifras, sí que se puede afirmar que la economía española está creciendo. No obstante, la realidad es muy otra o, lo que es más grave, esa recuperación está asentada sobre el sufrimiento de los ciudadanos de a pie. Los niveles de precariedad laboral y salarial nos ponen en cabeza de los países de Europa en este aspecto. Es muy difícil de comprender cómo la precariedad aumenta al mismo nivel que los beneficios empresariales, según demuestran los datos oficiales del Ministerio de Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y de la Seguridad Social. Es muy difícil de comprender cómo todavía hay un tercio de la población española que se encuentra en riesgo de pobreza extrema mientras desde el Ejecutivo no se para de utilizar la recuperación macroeconómica como un mantra. Es muy difícil de comprender cómo aún se mantienen leyes o artículos del Código Penal que van en contra del propio Estado de Derecho. Es muy difícil de comprender cómo se sigue despojando a los españoles de su Estado del Bienestar para entregarlo a manos privadas. Son tan difíciles de entender tantas cosas que es normal que se aproveche el tema catalán para que los focos se centren en el noreste y se olviden de la realidad a la que las medidas de Rajoy están llevando a los ciudadanos.

Otro aspecto sobre el que el gobierno necesita apartar la atención es su fracaso en lo referente a la violencia machista. Las mujeres siguen siendo asesinadas en España sin que se adopten medidas efectivas ni se apliquen las que ya hay en materia de prevención en espera de que la Subcomisión del Pacto de Estado presente sus conclusiones que, por cierto, debieron haber presentado el día 30 de junio pero que aplazaron hasta el 31 de julio. En España, una mujer víctima de la violencia machista tiene que dar el paso de denunciar para que se activen todos los protocolos. Si no lo hace, es una víctima invisible y no puede acceder, por ejemplo, a la protección de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de los Servicios Sociales o a una alternativa habitacional.

Pero este Gobierno tiene mucha imaginación y, si Cataluña no le funciona, tiene más recursos. El más socorrido es Venezuela cuando las acusaciones vienen de Podemos. Todos estamos de acuerdo en que, tras la muerte de Hugo Chávez el movimiento bolivariano ha perdido su esencia y Nicolás Maduro está convirtiendo un movimiento popular en un régimen dictatorial. Sin embargo, tratar de tapar sus errores con lo que ocurre en el país caribeño es, cuanto menos, obsceno. La gente no llega a fin de mes aquí, no en Caracas; la gente no puede tener una vida digna aquí, no en Caracas; la gente no tiene un trabajo digno aquí, no en Caracas; las mujeres son asesinadas aquí, no en Caracas. Pero el movimiento les funciona porque tienen tras de sí un aparato mediático que se encarga de maximizar lo que ocurre en Venezuela para generar distracción y miedo respecto a sus rivales políticos. Si hasta se ha llegado a comparar a Pedro Sánchez con Maduro.

Si no se puede tapar todo lo anterior ni con Catalunya ni con Venezuela, siempre tendrán el recurso de Gibraltar y, no tengan duda, algo se inventarán.

Europa se está yendo al carajo

Reconozco que soy un europeísta convencido. Reconozco que la idea de una Europa unida es un avance importante dentro de un mundo globalizado donde las alianzas entre países son el único medio para poder defenderse de las amenazas que los países emergentes representan para los países tradicionales. Reconozco que la idea de una Europa unida es fundamental para la competitividad y la generación de oportunidades frente a las potencias económicas tradicionales.

Sin embargo, la Europa que se nos plantea en la actualidad está muy alejada de esta idea de globalidad. La Europa que se está construyendo actualmente es el inicio de la destrucción de la Unión Europea. La crisis económica ha provocado que haya países que imponen sus criterios y sus estrategias y países que tragan con todo lo que se les dice. Para más inri, tenemos dentro de la propia Unión a los miembros que pertenecen al Eurogrupo y miembros que no pertenecen, por lo que ya hay una separación per se.

¿Realmente hay Unión? Más bien parece que se ha vuelto a la concepción inicial de esta alianza de países: la Comunidad ECONÓMICA Europea. Un grupo de naciones que comparten algunos puntos y estrategias pero que luego van a su libre albedrío, gestionándose como unidades nacionales tradicionales y, en algunos casos, imponiendo al resto los intereses de unos pocos.

Con la crisis económica la división entre el Norte/Centro de Europa y el Sur se ha hecho más grande. Hay claramente dos bandos: el poderoso, encabezado por Alemania y formado por Austria, Holanda y Finlandia, y el débil, conformado por los países del Sur e Irlanda, Estados éstos que tienen dificultades en sus sistemas económicos que han tenido la necesidad de pedir ayuda para evitar la quiebra. Los primeros han impuesto al resto una serie de medidas de austeridad económica basadas en el concepto neoliberal de la economía que están llevando a los segundos a una situación económica similar a la que se tenía en los años posteriores a la crisis económica de 1973. Esta estrategia de austeridad sin límites aboca hacia una sima que hará a los primeros más ricos y a los segundos más dependientes de los primeros.

Para más inri, el país que está encabezando este proceso de desmembración de la Unión Europea en aras de su propia supremacía es precisamente uno de los más anti-europeístas de toda la Unión, ya que los alemanes son los más opuestos a la solidaridad que debería imperar entre los Estados miembros junto con los británicos.

Por otro lado, tenemos a una Europa que se ha olvidado de uno de sus conceptos básicos: la solidaridad. Las políticas respecto a los refugiados han demostrado que el corazón de la Unión Europea se ha transformado en un bloque de hormigón. Buscar soluciones como las que se han buscado comprando las voluntades de terceros países para crear fronteras exteriores no entra dentro del concepto de solidaridad sobre el que se forjó la Unión Europea, más bien al contrario. Llegar a acuerdos como los que se firmaron con Turquía o Marruecos que vulneran claramente el derecho internacional demuestra que Europa se está convirtiendo en una institución endogámica que defiende los intereses particulares de cada cual en vez de ir hacia un proyecto común en el que el respeto por las leyes de refugio o el apoyo hacia los que por la guerra, la persecución o el hambre buscan en nuestras fronteras una esperanza de vida. En el mismo sentido, la UE está permitiendo que los países procedentes de la antigua órbita soviética, con sus nacionalismos encendidos, implementen leyes xenófobas sin que haya una reacción ni unas sanciones acordes a la barbaridad que están imponiendo.

Sin embargo, esta no es la Europa que hay que construir. Realmente es necesaria una verdadera Unión Europea donde no haya nacionalidades sino provincias o estados. Darle un carácter de Estado es fundamental, respetando las nacionalidades a través de un sistema territorial basado en el federalismo. Unidad económica, unidad social, unidad jurídica, unidad legislativa. Ya hay unión monetaria, ya tenemos una apertura de fronteras a los países miembros. Falta darle un empujón más. Esa es la Europa en la que yo creo.

Alaya, la Policía, Zoido, Torrijos y Mercasevilla

¿Por qué la jueza echó a la Policía Nacional del caso Mercasevilla? Uno de los muchos misterios que rodean la larga, infructuosa e inquisitorial instrucción del Caso Mercasevilla – cerrado, archivado y con sus diez procesados absueltos – es el que se oculta tras una decisión trascendental tomada en los momentos iniciales de la instrucción de la causa por la Jueza Mercedes Alaya. La pregunta del interrogante a despejar es muy simple: ¿Por qué la señora instructora decide prescindir, en un momento dado, de los servicios de auxilio de la Policía Nacional en la instrucción y opta por la Guardia Civil?  Hallar la posible respuesta no parece tarea fácil.

Han sido diversas las fuentes consultadas, todas directamente relacionadas con el caso y con las diversas labores desarrolladas en el proceso, que coinciden en señalar que “fue una decisión personal de la magistrada Alaya, de hoy para mañana, bastante inexplicada e inexplicable”.

Siempre según las diversas fuentes a las que he tenido acceso, para entender lo sucedido habría que remontarse a meses atrás (en la página 180 de la sentencia de 393 folios se explica el origen de la investigación…), justo cuando arrancó por diversos canales la denuncia de que algo olía mal en el mercado central de abastos de Sevilla. Recuérdese que en primer lugar fue Manuel Chaves quien, como presidente de la Junta receptor de unas grabaciones de los empresarios de La Raza a los que chantajeaban en nombre del PSOE, decidió enviarlas a María José Segarra, Fiscal Jefa de Sevilla. La Sra. Segarra, al cabo de un tiempo, acabó entregando el CD al Jefe de la Policía Judicial de Sevilla, en presencia del responsable de la unidad adscrita a los juzgados, la persona que trabajaría después codo con codo a las órdenes de la juez en aquella en investigación sobre la lonja. Y finalmente es Juan Ignacio Zoido y Antonio Sanz – hoy ministro del Interior y delegado del gobierno respectivamente- quienes en nombre del PP formalizan denuncia ante el juzgado de Guardia, recayendo el asunto en el juzgado Nº 6 de la que era titular una amiga y ex compañera de Zoido en la Carrera Judicial.

Concluyamos pues con una primera mentira mil veces repetida: el PP no es el que primero denuncia lo que desembocaría en el escándalo del Caso Eres. ¿Lo impulsa?, sí y mucho gracias a la acción de Mercedes Alaya.

Confidencias con Mercedes

Nada más comenzar los trabajos de investigación que tutelaba la propia jueza, entre Alaya y el responsable de la Unidad de Policía Adscrita, se establece una relación de máxima confianza.  En el marco de esta relación basada en cierta complicidad profesional, habitual entre jueces, fiscales y funcionarios, el Inspector de policía y la Jueza Instructora mantenían despachos habituales, donde ésta era informada puntualmente de todas aquellas “noticias” o manifestaciones más o menos espontáneas que llegaban a oídos de los investigadores y que debían ser objeto de una posterior verificación y, en su caso, de exhaustivo análisis que permitiesen a la postre medidas extremas de carácter procesal.

Uno de los funcionarios intervinientes en aquellas primeras pesquisas reconoce que, tras el estallido del escándalo, tuvieron que seleccionar muy bien las fuentes de las que beber. Poco tiempo después comprobarían que no se habían equivocado a la hora de separar el grano de la paja en los soplidos; demasiados voluntarios o de motu propio, vendettas de “roncos” que aparecían como las setas ante el juzgado y la policia, al calor del ruido político y mediático.

“Como se podrán imaginar – afirman– contaban cosas increíbles de unos y otros, especialmente de la cúpula política del Ayuntamiento de Sevilla”.

Fue probablemente en el transcurso de estas reuniones de trabajo entre Jueza Instructora e Inspector Investigador cuando llega por vez primera a los oídos de la Sra. Alaya, una serie de informaciones (“chismes, dimes y diretes, simples indicios”) que, si fueran puestos negro sobre blanco por quien se lo contaba de palabra, pensó, le daban la excusa perfecta que justificaría (a modo indiciario) una contundente actuación contra los afectados. Pero eran comentarios de barra de café que nunca fueron trasladados por la Policía a papel con membrete oficial en un informe o un atestado.

Esta podría haber sido una de esas “incidencias” ( ver página 208 de la sentencia)  y, que a la postre degeneró  en ruptura entre una aclamada y endiosada Alaya y el CNP, en concreto con el jefe de la Unidad Adscrita.

De las múltiples informaciones que llegaron en esos días los investigadores de la UATF, (Unidad de Policía Judicial de la Policía Nacional adscrita a Juzgados y Tribunales) siempre de modo informal y sin soporte documental o testifical alguno, había algunas que apuntaban al núcleo duro del equipo político de Alfredo Sánchez Monteseirín, a la sazón alcalde socialista de Sevilla. Por ejemplo, una de estas “confidencias” llegaba a sugerir que alguien de ese grupo estaría cobrando comisiones a través de “un paraíso fiscal”.

Mientras esto sucedía, el hoy ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, ocupaba la presidencia regional del PP andaluz puesto por el dedo de su entonces muy amigo Javier Arenas y calentaba por la banda con la intención de convertirse en el futuro alcalde de Sevilla, algo que lograría meses después y por aplastante mayoría. Entre otras cosas con la ayuda de los demoledores efectos electorales del escándalo Mercasevilla, que había estallado en el seno del bipartito PSOE-IU y que supondría un desgaste brutal para ambas formaciones. La foto de Torrijos y los gestores de Mercasevilla ante una enorme bandeja de marisco en París, en un acto de promoción institucional, se convirtió en un demoledor icono mediático y político del caso. El dirigente comunista sevillano se vio obligado a dimitir poco después de resultar finalmente imputado por la Sra Alaya.

Torrijos, Marchena, Monteseirín: ¿me lo pondrás por escrito, no?

Entre las “confidencias” que los investigadores pusieron en conocimiento de la jueza instructora, destacaban algunas “cosillas” que podrían afectar especialmente a la entonces mano derecha de Monteseirín al frente de las empresas municipales, el polémico gestor y catedrático Manuel Marchena. Es en este punto cuando se acentúa el ímpetu investigador de la popular jueza e insta a los investigadores a “incidir de manera inmediata” en esas informaciones. Pero fue escuchar después el nombre de Antonio Rodrigo Torrijos, líder municipal de IU, añadido al rosario de maledicencias a contrastar, cuando a Mercedes Alaya tuvo que entrar en éxtasis. ¡Bingo!, si la policía ponía en un informe lo que acababan de comentarle informalmente, ella tenía el pretexto perfecto para actuar y dictar un auto de imputación contra el político de la pipa y con barba blanca.

-¿Esto me lo pondrás por escrito no? preguntó Alaya retadora al policía, cuentan fuentes conocedoras de aquella situación, a lo que el Inspector  le dijo que no, que el trabajo de la Policía no consistía en elevar informes o atestados con chimes sin estar contrastados convenientemente. El clima se hizo más tenso todavía,  incluso desagradable para ambos y el encuentro acabó en desencuentro fatal. A los pocos días se materializó la ruptura tras ímprobos esfuerzos por parte de Alaya de evitar una escandalera pública, cosa que lograría a medias. Fue cuando de forma reiterada le sugirió al responsable de la Unidad una salida discreta que “abandonase de modo voluntario las investigaciones o bien, se tomase la baja por depresión durante un tiempo”. Obviamente el Inspector se negó a ambas peticiones si bien, fue apartado de las investigaciones sin que nadie, a ningún nivel, se preguntase por los verdaderos motivos. Tan solo el SUP, a media voz, salió al paso sin entrar en el fondo, solo velando por la imagen y el prestigio del cuerpo y pidiendo una reconsideracion “a fin de evitar el daño irreparable que esta decisión puede producir en el prestigio de la Policía y evitar que la ciudadanía pueda pensar que haya un trasfondo político”. De nada sirvieron, Alaya tomaría una larga baja médica de meses, tiempo más que suficiente que le sirvió a la Guardia Civil para ponerse al día en la instrucción del sumario.

Tras echar al CNP de la instrucción de Mercasevilla circuló el rumor, nunca confirmado fehacientemente, de la existencia de grabaciones de conversaciones mantenidas con Alaya y los abogados del PP – “los verdaderos instructores del juzgado Nº 6”, se afirma con intención– con la policía judicial. En ellas quedaría patente, según se ha comentado y nunca confirmado, el inusitado interés de Alaya por incriminar (aunque fuese, como ya se ha dicho, con simples “confidencias” sin soporte documental ni testifical alguno) a Manuel Marchena, pero sobre todo a Antonio Rodrigo Torrijos, su verdadera obsesión en aquellas semanas, cuentan quienes conocieron las circunstancias.

“Alaya, por todos los medios y con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina que ganaría Zoido sin ponerse la camiseta, pretendía en aquel momento que la Policía le diese argumentos (más o menos fundados) por escrito, y así poder proceder a imputar a miembros del bipartito en el caso Mercasevilla”.

La larga mano del sector inmobiliario

Poco tiempo después serían famosos los Autos de la magistrada emitidos tan cerca de las citas electorales y con cargas de profundidad política contra el PSOE andaluz en sus extensos párrafos. Aún faltaba tiempo para que la Sra Jueza apartase del sumario de los Eres lo sucedido en la Faja Pirítica de Huelva, donde como se está viendo ahora con la Juez Bolaños pueden existir responsabilidades de cargos del gobierno del PP de Aznar (Zoido entre ellos) y con los mismos argumentos que los aplicados al resto de investigados socialistas en los Eres.

Quienes han trabajado con o cerca de la polémica juez, convertida en auténtica heroína desde la derecha y sus medios, aplaudida y jaleada por el pueblo harto de corrupción, coinciden con quienes desde lejos la han acusado de permitir y dirigir un procedimiento claramente politizado con fines no siempre encaminado a la búsqueda de la verdad judicial. Esta terrible conclusión, desde el punto de vista democrático en un Estado de Derecho, ha dejado con el paso del tiempo de pertenecer al debate político y callejero para instalarse en una sentencia judicial que avala sobradamente las sospechas de un posible juego sucio tras esta instrucción judicial en concreto.

Coinciden las fuentes consultadas en ese ámbito judicial con la misma tesis que Antonio Rodrigo Torrijos, tras su absolución, ha defendido públicamente para explicar su versión sobre los motivos que él considera explican la persecución judicial  padecida . Pero quizás valga la pena contextualizar al personaje de Torrijos en la Sevilla de hace una década.

Con el voto de IU gobernaba coligado el PSOE. Zoido se pateaba los barrios por primera y en muchos casos por última vez. El tándem Torrijos-Monteseirín se convirtió de una especie de diana contra la que a diario una oposición que abrazaba las farolas y prometía la Arcadia feliz a los sevillanos, le asestaba duros golpes, con y sin motivo. Hubo medios entregados al acoso, que luego fueron generosamente recompensados con contratos municipales. Todo ello con el aplauso de una ciudadanía harta de vivir en lo más parecido a Beirut, con tantas calles y avenidas levantadas durante años, sin percatarse la gente de la necesaria cirugía digestiva que le estaban haciendo a Sevilla. Sobre la mesa del urbanismo local, además, había varios asuntos muy apetitosos. Por un lado, el traslado a Majarabique, norte de la ciudad, del gran Mercasevilla del Siglo XXI, liberando miles de metros en su actual ubicación susceptibles de ser convertidos en recursos municipales y desarrollo inmobiliario de los tiburones del sector junto a viviendas sociales.

Los grandes promotores, especialmente Nicolás Osuna y otros de su nivel, se habían encontrado de pronto con la propiedad de impresionantes bolsas de suelo donde construir promociones sus inmobiliarias. El gobierno de izquierdas y su política a favor de propiciar VPO se convirtieron en una competencia que amenazaba ruina empresarial, en momentos que la crisis enseñaba las garras. Y además estaban las operaciones de calado como la de Cruz Campo/Heineken, Punta del Verde o la vieja y recurrente Tablada, operación por cierto donde se concentraron los poderes fácticos y económicos de la época, gobernando el alcalde Rojas Marcos apoyado por Becerril y el PP. Soledad saldría huyendo para Madrid de aquel viscoso escenario que la rodeaba en Sevilla.

Torrijos: había que evitar que IU y PSOE siguieran gobernando

Por tanto, a la pregunta ¿por qué tanto interés en debilitar a la izquierda en Sevilla? no solo se contesta con el logro de una linda borriquita blanca para un triunfante Zoido/Alcalde entrando en Plaza Nueva. Un cambio de color en el gobierno municipal supondría dar luz verde a esas operaciones urbanísticas de envergadura y atemperar que la explosión de la burbuja inmobiliaria en lontananza no produjera demasiadas pérdidas entre los grandes amigos del sector, algunos buenos conocedores de Luis Bárcenas.

El propio Rodrigo Torrijos lo ha escrito al recuperar su libertad, tras estar sometido durante casi una década a un surrealista proceso judicial, político y mediático: «Había que evitar a toda costa que IU continuase en el gobierno local de coalición con el PSOE. Miles de viviendas VPO, presupuestos participativos, inversión pública desconocida hasta entonces para equipamientos sociales y de empleo, estrategia de movilidad sostenible e intermodalidad en el transporte con las peatonalizaciones y la red de 140 km de carriles bici, cláusulas sociales en la contratación pública, programas de alfabetización e igualdad, campos de césped, piscinas públicas….unido a evitar pelotazos como el de Tablada, o la construcción del Centro de producción energética de ciclo combinado de Punta del Verde o la deslocalización de Heineken …es decir, la mayor transferencia de rentas de capital a rentas sociales que se había conocido en democracia en el ámbito local, políticas que distribuyeron más equitativamente las rentas locales….era inaceptable para la oligarquía local y había que evitarlo».

Para quienes puedan estar interesados con mayor detalle en conocer cómo la propia Justicia ha enmendado la plana al trabajo de Mercedes Alaya y su instrucción en Mercasevilla, les sugiero lean a partir de la página 140 de la sentencia emitida y comprobarán que no estábamos demasiado locos quienes desde el primer momento dijimos que aquella instrucción, a golpe de troller , telediario y citas electorales, acabaría como el rosario de la Aurora. Y así ha sido. Lo que no imaginabamos es que la Sra. Instructora podría acabar bajo sospecha a propósito de su actuación en este proceso  y, de paso, dejando en las espaldas de la Guardia Civil – como antes intentó hacer con el CNP– la responsabilidad del fiasco que refleja la sentencia cuya lectura es muy recomendable para conocer qué, cómo y por qué.

No obstante, y por ofrecer solo un ramillete de pasajes, les dejo a continuación algunos fragmentos de la Sentencia que ilustran parte de este sinsentido en que se ha revelado el caso Mercasevilla. Que  hubo mamoneo y golferío, fijo, nadie lo duda, ya que desgraciadamente era ( y es) moneda común en nuestras administraciones públicas. Pero que, a la vista de lo leído, los contribuyentes hayamos costeado una muy cara instrucción judicial que ha resultado finalmente un bluf, es algo que nos debiera hacer meditar muy seriamente sobre el papel y el control de la acción de la Justicia en este país. Especialmente irritante para la ciudadanía, como parece que es el caso, cuando empiezan a aflorar factores de índole político – juego sucio del PP contra el PSOE usando la Justicia – y se  confirman, al menos indiciariamente, las peores sospechas que siempre sobrevolaron la actuación realizada desde el juzgado Nº 6 de Sevilla.

El PSOE advierte a Amat de que dar dinero público a dedo “tiene riesgos”

El PSOE ha advertido en el pleno extraordinario de la Diputación de Almería de los “riesgos” que puede entrañar conceder subvenciones con dinero público a dedo, algo, según los socialistas, habitual del equipo de Gobierno del Partido Popular presidido por Gabriel Amat.

Todas las normativas que rigen la distribución de dinero público mediante subvención especifican que ha de hacerse de manera equilibrada entre los territorios en los que se gobierna. Esto lo pasa por alto el PP con Gabriel Amat al frente. En concreto, ha expuesto el portavoz socialista Juan Antonio Lorenzo, la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) mandata que las diputaciones “regularán las subvenciones mediante una norma provincial”, mientras que la Ley General de Subvenciones defiende la existencia de un plan estratégico de subvenciones sobre el que atenerse. En cualquiera de los casos, “no existe ninguna de estas dos figuras en la Diputación de Almería” o, al menos, “no se acogen a ellas para adjudicar las subvenciones de manera equilibrada”.

“Lo que se está haciendo es lo contrario, desequilibrar a la provincia”, ha acusado Lorenzo, añadiendo que “no hay forma de garantizar el equilibrio repartiendo de esta manera el dinero público” y eso, “tiene sus riesgos, porque puede haber alcaldes o vecinos que se muestren contrarios a este tipo de reparto y están legitimados para estarlo y actuar”.

Uno de los principales puntos en el orden del día del pleno extraordinario de esta mañana era la impugnación socialista del acuerdo plenario anterior por el que se realizaba una modificación presupuestaria que permitía al equipo de Amat la concesión de subvenciones nominativas por 2.515.640 euros a distintos municipios destinando un 81% de ellas a ayuntamientos gobernados por el PP, impugnación que fue rechazada.

Lorenzo ha dejado claro que su grupo no se opone a que los municipios tengan ayudas que “en justicia les pueden corresponder, rechaza es la forma en la que el PP las otorga al no tener “ningún viso de ser justas” al no existir una concurrencia publica y competitiva. La manera que tiene el equipo de Gobierno del PP de conceder subvenciones “arroja un desconocimiento de las necesidades reales de la provincia, porque no hay plan estratégico provincial”, ha defendido Lorenzo. Las necesidades, en todo caso –ha añadido- “las conoce el presidente porque los alcaldes y alcaldesas van a su despacho y se lo dicen”.

Homenaje a Miguel Ángel Blanco Garrido

El recuerdo de un acto criminal perpetrado por la banda terrorista ETA hace hoy 20 años, nos reúne aquí para dar fe con nuestra presencia de una máxima que debe de trascender más allá de consideraciones políticas hasta llegar a lo más íntimo de la condición humana, una máxima que bien podría rezar así:  perdonar no es olvidar, es recordar sin odio con el menor dolor posible.

En mi recuerdo, con 19 años y apenas comenzados mis estudios universitarios, está ese crimen, como tantos otros sufridos por muchísimos ciudadanos cuyo único delito era el de no compartir de forma pública y notoria las ideas de los criminales en unos casos; el de servir con honor y dignidad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en otros, e incluso, el delito se extendía en muchas ocasiones al mero hecho de existir.

Miguel Ángel Blanco, un joven político de 29 años, que existía, y existía en el servicio público sin enfrentamientos violentos con las posiciones radicales; existía en su trabajo cotidiano como concejal de una población de apenas 15.000 habitantes; existía defendiendo una opción política cuyos enunciados distaban mucho de los de sus ejecutores.

Por eso, por existir de esa manera y no hacerlo atendiendo a los desvaríos de unos pocos, esos pocos decidieron, en una incomprensible dinámica de terror y sobre todo de odio, que debía dejar de existir.

Nosotros, los demócratas de la España de nuestros días no albergamos ese deleznable sentimiento.  Jamás odiaremos a alguien por razón de discrepancia en el ideario político por muy antagónicos que sean nuestros posicionamientos. De lo contrario, si cayésemos por simple debilidad humana en esa tentación, nuestra condición de demócratas solo sería una careta que el pueblo soberano, más pronto que tarde, nos arrancaría sin titubeo alguno.

Sí recuerdo con suma claridad las imágenes en televisión y en prensa de la reacción en masa de aquella población clamando justicia ante tan cruel barbarie. Una población que, con su dolor y rabia contenida, no hizo distingos partidistas y se echó a la calle dando cuerpo a lo que ha quedado para la historia de nuestro país como el “Espíritu de Ermua”.

Por eso, sin distingos partidistas, sin etiquetas de representación orgánica alguna, sino como simple ciudadano, desde la humildad y desde el honor que para mí representa el pronunciamiento de estas palabras, como uno más de mi  generación, deseo vehementemente transmitir:

ETA no está disuelta, está simplemente inactiva y que su disolución pasa ineludiblemente por solicitar “el perdón” sin condicionantes a sus víctimas y a sus familiares.

Acaecido esto, quizás el perdón allane el camino incluso del olvido.

Ahora ruego un minuto de silencio en honor y memoria de Miguel Ángel Blanco Garrido.

«El Concordato es un acuerdo anacrónico y sin precedente en Europa»

Andrés Perelló, nació en Buñol, provincia de Valencia. Es abogado en ejercicio y experto en Derecho Penal. En política ha formado parte del Comité Federal del PSOE y de la Ejecutiva del PSPV, además de haber sido alcalde de su pueblo durante una legislatura, diputado en las Cortes Valencianas durante 24 años y senador desde 2007 a 2009, fecha en que se convirtió en Eurodiputado. Colaborador en diferentes medios de comunicación escritos y audiovisuales. Además, ha publicado la novela La Conjura de los Caracoles.

El PSOE que salió del 39 Congreso, ¿va a dar ya el paso definitivo para luchar en favor la laicidad absoluta del Estado?

El compromiso de Laicidad del Estado sale de las resoluciones recientemente aprobadas en nuestro 39 Congreso Federal. Y, en la medida que ha sido aprobado, se procederá a dar cumplimiento a ello con la gradualidad e idoneidad que un asunto de esta envergadura requiere

La Constitución habla de «aconfesionalidad» del Estado, ¿cómo se entiende esto con los privilegios que mantiene la Iglesia Católica?

La propia Constitución establece la aconfesionalidad del Estado, así es. Si bien es cierto que la aplicación de este precepto ha sido más que atenuada desde que entró en vigor la Constitución, lo que ha dado lugar a comportamientos poco acordes con ese precepto por parte de distintas autoridades. Indudablemente esa relajación ha jugado a favor de la Iglesia Católica y la perdurabilidad en el tiempo de unos privilegios que no se dan en ningún otro país de Europa.

Las negociaciones del Concordato se cerraron antes de que los españoles votaran en el referéndum de la Constitución, ¿ha llegado el momento de que el PSOE se posicione claramente en la retirada o denuncia del Concordato?

En ese 39 Congreso, como en otros, todo hay que decirlo, el PSOE se ha posicionado por la denuncia del Concordato. Es un acuerdo anacrónico y sin precedente en Europa. En tiempo y forma se formulará esa propuesta de denuncia para que el Gobierno de España la lleve a efecto. De negarse, lo hará el PSOE tan pronto como llegue de nuevo al Gobierno.

Los privilegios que mantiene la Iglesia Católica gracias al Concordato ¿son contrarios a la propia libertad religiosa de cualquier democracia?

Son sobre todo improcedentes en un Estado aconfesional constitucionalmente. Y en lo referido a los privilegios de orden económico ha sido la propia Justicia Europea la que ha llamado la atención sobre la desigualdad de esos privilegios y el fraude de ley que suponen.

La vigencia del Concordato, ¿debilita la credibilidad de nuestro sistema democrático?

El sistema democrático es creíble por otros elementos de mayor envergadura, pero no es menos cierto que el mantenimiento de un Concordato de esas características en pleno siglo XXI evidencia cierta debilidad del sistema en lo que a igualdad religiosa se refiere.

En educación vemos cómo instituciones religiosas con colegios concertados obligan a los alumnos a participar en ceremonias o mantienen simbología religiosa en las aulas, ¿esto no va en contra de, precisamente, la libertad religiosa?

Sin duda, si un colegio es concertado tiene que estar a lo establecido en los conciertos y, con independencia de su ideario, ha de garantizar la libertad religiosa de los alumnos. Si se quiere educar adoctrinando cabe la posibilidad de no concertar y funcionar como colegio estrictamente privado.

Respecto a la presencia de capillas católicas en centros o edificios oficiales, ¿no es contrario al propio espíritu constitucional de igualdad de los ciudadanos españoles?

Los edificios oficiales deben ser modelo de la aconfesionalidad que establece nuestra Constitución, y no promover manifestaciones religiosas ni espacios dedicados a tales fines. La Iglesia tiene capacidad e infraestructura suficiente para ponerlos a disposición de los creyentes.

¿Desaparecerá alguna vez la asignatura de religión católica de los colegios españoles?

Para entender el mundo y su historia es necesario conocer el papel de las religiones a través de los tiempos. Por ello una asignatura de Historia de las Religiones puede aportar elementos para la comprensión de la Historia sin ninguna duda. Otra cosa es que exista una asignatura dedicada a una religión en concreto. Lo que a todas luces va contra el espíritu de libertad religiosa que contiene nuestra Constitución.