miércoles, 8 abril, 2026

Juana Rivas está siendo de nuevo maltratada

Ronaldo y Florentino, lo más probable, aunque lo haya pedido Ronaldo, es que la decisión sobre su presunto fraude fiscal nos sea justa. Tenga usted, señor Ronaldo, la seguridad de que la Justicia con usted no será justa pero, porque precisamente usted se llama Cristiano Ronaldo y su protector Florentino Pérez, el pueblo necesita más «circo y más pan». Con usted no será justa porque no le acusarán de su delito desde la justicia justa, usted es un privilegiado también para la justicia, usted es la élite, usted entretiene las conciencias del sistema. No se preocupe usted señor Ronaldo, su amigo Florentino sabe muy bien los resortes que tiene que tocar…, por menos la cúspide de la justicia se ha relajado de sus responsabilidades empujando a la justicia hacia la injusticia, vendando opacamente los ojos de la ley para que no pueda ver ni sentir la miseria de lo «terriblemente humano».

Ha oído usted señor Ronaldo y Pérez hablar de Juana Rivas y sus hijos, ha leído usted sobre la gran injusticia que en el día de hoy ha cometido la justicia. Pues resulta señor Ronaldo y Florentino, que mientras usted reprochaba a la titular del juzgado n* 1 de Pozuelo que usted señor Ronaldo está allí sentado no porque presuntamente usted y sus cómplices hayan presuntamente defraudado al pueblo español  14,7 millones de euros sino porque usted se llama Cristiano Ronaldo, tal vez si usted se hubiese llamado Ortega y Gasset, Unamuno, Antonio , García Lorca , Machado, Voltaire, José Saramago… podría verse, o no, en las mismas circunstancias, entendido un poco más por el pueblo su reacción. Lo auténticamente lamentable e injusto que ha ocurrido en el día de hoy no es valorar sus privilegios, que los tendrá, ante la justicia. Lo lamentable en el día de hoy es que mientras usted exhibía su prepotencia y soberbia ante la Magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón la sección tercera del Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite la demanda de amparo presentada por Juana Rivas en la cual solicitaba que se preservasen sus derechos a retener a sus hijos menores de edad por incumplimiento de formas… Aquí sí que la justicia ha actuado sin consideración injustamente porque la persona que planteaba su solicitud de amparo se llama Juana Rivas y es mujer.

En este caso, Juana sí debe de estar preocupada por poder sufrir lo que ya está sufriendo, una justicia injusta y cruel.

¿Dónde está en este momento el Ministro de Justicia? En su caso Ronaldo no se preocupa su amigo. Florentino es amigo y el Ministró su fan. ¿Dónde está el Gobierno?, ¿dónde están las conciencias Cristianas del poder?, ¿dónde está esa Reina «del pueblo» nacida en Asturias y de apariencia progresista en algunas, al menos, de sus conductas? ¿Dónde está el poder del todopoderoso Monarca Borbón, jefe del Estado español?, perdón, se me olvidaba, están en Mallorca de vacaciones con sus hijas. Afortunadamente ellos no tienen que entregar sus hijas a ningún maltratador por orden judicial, y, de corazón, no se lo deseo.

En este momento insto al Gobierno a que deje su relajamiento de responsabilidades y resuelva de una vez por todas —ellos pueden constitucionalmente— la pena y la desgracia de llamarse Juana Rivas. Ellos tienen la posibilidad en su conciencia de hacer justicia, de transformar la injusticia de María del Carmen Siles Ortega en justicia de verdad. Señor Rajoy, sea coherente con sus palabras y póngase en la piel de Juana Rivas.

Si no es así en 24 horas yo pido al pueblo que pasemos a la desobediencia, que todos y todas seamos Juana Rivas , que comencemos ya la revolución de las conciencia basada en la única ideología del pueblo la de la Conciencia Social Colectiva. La sociedad tiene la obligación histórica de comenzar a rebelarse en nombre de la “conciencia social”, en contra de poderes impuestos por la sinrazón, por la dictadura de las élites, por una revolución pendiente. Acabemos de una vez con el cómplice silencio. No más justicia injusta. No más “Inquisición

La espera quirúrgica se sitúa en 107 días de media en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha publicado el último corte de demora media quirúrgica en la Comunitat Valenciana, que puede ser consultado en la web de la Conselleria. Los datos son los correspondientes al mes de junio y reflejan que el tiempo medio de espera de los pacientes (demora) es de 107 días. El sistema sanitario público valenciano facilita desde 2016 los datos de la evolución de la lista de espera quirúrgica de forma trimestral.

Por patologías, la espera es de 84 días para cataratas, 74 para hernias inguinales, 120 para prótesis de cadera, 137 para prótesis de rodilla, 136 para artroscopias, 194 para varices, 78 para colecistectomía, 126 para hallux valgus, 94 para adenoamigdalectomía, 83 para hipertrofias benignas de próstata, 75 el quiste pilonidal, 117 en el caso de la fimosis y 76 para el túnel carpiano.

Por especialidades, la espera es de 95 días para cirugía general, 57 para ginecología, 83 para oftalmología, 78 para otorrinolaringología, 130 para traumatología, 84 para urología, 52 para cirugía cardíaca, 192 para cirugía vascular, 120 para cirugía maxilofacial, 131 para cirugía pediátrica, 121 para cirugía plástica, 63 para cirugía torácica, 160 para neurocirugía y 38 para dermatología.

Asimismo, hay que recordar que se consideran en lista de espera quirúrgica (LEQ) a todos los pacientes de un procedimiento quirúrgico diagnóstico o terapéutico no urgente aceptado por el paciente y para cuya realización se tiene prevista la utilización de quirófano en alguno de los hospitales de referencia y de área públicos de la Comunitat Valenciana. La demora es el tiempo promedio, expresado en días, que llevan esperando los pacientes pendientes de intervención, desde la fecha de entrada en el registro hasta la fecha final del período de estudio.

Desde enero de este mismo año, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha puesto a disposición de los ciudadanos en su página web el Registro Individualizado de la Lista de Espera Quirúrgica. Hasta la fecha, 43.907 personas han accedido a este servicio, lo que representa una media de 245 consultas diarias.

Se trata de una aplicación que ofrece información sobre los tiempos de espera para una intervención quirúrgica, enmarcándose dentro de las iniciativas de transparencia llevadas a cabo por la Conselleria y que facilita el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública.

De este modo, los pacientes pendientes de una intervención quirúrgica pueden acceder a través de Internet a los datos de su lista de espera quirúrgica registrados en los sistemas de información de los hospitales de la red pública. El Registro Individualizado de Lista de Espera Quirúrgica permite consultar la situación personal del paciente en la lista de espera quirúrgica, así como una estimación aproximada de los días de espera hasta su intervención.

 

Aviones para intimidar a los desalojados del Petén

La Comisión de Verificación de las Familias Desalojadas de Laguna Larga, en el Petén, ha denunciado una nueva estrategia del gobierno guatemalteco contra ellas. Como se ha venido contando en Diario 16 Mediterráneo, 490 personas fueron desalojadas de sus casas prefabricadas en Laguna Larga por el ejército y la policía guatemalteca, y echadas al monte, en una trocha entre Guatemala y México. Sin ninguna alternativa habitacional, estas familias viven como pueden, tal y como ha narrado la senadora de En Comú Podem, Sara Vilá, y en condiciones infrahumanas en ese espacio de nadie.

Los denunciantes destacan que esas personas están sufriendo nuevas formas de intimidación, a sumar al ejército y la policía que se encuentran acampados donde antes era su comunidad, como la utilización de aeronaves de rastreo sobre la zona que ahora ocupan. Según los antiguos habitantes de Laguna Larga primero fue un helicóptero y posteriormente una avioneta de color azul y blanco las que realizaron esos vuelos bajos, tanto sobre el antiguo asentamiento de Laguna Larga como sobre la trocha en la que se encuentran actualmente las familias.

Para quienes no conozcan la historia de Guatemala, cabe recordar que hasta hace pocos años se vivió una cruenta guerra civil, y la utilización de estos medios de control hacen revivir a muchas de las personas desalojadas esa guerra. Les hace recordar el miedo a que puedan hacerles algo desde el aire. Lo curioso del caso es que estos vuelos se produjeron justo tres días después de haber estado en la zona la delegación de la Comisión de Investigación, lo que hace aumentar las sospechas de una forma de instigación del gobierno guatemalteco.

Para Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas, “los vuelos de las aeronaves son una muestra de fuerza para amedrentar y generar miedo a las personas afectadas”. A pesar de sobrevolar una zona en la que podrían tener un conflicto diplomático con México, el gobierno guatemalteco sigue con su campaña de expulsión de la comunidad de la zona desalojada. Parecen no quererles en la zona y así poder proteger los distintos intereses que les mueven a poner en peligro la vida de estas personas. Muestran poco respeto por los derechos humanos, aun cuando la Comunidad Internacional ya les ha advertido que su actuación supone una vulneración del trato más fundamental a los seres humanos, como ha dicho el portavoz del Alto Comisionado de la ONU.

Cadena ha solicitado a las autoridades militares que expliquen la presencia de esas dos aeronaves en la zona. Recuerda que, si el ejército no tuviese explicación, tanto las autoridades del Petén como la Aeronáutica Civil deberían conocer y poder explicar la presencia y el porqué de esos vuelos y esa presencia. “Hay formas para conocer pero es el gobierno quien debe dar las explicaciones” ha afirmado el jurista.

Robert Mercatante, de Human Rights Defenders Project, tampoco ha escatimado la denuncia hacia el gobierno guatemalteco: “El actuar del Gobierno es lamentable y vergonzoso”. Al contrario, afirma, que la respuesta del Estado mexicano y la solidaridad internacional que sí han dado respuestas a las necesidades mínimas de estas personas. En especial los y las mexicanas que les han apoyado dándoles ropa, agua potable y comida tanto a los que permanecen en la montaña como los que han llegado al propio México.

Denuncia Mercantante que el gobierno guatemalteco no ha hecho gran cosa por sus propios conciudadanos. Tan sólo tres días después de haber sido desalojados enviaron una delegación para ver qué tal estaban, pero sin llegar a cubrir las necesidades mínimas vitales de esas personas. Sin embargo, ha sido la comunidad internacional la que sí ha reaccionado a esta catástrofe humanitaria.

Cadena solicita al gobierno de Guatemala una reanudación del diálogo bajo tres premisas claras. La primera es regresar al diálogo entre las distintas partes implicadas como se venía haciendo y sobre la que parece que sí existe consenso. Se trata, como destaca Cadena, de “definir cuál es la mejor solución para todas las comunidades”. Porque no sólo es Laguna Larga sino que existen más comunidades amenazadas de desalojo. La segunda, que las personas desalojadas puedan regresar a Laguna Larga temporalmente, algo sobre los que “no hemos visto señal de respuesta positiva por parte del Gobierno”. A este respecto, los comisionados han podido comprobar como CONAP se niega a esta vuelta, la cual se entiende como una “solución humana”. Y tercera, que cesen los desalojos y las amenazas a las distintas comunidades hasta que se enceuntre una solución consensuada.

También solicitan los comisionados que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que den respuesta a las medidas que se les solicitaron. Así como han pedido presteza al Constitucional guatemalteco sobre la apelación presentada y el amparo provisional que deberían tener las comunidades, en especial la de Laguna Larga que es la que se encuentra viviendo de forma inhumana.

 

La lucha de clases estalla en el feudo de Amat

El elemento básico de la lucha de clases como es la huelga de los trabajadores y trabajadoras ha llegado a Roquetas de Mar y está a punto de estallar en la misma cara a Gabriel Amat. La asamblea trabajadora de la empresa Urbaser, concesionaria de la limpieza viaria y la recogida de basuras, ha propuesto una serie de movilizaciones y huelgas en el servicio al no haberse aceptado las condiciones de trabajo y salariales propuestas. La empresa de servicios, que hasta finales del año pasado era propiedad de Florentino Pérez y que ahora es del fondo chino Firion Investments, no ha aceptado las propuestas de los trabajadores y trabajadoras municipales.

Las malas condiciones laborales y la mala gestión del servicio por parte del fondo chino, que ya fue denunciado en estas páginas, han provocado estas movilizaciones que estallan justo en la temporada alta de la localidad de Roquetas. Por ello, tanto PSOE como Izquierda Unida han solicitado al alcalde que intervenga en el conflicto como mediador. En un conflicto que en parte es culpa del propio munícipe por no haber renovado los pliegos de licitación y seguir con la misma contrata “a dedo” y sin regularizar.

La plantilla de trabajadores ha anunciado que a partir del 16 de agosto la huelga será indefinida y para Izquierda Unida esto sólo será “pura y exclusiva responsabilidad de Urbaser y de Gabriel Amat, con las consecuencias que tendrá en plena temporada veraniega para el turismo y la salud de los vecinos”. Ahora es el momento de intervenir y evitar males mayores afirma la formación de izquierdas.

Desde el PSOE roquetero también se suman a la solidaridad con la plantilla de trabajadores y trabajadoras y pide que “se garanticen los derechos de los vecinos a no sufrir las consecuencias de la falta de diálogo entre la empresa y los trabajadores y más en período estival cuando el que el servicio de recogida de basura y limpieza de calles debe extremarse por cuestiones de salubridad pública y del debido ornato que debe mostrar un municipio turístico como Roquetas a los propios vecinos y a las personas que nos visitan con ocasión de sus vacaciones”.

Belén Pérez de IU advierte que esta situación había sido denunciada por la propia formación hace tiempo: “Roquetas no se puede permitir que un servicio que si ya hoy mismo presenta serias carencias tenga una paralización total. Desde IU llevamos denunciando los recortes en la plantilla y servicios, que se evidencia en cada vez más suciedad en las calles de Roquetas y en serios problemas de afectación de la imagen del municipio, de malos olores y de proliferación de insectos y plagas”.

Lo más curioso es que en el Pleno anterior del Ayuntamiento, el partido conservador justificaba la propuesta de renovación de los pliegos y su externalización porque “es más eficiente y evita los conflictos laborales”. Unos visionarios sin duda porque Izquierda Unida ya había avisado que “no es así, ya que la plantilla está en manos de una multinacional ahora China, sin la protección mayor que podría tener estar bajo el Convenio municipal y bajo el Estatuto de los Trabajadores del Sector Público”.

El caso es que Amat acumula un nuevo conflicto más en su ya accidentada gestión como alcalde de Roquetas de Mar y que le puede llevar al banquillo y fuera del sillón que lleva ocupando décadas con mano recia y supuestamente manchada. Ahora la mancha de su gestión la sufrirá la ciudadanía roquetera directamente aguantando olores y más suciedad en sus calles, y eso que hasta ahora ya aguantaban bastante por la dejadez del alcalde.

Málaga para la Gente exige al PP que negocie con los bomberos el reglamento

Eduardo Zorrilla, portavoz del grupo municipal Málaga para la Gente, se ha reunido con un grupo de bomberos de la capital de la Costa del Sol, que le han presentado su propuesta de reglamento interno sustituya al actual, datado en 1959 y que va siendo modificado “a golpe de circulares, muchas de ellas contradictorias”, según ha explicado el sargento Miguel Ángel García.

El concejal de IU ha asegurado que Málaga para la Gente seguirá recordando la situación del conflicto de los bomberos para evitar que prospere la intención del PP de silenciarlo, y para que la ciudadanía malagueña sepa que, a cada propuesta que hacen los funcionarios, el PP ha respondido con expedientes sancionadores, expedientes que a día de hoy ya suman 23.

La propuesta de reglamento está elaborada por quienes conocen de primera mano el servicio y dan soluciones a problemas que están surgiendo o que aparecerán ya que contempla actividades que establece la Ley Andaluza de Servicio de Emergencia, como la investigación, la divulgación o la prevención. Es una propuesta que no está cerrada y que se elaboró para mejorar el servicio y acabar con la arbitrariedad que supone trabajar con circulares.

El concejal ha dicho que la ciudad puede sentirse orgullosa de las personas que conforman el Cuerpo, que están actuando con gran responsabilidad al hacer cosas que omite el equipo de gobierno que ha venido acusándolos de no querer negociar, cuando desde el principio han sido los bomberos quienes han ido cediendo. “El equipo de gobierno ha quedado en evidencia y se ha demostrado que es éste el que no quiere negociar y exigimos al alcalde que actúe en interés de la ciudad, de un servicio público que es de primera magnitud como la seguridad de los malagueños”, ha dicho Zorrilla.

El sargento Miguel Ángel García ha explicado que la aprobación de un nuevo reglamento ha sido una de las reivindicaciones de los bomberos desde el principio porque trabajar mediante órdenes internas es un grave problema para el funcionamiento del servicio. De ello dependen muchas cosas, entre ellas, la seguridad de los ciudadanos.

La propuesta de reglamento está estructurada en títulos y cada uno de ellos pretende dar solución a los problemas que han ido dándose en el servicio a lo largo de los años: estructuras del servicio, cómo deben funcionar las guardias, etc. Si no hay reglamentación se produce un vacío legal que deteriora el trabajo y el servicio. “El reglamento que surja debería ser para la ciudad, para tener un servicio de bomberos que pueda ofrecer servicios de calidad y seguridad”.

Otro de los títulos de la propuesta da solución a la función que desempeñan los bomberos que pasan a la segunda actividad, que quedó regulada por la Ley de Emergencia de Andalucía, pero no desarrollada. Ahora, el equipo de gobierno ha presentado una propuesta, “que es un corta y pega del decreto de la Policía Local, que incluso los policías en Málaga la han mejorado mediante reglamento interno”.

El sargento García ha asegurado que la propuesta de reglamento se ha elaborado con la perspectiva de que perdure en el tiempo, mientras que el equipo de gobierno del PP se ha limitado a convocarlos a dos mesas técnicas en las que han presentado propuestas cerradas, y ha desestimado las alegaciones presentadas por los bomberos.

El cabo Pablo Bosch ha incidido en que uno de los problemas que subyacen en el conflicto de bomberos es la arbitrariedad con la que se está dirigiendo el servicio.

Bosch ha hablado de la necesidad de dar “una salida digna y productiva” los bomberos que pasan a segunda actividad que llevan 30 años en el Cuerpo y que con la propuesta que incluyen en el documento estos realizarían funciones que mejorarían el servicio y le “darían un valor añadido” . De esta manera se pondrían en funcionamiento las tareas de divulgación, elaboración de campañas, prevención, inspección, etc. Se mantendrían servicios tan necesarios como el grupo de rescate y salvamento y unidad médica que se ha desmantelado y se pondrían en funcionamiento otros que son fundamentales.

La Justicia se alía con el verdugo

Golpe a la Justicia democrática de este país. Casos como el de Juana Rivas y el desamparo que está sufriendo esta mujer por parte de los resortes del Estado es para ser llevado ante el Tribunal de Derechos Humanos de La Haya.

En el día de hoy los abogados de Juana Rivas presentaron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que el órgano judicial que está para defender los derechos democráticos de los ciudadanos suspendiera la obligación de entregar a sus hijos al padre que durante años la maltrató y que fue condenado por ello en Italia. Ante la injusticia que suponía la sentencia emitida por un juzgado granadino Juana decidió rebelarse y no entregarlos. Primero estaba la seguridad de los menores. Por eso huyó, para salvar la vida de sus hijos, para no tener que entregarlos a un torturador machista. Juana hizo lo que haría cualquier madre: defender a sus hijos por encima de las consecuencias que pudiera acarrearle la decisión que tomó.

El Tribunal Constitucional ha cometido una injusticia al rechazar el recurso de amparo refugiándose en los procedimientos y olvidándose de que esa decisión puede tener como consecuencia la vida de, al menos, tres personas.

Por otro lado, sorprende la celeridad en que ni siquiera han admitido a trámite el recurso en comparación con otros asuntos en que la respuesta es fulminante, tanto la admisión como en la ejecución. Si Juana Rivas hubiese presentado un recurso contra una decisión del Parlament de Catalunya hubiese sido admitida a trámite en menos de diez minutos y resuelto a su favor en apenas un par de horas. Pero Juana Rivas y sus hijos no son razón de Estado, Juana Rivas y sus hijos no son una amenaza para la España Una, Grande y Libre. La amenaza tiene nombre italiano y es quien maltrató y torturó en presencia de sus hijos a Juana durante años. Hoy el Tribunal Constitucional se ha puesto del lado de la amenaza, ha cometido una injusticia.

El argumento que han dado para no admitir a trámite el recurso es propio de leguleyos de cabeza cuadrada que no se salen ni un milímetro del código sin tener en cuenta las consecuencias humanitarias que su decisión puede acarrear. Le han dado fuerza al maltratador y han dejado indefensa a la víctima, es decir, todo lo contrario a lo que debiera hacer un órgano como el Tribunal Constitucional. Según el TC, “el recurso de amparo es de naturaleza subsidiaria, lo que significa que sólo puede interponerse cuando se hayan agotado todos los niveles judiciales previstos en la ley ante los juzgados y Tribunales ordinarios. En este caso, la recurrente ha acudido en amparo ante el Tribunal Constitucional antes de agotar todas las posibilidades existentes en la vía judicial previa, razón por la que su demanda debe ser inadmitida a trámite”. Por tanto, dejan en peligro a una mujer por una cuestión de procedimiento.

La semana pasada el propio Mariano Rajoy afirmó, cuando le preguntaron por el caso de Juana Rivas y que hubiera huido con sus hijos, que “hay que ponerse en el lugar de esta madre” y añadió que “A las personas conviene atenderlas, a las personas conviene comprenderlas y luego está todo lo demás”. Eso es lo que no ha hecho el Tribunal Constitucional. Con esta no admisión a trámite del recurso de amparo ya la está condenando porque le ha dejado claro que el Estado no la va a proteger. La ha condenado a que, si quiere el amparo de nuestro sistema democrático y de los órganos que, presuntamente, están para defender las esencias de libertad, igualdad y fraternidad que representan a cualquier democracia, tendrá que empezar un proceloso camino judicial que la llevará primero al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Tribunal Supremo y, finalmente, volver al Constitucional. Con los tiempos que se manejan en la Justicia Española el TC ha condenado a Juana Rivas a mantenerse escondida con sus hijos durante años. La Justicia injusta es también uno de los valores que caracterizan la Marca España cuando se trata del pueblo oprimido por los poderes fácticos o por el poder del machismo imperante.

En este país la Justicia real es sólo para unos pocos. Lo estamos viendo todos los días, pero, en el caso de la violencia machista es mucho más sangrante. Hay juzgados que rechazan más del 90% de las órdenes de protección; hay juzgados que en el propio juicio contra el maltratador siguen poniendo en duda la veracidad del testimonio de la mujer, y eso cuando testifica porque en muchos casos no lo hacen por acogerse al artículo 416; hay juzgados donde la víctima tiene que cruzarse con el maltratador para poder testificar o para poder poner la denuncia; hay juzgados en que se revictimiza a la mujer desde el momento en que pone los pies en sus dependencias. Se achaca mucho a la falta de medios pero, realmente, el problema es la falta de sensibilidad de muchos/as jueces con uno de los verdaderos problemas de nuestro país, algo que sí que debería ser interpretado como cuestión de Estado pero que se sigue manteniendo en el ámbito de lo privado.

Por otro lado, sorprende que todos los partidos políticos, digo todos, no se hayan creado un frente común de presión para terminar con el calvario de esta madre que lo único que está haciendo es proteger a sus hijos de un maltratador, es decir, de un mal padre. En este caso no vale con la manida frase del “respeto a las decisiones de la justicia”. Ha llegado el momento en que se quiten ese miedo al respeto reverencial hacia lo que diga el Constitucional, el Supremo o la Audiencia Nacional. Es el momento en que los partidos dejen de un lado su disfraz institucional y saquen las tripas para defender a Juana Rivas a través de todos los medios que haga falta. El pueblo les entenderá y se lo agradecerá.

Nuestra democracia jamás podrá ser plena hasta que el principio de igualdad esté implantado de manera definitiva y radical. Casos como el de Juana Rivas demuestran que la Justicia está muy lejos de preservar ese principio.

Cristino Ronaldo, regate y soberbia en el juzgado

Cristiano Ronaldo ha aparcado sus vacaciones en Ibiza para acudir a los juzgados de Pozuelo de Alarcón donde ha rendido declaración sobre un presunto fraude fiscal de 14,7 millones de euros en relación a sus derechos de imagen. El delantero del Real Madrid ha acudido a su cita con la justicia española de forma muy parecida a la protagonizada la pasada semana por Mariano Rajoy, encarándose a la jueza. “Todo esto pasa porque soy Cristiano Ronaldo”. A excepción de que en aquella ocasión no había instalado un atril a las puertas de los juzgados para recoger las declaraciones del Presidente del Gobierno.

Ronaldo ha aterrizado esta mañana en Barajas procedente de la isla pitusa en un avión privado. Después, el portugués se subía en un coche con los cristales tintados que le conduciría al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón, a los cuales accedió por el garaje. Acompañado en todo momento por Julio Cendal, jefe de seguridad del equipo que preside Florentino Pérez, por un amigo y por su abogado, el jugador compareció ante la jueza a puerta cerrada para notificarle que está siendo investigado por un posible fraude fiscal de 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014.

La fiscalía acusa a Cristiano de haber declarado tardíamente en 2014 a la Hacienda española 11,5 millones por unos ingresos generados entre 2011 y 2014 en vez de los 43 millones de euros totales recaudados durante aquellos años. Cantidad a la que hay que sumar los 28,4 millones de euros por derechos de imagen durante 2015-2020. Un delito contra Hacienda que el futbolista de 32 años habría cometido de forma voluntaria y consciente.

“No se equivoque, como usted se han sentado otras personas anónimas”

La declaración, que había comenzado en un tono tranquilo y relajado, poco a poco se fue tornando áspera y muy complicada. “Si no me llamará Cristiano Ronaldo, no estaría aquí”, ha espetado el jugador a una magistrada que no le importa en lo más mínimo los balones de oro que tiene el jugador. “No se equivoque, como usted se han sentado ahí otras personas anónimas”, ha aclarado la jueza antes de recordarle que “usted está siendo encausado e investigado por un presunto delito fiscal según las pruebas que aporta la fiscalía y sobre las que la justicia tendrá que decidir”. Lejos de calmarse, el futbolista ha insistido en que está recibiendo un trato discriminatorio. “No, no, no. Todo esto pasa porque soy Cristiano Ronaldo”, ha rebatido.

“La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos. Jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de evadir impuestos”, ha asegurado el atacante del Real Madrid en un comunicado emitido por sus asesores y en el que además ha recalcado que siempre ha colaborado de forma “voluntaria” con Hacienda. De hecho Multisports & Image Management Limited, empresa a través de la cual gestiona sus derechos de imagen, “fue creada en 2004 por los abogados que me recomendó el Manchester United, mucho antes de que pensara venir a España”, explica. Y añade que: Hacienda inglesa comprobó su estructura y ratificó que era legal y legítima».

Por otra parte Cristiano Ronaldo pide expresamente “dejar trabajar a la Justicia” a la que ha mandado un mensaje: Yo creo en la justicia y espero que, también en este caso, haya una decisión justa”. Esta será la única vez que el delantero blanco se pronuncie sobre este tema, pues quiere “evitar presiones innecesarias” o que se pueda “contribuir a un juicio paralelo”. En el texto los asesores recuerdan que Ronaldo “cotiza en España siendo uno de los contribuyentes individuales que más paga en todo el país”.

El astro portugués se suma así a una lista de futbolistas entrenadores investigados por irregularidades fiscales en España como los casos de José Mourinho, di María, Fabio Coentrao, Ronaldo, Neymar, Mascherano, o Messi. Muchos han comparado el caso de CR7 con el del argentino pero, aunque se trata del mismo delito, la Agencia Tributaria tiene indicios de que el posible fraude al fisco cometido por el delantero del Real Madrid es mucho más grave que el de Leo Messi, declarado culpable el año pasado.

Tras hora y media de declaración y haciendo alarde de sus dotes futbolísticas, la estrella del Real Madrid ha optado por regatear a más de un centenar de periodistas atestados a las puertas del juzgado madrileño que no han dudado en mostrar su cabreo ya que esperaban que el astro luso compareciera en el atril ante los medios de comunicación para confesarse inocente. Pero ese plantón ha conseguido un efecto positivo para el propio Cristiano Ronaldo: desviar la atención del fraude contra la Hacienda Pública.

Ahora sólo queda esperar la decisión de la titular de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón que podría requerir nuevas imputaciones, declaraciones de más testigos, más pruebas documentales, abrir un juicio oral o archivar la causa.

En un supuesto de que Cristiano Ronaldo fuese declarado culpable por defraudar a Hacienda, el futbolista del Real Madrid podría enfrentarse a una multa económica de 29 millones de euros.

Duro revés para Juana Rivas del Constitucional

La Sección Tercera del Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite la demanda de amparo presentada por Juana Rivas para solicitar que se preserve su derecho a retener a sus hijos menores de edad porque no cumple con el requisito, exigido por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, consistente en la falta de agotamiento de la vía judicial previa.

Con esta decisión, los tiempos se agotan para que Juana Rivas entregue a sus hijos. Mientras, la campaña #JuanaEstáEnMiCasa, la campaña de apoyo a la huida de Juana Rivas y sus hijos, sigue adelante con millones ya de personas implicadas a través de las redes sociales.

Mientras el padre de sus hijos acepta la custodia compartida siempre que vivan en Italia

El recurso de amparo es de naturaleza subsidiaria, lo que significa que sólo puede interponerse cuando se hayan agotado todos los niveles judiciales previstos en la ley ante los Juzgados y Tribunales ordinarios. En este caso, la recurrente ha acudido en amparo ante el antes de agotar todas las posibilidades existentes en la vía Tribunal Constitucional judicial previa, razón por la que su demanda debe ser inadmitida a trámite. En 2016, la falta de agotamiento de la vía judicial previa fue la causa de la inadmisión a trámite en el 9,39% del total de recursos de amparo inadmitidos por el Tribunal Constitucional.

Mientras, el padre de los hijos de Juana Rivas, Francesco Arcuri, acepta la custodia compartida,  siempre y cuando vivan en Italia, según el mismo ha contado a la Prensa. En ese sentido, a  través de los medios de comunicación españoles, Arcuri está consiguiendo el altavoz necesario para dar una imagen de la víctima como mujer que salía todas las noches y que manipula los hechos en los que le acusan de agredirla.

Venezuela: Triunfó la paz y la democracia

A pesar de “La hora Cero” de la oposición, de los murtos producidos por las actos de violencia del terrorismo de derecha y las amenazas de intervención militar, las elecciones constituyentes se realzaron en todo el país, con un grado muy importante de participación popular. La esquizofrénica prensa venezolana e internacional, burdamente intentó desvirtuar la masividad del electorado.

Un total de 8.089.320 venezolanos y venezolanas participaron en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) así lo informó la noche de este domingo presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena.

“Tenemos la participación del 41,53% del padrón electoral de Venezuela, para un 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente”, dijo la titular del Poder Electoral en cadena de radio y televisión.

Calificó la votación de este domingo como muy alta y sorpresiva dadas las amenazas, las trancas y las dificultades, que se han presentado las cuales han sido superadas.

A pesar de esta derrota por parte de la oposición, ellos seguirán con su plan de desestabilización, ahora acudiendo a la ayuda internacional, que no es otra que la intervención militar.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que una vez la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sea instalada acudirá ante esta máxima instancia del poder popular para reconocer su carácter plenipotenciario.

«La Constituyente esta semana se instalará, yo esperaré a que me indiquen, porque voy a comparecer para reconocer su poder plenipotenciario originario y ponerme a su servicio y su orden. Nadie está por encima del poder originario», enfatizó el Jefe de Estado desde la plaza Bolívar de Caracas.

Destacó que tras la masiva participación en las elecciones a la ANC, ha empezado una nueva etapa del renacimiento de la Revolución Bolivariana

El Mandatario señaló que esta nueva fase de bolivarianismo abarcará nuevas tareas en la económico, político, cultural; una nueva actitud, conducta y métodos para acabar con la corrupción y estimular la organización popular.

Con la instalación e inicio del funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente deberá con urgencia resolver aspectos fundamentales de la situación económica, especialmente los factores que han producido la carencia de alimentos y medicamentos por la guerra económica, impuesta por la oposición y a burguesía parasitaria.

Por otro lado la asamblea constituyente tendrá que solicitarle al gobierno que declare el “estado de excepción”, para garantizar la paz social en todo el país. Esta medida que se aplica en cualquier democracia, debe de impedir la violencia terrorista y  la detención de los responsables. Esta  resolución debe estar acompañada con la destitución de la Fiscal General del Estado, por impedir la investigación de los asesinados y de los responsables de los actos de terrorismo. El desafío ahora es si Venezuela avanza hacia trasformaciones revolucionarias más profundas, lo que hoy se llama el chavismo bravío o será una continuidad de esta etapa conflictiva. Ahora todo el poder está en el pueblo soberano. Los nuevos constituyentes la mayoría chavistas consecuentes, tienen la gran responsabilidad política de avanzar hacías el socialismo.

Financiación ilegal de la campaña electoral dirigida por Rajoy en el año 2000

Las elecciones generales del año 2000, en las que el expresidente José María Aznar obtuvo mayoría absoluta, a las órdenes de Mariano Rajoy que ejercía como director de campaña, se encuentran en entredicho al haber sido financiados estos actos electorales de manera ilegal por el Partido Popular, según acredita el PP de Madrid, en unos documentos internos a los que ha tenido acceso El MUNDO. En estos papeles se aprecia “como se cargaron irregularmente gastos electorales de campaña en precampaña, se obtenía financiación de Fundescam, -una fundación del partido-, y del propio Grupo de los populares en el Ayuntamiento de Madrid”.

Durante esta campaña electoral bajo el lema “Vamos a más”, la contabilidad del PP madrileño apunta a la posibilidad de sobrepasar los límites establecidos por Ley en estas elecciones, al encuadrar en los gastos el presupuesto de actos electorales, pero en el apartado correspondiente al periodo pre-eletoral, lo que podría suponer un engaño ante el Tribunal de Cuentas.

El actual presidente del Senado, Pío García-Escudero, se encontraba al frente del PP de Madrid durante la campaña del año 2000 cuando se produjeron estas irregularidades en la financiación, sin embargo negó en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel que “tuviera conocimiento de los manejos económicos de contabilidad del partido, por su dedicación a la función política en el PP”. García-Escudero siguió en esta línea a Rajoy que declaró previamente “asumir sólo responsabilidades políticas en el partido” ante el alto tribunal, “mientras las funciones económicas son de los tesoreros y gerentes”.

Un documento elaborado por el gerente regional de Madrid, -en el periodo electorales del año 2000-, dirigido a la Secretaría Regional del PP, en este comunicado hace constancia de que “se presupuestaron 48,4 millones de pesetas de ingresos”, pero los ingresos reales “se contabilizaron en 55 millones de pesetas”. Por otra parte, “los gastos fueron presupuestados en 56 millones de pesetas”, sin embargo ascendieron a “63,4 millones”. Estos gastos electorales “fuera de plazo”, dedicados a publicidad, campañas en prensa y radio, trabajos de imprenta, entre otros, se deducen de este informe interno del PP de Madrid.

También aparecen documentos contables del año 2000 de esta campaña firmados por el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, -responsable de campañas del PP de Madrid en aquel entonces-, que hacen alusión al “coste real” señalando la diferenciación entre la etapa pre-campaña y campaña, según ha publicado El MUNDO. Ortega se encuentra imputado en el caso Gürtel en la actualidad.

Otro apunte significativo que aparece en los documentos del PP madrileño, es que en esa época uno de los proveedores del partido era el Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, que se encuentra investigado por financiar ilegalmente al Partido Popular en el caso Púnica.