miércoles, 8 abril, 2026

El expresidente de Novacaixagalicia, en libertad si colabora con una Fundación para personas en exclusión

María José Pintor Sánchez-Ocaña
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El expresidente de Novacaixagalicia, en libertad si colabora con una Fundación para personas en exclusión

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha acordado poner en libertad al expresidente de Novacaixagalicia  Julio Fernández Gayoso, que cumple una condena de dos años de prisión por un delito de apropiación indebida en la cárcel de A Lama, con la obligación de colaborar de forma altruista y sin contraprestación económica con la Fundación Asociación Érguete Integración para que ayude a personas en situación de exclusión social y que colabore en la gestión de actividades relativas a la contabilidad de dicha entidad.

En su auto el juez aplica , de acuerdo con el fiscal, el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, relativo a la aplicación del sistema más flexible de ejecución penas, con la exigencia de que el interno realice las citadas actividades de voluntariado a las que se ha comprometido y en atención a su edad, 85 años, y a su delicado estado de salud, se le aplique el artículo 86.4 del Régimen Penitenciario, dejando en manos de la Administración Penitenciaria, en atención a las circunstancias del interno, la decisión sobre el mecanismo que estime suficiente para el control del exdirectivo de Novacaixagalicia.

“Con esta actividad el interno, junto con el pago de la responsabilidad civil podrá dar cumplimiento a la finalidad restaurativa de la pena tan importante en el ámbito del tratamiento penitenciario, pues a través de las labores de asistencia a personas desfavorecidas podrá, en cierta medida, resarcir a la sociedad del daño causado con su acción delictiva, así como, al tratarse de una persona con amplios conocimientos financieros podrá mediante la colaboración con Érguete (estudiando y preparando documentación para la posible obtención de subvenciones, así como ayudando en el ámbito contable) devolver a la sociedad la confianza rota por el daño causado”, subraya el juez en su auto.

José Luis de Castro también ha valorado el hecho de que la responsabilidad civil, a la que fue condenado de forma solidaria junto a otros exdirectivos de Novacaixagalicia, esté ya abonada. En este sentido, afirma en su auto, que Fernández Gayoso no ha puesto obstáculo alguno en cubrir dicha responsabilidad, más bien lo contrario, su conducta en todo momento y especialmente durante la ejecutoria ha estado dirigido a facilitar que se hiciera efectivo el pago de dicha responsabilidad.

El artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario establece que, con el fin de hacer el sistema de ejecución de la condena más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos de cada uno de los grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento, que ha de ser aprobado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.
Por otro lado, el artículo 86.4 permite, además, no pernoctar en prisión siempre que el interno acepte de modo voluntario el control de su presencia fuera del Centro mediante dispositivos telemáticos adecuados.

IULV “exige” a López Miras que “acometa” la solución adoptada por el Ayuntamiento de Lorca a favor de los damnificados por los terremotos

Jerónimo Martínez
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IULV “exige” a López Miras que “acometa” la solución adoptada por el Ayuntamiento de Lorca a favor de los damnificados por los terremotos

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha exigido al presidente autonómico, Fernando López Miras, que ponga en marcha, “de manera inmediata”, el acuerdo unánime adoptado por el Pleno municipal que afecta a las 800 familias a las que la Comunidad Autónoma está reclamando la devolución de las ayudas otorgadas para rehabilitación de las viviendas afectadas por los seísmos de mayo de 2011.

El acuerdo plenario consiste en que las inspecciones técnicas de las viviendas reparadas sean “una prueba válida” para que los vecinos que ya no tienen en su poder las facturas, puedan ver archivados definitivamente sus expedientes.

Para Martín, “entendemos que los casos en los que la Administración compruebe que las reparaciones se han efectuado deben quedar archivados, y dejar de molestar a los vecinos con reiteradas peticiones de facturas de datan de hace más de cinco años”. Por ello, se ha mostrado satisfecha por la adopción de este acuerdo por parte del Pleno, “que es el que IU-Verdes ha defendido siempre”, aunque manifestó su “preocupación” puesto que es el Gobierno regional el que debe aplicar la medida.

La edil de IU-Verdes tildó de “incomprensible” la actuación de la Administración quien exige devoluciones de las ayudas a los beneficiarios cuando, en la inmensa mayoría de los casos, ha prescrito el derecho de la Comunidad Autónoma al reembolso de ese dinero. Martín aseguró que la “desidia” de la CARM y el descontrol del que ha hecho gala en todo el proceso, también hará posible que ciudadanos que no actuaron correctamente puedan ahora evitar el reintegro de las ayudas.

Por ello IU-Verdes exigió “responsabilidades políticas” y pidió que el Ayuntamiento instara a la Administración regional a dar cuenta del número y alcance económico de los procedimientos prescritos. Una propuesta que fue rechazada con los votos del PP en una actitud que Martín calificó de “irresponsable”.

El PSOE lamenta que “el PP vote en contra” de iniciar las obras de ampliación de desagüe de la rambla de Biznaga

Jerónimo Martínez
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El PSOE lamenta que “el PP vote en contra” de iniciar las obras de ampliación de desagüe de la rambla de Biznaga

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Navarro “lamenta” que el PP haya votado en contra de iniciar las obras de ampliación de desagüe de la rambla Biznaga a su paso por las carreteras RM-621 y RM-11 de forma inmediata, tal y como han solicitaron los socialistas lorquinos en el último Pleno municipal a través de una moción.

Ante esta “grave dejación de funciones” por parte del PP, “incapaces”, afirma Navarro, de hacer realidad el único proyecto que han pensado durante los largos cinco años que han transcurrido desde las fatídicas riadas de 2012”, el edil del PSOE les advirtió en el Pleno que “no tendrán más remedio que hacer responsables” al Alcalde, al resto de concejales del PP y a los responsables de la Dirección de Carreteras y CHS de los posibles daños que unas nuevas inundaciones puedan ocasionar en pedanías como Campillo, Torrecilla o Purias.

Navarro asegura que la amenaza por posibles inundaciones como la de 2012 “está muy presente entre los vecinos”, por lo que insiste en que ante la imposibilidad de prever cuándo va a volver a ocurrir “lo que sí se puede hacer es actuar, tomar medidas y trabajar para intentar aminorar las consecuencias cuando ocurra”.

El edil ha insistido en que estas medidas pasan “ineludiblemente” por efectuar “de urgencia” las obras de ampliación del desagüe de la Rambla de Biznaga a su paso por las carreteras RM-621 y RM-11, proyecto que consideran desde el PSOE “vital, necesario y de imprescindible e inmediata ejecución”.

Sin embargo, el concejal del PSOE lamenta que el PP, “por defender la inutilidad de sus compañeros del Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma” se pongan “de espaldas” a los vecinos de las pedanías afectadas y vote en contra de iniciar “de inmediato” unas obras para las que “cuenta con el proyecto, el contrato, el contratista, el dinero y sobre todo la necesidad y el peligro”.

Renta mínima contra la pobreza extrema en España

José Antonio Gómez
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Cáritas España ha hecho una propuesta a los grupos parlamentarios para que aprueben en esta legislatura un sistema de renta mínima que luche contra la pobreza extrema existente en nuestro país gracias a las políticas del Partido Popular. Según los cálculos de la organización tendría un coste de 3.000 millones de euros de los que se beneficiarían más de 200.000 hogares españoles en los que no entra ningún tipo de renta.

Cáritas se ha reunido con todos los grupos y su impresión es que su propuesta ha sido bien recibida. Hay que tener en cuenta que ya se están estudiando otras iniciativas legislativas en el mismo sentido, como, por ejemplo, la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los sindicatos a principios de este año 2017.

La implantación de una renta mínima en España ya ha pasado de ser una mera reivindicación a una necesidad de implantación urgente debido a la situación que están viviendo millones de españoles gracias a las políticas aprobadas por el Partido Popular, sobre todo en el aspecto laboral, con salarios por debajo de los niveles de pobreza, la temporalidad del empleo y la precariedad del mismo. En este sentido Cáritas ha propuesto que la prestación tenga ámbito estatal y destinada a hogares con unos niveles de renta por debajo de los umbrales de pobreza extrema. La concesión tendría que estar condicionada sólo por la renta del hogar.

La propuesta estaba incluida dentro de las diez medidas que Cáritas planteó de cara a las Elecciones Generales y supondría una garantía de ingresos para más de 200.000 hogares que no perciben ningún tipo de renta.

Esta es la España próspera de Mariano Rajoy: sacar pecho de los datos macroeconómicos mientras millones de españoles viven como en la posguerra.

De Guindos se echa en brazos de Florentino Pérez

Santiago Aparicio
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De Guindos se echa en brazos de Florentino Pérez

En las distintas redes sociales muchas personas suelen utilizar el truco visual de poner dos noticias juntas para que se comprenda mejor el sentido de la historia o el juego entre poderosos. Una vez que el Gobierno ya ha pagado a uno de sus amigos los favores debidos, con UE por medio, se lanza a buscar la ayuda de otros de esos señores que “mandan de verdad” en España. En esta misma semana se ha sabido que Florentino Pérez ha conseguido el mayor paquete de la subasta fotovoltaica y que está estudiando una Contra-OPA por Abertis. Parecen dos noticias producto de la casualidad ¿o no?

En la subasta que se ha producido de energía fotovoltaica para vender MW futuros, el grupo Cobra (filial de ACS) se ha quedado con la mayor parte del pastel al obtener 1.550 MW de potencia. Por esta subasta, la filial de Pérez ha tenido que aportar 93 millones de euros en avales. Esto significa que no ha tenido que poner todo el dinero de la compra de la energía, que es a futuro pero que puede ser transferida a un tercero en cualquier momento. De hecho, igual Cobra no tendrá que pagar la cantidad completa y se habrá deshecho de lo adquirido con anterioridad.

Según informaba El Confidencial, Florentino Pérez habría entrado en el juego de la fotovoltaica porque va en busca de contratos hasta por 1.000 millones en la construcción de plantas fotovoltaicas. Plantas y consorcios a los que luego piensa vender unos cuantos MW de los que ha conseguido en la subasta. Evidentemente el negocio no está en los EPCs (Ingeniería, Compras y Construcción), pues a poco que se conozca el mundo de la construcción de Ingeniería sabe que los beneficios pocas veces superan el 6% (con suerte) de la cantidad global del proyecto. Más bien lo que pretende Pérez es vender, y si puede ser antes de pagar mucho mejor, los MWs que ha adquirido en la subasta y sacar plusvalías de ello. Un negocio redondo, compra a futuro y vende antes de pagar con plusvalías. Hacer negocio a costa del Estado sin tener a penas que desembolsar dinero.

Cuestión bien distinta es que los generadores de la energía fotovoltaica estén dispuestos a entrar en ese juego. Ellos van a ganar dinero con la producción de la energía ya, lo otro es un plus a su propio negocio. Y, además, Pérez parece que está yendo de sobrado poniendo cláusulas abusivas, y son ya más de dos los empresarios que han rechazado su estrategia.

Pero es curioso que el grupo ACS entre en la energía fotovoltaica con tanta fuerza, una energía que para pequeños productores sigue teniendo el famoso “impuesto al sol”, mientras que las propias empresas energéticas y generadoras de este tipo de energía no hayan competido salvo por las potencias necesarias, o las que ellos consideran ajustadas a sus capacidades y necesidades. ¿Por qué se ha metido Pérez en tal negocio? ¿Sólo por los EPCs que no le garantizan la venta de la energía?

Parece ser que desde el ministerio de Economía y del de Hacienda, Fomento al fin y al cabo no es más que un brazo de aquellos dos y de la vicepresidencia del Gobierno, se está intentando convencer a Florentino Pérez con dádivas, el Gobierno garantizaría la “buena venta” de la energía comprada, para que ayude en la OPA de Abertis. Doble negocio para Florentino, vende a mejor precio la energía y se queda con una gran concesionaria, que tendrá más contratos que el Gobierno va a renovar y ¿aumentar?

Tanto Luis de Guindos como Cristóbal Montoro, según ha podido saber Diario 16 Mediterráneo, llevan varias semanas hablando con el presidente de ACS para que haga un “favor” al Gobierno de Mariano Rajoy. Atlantia, la gran concesionaria de autopistas de capital italiano, ha presentado una OPA por Abertis. Tras verificar que no podía llevar a cabo la operación mediante AENA (aunque tiene el Estado el 51%, está en proceso de privatización y partición de negocios), rápido han solicitado a Pérez que entre en el juego.

Abertis no sería nada nuevo para Florentino Pérez pues ya estuvo en el consejo de administración y, es más, ayudó a fundarla mediante la fusión de unas cuantas concesionarias pequeñas. En su momento llegó a poseer ACS hasta el 25% de las acciones. Junto con Isidro Fainé, Criteria-Caixa es el otro gran accionista, llevaron adelante la expansión de la empresa hasta situarla en el lugar que posee en el mercado (16.000 millones de euros). Pero el esfuerzo financiero para hacerse con el control de Iberdrola provocó que Pérez se deshiciese de su paquete accionarial a buen precio. En 2010, 1.800 millones que consiguió del fondo CVC y, en 2012, 875 millones por el resto que le quedaba.

Pérez quiere “ayudar” al Gobierno pero requiere garantías políticas y financieras. Hay que tener en cuenta que, ahora que ya está saneando las cuentas de ACS, meterse en una operación donde el valor de la empresa que compraría ACS (10.000 millones) es menor que la empresa comprada, podría traer consecuencias en el mercado financiero internacional. Por eso Florentino ha contestado a De Guindos que se lanzará a la OPA pero que deben ayudarle a encontrar socios que entren en el juego con él. Socios fiables y fondos amigos, tipo Blackrock, con una seguridad política suficiente para emprender tamaña operación.

De hecho, ya se está rumoreando en los mentideros empresariales que el anuncio de la vuelta a vender las autopistas de peaje que quebraron podría ser parte de las garantías nuevas para Abertis. Una concesión a la empresa española a muy bajo coste, o coste cero en sí, a cambio de aumentar el negocio y dar valor a la empresa. Un valor bajo, pero un valor al fin y al cabo. Además, el ministerio de Fomento revalidaría la concesión a Abertis de diversas autopistas de peaje a un precio razonable.

Cuando el humo sale por la chimenea, algo se está quemando. Y en este caso se está quemando una operación a varias bandas que vuelve a tener como invitado especial al de siempre, Florentino Pérez. Haber financiado supuestamente al PP, como parece indicar el auto de la operación Lezo, tiene premio nuevamente. Aunque a Florentino le da igual el gobierno que sea, él siempre acaba ganando.

El Constitucional podría suspender hoy el auto que obliga a Juana Rivas a entregar a sus hijos a su maltratador

María José Pintor Sánchez-Ocaña
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El Constitucional podría suspender hoy el auto que obliga a Juana Rivas a entregar a sus hijos a su maltratador

Los abogados de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que sigue ilocalizable tras negarse a entregar a sus dos hijos a su expareja, condenado por maltrato, han presentado la mañana de este lunes un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, con la petición de que se suspenda cautelarmente el autoque le obliga a devolver a sus hijos al progenitor, residente en Italia y que tiene una condena por malos tratos.

Así lo ha confirmado a Europa Press la abogada Almudena Mendoza, del despacho Montero/Estevez. El despacho, que se ha hecho cargo hace dos días del caso de Juana Rivas, todavía en paradero desconocido, fue precisamente el que presentó hace dos años un recurso de amparo por un caso similar, el de Desiré Vicente, poco antes de que se cumpliera el plazo para que devolviera a su hija a su padre, residente en Suiza.

Fue la primera vez que el TC se pronunció sobre un caso de este tipo suspendiendo cautelarmente la medida, lo que sentó jurisprudencia, según explica Mendoza, que señala que un año después la Justicia acabó dando la razón a la madre.

Juan Ramón Montero, abogado del citado despacho, se ha personado a las 10 de la mañana en la sede del Constitucional con el objetivo de que el pleno del Tribunal, que se reúne hoy, suspenda la orden de devolución de los niños a su padre, condenado por lesiones en 2009, denunciado en 2016 por malos tratos y quien, a su vez, ha denunciado a la madre por la sustracción de los menores.

Juana Rivas sigue en paradero desconocido

«Hay que buscar una política, en lugar de confrontación, de interés y de amparo al menor«, ha explicado Montero, en declaraciones a los medios. «Hay que tratar de reconstruir una causa en la que ya en 2009 había una resolución a favor de la madre, y por unos procesos complejos se ha llegado a una resolución contraria», ha añadido, y a defendido a Rivas, quien estaría, en su opinión, cumpliendo con su obligación que es «proteger a sus hijos», infoma Efe.

En este caso, la diferencia estriba en que el plazo para entregar a sus hijos ya ha expirado y Juana Rivas se encuentra en paradero desconocido. Ahora el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse, primero para admitir o no a trámite el recurso, y luego para estimar o no las medidas cautelares de suspensión de ejecución del auto.

Este 31 de julio es la víspera de las vacaciones judiciales, por lo que los letrados esperan conocer una respuesta a lo largo del día. «Se habla mucho de la inmediatez y la rapidez de la justicia, pero por encima está que la justicia sea justa», ha matizado Montero, que espera que le den esta misma mañana, «algún tipo de solución».

«De lo que se trata es de mantener una situación que ya está, de hecho, produciéndose», ha explicado el letrado, que ha justificado un posible amparo a la huida de la madre con sus dos hijos: «Ella tendrá los motivos, las causas que habrá que estudiar en cada caso». De momento, asegura, el objetivo es evitar que se cometa lo que para ellos, sería «una imprudencia: restituir a los menores».

Interior busca limpiar la imagen de su ministerio con un nuevo modelo para Policía y Guardia Civil

María José Pintor Sánchez-Ocaña
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Interior busca limpiar la imagen de su ministerio con un nuevo modelo para Policía y Guardia Civil

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior que ha presentado su titular, Juan Ignacio Zoido. Estas modificaciones tienen lugar en plena crisis después que la oposición en el Congreso pusiera en entredicho la posibilidad de una posible policía política para evitar investigar las supuestas tramas de corrupción del PP. Sin lugas a dudas, una iniciativa para limpiar la imagen del Ministerio del Interior, después de que se pusiera en entredicho la etapa de José Fernández Díaz.

El eje sobre el que gravitan las modificaciones introducidas es afrontar con mayor eficacia, y empleando la innovación como elemento fundamental de fortalecimiento de la seguridad, las actuales y futuras modalidades delictivas dentro de un modelo de seguridad en cuyo núcleo se encuentra «la seguridad de las personas». Se trata, en definitiva, de introducir mejoras para maximizar los éxitos que a diario obtienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra cualquier manifestación de criminalidad, según el Ministerio del Interior.

La nueva estructura aprobada por el Gabinete de Mariano Rajoy se inscribe en lo que el ministro del Interior, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados del pasado 21 de diciembre en la que presentó las líneas estratégicas de su gestión, denominó Políticas de Seguridad para las Personas, dentro del plan de Política de Seguridad Nacional para el siglo XXI. Un conjunto de iniciativas dirigidas a hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre la pacífica convivencia con el fin de garantizar a los españoles la libertad y la seguridad por igual grado.

Frente a la globalización de la delincuencia

Guiada por este objetivo, la reforma que recoge el Real Decreto introduce importantes cambios tanto en la estructura como en la organización de las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que mantenían un modelo que no había sido modificado en los últimos cinco años. Dado el tiempo transcurrido sin que se realizara cambio alguno en la estructura y organización de ambas direcciones generales, el Ministerio del Interior ha considerado necesario acometer esta reforma al constatarse que los nuevos retos en materia de seguridad exigían nuevas respuestas.

Entre estos retos se encuentra en primer lugar la amenaza del terrorismo yihadista que llevó al Gobierno de España a situar en junio de 2015 la alerta antiterrorista en nivel 4, sin que se puedan aventurar cambios en el tiempo inmediato. Aunque la seguridad en España se encuentra entre las de mayor calidad de los países avanzados, en los últimos años la delincuencia ha evolucionado hacia entornos digitales que obligan a realizar ajustes para garantizar que también frente a los nuevos delitos electrónicos se puede ofrecer al conjunto de los españoles mayores garantías de seguridad. Además, en las últimas fechas España, al igual que otros países, ha sido objeto de dos graves ciberataques, y las delincuencias común y organizada han incrementado sus actuaciones en el ciberespacio.

Este escenario de «globalización de la delincuencia» requiere de la actualización de las estructuras y de la organización de los cuerpos de seguridad del Estado que tienen la misión constitucional de combatirlas. Por ello, el Real Decreto determina funciones y reordena competencias dentro de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para potenciar el nivel de excelencia en el trabajo que ambas Instituciones realizan para garantizar la seguridad y libertad de los españoles.

Tras cinco años sin que se produjera cambio alguno, el Ministerio acomete un nuevo modelo de estructura y organización, especialmente en la Policía Nacional y en la Guardia Civil

El Real Decreto recoge que, dependiendo del director general de la Policía Nacional -mantiene las mismas competencias que hasta ahora bajo la coordinación del secretario de Estado de Seguridad-, están las siguientes jefaturas: Jefatura Central de Seguridad Ciudadana y Coordinación; Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia; Jefatura Central de Recursos Humanos y Formación, y Jefatura Central de Logística e Innovación.

En cuanto a la Guardia Civil, dependiendo también de su director general -mantiene las mismas competencias que hasta ahora bajo la coordinación del secretario de Estado de Seguridad-, están los siguientes órganos: Mando de Operaciones Territoriales; Mando de Información, Investigación y Ciberdelincuencia; Mando de Personal y Formación, y Mando de Apoyo e Innovación.

Tanto esta nueva estructura de la Guardia Civil como de la Policía Nacional permite una dirección más horizontal de las mismas, con mayor claridad de funciones de sus órganos operativos para lograr así una mayor eficiencia de la seguridad en el territorio y, sobre todo, de las personas.

Redistribución de competencias

Las competencias que tenían la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional y de la Guardia Civil son redistribuidas en la nueva organización, en el caso de la Policía Nacional, en la Jefatura Central de Seguridad Ciudadana y Coordinación y la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia. En cuanto a la Guardia Civil, las competencias pasan al Mando de Operaciones Territoriales y al Mando de Información, Investigación y Ciberdelincuencia.

De esta manera, la Jefatura Central de Seguridad Ciudadana y Coordinación y el Mando de Operaciones Territoriales tienen la responsabilidad fundamental de garantizar la prevención y reacción frente al delito en cada territorio, así como implementar la coordinación de las unidades territoriales, jefaturas superiores y comisarías, zonas y comandancias, y unidades especiales.

Por su parte, la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia y el Mando de Información, Investigación y Ciberdelincuencia tienen la responsabilidad de gestionar las operaciones más especializadas en materia de Información, Policía Judicial, Policía Científica, Criminalística, y Extranjería y Fronteras.

Para maximizar la coordinación en materia de lucha antiterrorista, responsabilidad que seguirá estando en manos del secretario de Estado de Seguridad, cada uno de los Cuerpos nombrará un coordinador antiterrorista, que dependerá de la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia (Policía Nacional) y del Mando de Información, Investigación y Ciberdelincuencia (Guardia Civil).

Con las modificaciones recogidas en el Real Decreto, el Ministerio del Interior, que dirige Juan Ignacio Zoido, materializa el plan de Política de Seguridad Nacional para el siglo XXI anunciado en el Congreso de los Diputados, y, en consecuencia, la Policía Nacional y la Guardia Civil, con una estructura actualizada y con la innovación como elemento crucial, incrementarán sus éxitos ante los nuevos retos en materia de seguridad.

Subsecretaría del Interior

En cuanto a la Subsecretaría, se lleva a cabo un reajuste competencial en el ámbito de la inspección de servicios, asumiéndolas la nueva Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación a través de la que se ejercerán también funciones de planificación y racionalización horizontal de los servicios del Ministerio en materia de administración electrónica y tecnologías de la información.

La Secretaría General Técnica asume las funciones en materia de información y atención al ciudadano que hasta ahora eran ejercidas por la Dirección General de Apoyo a  Víctimas del Terrorismo.

La Subdirección General de Asilo pasa a denominarse Subdirección General de Protección Internacional recogiendo de esta forma más precisa sus funciones reales.

Igualmente, se actualizan las competencias de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a los novedosos cambios en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Asimismo, en la Dirección general de Tráfico se ha llevado a cabo una actualización de sus funciones ampliando los campos en los que desarrolla sus actuaciones.

Finalmente, cabe señalar que la aplicación de este Real Decreto no conlleva aumento alguno de coste de funcionamiento de los respectivos órganos directivos y no supone incremento de gasto público.

Catalá no puede garantizar la seguridad de Lexnet

María Montero
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Catalá no puede garantizar la seguridad de Lexnet

El fallo de seguridad en LexNET, la plataforma de intercambio de información con la que trabajan los profesionales de la Justicia en España, ha provocado acciones técnicas de mantenimiento, restableciendo la operatividad del sistema a las 20:25 del domingo, según ha indicado en un comunicado el Ministerio de Justicia, aunque estaba previsto que LexNET no volviera a prestar servicio hasta el 31 de julio por esta avería. El ministro Rafael Catalá se ha visto obligado a convocar un gabinete de crisis, por la brecha abierta sobre la protección de datos relativos a procesos judiciales, investigaciones y sentencias. El Ministerio ha certificado la seguridad y calidad del sistema de comunicaciones de LexNET, “motivo por el cual ha vuelto a poner en marcha la operación”. Pero estos documentos confidenciales quedaron al descubierto en un serio peligro al acceso de personas no autorizadas, tal como ha podido demostrar el Decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, que comprobó que cualquiera podía acceder a todos los datos del archivo judicial y hacer modificaciones en los documentos durante esta avería. Por ello, resulta complicado para Catalá garantizar la total seguridad ante la crisis de esta plataforma telemática, ni ha dado cuenta del alcance o posible perjuicio para los ciudadanos, aunque apunta que “no hubo acceso sin permiso a los datos judiciales”.

La Abogacía Española ha comunicado a través de su perfil de Twitter que “una vez restablecido LexNET hemos requerido completa información sobre lo ocurrido y exigiremos las procedente responsabilidades”, y ha reclamado al Ministerio de Justicia que adopten las medidas necesarias para que no se repitan fallos de seguridad.

El ministro Rafael Catalá se ha visto obligado a convocar un gabinete de crisis por el fallo de LexNET

Algunos miembros de diversos Colegios de Graduados Sociales en diferentes Comunidades Autónomas consultados por Diario 16, han manifestado su indignación por la avería en LexNET y han subrayado que “este sistema telemático en Java es anticuado, de difícil compatibilidad con algunos dispositivos electrónicos, se colapsa y se satura con asiduidad, resultando complicada la confianza en esta plataforma”. Estos graduados sociales alegan que entraron junto con los procuradores en LexNET con anterioridad a los abogados, que se incorporaron posteriormente, y respaldan las quejas sobre este sistema de información judicial.

El Ministerio de Justicia en un comunicado oficial reconoció que “al actualizar LexNET a una nueva versión, identificaron un defecto en el control de acceso al sistema ocasionado por un error de programación del código”. El Ministerio realizará una auditoría interna por la vulnerabilidad del sistema, aunque algunos expertos en informática consultados por Diario 16 sostienen que “sería una irresponsabilidad colgar cualquier archivo o documento en LexNET sin una auditoría completa del sistema. Esta auditoría debería realizarse desde una autoridad supranacional como Europa, en aras de la imparcialidad, sin ánimo de quebrar la confianza en empresas españolas”.

José Muelas comprobó que cualquiera podía acceder a todos los datos del archivo judicial LexNET

El sistema LexNET es un proyecto que arranca en el año 2000 con el objetivo de establecer un sistema de comunicación entre los diferentes profesionales en todos los ámbitos judiciales en España. LexNET se ha ido manteniendo en las últimas legislaturas implantado en once Comunidades Autónomas con la aprobación de Consejos de Ministros, como la propuesta del exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que determinó el uso estricto de esta plataforma por funcionarios del sistema judicial en España, garantizada con todas las premisas de seguridad. Sin embargo, las quejas por la falta de compatibilidad con las nuevas tecnologías y los fallos de LexNET han minado con el tiempo la confianza en esta herramienta.

El PSOE a través de su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, ha pedido explicaciones y responsabilidades al Ministro de Justicia, así como Esquerra Republicana (ERC) se encuentra preparando una batería de acciones para presentar en la Cámara por lo sucedido con LexNET, según han informado a Diario 16.

Abogacía Española ha reclamado al Ministerio de Justicia que se adopten las medidas necesarias para evitar fallos en LexNET

El letrado, José Muelas, informó del fallo de LexNET al subdirector de nuevas tecnologías del Ministerio de Justicia, José Luis Hernández, quien había reconocido en su perfil Twitter “la vulnerabilidad” de este sistema y la “corrección del fallo”. Mientras el   abogado experto en tecnologías, Javier de la Cueva , ha denunciado en cu cuenta de Twitter esta situación reivindicando “la lucha por la Justicia”.

El perfil tuitero “SupCastellon” define con #DesastreLexNET “Justicia sin medios a la que la administración pone trabas”.

El programador Macklus publica con #LexNETNoSeguro: “Es más grave aún por los datos que se guardan en LexNET, de la máxima sensibilidad para millones de personas. El fallo ha sido que no se ha comprobado “quien” entra en “donde” y permita que alguien vea lo que no debe ver”.

¿Quién mató a Miguel Blesa de la Torre?

Javier Puebla
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¿Quién mató a Miguel Blesa de la Torre?

A Miguel Blesa la opinión pública -parece- le retiró la condición de ser humano.

Y a nadie -parece- que le importe ni poco ni mucho su muerte.

“Se ha suicidado porque era un hombre malo, porque era un ladrón, y a nadie tiene por qué darle ninguna pena”.

Simplificando al máximo ese es el sentir de quienes han leído o escuchado la noticia. La muerte de un hombre de sesenta y nueve años disparándose un tiro en el pecho, con una escopeta. Las conversaciones juegan con la dificultad de disparar el gatillo, y hasta he leído en algún artículo la broma de que si no lo hizo con el dedo gordo del pie, a lo Hemingway, tuvo que utilizar el “palo del selfie”.

Pero detrás de lo sucedido hay una pregunta moral y filosófica, también social:

¿Quién ha matado a Miguel Blesa?

El mismo culpable que provocó el infarto de Rita Barberá.

Un juez sin nombre ni rostro concretos, que en teoría rechaza y repudia la pena de muerte. Pero si la muerte se produce por la mano del culpable, o por la falta de salud del culpable, bienvenida sea.

A los seres humanos siempre nos han gustado los linchamientos.

El pueblo -esa palabra tan sencilla de manipular- cuando se une para acabar con uno de los suyos es imparable. En la revolución francesa o en twiter.

No conocía a Blesa, tampoco a Barberá. Ninguno de los dos me inspira ni ha inspirado en ningún momento simpatía, pero… ¿matar a un animal (de tamaño grande o medio; las hormigas no cuentan) merece un enorme rechazo social sin matices del ejectutor, y sin embargo nada se dice de un sistema que acaba provocando la muerte de seres humanos? Bípedos que en los casos mencionados fueron ilustres y venerados por la sociedad, por ese mismo sistema.

Quizá vivimos en guerra permanente los unos con los otros, las mujeres con los hombres, los ricos con los pobres, los creyentes contra los agnósticos, y sólo frena nuestra violencia natural de primates, el miedo.

La institucionalización y sacralización del miedo es el sistema.

El sistema multiforme, corrompido, que miente a voluntad y placer, que presume de la abolición de la pena de muerte, pero que permanece indiferente cuando esa muerte se produce por causa de su presión; esa muerte, esa depresión, esa tristeza, esa falta de ganas de vivir… que a tantos y tantos afecta, como demuestra el altísimo porcentaje de la población que toma ansiolíticos.

A Miguel Blesa de la Torre le ha matado el sistema, y por lo tanto lo hemos matado todos nosotros. Probablemente no podamos hacerlo mejor: sólo somos seres humanos, pobres gentes condenadas a envejecer y morirse; pero me preocupa y entristece especialmente que la muerte de uno de nuestros semejantes -semejantes, sí- nos importe tan poco, tan nada, tan “un pito”.

 

 

Susana Díaz y Pedro Sánchez certifican que el PSOE está roto

José Antonio Gómez
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Susana Díaz y Pedro Sánchez certifican que el PSOE está roto

El Partido Socialista jamás podrá estar unido con Pedro Sánchez como secretario general puesto que su modo de entender la unidad gira en torno a su figura y a una lealtad ciega hacia su persona que confunde la lealtad con la sumisión absoluta. Pedro Sánchez jamás aceptará la crítica constructiva ni aprenderá de la discrepancia, aspecto éste que es fundamental para ser un buen líder.

El choque ha venido principalmente por la cuestión territorial y por el modo distinto que tanto Díaz como Sánchez tienen del modelo a aplicar en España. La recién reelegida secretaria general del PSOE-A con más del 90% de los apoyos es favorable a un modelo federal, pero sin que exista una división entre comunidades de primera y comunidades de segunda. Sánchez es favorable a eso que ha dado en llamar “España, nación de naciones”, sin que aún se conozca si el propio secretario general sabe en qué consiste tal propuesta. Sin embargo, por muchos choques que tengan los dos líderes socialistas, lo que queda claro es que se trata de debates estériles puesto que el PSOE aún no ha clarificado siquiera en qué consiste su modelo federal que defendió en la Declaración de Granada ni, por supuesto, en la vaguedad de la Declaración de Barcelona que ahora Sánchez enarbola como bandera.

Díaz ha sido muy clara e, incluso, ha desafiado a Sánchez al pedirle que “nunca me hagas elegir entre dos lealtades, porque yo soy la presidenta de todos los andaluces”. Porque lo poco que se puede entender de lo que propone Sánchez puede generar en, precisamente, lo que más teme Díaz: la creación de una España de diferentes velocidades. Por esta razón ha desafiado al secretario general asegurando que tendrá la valentía de levantar la voz dentro del partido para reclamar la igualdad y la solidaridad en el reparto de la financiación territorial. Ha enfatizado en, precisamente, que se trata de solidaridad y no de caridad. También ha sido muy clara al advertir que “Cuando las singularidades o la diversidad se imponen a otros que piensan de otra manera se daña la convivencia. Si además eso conlleva agravio, desequilibrios y desigualdades, se hace daño a la democracia”.

Por su parte, Sánchez, que no es muy efectivo cuando tiene que responder a quien discrepa de su voluntad o de lo que defiende, dejó respuestas vagas y sacadas de manual que seguramente llevaba escritas, para defender que su España, nación de naciones no lleva implícita la desigualdad para terminar con un vacío “Estoy seguro de que los andaluces comparten que no puede defender España quien no entiende España de distintas maneras”.

Frases de protocolo aparte, lo que ha quedado claro es que el PSOE-A no estaba muy a gusto con la presencia del secretario general que llegó a la clausura del Congreso para que todos vieran al vencedor frente a la vencida en las primarias. La tensión, por otro lado, entre los pedristas y el resto se ha visto con los gritos de “Pedro, presidente” (presidente, ¿de qué?) o con la interrupción de la música con la que el PSOE-A suele terminar sus actos con el canto de La Internacional. Es algo sorprendente cómo el populismo de Sánchez ha logrado hacer que se tome como un símbolo del pedrismo algo que es propiedad de todos los socialistas del mundo.

Por otro lado, la ausencia de pedristas tanto en la Ejecutiva como en el Comité Regional también soliviantó a los seguidores de Pedro Sánchez olvidándose de que, precisamente, eso mismo ocurrió en el Congreso Federal en que la única concesión a la integración fue la entrada de Patxi López en la Ejecutiva. No se puede pedir para uno lo que se rechaza para los demás.

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