Con la que está cayendo en este país en los ámbitos empresariales, financieros, políticos y judiciales, en la capital andaluza sobrevive una institución, la Fundación Cajasol, con más de quinientos millones de patrimonio y con un presupuesto anual que ronda los veinte millones de euros, que ha ido esquivando controles a lo largo del último quinquenio logrando incluso eludir convertirse en Fundación Bancaria, incumpliendo según criterio generalizado la propia Ley y, también, el espíritu de los tiempos que corren: control y transparencia de los dineros públicos.
En la información que hoy publicamos se explica con detalle cual ha sido el proceso seguido para eludir controles no deseados del Ministerio de Economía y del Banco de España por parte de los gestores y responsables de las fundaciones de las cajas sevillanas. De tal manera que se ha utilizado cierta ingeniería jurídica para transformar los estatutos de la Fundación resultante; su eterno presidente, el socialista Antonio Pulido Gutiérrez, se ha garantizado no solo su perpetuidad en el cargo, también un sueldo de 200.000 euros al año que, según la Ley de Fundaciones de Andalucía, está expresamente prohibido. Ningún miembro de una fundación puede percibir sueldo alguno, salvo que tenga un cargo ejecutivo como director general o gerente y que no es el caso.
Llama poderosamente la atención desde la perspectiva política que ninguna formación parlamentaria, a día de hoy, haya dado un paso para aportar luz y taquígrafos sobre el manejo político y económico que se está haciendo en la gestión de dicha entidad. La misma está formalmente controlada tanto por personas del PSOE como del PP y durante años les ha funcionado una omertá donde todos sabían casi todo, pero todos callaron. Al margen de la política sobresale un hecho curioso y es como se han colocado a lo largo de los años en puestos claves ejecutivos de la Obra (Opus Dei) en el equipo del socialista Pulido.
Debe tenerse en cuenta que, visto el funcionamiento de la Fundación Cajasol dirigida por Pulido, ésta poderosa institución distribuye anualmente muchos millones a través de su obra social y cultural, un auténtico coladero donde cabe casi todo como pueden imaginar; también se ha convertido en un instrumento clientelar muy poderoso en manos del partido en el gobierno que es quien, vía Pulido, maneja la mayor tajada de la tarta a distribuir y donde nunca pierde nadie que no sea amigo. El PP, por su parte, logró hace años una especie de pacto no escrito según el cual ellos, los populares, podrían acceder a algo más que las tradicionales migajas que no distribuían los socialistas. Antonio Pulido y Juan Ignacio Zoido fueron los artífices del acuerdo que, sin duda, acabó beneficiando a los intereses políticos del entonces alcalde de Sevilla. Imaginen lo que supone para un alcalde tieso, sin presupuesto, tener de amigo y de vecino al rumboso Pulido con veinte millones para repartir cada año, sin excesivos ni rigurosos controles, por cierto.
Estalla la guerra del PP de Sevilla
Cuando Antonio Pulido, confiado y tranquilo, creía tener controlado el siempre viscoso terreno de la confrontación política en su cortijo de la Fundación, habiéndole funcionado muy bien lo del vamos a llevarnos bien todo lo que tengamos que llevarnos, resulta que las cosas en el PP de Sevilla cambiaron por dentro. De la noche a la mañana supimos que Zoido y Arenas habían pasado del amor al odio en un santiamén con Cospedal de por medio. Es solo tras esa ruptura cuando por vez primera el primer partido de la oposición, contrapeso del PSOE en Cajasol, actúa en favor de los intereses de la entidad/ciudadanos y en pro de la legalidad pidiendo explicaciones que no convencieron a quien las exigió. Fue cuando el vicepresidente Marcos Contreras (PP) se enfrenta abiertamente a Pulido al conocer su intención de colocarse 200.000 euros de sueldo como presidente de Fundación Cajasol. Cuentan que hubo bronca en tono mayor e incluso amenazas por parte de Pulido a Contreras, – en ello andan- todo en vano porque el PP acabaría llevando el asunto al Parlamento semanas después. Pero del tema nunca más se supo.
Tanto silencio de los populares tragando con el ninguneo de que no les respondan en el Parlamento solo tiene una explicación y es que el habilidoso Pulido ha logrado reconstruir nuevamente los puentes ¿la omertá? con el PP, esta vez vía Juanma Moreno Bonilla, neutralizando al díscolo arenismo sevillano en Cajasol, cómplice por otra parte de cuestiones como la que desarrollaremos a continuación. La imagen de Moreno Bonilla en la caseta de Cajasol con Pulido la pasada feria de abril viene a certificar esa especie de pelillos a la mar que rezuma el ambiente. Desde luego parece claro que, si el PP hubiese cumplido con su obligación de fiscalizar la gestión de Cajasol, ejerciendo responsablemente su labor de oposición, en la actualidad esta entidad estaría más aireada, gestionada con las ventanas algo más abiertas. Con mayores controles, en definitiva.
Que la Fundación Cajasol, en teoría fiscalizada desde la Junta por la consejera de Hacienda, María Jesús Montero y hasta hace unos días por Emilio de Llera como titular de Justicia, se haya convertido en un poderoso instrumento al servicio de una selecta red clientelar de los socialistas – medios de comunicación incluidos- y en menor medida de los populares, no tendría mayor importancia sino se tratara de un organismo oriundo de aquellas cajas de ahorro que un día fueron tan públicas que acabaron prostituidas y a bajo precio. (A los españoles nos acabaría costando más de sesenta mil millones) He ahí la cuestión. Particularmente por el hermetismo que reina a la hora de poder conocer los criterios, a quién y por qué le da el Sr. Pulido el dinero de una fundación que es de todos. En el periódico Confidencial Andaluz se han publicado numerosas informaciones al respecto, pero siempre la documentación fue facilitada de forma confidencial por fuentes anónimas internas. Nunca la Junta de Andalucía facilitó información alguna al respecto, argumentando el propio Emilio De Llera, de quien dependía el control de las fundaciones que operan en Andalucía, “que se trata de datos que por Ley no se pueden facilitar”. La oposición política, por su parte, nunca ha pedido esa información a la Consejería de Justicia. Ni siquiera Unidos-Podemos, tan sensibles últimamente con los escándalos de corrupción.
Lo único que a estas alturas parece meridianamente claro, ratifican destacados socialistas sevillanos, es que “el asunto de Pulido y Cajasol es de las pocas cosas que lleva personalmente Susana que no quiere injerencias, a la que han alertado desde hace años en numerosas ocasiones sobre las andanzas de su amigo Antonio, pero ella sigue apoyándole pública y privadamente , de ahí que nadie mueva un dedo en el partido para denunciar lo que está pasando en la Fundación Cajasol y que todo el mundo conoce con mayor o menos detalle en el partido”. Cuentan también que cuando alguien le ha insinuado algo a la presidenta sobre Pulido, ella ha sido cortante en su respuesta: “Antonio es amigo mío”. Punto.
A todo esto, no conviene olvidar que el conocido como “banquero de Susana” está investigado (antes imputado) en el Caso Banca Cívica que tramita la Audiencia Nacional. La Jueza Carmen Lamela dictó hace pocos días una resolución en la que daba cuenta de la prórroga durante 18 meses más de la instrucción contra las antiguas cúpulas de las cajas fusionadas en Banca Cívica que finalmente acabó comprando la Caixa a precio de ganga; un 11% por debajo de la capitalización.
Para entender y contextualizar de cómo el poder socialista andaluz se las ingenió para que la Fundación Cajasol escapara al control del gobierno de Madrid del PP y del Banco de España, necesariamente hay que trasladarse a principios de esta segunda década del siglo, justo cuando estallaron las fusiones y las absorciones bancarias. La guerra del dinero.
El 26 de junio de 2012 Banca Cívica (Caja Navarra, Cajasol, Caja Burgos y Caja Canarias) es absorbida por CaixaBank.
Como consecuencia de la referida absorción las cajas de ahorros que integraban Banca Cívica pasan a ser accionistas de Caixabank. Desde ese momento, como consecuencia de la ecuación de canje pactado, Cajasol pasa a tener un 1,22% de participación en el capital social de CaixaBank.
CaixaBank y Banca Cívica suscribieron un pacto de accionistas que tenía por objeto regular las relaciones entre las Cajas de ahorros (actuales Fundaciones) como accionistas de CaixaBank. El referido pacto de accionistas, entre otras cosas, recogía el compromiso de disponer de dos miembros en el Consejo de Administración de CaixaBank. Las actuales Fundaciones de las cajas de ahorros que integraban Banca Cívica, decidieron que los nombramientos de los mismos fueran elegidos por Cajasol y Caja Navarra durante los tres primeros años. En septiembre del 2012, Antonio Pulido pasa a ser miembro del Consejo de Administración de CaixaBank en representación de Cajasol. Al informarle que el puesto de Consejero no es remunerado, pacta con la Caixa su salida del Consejo por un puesto en la estructura de Criteria remunerado. Es así como Guillermo Sierra, expresidente de la Comisión de Control de Cajasol e íntimo amigo de Pulido, pasa a formar parte del Consejo de Administración de CaixaBank, desde octubre de 2012 hasta junio del 2015.
Pues bien, a partir de la adquisición de Banca Cívica por CaixaBank, tanto Cajasol como el resto de cajas de ahorros que integraban Banca Cívica estaban obligadas a transformarse en Fundación de carácter especial conforme a lo dispuesto en el artículo 5.7 del Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, “de Órganos de Gobierno y otros aspectos del Régimen Jurídico de las Cajas de Ahorro”.
El 21 de diciembre de 2012 la Asamblea General de la Caja de Ahorros Cajasol, acuerda la transformación de la caja en Fundación de Carácter Especial denominándose “Fundación Monte San Fernando” y la Caja, como tal, fue dada de baja en el Registro Especial del Banco de España.
Con este hecho se confirma la desaparición de la caja andaluza, que ya se encontraba muy diluida en Banca Cívica.
Esta nueva Fundación de carácter especial “Monte San Fernando” convive, durante unos años, con la “Fundación Cajasol”. Esta Fundación nace en el año 2008 de la fusión de las Fundaciones Ordinarias de Caja San Fernando y de la Fundación El Monte y “vivía” de las aportaciones anuales que realizaban las Obras Sociales de la Caja de Ahorros.
Posteriormente, la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias obliga a las fundaciones procedentes de cajas de ahorros que, puedan nombrar, o destituir a algún miembro del Órgano de Administración de una entidad de crédito, a transformarse en Fundaciones Bancarias en el plazo de seis meses, y pasan a ser supervisadas por el Banco de España.
En virtud del pacto de accionistas, ya mencionado, entre Banca Cívica y CaixaBank, todas las Fundaciones procedentes de las cajas de ahorros que integraban Banca Cívica pasaron a transformarse en Fundaciones Bancarias, todas menos una: la Fundación Monte San Fernando, con el único fin de eludir la supervisión y el control del Banco de España, de evitar su dependencia del Ministerio de Economía y Competividad y su injerencia en el control de su gestión, pues el ámbito de actuación de la “Fundación Monte San Fernando” excedía al de la Comunidad Autónoma andaluza, al haber absorbido en el año 2010 a la Caja de ahorros de Guadalajara.
Incumplimiento flagrante de la Ley
Este incumplimiento de la Ley 26/2013 es aún más flagrante, pues es precisamente la Fundación Especial Monte San Fernando la que nombra el representante de Banca Cívica en el Consejo de Administración de CaixaBank: Guillermo Sierra, mentor e íntimo amigo de Antonio Pulido.
Pulido consigue, una vez más despistar al Banco de España y al Ministerio de Economía y Competitividad y eludir la Ley 26/2013 que establece que se entenderá por fundación bancaria aquella “…, o que le permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración”.
Y es que la consideración de la Fundación Especial Monte San Fernando, como Fundación Bancaria, le impone un régimen de obligaciones y de supervisión y control que no tiene como Fundación Ordinaria y que Pulido intentaba eludir y que, por ahora, ha conseguido. Estas obligaciones alcanzan de una parte al gobierno de la Fundación (patronato, remuneración de los patronos, la figura del Director General…), a su régimen de control, así como a ciertas particularidades de su régimen fiscal.
Los patronos podrán ser personas físicas o jurídicas y pertenecerán o representarán a cinco posibles grupos:
- entidades fundadoras o de larga tradición en la caja o cajas de que proceda su patrimonio;
- entidades “representativas de intereses colectivos en el ámbito de la actuación de la fundación bancaria o de reconocido arraigo en el mismo”;
- personas privadas, físicas o jurídicas, que hayan aportado recursos a la institución;
- miembros independientes “de reconocido prestigio profesional” en sectores relacionados con la función social, y,
- por último, expertos financieros. La presencia de estos últimos será mayor o menor en función del nivel de participación en el banco.
El patronato designará de entre sus miembros a un presidente, cuyo régimen será determinado por los estatutos y su puesto nunca podrá ser remunerado. Es por esto que, en el Gobierno de la Fundación Bancaria, debe aparecer la figura del Director General. Los estatutos de las fundaciones bancarias también regularán el proceso de nombramiento de los patronos y la duración de sus mandatos. Los patronos independientes tendrán limitada su presencia a un máximo de dos mandatos consecutivos.
También se señala la incompatibilidad de los patronos (art. 40). Incompatibilidad con el desempeño de un cargo político o cargo ejecutivo en un partido político, asociación empresarial o sindicato. Con el desempeño de un alto cargo en la Administración General del Estado, la Administración Autonómica o Administración Local o entidad del sector público, de naturales pública o privada, vinculada o dependiente de aquellas. La incompatibilidad se extenderá a los dos años siguientes a la fecha del cese en dicho alto cargo o aquellas establecidas en los estatutos.
La Junta da luz verde a una «Fundación Ordinaria»
Por tanto, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 26/2013, la Fundación Especial Monte San Fernando debería haber modificado sus estatutos para configurarse como Fundación Bancaria. Pues bien, no solo no sucede esto sino que por Resolución de 3 de julio de 2014 de la Consejería Justicia e Interior se aprueba la transformación de la Fundación de Carácter Especial Monte San Fernando en una Fundación Ordinaria, con el visto bueno del Protectorado (Orden de 23 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que autoriza la modificación de los estatutos de la Fundación de Carácter Especial Monte San Fernando para su transformación en Fundación Ordinaria.. Esta orden es clave para comprobar el compadreo de la Junta. No ha sido publicada)
Y así, Pulido diseña una Fundación a su medida, con la colaboración de la Consejerías de Hacienda y las Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. No debemos olvidar la militancia de Pulido en el PSOE, así como la gran amistad personal y política que le une con la Presidenta de la Junta de Andalucía.
Tampoco es por casualidad que, en mayo de 2012, la anterior Directora General de Política Financiera que ejercía el control de la Junta de Andalucía sobre la Caja de ahorros Cajasol, Asunción Peña Bursón, es nombrada Viceconsejera de la Consejería de Justicia e Interior, Consejería que junto con la de Hacienda y Administraciones Públicas es la encargada de emitir las resoluciones que vulneran el incumplimiento de la Ley 26/2013.
Por resolución de 15 de junio de 2015 y con el visto bueno del Protectorado (Consejería de Hacienda), se inscribe en el registro de Fundaciones de Andalucía la fusión por absorción de la Fundación Especial u Ordinaria Monte San Fernando por la Fundación Cajasol. La Fundación pequeña absorbe a la Fundación con mayor Patrimonio y con las acciones de Caixabank…
Se establece en la resolución el traspaso del Patrimonio en bloque de la Fundación Monte San Fernando (anterior caja de ahorros) a la Fundación Cajasol, y dice que se incorporan certificaciones expedidas por los secretarios de los correspondientes patronatos, con el visto bueno de sus presidentes sin decir, claro está, que Pulido es el Presidente de ambas Fundaciones y que los secretarios son todos los mismos…
Sobre este inquietante asunto no solo en Andalucía reina el silencio oficial. En Madrid, en el Ministerio de Economía, tampoco dan respuesta sobre el papel jugado por el ministerio en la larga tramitación del cambio de apellido de la Fundación Cajasol, de bancaria a ordinaria. Sería bien interesante conocer la versión del equipo de don Luis de Guindos y, de paso, saber si el ex parlamentario popular murciano, Vicente Martínez-Pujalte tuvo algún tipo de intermediación en su día ante el ministerio favoreciendo los intereses de los promotores de la jugada sevillana. Lo dicho, reina el silencio, demasiado silencio, aunque todo apunta a que éste puede ser uno de esos tejemanejes que se acaben clarificados ante la opinión pública más temprano que tarde, porque la gente quiere saber cómo se ha gestionado lo que es de su propiedad. La historia, por tanto, parece que continuará.
